Ambos personajes eran
colaboradores del candidato, pero también amigos muy cercanos del exgobernador
tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. Esa mañana Martínez (quien dos años
después sería titular de la Sagarpa y ahora representa a México en Cuba) e
Hinojosa (frustrado aspirante al gobierno en 2016) no abordaron las camionetas
que los llevarían al aeropuerto.
DESAFIO MUNDIAL
Cuatro meses antes Los Zetas
se habían separado de su matriz, el Cártel del Golfo (CDG). Para mediados de
2010 ambas bandas estaban en medio de una disputa por las principales plazas
del estado y los primeros ganaban todas las batallas militares. Gracias a los
documentos de la Corte Sur de Texas –que se hicieron públicos en días
recientes– ahora se sabe que también estaban ganando la contienda política.
Los líderes zetas acababan de
enviar 4.5 millones de dólares a Rodolfo Torre Cantú mediante el empresario
Antonio Peña Argüelles –el enlace de ambos cárteles con los políticos– para
financiar su campaña.
Con lo que no contaban Los
Zetas era con que Jorge Eduardo Costilla, El Coss, líder del CDG, y los
políticos que lo protegían –entre ellos Tomás Yarrington– echarían abajo sus
esperanzas de tener un gobernador “aliado”.
A las 10:40 horas de ese 28
de junio, seis días antes de los comicios estatales, Rodolfo Torre Cantú fue
asesinado.
NARCOGOBERNADORES
El acercamiento del CDG con
los gobernadores tamaulipecos comenzó a estrecharse durante la administración
de Manuel Cavazos Lerma. Antes, cuando el narcotráfico no tenía los alcances de
ahora, los políticos importaban menos para los narcos. En esos tiempos se
centraban en sobornar a jefes policiacos o a mandos del Ejército.
Pero en el sexenio de Cavazos
Lerma el CDG “compró” a uno de sus familiares, que se desempeñó como comandante
de la Policía Estatal en Reynosa y Miguel Alemán: Gilberto Lerma Plata, primo
del gobernador.
Lerma tenía bajo su mando al
joven policía Samuel Flores Borrego, quien años después se convertiría en el
Metro 3. También al policía Aurelio Yankee Cano Flores, que posteriormente
sería jefe de plaza del CDG en Los Guerra, localidad del municipio Miguel
Alemán.
Gracias a la información que
recibían desde la capital sobre los operativos de los policías judiciales
federales y de los militares, así como a la protección que les brindaba el
primo del gobernador, el cártel transformó a Los Guerra en su principal punto
de cruce de mariguana hacia el norte.
La DEA conoció los detalles
de ese trasiego; la agencia antinarcóticos estableció en Houston un wireless
room, desde donde una empresa subcontratada monitoreó y grabó todas las
conversaciones de los miembros de la organización en la Frontera Chica, pues
éstos usaban celulares Nextel, los cuales buscaban las antenas de Estados
Unidos en la frontera como repetidoras.
Así la DEA supo que Flores
Borrego coordinaba el incipiente contrabando de armas AK-47 y R-15 para el CDG.
Dichas grabaciones fueron
presentadas en la cortes de Estados Unidos cuando se juzgó allá a Lerma Plata y
a Cano Flores.
Cavazos Lerma fue sustituido
en el gobierno por Tomás Yarrington. Cuando éste ganó la elección, su relación
con el CDG ya era muy estrecha. Gracias a esa amistad el cártel pudo elegir a
los comandantes de la Policía Ministerial en las plazas que controlaba. También
recibió de la oficina del gobernador, a cambio de sobornos, información
relevante sobre operativos militares.
Los dólares que mandaron al
siguiente gobernador, Eugenio Hernández Flores, les permitieron seguir su
expansión y disfrutar de la protección estatal. La DEA y otras dependencias
supieron que durante su administración Hernández recibió millones de dólares,
primero del CDG, y al final de su mandato, de Los Zetas.
En las indagatorias contra
ese gobernador participaron, además de la DEA, la División de Investigación
Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Nacional y el Buró Federal
de Investigaciones (FBI). El centro de operaciones se ubicó en Houston, donde
se revisaron cuentas bancarias, llamadas y correo electrónicos de Eugenio
Hernández. Así se supo de los sobornos del crimen organizado y, además, que el
mandatario violaba las leyes para adjudicarse jugosos contratos de obra pública
mediante una constructora que tenía en sociedad con el gobernador que lo
sustituyó: Egidio Torre Cantú.
Los resultados de las
investigaciones se hicieron públicos y para octubre de 2014 Hernández ya era
considerado prófugo.
“Eugenio Hernández ha sido
identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas Los
Zetas, una organización criminal trasnacional, a cambio de que éste tuviera la
capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue
gobernador”, destacó la acusación de los fiscales de Texas.
El dinero de los sobornos fue
lavado en bancos texanos por el empresario Guillermo Flores Cordero, originario
de Torreón, quien mantenía cuentas en Texas por alrededor de 30 millones de
dólares. Además, el gobierno estadunidense le confiscó a Hernández varias
residencias.
