POLICÍAS DE TECATE SEÑALADOS POR DELITOS AGRAVADOS

Luis Cueva, Martin de Dios, Pérez Castillo, Aragón, Enrique Álvarez Castillo

Roberto Ramírez, a quien debieron repararle un intestino y extirparle la vesícula después de ser golpeado en un operativo policiaco en Tecate, identificó al agente Pedro Pérez Castillo como su agresor principal, pero también acusó a los uniformados Miguel Cuevas, Martín de Dios y Enrique Álvarez.

En sus primeras declaraciones administrativas, los oficiales negaron haberlo lesionado La noche del viernes 10 y la madrugada del sábado 11 de febrero de 2017, en la calles de Tecate se suscitó un operativo  policiaco que terminó con el señor Roberto Ramírez Mendoza, de 43 años de edad, con los intestinos reventados; su hijo Eduardo de (17), golpeado, asfixiado y hospitalizado; su esposa Sonia y su hijo Alejandro (15), detenidos y golpeados; y el agente Enrique Álvarez Castillo, con una mano y un brazo lastimados.

Y prácticamente todo el turno de la Policía Municipal tecatense que laboró esa noche, acabó denunciado ante el Ministerio Público y Sindicatura Municipal, por abuso de autoridad.

Posterior a la investigación, el 6 de marzo el Ministerio Público solicitó una citación para iniciar una audiencia de vinculación a proceso, la cual le fue concedida a las 12:30 pm del miércoles 22 de marzo.

Entonces habían citado a 12 agentes, pero dos que no fueron mencionados no se presentaron, sin embargo, las víctimas presentes fueron informadas.

Quienes se presentaron voluntariamente acompañados de sus abogados  Rigoberto y Nicolasa Caballero Zambrano fueron: Alejandro Estrada, Enrique Álvarez, Joel Núñez, Mirna Navarro, Miguel Cuevas, Pedro Pérez, Lizeth Maríñez y Jaime Nicolai Covarrubias.

En la audiencia, agente del Ministerio Público, Francisco Javier Carrillo Urbalejo, quien había solicitado la audiencia para vinculación a proceso por delitos agravados y lesiones en contra de Enrique Álvarez Castillo y otros, informó a la juez que se “desistía”, sin que esto afectara su derecho y posibilidad de solicitar una nueva audiencia inicial para esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no resulte impune y generar la reparación de los daños.

FOTO: Rosario Mosso.- Roberto Ramirez Mendoza

Como motivo, explicó que dentro de la indagatoria habían encontrado elementos que podrían afectar- no dijo aumentar o disminuir- el número de agentes municipales implicados.

En el proceso y consultados por la juez, el abogado y los diez  policías presentes citados,  solicitaron que la audiencia continuara y que podía ampliar después sin perjuicio de la investigación, pero la juzgadora les informó que era imposible obligar al Ministerio Público.

Al serles concedida la palabra a los agentes, para manifestarse respecto a la postura de la fiscalía, uno de los policías, Juan Alejandro Estrada, dijo:

“Es mi deseo hacer de su conocimiento que yo no estuve presente en el hecho…”, y en ese momento la juez lo interrumpió para recordarle que el Ministerio Público no había formulado ninguna acusación, le planteó que quería estar segura de qué entendía lo que esto significaba, y todo lo que dijera podía ser usado en su contra.

La conclusión fue la cancelación de la audiencia. ZETA se acercó al abogado Caballero Zambrano para solicitar la versión de sus defendidos respecto al caso y los hechos que este Semanario consignó en la edición 2239, publicada el 24 de febrero -incluido el boletín policiaco-, pero el abogado declinó y explicó que podrían hacerlo cuando el  Ministerio Público reformulara, cuando la Procuraduría detallara los nuevos cargos y quiénes serán los acusados.  

LOS HECHOS DEL 11 DE FEBRERO

Los sucesos que dieron origen a la denuncia de Roberto Ramírez Mendoza iniciaron la noche del viernes 10 de febrero, cuando según un boletín informativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendieron el reporte de gente armada frente a la casa de las víctimas.

Los jóvenes se ponen agresivos y ellos se van, pero minutos después son perseguidos por toda la familia violenta -madre padre, dos hijos y otro menor-,  que el señor iba armado y amenazó a uno de los agentes que antes había estado en su casa, Enrique Álvarez, por eso los sometieron y detuvieron.

Sin embargo, la versión de la familia fue distinta, los padres estaban fuera cuando sus hijos se enfrentaron a policías que ingresaron al patio de su casa para golpearlos, al regresar y darse cuenta de lo sucedido iban a poner la denuncia y en el camino se toparon con uno de los implicados, Pérez -lo abordó -efectivamente molesto-, para pedirle el nombre, éste se negó y pidió a ayuda, llegaron todos los policías del turno en apoyo, y mientras unos los golpearon, otros observaron.  

REFORMULAR IMPUTACIÓN

Después de un mes y diez días de los hechos, efectivamente hubo cambios de información en la ratificación y ampliación de las denuncias, luego que la víctima principal, Roberto Ramírez, estuvo más consciente, cuando se recuperó de estar más de un mes interno en el hospital, suma de dos períodos seguidos, al ser sometido a dos operaciones producto de los golpes que recibió; primero le repararon los intestinos que le reventaron a patadas, y después le extirparon la vesícula como resultado de una complicación en el mismo tratamiento.

