La dotación excesiva de facultades para
la Segob en este sexenio contradice la regla más sencilla de los gobiernos
democráticos: evitar la concentración de poderes, dicen analistas consultados.
Aun así, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido
cumplir a los mexicanos el reclamo de seguridad y paz que se prometió desde la
campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de acabar con la estrategia de
guerra iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en esta
administración se ha redoblado y ahora incluso se tiene otro grave problema: el
conflicto social se ha salido a las calles del país.
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de
Gobernación y encargado de la seguridad interna del país. Foto: Saúl López,
Cuartoscuro
CUARTA PARTE
Ciudad de México, 29 de junio
(SinEmbargo).– Semanas antes de la jornada electoral en 12 estados del país el
pasado 5 de junio, diferentes encuestas reportaron que, entre quienes podrían
aspirar a la candidatura priísta por la Presidencia de la República en 2018, el
mejor posicionado hasta ese momento era el titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
La compañía Parametría, por
ejemplo, reportó en marzo que el ex Gobernador de Hidalgo era conocido entre el
60 por ciento de la ciudadanía y que este nivel de identificación pública era
el más alto entre los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
También, que si a las
opiniones negativas se le restaran las positivas, el titular de la política
interna mexicana tendría en su favor una diferencia de 13 puntos porcentuales;
proporción también mucho mayor, por ejemplo, que los tres puntos que tiene el
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray
Caso.
“El candidato priísta que
tiene mayor reconocimiento de nombre y que también resulta el preferido para
representar al tricolor en el 2018 actualmente es el Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong”, publicó en junio pasado el periódico Reforma, también
con base en una encuesta.
En el PRI se perfiló así como
puntera la candidatura del funcionario federal que, en teoría, debería ser el
responsable de que en México no se presenten los conflictos ni los crímenes ni
la crisis de derechos humanos por los que diversos organismos internacionales
han cuestionado severamente al actual Gobierno federal.
Responsabilidad que, además,
le fue restablecida al Secretario de Gobernación apenas en este sexenio,
cuando, en enero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó una serie de
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que
regresaron a esta dependencia la misión de “garantizar la seguridad pública”,
“coadyuvar a la prevención del delito”, “salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos”.
Compromiso que, dice Alberto
Azis Nassif, analista y académico del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), está lejos de considerarse cumplido
si se compara con la inseguridad, la violencia y la violación masiva a los
derechos humanos que prevalecen en México.
“Hay una serie de índices
sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos
internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de
inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de
derechos humanos”, dice el investigador.
“Indicadores que nos pueden
decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política
pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha
profundizado el problema”, agrega.
LA SUPERSECRETARÍA
Entre 2000 y hasta 2013, a lo
largo de los dos sexenios de presidencias panistas, el diseño de las políticas
para mantener la seguridad pública y de combate al crimen desde la esfera
federal recayeron en la también entonces recién creada Secretaría de Seguridad
Pública.
De acuerdo con la
modificación que se hizo en 2000 a la LOAPF, a esta misma instancia le fue
también atribuida la función de “proponer la política criminal en el ámbito
federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general,
“salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la
comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden
y la paz públicos”.
Después de que esta
dependencia vivió su periodo de mayor expansión en el sexenio de Felipe Calderón
–diversos medios reportaron aumentos superiores al doble en los presupuestos
para la seguridad pública en ese periodo–, el 2 de enero de 2013, todas esas
atribuciones fueron transferidas, textuales, a la Secretaría encabezada desde
el inicio de sexenio por el ex Gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio
Chong.
Para ese momento, a Osorio
Chong le respaldaba, entre otros servicios al Gobierno de Peña Nieto, la
gestión del acuerdo con el resto de los partidos o “Pacto por México” que le
permitió al mexiquense la aprobación del paquete de reformas constitucionales,
como la educativa y la energética, que le ganaron los únicos halagos de la
prensa internacional hasta el momento.
Las atribuciones de Osorio
Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que,
en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó
también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de
la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de
Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.
Tal atribución quedó
establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó
que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por
lo tanto, preeminencia alguna”.
El 2 de enero de 2013, sin
embargo, el decreto agregó que “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del
Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las
acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y
órdenes”.
Tal aumento de atribuciones
–más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces
como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde
2000, había previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de
mantener la seguridad pública.
“La dotación excesiva de
facultades para la Segob contradice la regla más sencilla de los gobiernos
democráticos: evitar la concentración de poderes”, expuso entonces Nicolás Loza
Otero, coordinador de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en entrevista con
SinEmbargo.
