SABÍAN DE MOSSACK FONSECA: ¿POR QUÉ HASTA AHORA? ¿POR QUÉ ÉSOS PAPELES DE PANAMÁ Y NO OTROS?

Los Papeles de Panamá (o Panama Papers), la mayor filtración de documentos en la historia –incluso mayor que WikiLeaks–, plantea varias preguntas. La primera es por qué hay tan poco de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero sobran documentos sobre las actividades ilegales de líderes de Georgia, Qatar, Ucrania, Argentina, Sudán, Arabia Saudita, Iraq, Paquistán, Azerbaiyán, Egipto, Costa de Marfil, Guinea, Sudáfrica y Jordania.

La segunda pregunta es más bien una suspicacia: “Fundaciones norteamericanas como la Ford, Kellog, Rockefeller, Open Society Foundation y USAID son quienes aportaron los recursos financieros para ICIJ”, como dice –en un texto publicado ayer en SinEmbargo– Darío Ramírez, periodista y ex director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Agrega: “No afirmo que el dinero comprometió la ética de los periodistas, pero sí sugiero que necesitamos más información al respecto”.

Una tercera: ¿Por qué ningún gobierno actuó, cuando varias investigaciones de la prensa más influyente del mundo (The New York Times, The Economist…) alertaban desde hace mucho tiempo sobre las actividades de Mossack Fonseca? El mismo Bernie Sanders, ahora aspirante a la presidencia de Estados Unidos, dijo ante el Senado de EU hace cinco años: “Panamá es un líder mundial cuando se trata de permitir a los ricos estadounidenses y las grandes corporaciones evadir impuestos en Estados Unidos, al esconder su dinero en paraísos fiscales”.

En diciembre de 2014, un reportaje de Ken Silverstein en VICE Media alertaba que empresarios que sirven de fachada a políticos corruptos, dictadores, traficantes de armas y del dolor, terroristas internacionales y los mismos políticos corruptos escondían fondos en empresas fantasmas de Mossack Fonseca. Nadie movió un dedo. Nadie. Esas investigaciones quedaron en el vacío, y tuvo que ser una filtración masiva la que movió algo.

En acuerdo con VICE, SinEmbargo reproduce aquélla investigación que no tiene más ni un año y medio de publicada –y que se fortalece con los últimos eventos–. Silverstein y VICE Media ya daba luces desde entonces sobre las actividades ilegales que se maceran desde hace años en la barriga de Mossack Fonseca.

Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media

Ken Silverstein, con ilustraciones de Ole Tillmann.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo/ViceNews).– Uno de los objetivos de las llamadas “empresas fantasma” consiste en que el dinero invertido en ellas no pueda ser rastreado para identificar a su dueño. Digamos, por ejemplo, que eres un dictador que quiere financiar al terrorismo, aceptar un soborno o acabar con el erario. Una empresa fantasma es una entidad falsa que te permite guardar y mover efectivo bajo el nombre de una empresa, sin que las autoridades internacionales y organismos fiscales sepan que es tuyo.

Esta supuesta compañía es fundada normalmente por un abogado de confianza, o un cómplice, en un paraíso fiscal mar adentro para esconder aún más la propiedad. Una vez se hace pasar el dinero como si fueran los activos de esta empresa, puedes gastarlo o usarlo para nuevos viles propósitos. Esta es la definición misma del lavado de dinero —tomar dinero sucio y limpiarlo— y las empresas fantasma lo hacen posible. Son los “vehículos de escape de los ladrones de banco”, dice el ex investigador de aduanas de los Estados Unidos Keith Prager.

A veces, sin embargo, los investigadores internacionales son capaces de rastrear el dinero. Tomemos el caso de Rami Makhlouf, el empresario más rico y poderoso en Siria. Makhlouf es ampliamente considerado como el “hombre de la bolsa” —una persona que recoge y maneja dineros mal habidos— del presidente Bashar al Assad, quien durante los últimos tres años ha contribuido con la muerte de más de 200 mil ciudadanos en la guerra civil de su país.

Además de Assad, existen pocas personas más odiadas en Siria que Makhlouf. Es el primo del presidente y el hermano del jefe de inteligencia siria. Usando estas conexiones, Makhlouf construyó una red de negocios que abarcó el sector de las telecomunicaciones, la energía y la banca; para el momento en el que cumplió 40 años, había acumulado una fortuna de miles de millones de dólares. Cuando los levantamientos en contra del régimen comenzaron a principios de 2011, los manifestantes incendiaron una sucursal de su compañía de celulares y gritaron: “¡Makhlouf es un ladrón!”

En 2006, la revista británica New Statesmen dijo que “ninguna empresa extranjera puede hacer negocios con Siria sin la autorización y participación de Makhlouf”, y un cable clasificado de 2008 de la embajada estadounidense en Damasco, publicado por WikiLeaks, lo describía como “la cara de la corrupción en Siria”. En ese mismo año, el Departamento del Tesoro estadounidense les prohibió a las empresas de su país hacer negocios con Makhlouf, diciendo que él había “amasado su emporio comercial explotando sus relaciones con los miembros del régimen sirio” y que “utilizó a oficiales de inteligencia para intimidar a sus rivales comerciales”.

Cuando estalló la guerra civil en 2011, y las fuerzas de seguridad estatales comenzaron a dispararles a los oponentes de Assad, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron a Makhlouf en una lista de aliados del régimen cuyos activos financieros debían ser rastreados y decomisados porque, como el Departamento del Tesoro dijo, se había vuelto rico sobornando y “contribuyendo con la corrupción pública de los oficiales del régimen sirio”.

