FOTOS: Jorge Dueñes
33 mil páginas de evidencia en el caso
de lavado de dinero que involucra a más de 20 personas, entre ellos el regidor
con licencia Luis Torres Santillán, el empresario David Javier Espinoza y la
familia del ex presidente de COPARMEX Tijuana, ha vuelto lento el proceso
penal. “Es probable que este caso llegue a juicio”, comentó uno de los abogados
Durante una hora, la tarde
del jueves 9 de febrero, los ocho abogados representantes de los acusados de
conformar una red de lavado de dinero, entre quienes se encuentra el regidor
con licencia de Tijuana, Luis Torres Santillán, dialogaron con el juez Runston
G. Maino de la Suprema Corte de San Diego.
Según la Fiscalía de San
Diego, el grupo de doce acusados -de los cuales solo a ocho se les ha girado
orden de aprehensión- conforman el primer círculo de una red con más de 20
integrantes, que lavó 10 millones de dólares en un periodo de dos años.
David Javier Espinoza,
Claudia Ramírez Espinoza, Luis Torres Santillán, Liza Ampudia, Jorge Escalante,
Karla Escalante, Alejandro Espinoza y Mario Rodríguez Rivera, se presentaron
ese día para su audiencia de vinculación a proceso por el delito de lavado de
dinero.
El primero en arribar al
edificio ubicado en el centro de San Diego fue Luis Torres Santillán. Poco
después llegarían David Javier Espinoza y su esposa Claudia Ramírez Espinoza.
La Fiscalía señala al
matrimonio, cuyo hijo también está entre los acusados, de encabezar esta red a
través de su casa de cambio Olymar en Tijuana.
El saludo entre Espinoza y
Torres Santillán fue seco. Después del breve encuentro, se sentaron a varios
metros de distancia.
Hace poco más de un mes, el 3
de enero, estuvieron juntos en una audiencia previa. Vestían uniformes azules
de la cárcel de San Diego, caminaban con cadenas en los tobillos y esposas
sujetaban sus manos.
El jueves 9 de febrero, no.
Como siete de los ocho acusados en el caso, se encuentran libres bajo fianza.
Vestidos de traje y bien peinados, su ánimo fue otro.
Después de que sus abogados
los llamaron, los siete señalados ingresaron a la sala para dar inicio a la
audiencia. De entrada, el juez Maino expuso que los abogados defensores se
encontraban trabajando arduamente en el caso.
“Hay 33 mil páginas de
evidencia y consideran que no están en una posición para aconsejar a sus
clientes qué hacer”, aseguró.
Luego, preguntó uno por uno a
los defensores si sus clientes estaban listos para iniciar con la audiencia de
vinculación de proceso. Todos pidieron más tiempo.
Al frente: Torres Santillán,
Claudia Ramírez, David Javier Espinoza y Karla Escalante. Detrás: David
Alejandro Espinoza
Entre los asistentes, se
encontraba el ex presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) Tijuana, Jorge Escalante, esposo y padre de los acusados
Karla y Jorge Escalante, respectivamente. La audiencia duró poco más de cinco
minutos. El juez Runston G. Maino determinó, a petición de los abogados y el fiscal,
que la audiencia de vinculación a proceso se realice el 22 de marzo por la
tarde.
“Probablemente nos vayamos a
juicio”: abogado John Dunn, fiscal a cargo del caso, explicó al término de la
audiencia:
“Es algo normal en un caso
con tantos documentos” que los abogados pidan más tiempo para revisar la
evidencia aportada por la Fiscalía.
Sobre la decisión de un juez
de permitir a siete de los acusados librar el proceso en libertad bajo fianza,
dijo respetar “la decisión de la Corte”.
Por su parte, Anthony
Colombo, abogado de Luis Torres Santillán, agregó que el caso “probablemente
llegue a juicio”.
“La evidencia es voluminosa,
sobre todo por las grabaciones de llamadas que se hicieron durante la
investigación y sus transcripciones, las partes acordamos que se necesita más
tiempo para aconsejar inteligentemente a cada uno de nuestros clientes”,
precisó.
Sobre su cliente, reiteró que
la Corte no le impuso restricciones para cruzar la frontera.
A lo que el vocero de la
Fiscalía, Jesse Navarro, comentó que no es inusual, ya que estas medidas
cautelares se aplican para aquellos con antecedentes penales o en riesgo de
huir.
Desde su salida de prisión,
el 4 de enero, Torres Santillán ha acudido a dos eventos públicos en Tijuana.
El primero, organizado por el
Gobierno del Estado con el equipo de futbol Xoloitzcuintles, para donación de
alimentos. Acudió como representante de su empresa Diamond.
El regidor con licencia fue
recortado de las fotos del evento que el Club Tijuana difundió a través de
redes sociales. Días después, apareció en un foro organizado por el
Ayuntamiento de Tijuana sobre seguridad pública. En ambas ocasiones, habló para
los medios de comunicación. Al salir de la Corte, prefirió no hacerlo.
Abordado por varios
reporteros, explicó sonriente que no podía dar declaraciones sobre el caso que
enfrenta, mientras su esposa lo jalaba
del brazo para que siguiera caminando.
Una noche antes, su suplente
en el Cabildo de Tijuana, José Vicente Jiménez, fue aprobado para presidir la
Comisión de Seguridad Pública, la misma que Torres Santillán encabezaría antes
de ser detenido en Estados Unidos.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa / Inés
García Ramos/ Lunes, 13 febrero, 2017 12:00 PM)
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