Policías en los juzgados

De inicio, el Ministerio Público necesitaba reclasificar las lesiones simples que había considerado en la solicitud del 3 de marzo, porque el lunes 20 del mismo mes, por la noche, finalmente recibieron –el hospital no los había proporcionado- los reportes médicos adicionales en los que se detallaba la gravedad y el importe de los tratamientos recibidos por Ramírez.

Dichos reportes fueron exigidos por la víctima con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y acompañamiento del Consulado de Estados Unidos, porque son ciudadanos americanos.

Respecto a los policías que participaron en la agresión, el Ministerio Público no ofreció detalles en la audiencia, sin embargo,  los expedientes de Sindicatura y el MP que incluyen las declaraciones de Ramírez, y la identificación de sus agresores en los álbumes policiacos, ciertamente deslindan de responsabilidad al agente Juan Alejandro Estrada, quien durante la audiencia mencionó no haber estado presente en la agresión del denunciante.  

SEÑALAMIENTOS DIRECTOS

Son también las palabras del padre de familia que acusó a los policías de haberlo golpeado, las que señalan directamente a otros cuatro agentes:

 Enrique Álvarez Castillo, quien explica, lo detuvo por atrás, mientras otro policía lo golpeaba, y también le pegó.

– Pedro Pérez Castillo, quien lo golpeó más y directamente, mientras Álvarez lo detenía.

– Martín Antonio de Dios Hernández,  de haberle detenido los pies.

– Adicionalmente, en Sindicatura también identificó al agente Jesús Aragón de haberle sostenido las extremidades inferiores. Pero al hijo, el uniformado argumentó que lo hizo porque el muchacho pateó al policía Álvarez cuando se cayó.

–  Luis Miguel Cuevas dijo haber visto mientras lo golpeaban, cómo sometía por asfixia a su hijo Eduardo, él pedía que no lo hicieran porque estaba operado del corazón.  

LAS VERSIONES E INCONSISTENCIAS DE LOS AGENTES

De inicio, ni ante Sindicatura ni ante el Ministerio Público, los policías han admitido responsabilidad en las agresiones mencionadas.

La investigación de Contraloría Municipal está incluida en el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado porque así lo solicitó la fiscalía.

Respecto a la primera intervención en casa de los Ramírez, en la calle Campeche  número 163 de la colonia Rancho Pedregal, donde de acuerdo a la versión de las víctimas estuvieron  los agentes Cuevas y Cárdenas en una patrulla,  en otra los policías Enrique Álvarez y Lizeth Maríñez, y una más con el agente Aragón.

Casa de la familia Ramirez

Las versiones son distintas, los jóvenes dicen que los agredieron en su patio, las dos parejas de policías que no se bajaron de la patrulla y Aragón, que descendieron pero no entraron a la casa.

Todos, que los jóvenes les aventaron objetos desde dentro. Pero al ser liberados los muchachos, mostraban golpes.

Otro dato inconsistente fue la respuesta del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4), adonde solicitaron los reportes de ese día entre las 5:00 pm y las 12:00 am.

El C4 informó que no tenía ninguna denuncia de personas armadas en la colonia Rancho Pedregal, excusa con la que se acercaron a la familia.

Pero extrañamente, tampoco tenían registro de la petición de auxilio 10-29 (significa “solicito apoyo inmediato”) que hizo Álvarez cuando dijo sentirse en peligro, y reunió a todos los policías de un turno en el punto donde se encontraba con los Ramírez.

Respecto al momento en que la familia aborda al agente Enrique Álvarez, el uniformado  aseguró que sintió que estaba en peligro, pero no informó haber visto ningún arma en poder de Roberto Ramírez.

 El resto de los agentes que llegaron al lugar mencionan el arma, pero desconocen en qué condiciones fue encontrada.

También explicaron  que tienen instrucciones de responder de manera inmediata y sin excusas a la clave 10-29, porque eso significa que su compañero está en riesgo inminente y deben dejar cualquier cosa que estén haciendo.

Cuevas y Cárdenas también aseguraron que en ambos eventos, ellos fueron los últimos en llegar y no se inmiscuyeron intencionalmente, porque ya tienen procesos abiertos por abuso, y no quieren tener más problemas, por eso tratan de mantenerse al margen.

Como ninguno de los agentes identificados presentes en el lugar de los hechos admite haberlo golpeado -solo sometido-,  y del lado de la víctima existen pruebas e informes médicos mostrando que a Ramírez  le reventaron los intestinos, las autoridades administrativas cuestionaron a los oficiales cómo explicaban esa inconsistencia, a lo que respondieron que no sucedió, no se dieron cuenta, y nadie vio nada.

Alguno, lo más que admitió, fue que en momentos de tensión,  la adrenalina sube.

En la Procuraduría informaron que ellos estiman estarán listos para solicitar una nueva audiencia antes de  diez días. Dependerá de los tiempos del Juzgado el día que les asignen fecha.

Asimismo, consideran tener elementos suficientes para acreditar el uso excesivo de fuerza, los delitos y las lesiones agravadas, al punto de lograr la imposición de medidas cautelares estrictas.

(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Rosario Mosso Castro /Lunes, 27 Marzo, 2017 12:00 PM)