Si Makhlouf era un ladrón de bancos, su automóvil de huida era una empresa llamada Drex Technologies S. A. En julio de 2012, el Departamento del Tesoro identificó a Drex —una empresa fantasma con dirección en las Islas Vírgenes— como el vehículo corporativo que Makhlouf secretamente controlaba y usaba “para facilitar y manejar sus activos financieros”. En otras palabras: si Makhlouf se robaba un par de millones de dólares de un negocio secreto con algún oficial sirio corrupto, no los pondría en una cuenta de banco desde donde lo pudieran identificar. En lugar de eso, los canalizaría por medio de Drex, de modo que no hubiera forma de conectar el dinero con él.

A finales de octubre de 2014, obtuve varios documentos sobre Drex en la Cámara de Comercio de las Islas Vírgenes. Los documentos revelan muy poco. El nombre de Makhlouf, por ejemplo, no aparece por ningún lado. Fue únicamente porque la guerra civil siria provocó una serie de investigaciones internacionales que buscaban localizar y congelar los activos de Makhlouf y otros bandidos del régimen de Assad, que el Departamento del Tesoro estadunidense descubrió que era él quien controlaba la empresa y era su propietario, jefe y accionista. Pero para el momento en que lo hicieron ya era demasiado tarde: Drex Technologies S. A. había desaparecido del registro mercantil de las Islas Vírgenes.

Sin embargo, ¿quién hace que estas entidades ficticias sean posibles? Para poder hacer negocios, las empresas fantasma necesitan un intermediario registrado, a veces un abogado, que presente los documentos necesarios para su constitución y cuya propia oficina usualmente sirve como dirección de la empresa.

Este proceso crea un velo entre la empresa fantasma y el propietario, especialmente si es inscrita en un paraíso fiscal donde la información del propietario está protegida tras una pared impenetrable de leyes y regulaciones. En el caso de Makhlouf —y, descubrí, en el caso de muchos otros hombres de negocios corruptos y gángsters internacionales—, la organización que lo ayudó a inscribir su empresa fantasma y a blindarla del escrutinio internacional fue una firma de abogados llamada Mossack Fonseca, que había servido como la intermediaria que registró Drex desde el 4 de julio de 2000 hasta finales de 2011.

La firma fue fundada en Panamá en 1977 por el alemán Jurgen Mossack y un panameño llamado Ramón Fonseca, vicepresidente del partido que actualmente gobierna el país, y luego adhirió a un tercer director, el abogado suizo Christoph Zollinger. Desde los 70, Mossack Fonseca ha expandido sus operaciones y ahora trabaja con oficinas afiliadas en más de 50 países países, incluyendo las Bahamas, Chipre, Hong Kong, Suiza, Brasil, Jersey, Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas, y —tal vez el más perturbador— Estados Unidos, específicamente en los estados de Wyoming, Florida y Nevada.

Mossack Fonseca, por supuesto, no está sola en la constitución de empresas fantasma utilizadas por los corruptos y evasores de impuestos del mundo. Alrededor del planeta existen un gran número de firmas que compiten, y muchas de ellas registran empresas fantasma que son tan sospechosas como Drex. Prueba de esto es el caso de Viktor Bout, quien, en los 90, traficaba armas para los talibanes a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Más recientemente, en 2010, un hombre llamado Khaid Ouazzani se declaró culpable de utilizar una firma de la ciudad de Kansas, Missouri, llamada Truman Used Auto Parts para mover dinero para Al Qaeda.

Noticias dispersas e investigaciones internacionales han señalado a Mossack Fonseca como una de las firmas creadoras de empresas fantasma con más alcance en el mundo, pero hasta ahora ha utilizado una gama tan amplia de trucos legales y contables que le han permitido pasar desapercibidos a ella y a sus clientes en la mayoría de los casos.

La empresa no acepta esta declaración y afirma en un correo electrónico que “no hay ningún registro judicial o gubernamental que haya identificado alguna vez a Mossack Fonseca como la creadora de empresas fantasma. Cualquier cosa que relacione a nuestro grupo con algún tipo de ‘actividad delictiva’ carece de fundamento, ya que nunca hemos sido notificados de la existencia de algún procedimiento legal… hasta el momento”.

Pero un año de investigaciones revela que Mossack Fonseca —a la que The Economist ha descrito como una industria “notablemente hermética” líder en finanzas en paraísos fiscales— ha servido como la intermediaria registrada de empresas de fachada vinculadas a un montón de gángsters y ladrones famosos que, además de Makhlouf, incluye a socios de Muamar el Gadafi y Robert Mugabe, así como a un multimillonario israelí que ha saqueado uno de los países más pobres de África, y a un oligarca llamado Lázaro Báez, quien, de acuerdo con registros de la corte de Estados Unidos y los informes de un fiscal federal en Argentina, supuestamente lavó decenas de millones de dólares a través de una red de empresas fantasma, algunas de las cuales Mossack Fonseca había ayudado a registrar en Las Vegas.

A través de documentos y entrevistas he descubierto que Mossack Fonseca ayuda con gusto a sus clientes a montar las llamadas compañías constituidas —que son las vendimias más añejas del negocio de lavado de dinero, odiadas por la policía fiscal y queridas por los ladrones, ya que han “envejecido” por años antes de ser vendidas, por lo que parecen corporaciones establecidas y con un historial sólido— incluso en Las Vegas. Un gestor internacional de activos que habló con Mossack Fonseca sobre cómo hacer negocios con ellos me dijo que la empresa ofreció venderle una compañía constituida de 50 años de antigüedad por 100 mil dólares.

