El homicidio de la periodista
chihuahuense Miroslava Breach conmocionó a su amigo, el gobernador Javier
Corral, cuyo gobierno se pone a prueba con este hecho brutal y ante la oleada
de violencia que afecta a Chihuahua. El mandatario panista no duda en afirmar
que el asesinato fue consecuencia del trabajo de la mujer que documentó para el
diario La Jornada las relaciones del narcotráfico con el PRI, partido al cual
esas revelaciones le tiraron candidaturas en varias alcaldías. Pero también,
afirma Corral en entrevista, es una forma de retar a un gobierno dispuesto a
combatir en serio al crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
“Atribulado” desde que supo del asesinato de la periodista Miroslava Breach
Velducea, unido a ella por el oficio y la amistad de tres décadas, el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no duda que este crimen
“milimétricamente planeado” fue un “silenciamiento” en venganza por su trabajo
periodístico.
Recuerda que Miroslava
documentó las relaciones de narcotraficantes con el PRI en Chihuahua, por lo
que el equipo especial interdisciplinario que creó para investigar cree que hay
un “móvil político” en el asesinato vinculado con su tarea periodística.
“Se trata de la ejecución de
un crimen con propósitos de intimidación y de silenciamiento”, insiste. “Y digo
esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica.
Por eso la trascendencia de la investigación que estamos construyendo y de los
resultados y del castigo a los responsables”.
–¿Detrás del crimen de Miroslava podría estar la narcopolítica?
–¡Sí, señor!
Por eso, admite el gobernador
que milita en el PAN, tiene la enorme responsabilidad de acreditarlo. “Es mucho
más grande porque los entramados de complicidad son muy amplios y, por
supuesto, la ejecución de este asesinato milimétricamente planeado cuidó muchos
aspectos”.
Sin embargo, tras reunirse
con el grupo especial que creó, confía en que pronto esclarecerá el crimen:
“A ellos les he pedido estar
conscientes de su responsabilidad y también les hice hincapié en la relevancia
no sólo política, fundamentalmente social del caso, porque no se trata de
distinguir ciudadanos de primera y de segunda, pero sí de identificar un valor
muy importante: cuando se atenta contra la vida de un periodista son dos o tres
o más bienes jurídicos los que están vulnerados: no solamente la vida misma
sino la actividad como ejercicio de contrapeso, de equilibrio, de escrutinio al
poder y al abuso del poder, sea formal o de facto”.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2108, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ÁLVARO DELGADO/25 MARZO, 2017)
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