La organización documentó en una
investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en
11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas
psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual.
Amnistía Internacional denunció el abuso
sexual a mujeres cuando son detenidas en México.
MÉXICO (Sinembargo.MX)._
Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de
soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la
arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con
un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública
de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, quienes
fueron torturados.
Luego la policía llevó a los
tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón. En el camino, el esposo de
Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.
Mónica es una de las 33
mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que
fueron violadas durante su detención.
El día del brutal ataque
contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con
su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.
“Los agentes no mostraron
orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás
de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al
principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando
vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le
dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos
después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en
pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo,
“bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados,
desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado
“Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en
México”.
“La fiesta” a la que se referían
los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue
ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su
esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con
espuelas de metal que le desprendían la carne.
“Un representante de la
Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla
bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su
esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a
continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral
y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados
del Ejército estuvieron allí mirando.
Luego la policía llevó a los tres
detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en
Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia
de la tortura”, narra el informe.
Mónica está presa, pues fue
obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había
sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a
consecuencia de su tortura.
“En abril de 2016 la CNDH
emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el
caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de
participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta
edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el
costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.
Sobre los violadores de
Mónica: todos libres, ninguno procesado.
De hecho, no existe en México
ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman,
investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas
de Amnistía Internacional.
A todos ellos los cobija ese
manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.
De acuerdo con el informe,
pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los
últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra
funcionarios públicos en la justicia federal.
Siete soldados fueron
juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante,
entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos
sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero
inhabilitado sólo hasta salir de prisión.
EL CASO YECENIA ARMENTA
Hace apenas 20 días Yecenia
Armenta salió en libertad, luego de que el juez del proceso le dio una
sentencia absolutoria. Fueron cuatro años de prisión por un delito que no le
comprobaron: haber asesinado a su esposo.
Antes, durante su detención
por policías ministeriales de Sinaloa, le hicieron firmar una confesión tras 15
horas de tortura. Vendada de los ojos, el que dijo ser su defensor de oficio,
fue poniendo con tinta una a una las huellas de sus dedos de la mano derecha en
los papeles para declararse culpable.
El 10 de julio de 2012, la
mujer de 39 años fue detenida por policías vestidos de civil, luego de
obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y
violada, la obligaron a firmar esa confesión.
Yecenia fue llevada por los
policías a un lugar desconocido, en donde siguieron golpeándola continuamente y
la asfixiaron poniendo una bolsa de plástico encima de su cabeza. En otro lugar
la violaron. Fue hasta que amenazaron con llevarse a sus hijos, violarlos y
asesinarlos que Yecenia cedió y confesó el asesinato.
Hoy, “me siento insegura,
vulnerable, con miedo de todo, no encuentro mi espacio ahora, después de mi
libertad, a pesar de que era algo tan añorado tenerla. Me ha sido muy difícil
reintegrarme a la sociedad, pero mis hijos son mi fortaleza”, dijo en
entrevista.
Ella es una de las 100
mujeres que Amnistía Internacional (AI) entrevistó en prisiones federales y que
refirieron haber sufrido tortura u otros malos tratos como acoso sexual o abuso
sicológico durante su arresto e interrogatorio, por parte de policías
municipales, estatales, federales, o de miembros del Ejército y la Marina.
Según el informe Sobrevivir a
la muerte: Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México, 72 de
ellas sufrieron abusos sexuales en su arresto o en horas posteriores. De las
100 entrevistadas, al menos 33 denunciaron haber sido violadas por elementos.
LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA
SEXUAL
El estudio de Amnistía reveló
que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas
psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante
su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal,
Estatal, Federal y Ejército.
“Es realmente alarmante el
informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método
preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando
que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia
psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el
gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por
estos hechos”, dijo Madeleine Penman.
La investigadora reveló que
Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que
denunciaron las 100 mujeres.
“Estamos hablando de una
impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de
haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las
fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco
años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por
abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente
suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra
que es un método tolerado”, dijo.
De acuerdo con el estudio de
AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual;
60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de
los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19
por ciento de la Policía Federal.
“La violación ha sido
utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–,
así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay
diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres
denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina.
Aunque, en su conjunto, la
Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente
preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que
constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían
incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se
habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados.
La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de
unos casos a otros.
Por ejemplo, algunas mujeres
que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a
Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos
enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron
haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció
el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a
violación vaginal durante su detención”, dice el informe.
Entre las mujeres
entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron
torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar
embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.
Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.
La investigación de AI
encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron
torturadas por su orientación sexual.
Amnistía Internacional indica
en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura,
sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra
de los torturadores sexuales.
“El número de cargos
formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR
registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo
informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera
presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información
del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y
algunos años no se acusó a nadie.