Si las compañías constituidas son los vehículos de huida de los ladrones de banco, entonces Mossack Fonseca sería el vendedor de carros más turbio del mundo.

En marzo de 2014 volé a Ciudad de Panamá, hogar de la sede principal de Mossack Fonseca. Víctor, un periodista local, me llevó de tour por la ciudad. Pasamos por los exuberantes campos de golf y las mansiones en la antigua zona del canal controlada por Estados Unidos, por los deslucidos edificios de apartamentos del barrio El Chorrillo y por los rascacielos del distrito central de negocios.

Por la época de mi visita, Panamá se preparaba para las elecciones nacionales, y los carteles de campaña cubrían cada poste y cada muro. Víctor me ofreció un comentario sobre las elecciones mientras conducíamos. “Ese tipo es un imbécil”, dijo, señalando una valla de un candidato a la Asamblea Nacional que, según él, estaba relacionado con el comercio local de drogas. “Bueno, todos son unos imbéciles. Pero él es un imbécil de verdad”.

Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media

Panamá ha sido gobernada por imbéciles por más de un siglo. En 1903, la administración de Theodore Roosevelt creó el país después de matonear a Colombia para que cediera lo que antes era el departamento de Panamá. Roosevelt actuó por petición de varios grupos bancarios, entre ellos J. P. Morgan & Co., que fue nombrado como el “agente fiscal” del país, responsable de la gestión de diez millones de dólares de ayuda que Estados Unidos se apresuró a enviar a la nueva nación.

Los bancos norteamericanos ayudaron a convertir a Panamá en un centro financiero, y el país emergió como un paraíso para lavar dinero y evadir impuestos en los años 60 luego de que el Gobierno aprobara normas muy estrictas de confidencialidad financiera, lo que probablemente animó a Mossack Fonseca a establecerse allí en 1977. Las reglas de confidencialidad financiera les prometían a los inversionistas extranjeros privacidad.

También prohibieron que los bancos revelaran algún tipo de información acerca de sus clientes, a menos que fuera ordenado por una corte en un caso que envolviera terrorismo, tráfico de drogas o algún otro crimen serio (la evasión de impuestos estaba específicamente excluida de esa categoría). Estas leyes atrajeron a una larga línea de corruptos y dictadores que usaron Panamá para esconder su botín, incluyendo a Ferdinand Marcos, Baby Doc Duvalier y Augusto Pinochet.

Cuando Manuel Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa panameñas, tomó el poder en 1983, básicamente nacionalizó el lavado de dinero al asociarse con el cartel de drogas de Medellín y darle rienda suelta para que operara en el país. Noriega apoyó fidedignamente la política exterior estadounidense en la región y durante años la CIA lo tuvo en su nómina, pero Estados Unidos perdió la paciencia cuando se opuso a los esfuerzos para derrocar al gobierno sandinista en la vecina Nicaragua. Eso condujo a la invasión de Panamá en 1989, el derrocamiento de Noriega y el regreso al poder de las viejas élites bancarias, herederas del legado de J. P. Morgan.

El nuevo gobierno del presidente Guillermo Endara, un abogado corporativo que se posicionó en una base militar estadunidense pocas horas después de la invasión, comenzó el 20 de diciembre de 1989, ofreciendo una cara más buena y amable que el régimen de Noriega. Pero desde entonces él y sus sucesores elegidos democráticamente han hecho poco para abordar los problemas más evidentes del país: la corrupción y la pobreza. Un informe reciente del gobierno de Estados Unidos dijo que Panamá está “plagado” por el fraude y la evasión fiscal internacional, que son “fuentes significativas de recursos ilícitos”.

Hoy en día, las leyes financieras de Panamá siguen siendo extremadamente laxas. Las empresas extranjeras pueden aportar cantidades ilimitadas de dinero al país sin pagar impuestos. A principios de 2014, un informe del Fondo Monetario Internacional señaló que de cuarenta medidas recomendadas a los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Panamá solo había implementado una. En septiembre, The New York Times reportó que amigos del Presidente ruso Vladimir Putin habían canalizado dinero en paraísos fiscales por medio de empresas fantasma en Panamá. “Cuando se trata de lavado de dinero, ofrecemos un servicio completo: enjuagado, lavado y secado”, dijo Miguel Antonio Bernal, un prominente abogado local y analista político. “Puedes ir a cualquier firma de abogados en la ciudad, desde la más pequeña hasta la más grande, y abrir una empresa fantasma sin dar explicaciones”.

En Ciudad de Panamá me alojé cómodamente en una suite enorme en el piso 16 del hotel Waldorf Astoria, una torre brillante con vista panorámica de la Bahía de Panamá. Coordiné mi llegada para coincidir con una conferencia de dos días en el hotel de unos 70 consultores financieros internacionales para individuos überricos (con un alto poder de inversión, en la jerga de la industria financiera) y descubrí que uno de los conferencistas destacados sería Ramses Owens, abogado y experto financiero que había trabajado para Mossack Fonseca.

A la mañana siguiente, me desperté y levanté la cabeza de una de las mullidas almohadas de plumas de mi cama king size, salí de debajo de las sábanas de 300 hilos, me vestí y tomé el ascensor para bajar al lugar de la conferencia: el salón Diamond del hotel.