Ese exgobernador también lavó
y “escondió” parte de su dinero ilegal en México mediante su cuñado Óscar Gómez
Guerra, quien fue investigado por las autoridades fiscales por “enriquecimiento
ilícito”. Durante un breve lapso el fisco mexicano congeló sus cuentas, pero un
juez le otorgó un amparo para mover su dinero y sacarlo del país. Manejó
cuentas por montos superiores a los 4 mil millones de pesos, pese a ser un
funcionario de tercer nivel en las administraciones estatales de Yarrington y
Hernández.
Actualmente Hernández y Gómez
están en la lista de criminales buscados por la justicia estadunidense. El FBI
ofrece una recompensa por ellos.
No obstante, Hernández
aparece regularmente en actos políticos en Tamaulipas. Se dejó ver como
“invitado especial” en el último informe de Egidio Torre, y en la elección
pasada acudió a votar como cualquier ciudadano. En cada acto donde aparece,
ofrece improvisadas conferencias de prensa, resguardado por los escoltas que le
proporcionó Torre Cantú.
EL INTERMEDIARIO
A Eugenio Hernández lo
remplazaría Rodolfo Torre Cantú, pero su asesinato hizo que su hermano Egidio
llegara a la gubernatura de Tamaulipas.
Egidio Torre siguió los pasos
de sus antecesores. Además se deslindó de las investigaciones sobre el
asesinato de su hermano, cediendo la batuta a la Procuraduría General de la
República (PGR). También proporcionó ocho escoltas a Yarrington.
Un año después del asesinato,
los líderes zetas descubrieron que Antonio Peña Argüelles no había entregado
los sobornos que le habían enviado a Rodolfo Torre Cantú, según las confesiones
que están en poder de los fiscales de Texas.
Así que Miguel Ángel Treviño,
El Z-40, ordenó secuestrar al hermano mayor del empresario, Alfonso, cuyo
cuerpo apareció el 29 de noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón,
en Nuevo Laredo, sitio preferido por Los Zetas para tirar cadáveres.
El cuerpo de Alfonso Peña fue
cubierto con un narcomensaje en el cual acusaban a su hermano de haber robado
4.5 millones de dólares y de “no cumplir con sus obligaciones”.
La mañana de ese día Antonio
Peña Argüelles recibió un mensaje en su BlackBerry de parte del Z-40. El texto
fue reproducido en la confesión que rindió ante la DEA.
En el mensaje le advierte que
regrese el dinero o no tendrá lugar donde esconderse: “Además, su hermano anda
diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla, mataron al
candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al
negocio de la construcción y estaba protegido…
“No sea pendejo y ponga
atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios
que usted tiene con Costilla, Tomás (Yarrington) y Osiel Cárdenas. Su hermano
también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de
Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.”
Tras la amenaza, Peña
Argüelles viajó a San Antonio y se entregó a la DEA.
PRESUNTAS ÓRDENES DE DETENCIÓN
Un día después de que se
anunció la detención en Italia de Tomás Yarrington, el actual gobernador de
Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, declaró que esa captura
ayudaría a resolver el homicidio de Rodolfo Torre.
“Queremos que se profundicen
líneas de investigación, como el doloroso caso del cobarde asesinato de Rodolfo
Torre Cantú, y que se pueda concluir con todas esas averiguaciones”, afirmó.
Destacó que en su
administración se denunció que Yarrington y Hernández tenían a efectivos de la
Policía Ministerial fungiendo como sus escoltas, los cuales fueron asignados
por el anterior gobierno de Tamaulipas, pero que ya fueron retirados.
Agregó que buscarán recobrar
los bienes ilegales del exgobernador. No obstante, hasta ahora la procuraduría
estatal no tiene programada acción legal alguna contra Fernando Cano Martínez,
principal lavador de Yarrington, con cientos de propiedades en el estado.
“La violencia desmedida que
sufre Tamaulipas fue por la complicidad de Tomás Yarrington con el crimen
organizado”, concluyó.
Ese mismo día comenzaron a
circular en las redes sociales mensajes con rumores sobre “la llegada de
personal de la SEIDO y PGR para rastrear todo lo relacionado a tres
exgobernadores: Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington” y,
además, para conocer la carpeta de investigación y todos los hechos asociados
al asesinato del excandidato del PRI.
Otro rumor señaló que ya se
habían girado órdenes de aprehensión y abierto averiguaciones contra jefes de
grupo de la Policía Ministerial y mandos de la procuraduría y de la Unidad
General de Investigaciones, por estar implicados en el asesinato de Torre
Cantú.
Los textos incluían nombres
de algunos comandantes y funcionarios en la procuraduría estatal que han
permanecido desde la época de Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre
Cantú y que el nuevo gobernador panista dejó en sus puestos.
(PROCESO / JUAN ALBERTO CEDILLO / 18 ABRIL,
2017)
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