En febrero de 2016, la PGR seguía
sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año
anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una
respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por
primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la
filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una
mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros
malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes
muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias
condenatorias penales federales”, dice.
La organización recibió
información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo
cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la
jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la
investigación.
La Marina informó que en los
últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a
Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un
miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer,
podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
Madeleine Penman afirmó que
la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de
parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Una obstaculización desde la
Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un
número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener
una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría
de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver
la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a
respondernos”, acusó la investigadora.
CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL
Amnistía Internacional dice
en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las
mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron
“al borde de la muerte”.
“Yecenia Armenta Graciano,
que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa,
dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito
que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la
violación era como estar ‘viva pero muerta’.
Tal como dijo Verónica Razo a
Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar?
¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos
porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace
extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser
querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.
La organización recogió el
testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y
separada de sus dos hijos.
El 8 de junio de 2011
Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando
hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la
secuestraron.
“La llevaron a un galpón de
la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La
golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios
policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una
‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público
se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió
tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la
habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de
secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había
presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”,
narra el informe.
Según Amnistía Internacional
los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18
años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que
significa que su madre esté presa.
Madeleine Penman dijo a
SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en
el caso de Verónica.
“Hace unos meses, en
septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura
Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de
Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado.
Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para
combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables
ante la justicia”, indicó.
La investigadora explicó que
el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida
bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.
“En México el Gobierno tiene
todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el
Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura
largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de
Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las
instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob
y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la
voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.
RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES
Entre las principales
recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique
Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de
seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no
rinde cuentas”.
“Reconocer públicamente la
magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular
el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que
indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.
La organización también
recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son
independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y
pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura
Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y
garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.
A la PGR el organismo
recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del
Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura,
desglosadas por género, edad y nacionalidad”.
En cuanto al Congreso de la
Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes
elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los
estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas
bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones
judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que
la tortura ocurrió”.
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Amnistía Internacional
ENTREGA INFORME DE TORTURA A MUJERES
MÉXICO (Sinembargo.MX)._ La
organización Amnistía Internacional (AI) informó que hizo entrega del informe
“Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en
México” a la PGR, a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Segob, por lo que está a la espera de
una respuesta contundente para detener las violaciones durante los arrestos a
las mujeres a lo largo del País.
Erika Guevara Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional (AI), indicó que algunas de las
respuestas de las autoridades fueron que “sólo se trata de unas cuantas
manzanas podridas” y que México hace esfuerzos para proteger los derechos
humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, indicó, el
informe que documentó en una investigación de ocho meses, y luego de
entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que
33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 fueron
víctimas de violencia física y 72 de agresión sexual, dice todo lo contrario.
De acuerdo con Amnistía
Internacional, en México hay una práctica generalizada de la tortura sexual y
no son sólo unos “cuantos” policías, marinos y soldados son los que violan
mujeres por todo el País.
“No se puede seguir
sosteniendo la hipótesis de que son sólo unas ‘manzanas podridas’ en la
Policía. Nos habla de una realidad rutinaria”, dijo Madeleine Penman,
investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas
de AI, durante la presentación del informe.
De acuerdo con el estudio de
AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violencia sexual;
60 por ciento de las aprehensiones de la Policía Municipal; 50 por ciento de
los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19
por ciento de la Policía Federal.
Amnistía Internacional indica
en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura,
sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra
de los torturadores sexuales.
“El número de cargos
formulados por tortura en México, en contra de agentes del Estado, es
alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2
mil 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a AI de ni un solo
cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores
a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco
personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie.
“En febrero de 2016, la PGR
seguía sin poder informar a AI de los cargos presentados el año anterior. Sólo
tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del
Gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en
dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un
video que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta
novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de
manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991
sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”,
dice.
La organización recibió
información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo
cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero algunos de ellos
dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido
durante la investigación.
La Marina informó que en los
últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a
Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un
miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer,
podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
“La tortura no puede ser
aceptada de ninguna forma. Hemos trabajado durante décadas para hacer que los
estados cumplan con su obligación de protección a la ciudadanía.
Lamentablemente se sabe que en México la tortura es una práctica generalizada”,
dijo Guevara Rosas.
La violencia sexual en contra
de las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una
situación aislada: “es una violencia atroz que refleja el secreto más oscuro
del Estado mexicano: la tortura sexual”, indicó Erika.
AI acusó además que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos hace poco por defender a las mujeres y en
general a las personas que sufren de tortura en el País.
“La CNDH no ataca las causas
y raíces de la tortura, como investigar a los mandos superiores, de miles de
denuncias, sólo ha emitido 70 recomendaciones”, indicó.
COMPROMISO DE MÉXICO
Amnistía Internacional indica
en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura,
sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra
de los torturadores sexuales.
(NOROESTE/ Sinembargo.MX/ 29/06/2016 |
12:00 AM)
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