Aunque el evento era privado, tuve la oportunidad de curiosear el programa y obtener una lista de los participantes, así como sumarios de las charlas y presentaciones. Sentados en mesas con jarras de agua helada y jarrones llenos de flores, los asistentes eran en su mayoría hombres de mediana edad con pelo canoso y algo de barriga, vestidos con oscuros trajes de paño que les habrían inducido un golpe de calor inmediato en las sofocantes calles de Ciudad de Panamá, pero estaban justo en el salón Diamond, enfriado a unos 18 grados.

Había abogados expertos en impuestos, contadores, banqueros y administradores fiduciarios, y miraban hacia un pequeño escenario con un podio para los expositores y una pantalla para mostrar presentaciones de PowerPoint. Aproximadamente la mitad de los asistentes eran panameños; una cuarta parte había volado desde Estados Unidos, Europa y América del Sur; y otra cuarta parte venía de paraísos fiscales tradicionales, como las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Santa Lucía y Belice. Esta es “gente muy mala y quiere aprender a ser aún peor”, me había dicho antes de mi viaje Jack Blum, antiguo investigador del senado estadunidense y abogado especializado en lavado de dinero en Washington.

—Veo que estás jugando al Llanero Solitario —me dijo durante un descanso Edward Brendan Lynch, un asesor financiero de rostro rubicundo con sede en las Bahamas. Me senté en la barra a espiar a los asistentes, y él estaba esperando un whisky en las rocas—. ¿De dónde eres?

Cuando le dije que era de Washington D. C., Lynch, que se parecía a Thurston Howell III de La isla de Gilligan, dijo que había visitado la ciudad hace muchos años.

—Vi los cerezos en flor —recordó—. Almorcé en el Jockey Club. Un lugar precioso.

De vuelta en el salón Diamond, Ramses Owens subió al podio. Impecablemente vestido y peinado, con el pelo perfectamente cortado, encarnaba la banalidad del mal en el mundo financiero moderno. Owens, quien era descrito en el programa de la conferencia como un maestro de la “planificación fiscal”, bromeó con el público con que prefería decirles a sus clientes que su trabajo se basaba en la “optimización de recursos”.

Cuando trabajó en Mossack Fonseca, Owens se basó en su experiencia sobre las ventajas competitivas de inscribir empresas en Niue, una isla del Pacífico Sur. En 1996, la firma ganó los derechos exclusivos para establecer empresas fantasma allí, y en un plazo de cuatro años, 6,000 de ellas fueron registradas, algunas controladas por sindicatos del crimen de Europa del Este y carteles internacionales de droga, de acuerdo con investigaciones internacionales y reportes de noticias.

Los hallazgos llevaron a la imposición de sanciones internacionales en 2001 que obligaron a la isla a cerrar su negocio de registro de corporaciones cinco años después. Mossack Fonseca convirtió los limones en limonada para sus clientes al mover sus cuentas en Niue hacia otros paraísos fiscales, incluyendo Samoa y, como se revela en documentos de la corte que se le ordenaron entregar a Mossack Fonseca, en Nevada (no hay ninguna prueba de que las empresas trasladadas estuvieran involucradas en actividades delictivas, aunque la identidad de los propietarios de esas empresas sigue siendo desconocida).

La ofensiva contra Niue fue parte de un esfuerzo internacional conjunto dirigido por Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales. Originalmente motivada por la preocupación sobre el terrorismo y el crimen organizado, la iniciativa se ha intensificado recientemente debido a sangrantes déficits presupuestarios, los cuales han aumentado en gran parte debido a la evasión de impuestos generalizada. Se cree que los estadunidenses podrían tener más de un billón de dólares escondidos en paraísos fiscales, lo que representaría pérdidas anuales para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de casi unos cien mil millones de dólares.

En 2010, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus iniciales en inglés) después de golpear al gigante suizo UBS con una multa de 780 millones de dólares por ayudar a miles de titulares de cuentas estadounidenses a ocultar sus activos (en un caso, un banquero de UBS contrabandeó diamantes de un cliente de un país a otro en un tubo de crema de dientes). La Fatca, que se está aplicando por etapas y cuya implementación total se ha retrasado debido a la fuerte oposición de la industria financiera, ya exige a los bancos extranjeros notificar al IRS sobre las cuentas que posean los contribuyentes estadunidenses.

Naturalmente, la Fatca era preocupante para los que estaban sentados en el salón Diamond —entre ellos Marie Fucci, asesora de clientes estadunidenses y europeos, quien con razón denunció el hecho como una forma de “apartheid” financiero—, pero Owens intentó calmar sus temores. Mientras pasaba las diapositivas de PowerPoint con imágenes de bóvedas de bancos, pilas de billetes de cien dólares y otras fotos pornofinancieras, Owens describió formas de evadir las regulaciones internacionales excesivas y molestas. La Fatca, afirmó con confianza, no destruiría los paraísos fiscales, y ciertamente no lo haría en Panamá, donde abogados, contadores y otros facilitadores de empresas fantasma tienen poderosos aliados políticos (como el entonces ministro de Finanzas del país, que también habló en el evento).

Owens estimó que nueve de cada diez entidades empresariales registradas en el país eran de propiedad extranjera y dijo que las fundaciones privadas panameñas —una creación local que es tan querida en el mundo de los paraísos fiscales como la clásica y preferida cuenta en un banco suizo— todavía serían capaces de mantener el dinero de forma anónima, incluso cuando la Fatca se aplique plenamente. Los miembros de la audiencia movieron sus cabezas en señal de aprobación.

