Familiares de desaparecidos en Chihuahua
enfatizaron que existe colusión de las autoridades con el crimen, lo que ha
agravado las posibilidades de resolver los casos de desapariciones y la
identificación de los restos hallados en fosas clandestinas. ¿Qué exigieron a
las autoridades?
Familiares de desaparecidos en Chihuahua
acusaron a Duarte de impedir participación de forenses argentinos. Foto: Juan
García, SinEmbargo
Ciudad de México, 8 de abril
(SinEmbargo).– Familiares de desaparecidos en Chihuahua acusaron al Gobernador
César Duarte Jáquez de impedir la
coadyuvancia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el peritaje
de restos de cuerpos hallados en fosas clandestinas a lo largo del estado.
“Es imperativo que se permita
el trabajo experto en este grupo, ya que el número sigue en aumento. Los grupos
sociales siguen trabajando donde el estado claudica, por desinterés o por una
participación activa de policías locales, gobernantes de todos los niveles,
acuerdos con grupos de narcotraficantes, donde la corrupción y la impunidad
imperan”, dijo la Senadora Sylvia Martínez Elizondo del Partido Acción Nacional
(PAN).
La incursión del EAAF sería
crucial para trabajar con los restos hallados en tres fosas clandestinas,
dijeron los familiares de las víctimas, que se encuentran en el Rancho Dolores,
en el municipio Ciudad Cuauhtémoc; el rancho Mortero, Cusihuiriachi, y el
poblado El Porvenir, en Carichí.
De acuerdo con un informe
reciente publicado por Amnistía internacional (AI), la crisis de los desaparecidos en México es
generalizada, pero se centra en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de
enero pasado, existían mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo
en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, existen al menos 351
personas de las que no se conoce su destino.
Precisamente es en esa
demarcación donde los pobladores, por inacción del Gobierno, han salido a
buscar a sus familiares y se han enfrentado a amenazas y hasta ataques por
parte de grupos armados, denunciaron familiares de desaparecidos.
En el reporte “Un trato de
indolencia” de (AI), los municipios de Iguala, Guerrero, y Ciudad Cuauhtémoc,
son una muestra de varias facetas de la problemática: la magnitud a la que
pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado
mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos
humanos de las víctimas.
Partricia Vásquez, madre de
Jesús Alfredo Delgado Vásquez, desaparecido el 28 de octubre del 2013 afirmó
que el número de víctimas sigue en ascenso en Ciudad Cuauhtémoc. Pese a esto,
el Gobierno estatal incumple con un convenio de colaboración con el EAAF
firmado desde el 2014, acusaron familiares.
“Hay un enorme subregistro,
la colusión del crimen con las autoridades hacen que vivamos en un narco
estado. Sabeos que la ley de víctimas nos protege para elegir peritos de
nuestra confianza, pero hemos encontrado varios obstáculos, en especial que el
Gobernador César Duarte niega la existencia del problema. No busca a nuestros
hijos ni vivos ni muertos, desde el 2011, le estamos solicitando al equipo de
antropología forense argentino que investigue fosas”, explicó.
La madre detalló que existe
poca confianza en la Fiscalía de Chihuahua y la tecnología que utiliza para
procesar los restos quemados.
Esta tensión con el
Ministerio Público ha derivado en presiones, acusó, por parte de las
autoridades para que se descarté la coadyuvancia del EAAF.
“Han estado presionando para
que sea la Fiscalía la que haga el procesamiento de estos casos. Hemos logrando
una medida cautelar para impedir que procesen esos restos. Ahora vemos que en
el Gobierno de Chihuahua son quienes insisten, pero nosotros queremos que sea
el EAAF, porque su vasta experiencia internacional acredita certeza y reparo a
las víctimas”, dijo Vásquez.
La desconfianza al Ministerio
Público también se basa en la transparencia con la que los familiares creen que
las autoridades operan, en cambio, afirmaron los forenses argentinos trasladan
la información de los restos a las familias.
Legisladores pretenden
incluir este y otros aspectos en la discusión de la Ley de Desapariciones
Forzadas que se discute en la Cámara Alta.
“Nos preocupa la queja
respecto al a incineración de restos humanos. Obviamente, que la Ley
establecerá la prohibición de la incineración. Yo creo que incluso podríamos
plantear un punto de acuerdo. Tenemos un argumento, y es que no se pueden
incinerar los restos cuando no sabemos de quiénes son”, dijo la Senadora del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña.
EL INFIERNO EN CUAUHTÉMOC
“La incesante ola de
desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con
que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las
autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó en enero
pasado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional
para América.
“Por desgracia, las
desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que
prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas
ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de
ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó Guevara-Rosas.
En su momento, Leticia
Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció que la Fiscalía en
Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando
alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques. Además, dijo que
los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las las
investigaciones nunca concluyen.
“Yo quisiera que el gobierno
nos volteara a ver, porque hasta ahora el Gobernador no reconoce el problema en
Cuauhtémoc, menos Enrique Peña Nieto que no se da por enterado. Pero ya son
demasiadas desapariciones, es mucho desgaste físico, económico y emocional”,
expresó Sánchez, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, de 22 años,
desaparecido en 2010 junto con sus amigos, a manos de un grupo fuertemente
armado.
La activista narró que una de
sus compañeras, a quien le desaparecieron un hijo, tras participar en
manifestaciones para exigir la aparición de su muchacho, la amenazaron con
quitarle otros.
“Ella decía que ya no tenía
nada que perder y siguió en la búsqueda de sus dos hijos. Hasta que la
desaparecieron. Sabemos que cuando llegó el comando a su casa ella llamó a los
policías, pero una fuente que tengo ahí dentro me informó que la orden fue que
nadie acudiera a auxiliarla”, agregó Leticia Sánchez.
La mujer aseveró que incluso
ella y otro grupo de padres fueron recibidos por el Gobernador priista César
Duarte Jáquez, y él les prometió que sus familiares serían encontrados, pero
bastaron unos meses para recibir una amenaza, ahora de parte de personal de la
Fiscalía de Cuauhtémoc: “No ha aparecido y no va a aparecer porque está
haciendo mucha presión”, le dijeron.
Cuauhtémoc es uno de los 67
municipios de Chihuahua y se encuentra en la zona occidental del estado; su
cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114 mil habitantes,
que conforma un polo económico importante para la entidad debido a las
actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Además
de su relevancia económica, el municipio es el límite entre las planicies
desérticas y la cordillera de la Sierra Madre Occidental, ésta peculiar
posición geográfica, refiere el reporte de AI, la convierte en un punto de
cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de
México con el sur de los Estados Unidos.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ ABRIL 8, 2016- 09:55H)
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