En campaña en el 2012 Enrique
Peña Nieto dijo en televisión abierta que el PRI tenía políticos que
representaban a la “nueva generación” del partido, resultado de un “proceso de
renovación”, entre ellos, aludiendo a la ausencia de corrupción, mencionó a
Javier Duarte y César Duarte, ambos prófugos por delitos cometidos desde los
gobiernos en sus estados. Éste es el caso del ex mandatario de Chihuahua.
Mientras al ex gobernador
priista César Duarte, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, lo busca la
justicia chihuahuense por daño patrimonial de alrededor de 6 mil millones de
pesos, tres de sus ex colaboradores ya fueron aprehendidos y uno más se
atrincheró durante un día en la Cámara de Diputados hasta que obtuvo la
suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra.
“Ofrecí llevar a la justicia a César Duarte y
sus cómplices. El que roba desde el poder, no solo se roba unos centavos y
millones, se roba oportunidades, esperanzas y derechos de la gente que aspira a
una vida mejor”, declaró el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en un
mensaje difundido en internet.
A los ex funcionarios se les
acusa de enriquecimiento ilícito y peculado, quienes, junto con otros
particulares “fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el
enriquecimiento personal, encabezado por el ex gobernador César Duarte”,
detalló Corral. Según el mandatario panista, la Fiscalía actuó de manera
cautelosa para integrar las carpetas de investigación.
Parte de ello, implicó
“rescatar evidencias y documentos que en muchos casos habían sido destruidos,
alterados o escondidos”, añadió.
Sobre su antecesor, dijo: “César Duarte, quien
ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas para
evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los
señalamientos de corrupción”.
De igual forma, aseguró que
su gobierno ya trabaja en las gestiones necesarias para pedir la extradición
del ex mandatario desde Estados Unidos.
Precisó en una entrevista
radiofónica que Duarte se ha reunido con el presidente estatal del PRI
Guillermo Dowell en El Paso y que agentes ministeriales esperaban su llegada al
funeral del diputado Carlos Hermosillo -quien el 20 de marzo falleció en un
accidente automovilístico- para aprehenderlo, pero no se presentó.
A su vez, Carlos Hermosillo
era investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso
indebido de funciones en la Fiscalía estatal.
Era identificado como
presunto prestanombres y operador financiero de Duarte, según varias piezas
periodísticas que dieron cuenta de sus millonarias propiedades.
Su suplente, Antonio Tarín
García, sobre quien también pesa una orden de aprehensión por peculado, llegó a
la Cámara de Diputados el martes 28 de marzo para asumir funciones como
legislador y con ello, tener la protección del fuero.
No obstante, el gobierno de
Corral envió una carta a la Cámara Baja para informar de su situación jurídica.
Solamente la fracción del PRI
votó a favor de la toma de protesta de Tarín García y ante el intento frustrado
de obtener fuero, el ex funcionario pasó la noche en el recinto de San Lázaro
para no ser aprehendido por agentes ministeriales que lo esperaban a las
afueras del inmueble.
Tarín García, quien fungió
como director de Administración en la Secretaría de Salud y director de
Adquisiciones del gobierno de César Duarte, abandonó la Cámara de Diputados la
tarde del 29 de marzo y cuando un vehículo con policías ministeriales le cerró
el paso, les mostró la suspensión provisional de la orden de aprehensión girada
por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Juzgado Primero de Distrito en
Amparo Penal de la Ciudad de México.
Aunque su solicitud de amparo
todavía no se resuelve, el documento suspende cualquier intento de detención
por un delito no grave, como en este caso es el peculado.
Por otra parte, los cómplices
de Duarte que ya fueron detenidos son: Javier Garfio, ex secretario de Obras
Públicas y ex alcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas, ex director de
Administración de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez, ex director de
Vialidad.
En específico, al ex alcalde
Garfio se le acusa de haber autorizado la enajenación de predios por un valor
cuatro veces menor al real, con lo que ocasionó un daño al erario público por
más de 300 millones de pesos, cuando fue secretario de Obras Públicas.
(SEMANARIO ZETA/REDACCIÓN ZETA/ LUNES, 3 ABRIL, 2017 12:00 PM)
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