La mañana después del discurso de Owens, salí del Waldorf hacia las oficinas de Mossack Fonseca. No tenía ninguna expectativa de reunirme con alguien en la empresa, pues ya había solicitado en varias ocasiones una entrevista y había sido rechazado cortés pero firmemente. “Hemos decidido no participar en esta entrevista”, me escribió la portavoz Lexa de Wittgree en un correo electrónico, que al menos demostró que Mossack Fonseca es tan eficiente a la hora de tratar periodistas como a la de tratar a sus clientes.

Estaba utilizando un mapa del hotel y pronto me perdí en el concurrido distrito de negocios de la Ciudad de Panamá, que parece un Hong Kong miniatura con tonos tropicales. Al mirar alrededor para orientarme, vi a un joven vestido con pantalones oscuros y una camisa verde a rayas salir de un edificio de oficinas —Edificio Omega— y abrir la puerta del conductor de una camioneta Mitsubishi Sportero negra.

—No es tan cerca —dijo en un perfecto inglés cuando le pregunté si sabía cómo podía llegar al edificio de Mossack Fonseca—. ¿Tiene una cita con ellos? Porque hago un trabajo similar y podría ayudarlo —sacó una tarjeta profesional y me la entregó con una sonrisa de oreja a oreja.

Por coincidencia, resultó ser Alejandro Watson Jr., de Owens & Watson, donde Ramses Owens es socio.

—Yo trabajo justo ahí —dijo, señalando hacia la oficina del segundo piso de la firma—. Voy tarde a una reunión, pero puedo reunirme más tarde con usted, o puedo invitarlo a que entre y presentarle a uno de mis colegas.

Antes de mi viaje, me pregunté si debería ponerme en contacto con una firma local de abogados para comprobar qué tan fácil sería establecer una empresa fantasma. Esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.

—Vine de Estados Unidos por unos días buscando bienes raíces —improvisé mientras el tráfico pasaba como una bala y los pitos sonaban—. Necesito crear una empresa aquí para poder hacer la compra. ¿Qué tipo de información necesitarían?

—Todo lo que necesito es su pasaporte, licencia de conducir, algo que muestre su dirección de residencia y una carta de referencia de cualquier banco —dijo Watson—. Nosotros no le pedimos información sobre su negocio. Solo queremos ayudarle a hacer negocios para que siga trabajando con nosotros.

—¿Mi nombre aparecería en alguna parte del papeleo? —pregunté.

Pensé que mi franqueza podría desencadenar al menos una leve sospecha de su parte; después de todo, era la misma promesa de anonimato la que había atraído a todos aquellos clientes poco fiables a Niue cuando el actual jefe de Watson fue contratado por Mossack Fonseca. Pero él seguía tan alegre y dispuesto como un vendedor de helados.

—Usted tiene un problema Fatca —dijo Watson con una sonrisa y una mirada cómplice—. Podemos resolverlo. Podría recomendarle establecer un fideicomiso, pues legalmente puede ser propiedad completamente de otra persona.

Pregunté si podría abrir una cuenta bancaria para mi empresa fantasma para poder acceder a mi dinero. Después de todo, no tiene sentido ocultar efectivo en un paraíso fiscal si no puedes gastarlo.

—Por supuesto —dijo Watson, con entusiasmo. Metió la mano en el Sportero y sacó un folleto de un montoncito que había entre los dos asientos delanteros—. Contamos con una red bancaria mundial —dijo, y señaló una página que enumeraba unas cuantas docenas de instituciones financieras con las que su empresa trabajaba.

La red incluía pequeños bancos en Panamá, las Islas Caimán, Mónaco y Andorra, y grandes marcas como HSBC y los contrabandistas de diamantes de UBS. Un informe de la comisión del senado estadunidense describió al anterior banco como un vehículo importante para los “capos de la droga y las naciones corruptas”, y el año pasado el banco firmó un acuerdo de 1,920 millones de dólares con el Departamento de Justicia, después de admitir que había ayudado a lavar millones a través de empresas fantasma para carteles de Colombia y México. Había incluso una pieza estadunidense en la red de Owens & Watson: el banco Helm en Miami. En 2012, los reguladores estadunidenses atacaron a Helm con una orden de consentimiento (consent order) por múltiples violaciones de la Ley de Secreto Bancario y las normas contra el lavado de dinero.

Era una lista que sin duda inspira confianza, al menos si yo fuera un ladrón buscando ocultar mi dinero del IRS o de la vigilancia legal.

Todo el proceso tomaría solo unos pocos días, dijo Watson, y el costo sería insignificante: cerca de 1,200 dólares por inscribir mi empresa, 300 para cubrir los honorarios del Gobierno, y unos pocos cientos de dólares más para Owens & Watson para proporcionar directores de nómina de ser necesario. Si quisiera comprar una empresa fantasma, dependiendo de la edad de esta, me costaría un poco más.

—Y mi nombre no aparecerá en ningún lugar, ¿cierto? —le pregunté, decidiendo que presionaría hasta donde fuera posible.

—No, no, no —exclamó Watson—. Eso no es un problema.

Poco después de mi conversación con Watson encontré las oficinas de Mossack Fonseca, que ocupan los tres pisos superiores de un edificio de cristal de cuatro pisos que tiene una clínica dental en el primero. Aunque esperaba poder entrar, abandoné la idea cuando vi a un guardia en la entrada revisando a todos los visitantes del edificio.