“Los gobiernos de la
alternancia se distinguieron por intentar la desconcentración de facultades de
la Secretaría de Gobernación; pero los resultados fueron catastróficos. Al PRI,
con su nuevo desafío, se le nota la gran intención de diferenciarse del PAN
[Partido Acción Nacional] y tener eficiencia en seguridad a costa de una crisis
en los contrapesos”, agregó el académico.
Al cabo de tres años, sin
embargo, estos súper poderes mostraron haber sido insuficientes ante la
gravedad de la problemática interna que vive México, sobre todo la derivada de
la impunidad con la que se han cometido en este sexenio más de 50 mil
homicidios, aumento en los secuestros y, como los calificó recientemente la
organización Open Society, atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la
población civil.
“Desde el inicio del sexenio,
a la Secretaría de Gobernación se le dieron facultades más contundentes para la
organización de la infraestructura de seguridad pública, y uno de los más
grandes flagelos es la inseguridad, la lucha con la delincuencia organizada, la
delincuencia de cuello blanco”, dice Jorge Ulises Corona Ramírez, académico de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
“En una rápida revisión por
el trabajo de Gobernación, anotamos: la fuga de (Joaquín Guzmán Loera) ‘El
Chapo’, el aumento de los secuestros, los focos de insurrección, los grupos de
autodefensas, la falta de capacidad de contener la delincuencia organizada”,
plantea Corona Ramírez.
El académico recuerda también
que, además del combate a la criminalidad, a Osorio Chong le corresponde
también, si no resolver, al menos mostrar capacidad para administrar los
conflictos sociales que enfrenta la sociedad mexicana, como la imparable movilización
magisterial contra la Reforma Educativa.
Trabajo que la LOAPF describe
como “favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos
políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y
de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social,
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.
Y es que las
responsabilidades del Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con
la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le
corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por
parte de las autoridades del país”; ordenanza que, consideran los
entrevistados, hace atribuible al hoy presidenciable incluso las probables corruptelas
de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte Jáquez en
Chihuahua.
Aún prevenir el “el mal humor
social” mencionado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto,
sintetiza Corona, podría ser considerado su trabajo.
“Como no ha habido capacidad
de relación con los factores reales de poder en México, como la Iglesia
católica, la delincuencia organizada, los estados, como no hay capacidad de
contención del conflicto, el conflicto ha salido a la calle, mostrando que queda
rebasada la función pública estado, que es mantener el conflicto acotado,
identificado”, dice Corona.
“Pero Gobernación no logra
identificar cuál es el conflicto, no se dan cuenta de que lo qué están haciendo
está mal; hasta allá llega esa capacidad de no visión”, agrega.
MODELO AGOTADO
Los entrevistados
coincidieron en que si bien las encuestas indicaron en el primer trimestre de
este año que Osorio Chong era el priísta mejor posicionado para la elección de
2018, la serie de derrotas sufridas por el PRI el pasado 5 de junio –cuando
este partido perdió siete de 12 gubernaturas; entre ellas, cuatro por primera
vez– mostraron que el tricolor, en general, podría estar en problemas en la
próxima contienda por la Presidencia de la República.
Y si Osorio Chong es su mejor
carta, coincidieron, tendría pocos motivos para presumir en campaña.
“A finales del sexenio
panista, cuando se especulaba sobre los candidatos presidenciales, en el caso
de Peña Nieto como que era muy claro que había consenso, que era el modelo
construido en el PRI para regresar a Los Pinos; una figura mediática, con mucho
dinero público, con un tipo de personajes, discurso determinados; todo este
modelo creo que ya se fracturó, lo vimos el 5 de junio, y creo que el PRI no
tiene ningún modelo exitoso en estos momentos para competir en 2018, más allá
de la maquinaria”, dice Aziz.
“Creo que sí están en un
problema importante (…) y en ese sentido los resultados de la Secretaría de
Gobernación no son como para estar orgullosos; la situación del país es muy
complicada, en términos de resultados de combate a la violencia, a la
penetración de estos grupos (de la delincuencia organizada); la situación está
bastante deteriorada, la violación a los derechos humanos es un problema muy
importante y no creo que haya nada qué mostrar”, agrega.
Corona advierte también que
el electorado se mostró el 5 de junio, como han señalado otros análisis, más
reflexivos, ejerciendo su capacidad de castigo. Y si bien Hidalgo fue uno de
los estados que pudo retener el PRI en ese proceso electoral, plantea, los
votantes lo castigaron en Pachuca, ciudad natal de Osorio Chong y donde el 5 de
junio ganó el PAN después de 13 años de haber sido considerada bastión priísta.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO
/JUNIO 29, 2016 - 12:05 AM)
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