CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En
México, la mayoría está a favor de “sacudir” el sistema educativo y considera
que de las 11 reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto la educativa es la más
importante, señala en un artículo el semanario inglés The Economist.
Sin embargo, “el gobierno se
tambaleó” ante las crecientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) que obligaron a la federación a sentar las
bases para un diálogo.
El artículo “Una batalla para
alimentar a la mentes jóvenes”, intenta responder a la pregunta: “¿Por qué los
maestros son tan desobedientes?” y atribuye a la CNTE, “el sindicato militante
mexicano”, la responsabilidad del freno a la reforma.
En México, señala el
artículo, en muchas escuelas, los sindicatos están a cargo del reclutamiento,
además que las plazas docentes son “más o menos hereditarias y es casi
imposible despedir a los malos profesores”.
Por ello, abunda el
semanario, no es de extrañar que alrededor del 55% de los mexicanos carece de
las habilidades básicas en matemáticas, de acuerdo con los resultados de las
pruebas del Programa Internacional de la Evaluación de los Alumnos realizada en
2012.
Refiere que la CNTE, objeta
en particular la aplicación de una prueba unitaria para todos los maestros.
“Su base de poder está en
cuatro de los estados más pobres, incluyendo Oaxaca; por lo que, dicen, un
examen en todo el país es injusto para los que enseñan en lugares demandantes.
Su influencia está en juego. Bajo los términos de la reforma, muchos de sus
activistas (no todos ellos son maestros) perderían su estatus profesional, por
lo que se han manifestado contra el cambio desde 2013 y el sellado de las
carreteras es ya una táctica bien practicada”, explica The Economist.
Sin embargo, señala, esta vez
“todo resultó más feo de lo habitual”, cuando a principios de junio dos líderes
de la CNTE fueron detenidos por cargos de lavado de dinero y robo agravado y
las protestas se intensificaron.
Luego, recuerda, el 19 de
junio la policía desafió una barricada a las afueras de Nochixtlán, en el
noroeste de Oaxaca y en el enfrentamiento resultaron ocho manifestantes
muertos.
“El gobierno se tambaleó. El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los
miembros del sindicato, pero Aurelio Nuño, el secretario de Educación, fue
menos entusiasta en el diálogo”, subraya el semanario.
A pesar del acercamiento,
dice, los bloqueos de carreteras permanecieron y al 1 de julio había 26 de
ellos, con tres mil 500 personas involucradas.
Luego analiza las razones por
las que considera que el gobierno no echó mano de la fuerza policial para
desalojar los bloqueos instalados en centros comerciales, carreteras y puentes
fronterizos en los que los más afectados fueron los productos de grandes
empresas trasnacionales.
“Por razones históricas, los
gobiernos mexicanos se esfuerzan para manejar este tipo de situaciones de un
forma mesurada. En la memoria persisten los manifestantes estudiantiles
masacrados en 1968 y 1971; el ‘trauma nacional’ hace que el Estado vacile sobre
el uso de la fuerza, dice el analista político, Francisco Berlín Valenzuela”,
cita el semanario.
Y añade que cuando las
autoridades intentan reprimir, “las cosas pueden salir mal, como lo ocurrido en
el evento de Nochixtlán”.
Pese a que hay una
investigación en curso, dice, este pueblo se ha unido a la lista de lugares
donde “las atrocidades son atribuidas a actores estatales”, como el caso de
Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron en 2014.
“Como Alejandro Hope, un
analista de seguridad, lo describe: ‘El gobierno no tiene confianza en que la
policía estatal y federal llevará a cabo una operación limpia’”, señala el
artículo.
Y añade que el 1 de julio
cuando Osorio Chong dio “una clase de ultimátum” al decir que “en poco tiempo”
se adoptarían decisiones para desbloquear carreteras estratégicas, cuatro días
después, según el gobierno el número de bloqueos se redujo y Osorio Chong se
reunió de nuevo con líderes de la CNTE a quienes ofreció diálogo con la
Secretaría de Educación.
A pesar de ello, señala The
Economist, las personas que simpatizan con los maestros temen acciones “más
draconianas”.
Y cita a José Gastón García,
de la Universidad del Mar en Oaxaca, quien dice que el gobierno podría aprobar
una ley en la que compare las acciones de los profesores con el terrorismo.
“Pero ambas partes parecen
interesadas en evitar más violencia, y el desmantelamiento negociado de los
bloqueos parece lo más probable. Será entonces cuando los argumentos reales
sobre el futuro de la educación en México puedan comenzar”, concluye el
semanario inglés.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN / 8 JULIO, 2016)
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