Al menos, pensé, tomaría una foto de la oficina, cuya fachada de cristal refleja la Torre de la Revolución, el monumento emblemático de la ciudad, un edificio horrible de oficinas en forma de sacacorchos. Pero Mossack Fonseca aparentemente vigila su sede con el mismo celo con el que protege la identidad de sus clientes.

—¡Está tomando una foto! —gritó una mujer, que volvía al edificio con una bolsa de comida para llevar de un restaurante, cuando me vio apuntando con mi iPhone. Gritó de nuevo y me señaló—. ¡Está tomando una foto!

A continuación, decidí probar suerte en Las Vegas. Mossack Fonseca describe Nevada como “una de las mejores jurisdicciones” en Estados Unidos para la creación de una empresa debido a “la versatilidad, los bajos costos y la rápida atención” del estado. Estados Unidos es un gran lugar para hacer negocios para Mossack Fonseca, ya que es el segundo país donde resulta más fácil registrar una compañía fantasma, después de Kenia, de acuerdo con un grupo de Washington D. C. llamado Global Financial Integrity. Y a los ladrones les encanta inscribir empresas aquí, también, porque ser propietario de una empresa estadunidense les proporciona una falsa respetabilidad que puede ayudar a desviar la atención de sus actos criminales, me dijo Heather Lowe, directora de asuntos gubernamentales del grupo.

Desde que Mossack Fonseca comenzó a ofrecer servicios hace más de una década, ha utilizado una firma local estrechamente vinculada llamada MF Corporate Services para registrar más de 1,000 empresas en Nevada, la mayoría de ellas gestionadas desde paraísos fiscales como Ginebra, Bangkok y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo a los registros en los archivos de la secretaría del estado. Bajo la ley de Nevada los únicos nombres que deben figurar en los registros públicos de una empresa fantasma son los de un agente residente y un “gerente”, y ninguno de los dos tiene que ser un ser humano. El agente residente es normalmente la firma que registra la empresa fantasma, y el gerente puede ser otra compañía anónima. Eso hace que sea prácticamente imposible descubrir quién controla realmente una empresa de estas en Nevada, a menos que la policía o los tribunales obliguen su divulgación.

Técnicamente, MF Corporate Services es independiente de Mossack Fonseca. Pero en la práctica, los documentos judiciales, registros de constitución y otros documentos confidenciales muestran que funciona como sucursal local de Mossack Fonseca, cuyo empleado principal se reporta directamente con la sede de Ciudad de Panamá. Este tipo de separación falsa es una táctica empleada por muchos grandes fundadores de empresas fantasma, ya que permite a la empresa matriz refutar cualquier conexión con sus oficinas locales si todo se va a la mierda desde un punto de vista legal.

Es algo así como Walmart operaría en Bangladesh, distanciándose de las maquilas clandestinas por medio de largas y complejas cadenas de proveedores (como Walmart, Mossack Fonseca nunca ha sido procesado directamente por las acciones de sus subsidiarias).

“Son organizaciones completamente integradas hasta el momento en que un policía o investigador viene a mirar”, dice Jack Blum, experto en lavado de dinero. “Entonces se desintegran en una serie de entidades no relacionadas, y todo el mundo jura que no sabe nada acerca de cualquier otra persona en el sistema. Es como un rompecabezas que está armado, pero de repente se destruye cuando alguien empieza a investigar”.

De hecho, esto es exactamente lo que Mossack Fonseca respondió cuando le preguntaron sobre las actividades oscuras con las que ha sido conectada en Las Vegas. Si bien no hay forma de saber con precisión quién está detrás de la gran mayoría de empresas fantasma que la firma ha estado ayudando a crear allí, una investigación penal en curso en Argentina y un caso relacionado ante el Tribunal de Distrito de Nevada que involucra al oligarca Lázaro Báez ofrecen una idea. Las actas de la investigación y de la corte alegan que Báez es el dueño secreto de más de 100 empresas fantasma que Mossack Fonseca ha ayudado a establecer en Nevada.

Todas ellas eran manejadas por Aldyne Ltda., una compañía anónima que Mossack Fonseca registró en las islas Seychelles, según los fiscales (Mossack Fonseca no ha sido acusado hasta la fecha, ya sea en Argentina o Nevada, pero uno de sus ejecutivos en Las Vegas fue destituido, y el tribunal de distrito ha ordenado a la empresa que entregue los expedientes relacionados con las compañías fantasma de Báez, una orden que se ha negado a cumplir plenamente).

Excajero de un banco, Báez construyó un vasto imperio empresarial a través de contratos que le adjudicaron algunos amigos cercanos: el fallecido Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, así como sus aliados políticos en su provincia natal, según informes de prensa e investigaciones. Báez estaba tan afligido cuando su patrón Néstor murió en 2010, que erigió un mausoleo de tres pisos para albergar sus restos. Los fiscales alegan que las empresas de Nevada eran parte de una red que Báez utilizó para mover más de 65 millones de dólares en fondos desviados de proyectos públicos de infraestructura.

Las empresas vinculadas con Báez en Nevada fueron registradas por MF Corporate Services; su jefe asistente, Patricia Amunátegui, fue contratada en la sede principal de Mossack Fonseca como secretaria de Aldyne Ltda., de acuerdo con una fuente cercana al tema. Cuando les pregunté acerca de las actividades ilegales de las empresas de clientes del pasado, la respuesta de Mossack Fonseca fue para recordarme en un correo electrónico que “los agentes registrados no son responsables de ninguna manera por las transacciones comerciales o cualquier otro trato de las empresas que inscriben”.

Por su parte, Amunátegui, una chilena nativa que previamente trabajó como mesera de un casino y, según su página de Facebook, disfruta el yoga, el espiritismo y el senderismo, y admira al Dalai Lama, al Tea Party y al exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que MF Corporate Services “no tiene, ni ha tenido alguna vez, algún tipo de relación con Lázaro Báez”. También dice que no tiene ninguna relación laboral con Mossack Fonseca, a pesar de que hace unos años proporcionó una carta de recomendación a la Universidad de Nevada, en Las Vegas, que decía que justo después de graduarse de su programa paralegal “consiguió un gran trabajo como vicepresidente de Mossack Fonseca, una firma internacional de abogados”. (Ella dice que fue malinterpretada.) Amunátegui era la persona con la que más esperaba reunirme cuando volé a Las Vegas a principios de noviembre.

—Su auto está en el espacio B-15 —me dijo la mujer de veintitantos años en Avis después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional McCarran—. B de burdel.

Su cara era inexpresiva, así que no estaba seguro de si sentirme insultado o simplemente reírme. Pero había estado viajando todo el día desde Washington, en dos largos vuelos en clase económica, así que en ese momento no me importó. Fue bueno haber aterrizado en Las Vegas, así el aeropuerto tenga el nombre de Pat McCarran, el amante de los casinos, enemigo de los judíos, político racista que supuestamente inspiró el personaje del senador corrupto de Nevada en la segunda parte de El Padrino.

Ilustración de Ole Tillmann, VICE Media

En 2001, la legislatura de Nevada debatió un proyecto de ley que estimulaba a las empresas a inscribirse en el estado protegiéndolas de las leyes de divulgación y de responsabilidad. “Estamos sosteniendo un cartel que dice: ‘timadores y artistas de la estafa bienvenidos aquí'”, dijo la entonces senadora estatal Dina Titus durante el debate sobre el proyecto de ley. Sus partidarios argumentaban que la norma estimularía la entrada de necesarios recursos.

Titus, hoy en la Cámara de Representantes, sorprendentemente procedió a votar “Sí” al proyecto de ley, y su profecía se hizo realidad. En pocos años, Nevada se convirtió en la sede de pirámides, estafadores corporativos, promotores de fraudes accionarios, embaucadores de internet y evasores de impuestos. Entre ellos se encontraban Donald McGhan, que en 2009 recibió una condena de diez años por engañar a inversionistas con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares a través de una empresa de estafa inmobiliaria llamada Southwest Exchange, y el contratista de defensa Mitchell Wade, quien utilizó una empresa fantasma registrada en Nevada para canalizar un soborno para el entonces congresista Randy Cunningham (ambos se echaron la soga al cuello durante un almuerzo en el que Cunningham diagramó sobre un papel membretado de su oficina en el Congreso una lista con la relación de los sobornos de Wade y los contratos federales que había orientado a cambio).

La página web de la secretaría del estado ofrece una serie de razones por las que las empresas deberían inscribirse en Nevada, anunciando la falta de impuestos sobre las sociedades y la casi imposibilidad de penetrar el “velo corporativo”. Ese tipo de normas ha atraído a unas 300,000 empresas activas hacia el estado, una por cada nueve habitantes, y recolectado ingresos de unos 133 millones de dólares solo en 2012.

Tanta de esa actividad es potencialmente criminal que el subsecretario de Estado Scott Anderson dice que su oficina ha adoptado una serie de medidas para poner freno a los abusos, incluyendo una regla que prohíbe estrictamente a cualquier persona crear una corporación en Nevada para cometer un delito. “Por supuesto, si alguien va a hacer algo ilegal”, admitió Anderson, “probablemente no va a revelarlo”.

Un día durante mi viaje entrevisté a Cort Christie, director de Nevada Corporate Headquarters, una de las firmas fundadoras de empresas fantasma más prolíficas del estado. Su empresa se encuentra en un edificio enorme de oficinas, en una zona llamada Spring Valley. Christie hizo parte de la junta de la poderosa y políticamente conectada Asociación de Agentes Registrados de Nevada (MF Corporate Services es miembro de ella), que “trabaja para garantizar el futuro del estado como el epicentro de la inscripción de empresas en Estados Unidos”, según el sitio web del grupo. Advierte que si “se pierde el ventajoso entorno fiscal, proempresarial actual, la reputación del estado… se perderá también. Una vez que la confianza del público se pierde, no puede ser recuperada fácilmente”.

En 2013, la Asociación Nacional del Rifle presionó en contra de una propuesta de la secretaria de Estado que habría endurecido las reglas que reducen el secreto empresarial. El proyecto de ley, que “hubiera combatido la idea de que la gente puede venir aquí y esconderse”, según me dijo Christie, fue rechazado abrumadoramente.

En la mañana del 4 de noviembre, recorrí el bulevar de casinos en el corazón del centro de Las Vegas, pasando por el Golden Nugget y El Cortez (el primer casino que fue propiedad de la mafia) y la mayor cantidad de restaurantes en Estados Unidos que ofrecen costillitas por 9.99 dólares. Luego llegué a la carretera interestatal 15 y me dirigí hacia el sur hasta Henderson, un suburbio donde los centros comerciales gigantescos dan paso a un borrón de estuco y casas de adobe.

MF Corporate Services está ubicado en el complejo profesional Parc Place, el hogar de varios edificios idénticos, de un solo piso y techos de tejas rojas. Solo había unos pocos coches en el parqueadero, y no vi a nadie afuera. Un letrero metálico rojo y blanco de MF Corporate Services plantado en una parcela de rocas y cactus sopló con tristeza en la brisa cálida.

Hasta donde sé por los registros públicos y documentos de la corte, MF Corporate Services no hace ningún trabajo en el que tenga que ir a otro lugar —su único objetivo parece ser la creación de empresas fantasma en Nevada para los clientes de Mossack Fonseca— y su ubicación apartada no ayuda a disipar esa impresión. Amunátegui dirige las operaciones, aunque documentos internos de la empresa que encontré en registros de la corte muestran que trabaja en estrecha colaboración con los empleados de Mossack Fonseca en Panamá, como Leticia Montoya, guardiana del expediente de decenas de empresas fantasma vinculadas a Lázaro Báez.

Montoya tiene una carrera bastante accidentada, luego de haber inscrito o servido como directora de nómina de al menos seis compañías anónimas que estuvieron involucradas en grandes escándalos de corrupción internacional. Entre ellas una empresa fantasma panameña llamada Nicstate, cuyos propietarios beneficiarios incluían al expresidente nicaragüense Arnoldo ‘El Gordo’ Alemán, quien utilizó Nicstate y otros atajos fiscales para desviar a sus bolsillos casi 100 millones de dólares de los fondos estatales.

Montoya también ayudó a establecer Mirror Development Inc., que Siemens de Alemania utilizó para canalizar sobornos a funcionarios del gobierno argentino que les ayudaron a ganar un contrato de mil millones de dólares para producir tarjetas de identidad nacionales. Este fue solo uno de los componentes de un plan mundial de Siemens, que también utilizó atajos corporativos para pagarles a los funcionarios del gobierno de Bangladesh, Venezuela e Irak, incluyendo a Saddam Hussein entre los beneficiarios.

Me imaginé que la mejor forma para hablar con Amunátegui era pasarme por allí casualmente, así que no llamé previamente. Cuando golpeé en la puerta de cristal de MF Corporate Services, un hombre con una tabla sujetapapeles, sentado en una silla azul ubicada al azar en el vestíbulo de la oficina, me hizo señas con la mano para que entrara. Una bolsa blanca de basura llena de documentos triturados se apoyaba en la puerta, y un mapa del mundo enmarcado colgaba de una pared. Había cuatro relojes sobre él que mostraban el tiempo en Las Vegas, Hong Kong, Suiza y Panamá.

El hombre de la silla —que resultó ser un cerrajero— llamó a Amunátegui cuando pedí hablar con ella, y salió del cuarto trasero. Su rostro estaba salpicado de pecas, y llevaba el pelo largo y castaño recogido en un moño. Frunció el ceño suavemente y se negó a hablar cuando le dije que era un periodista interesado en los trabajos que MF Corporate Services realizaba para Báez.

—Deme su nombre y veré si nuestro abogado puede hablar con usted —dijo.

—¿El abogado de Mossack Fonseca? —pregunté.

—No, el abogado de mi empresa —respondió ella, refiriéndose a MF Corporate Services—. Son independientes.

Me quedé allí por un momento bajo el brillante resplandor de las luces del techo, tratando desesperadamente de encontrar una manera de mantener la conversación. Había tanto que todavía quería saber, y Amunátegui era lo más cerca que había llegado de poder hablar directamente con alguien realmente afiliado a Mossack Fonseca.

Quería preguntarle sobre personas específicas presuntamente vinculadas a empresas fantasma constituidas por Mossack Fonseca, según el gobierno de Estados Unidos, expedientes judiciales, investigadores internacionales y mi propia investigación: Billy Rautenbach, presunto recaudador de Robert Mugabe, presidente vitalicio de Zimbabwe; Yulia Tymoshenko, ex primera ministra y oligarca ucraniana apodada “la princesa del gas”; Beny Steinmetz, un multimillonario israelí que presuntamente obtuvo una enorme concesión minera en Guinea pagando un soborno a una de las esposas del dictador asesino de este país a través de una empresa fantasma creada por Mossack.

Incluso quería preguntarle acerca de los perfiles optimistas de Mossack Fonseca en Facebook y Twitter, en los que aparecen imágenes de los sonrientes beneficiarios, las donaciones caritativas de la empresa y algunos lugares comunes como el “me gusta” a Thomas Edison y Dr. Seuss (“¡Hoy tú eres tú! ¡Eso es más cierto que cierto!”).

Pero Amunátegui no diría una palabra después de anotar mi información de contacto. Prometió dársela a su abogado. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta, en vez de eso se metió en su oficina personal, se sentó en un escritorio salpicado con algunas carpetas y paquetes de FedEx, y cogió el teléfono. La oí hablar desde el pasillo, y aunque no pude entender lo que estaba diciendo, claramente estaba hablando de manera agitada, presumiblemente con el abogado de la compañía que antes me había mencionado (y de quien nunca volví a saber).

La negativa de Amunátegui a responder a las preguntas fue frustrante, más no sorprendente. Cuando se trabaja con Mossack Fonseca hay un montón de secretos sucios que mantener, así que tener la boca cerrada es quizás la parte más esencial de este trabajo.

(SIN EMBARGO.MX/ VICE Media  abril 8, 2016- 09:54h)