FOTOS: cortesia.- La zona conocida como
Gringo Hill, en el fraccionamiento de Costa Azul en San José del Cabo, Baja
California Sur.
En el operativo conjunto, las víctimas
presuntamente de trata no fueron rescatadas. Eran 26 estudiantes, edecanes,
modelos y bailarinas de table dance contratadas para una despedida de soltero
en el exclusivo fraccionamiento de Costa Azul en San José del Cabo. La PGJE
abrió investigación por lenocinio
San José del Cabo, Baja
California Sur.- El operativo de la Policía Federal de las divisiones de
Gendarmería, Antidrogas y Seguridad Regional de la Comisión Nacional de
Seguridad, encabezados por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía
Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República (PGR), Paulina Escudero Alvarado y Sebas
García Badillo fue un fracaso.
La noche del 12 de marzo,
cuando reventaron un inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento Costa
Azul en este destino turístico, las víctimas presuntamente rescatadas no
estaban esclavizadas, amarradas o trabajando en contra de su voluntad.
Es más, ni habían sido
amagadas, tampoco trabajaban bajo amenazas y chantajes.
Por el contrario, habían sido
contratadas esporádicamente para amenizar una fiesta de despedida de soltero, y
donde se encontraban alrededor de 50 personas entre mexicanos y
estadounidenses.
El evento privado, y para
evitar la molestia de los vecinos, había sido disfrazado como una fiesta de
cumpleaños en honor de una supuesta mujer de nombre “María”, donde en los
postes de luz y de teléfonos, fueron colocados estratégicamente algunos
carteles de color blanco con letra negra y roja y con la leyenda:
“¡Feliz Cumple María!”, y en
la barda perimetral de la residencia, otros de color rosa con letras negras y
el texto en inglés: “¡Happy B-Day!”
El inmueble la noche del operativo en
Los Cabos, completamente bardeado y disfrazado de una fiesta de
cumpleaños.
Dentro de la propiedad de alrededor
de dos mil 500 metros cuadrados, localizada en un punto conocido popularmente
como Gringo Hill –por ser una zona donde la mayoría de los residentes son de
Estados Unidos–, colocaron globos blancos y morados, y sobre tres mesas de
centro, pusieron botellas de whiskey, tequila, agua mineral y bebidas
energéticas.
En una hielera acomodaron
latas de cerveza, y en algunos camastros y sillones, localizados alrededor de
la alberca, colocaron bolsos de mujer, ropa, toallas, sandalias, zapatillas y
salvavidas inflados de color azul y rosa.
La fiscalía adscrita a la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la
Comunidad de la PGR, según uno de los agentes federales participantes en el
operativo conjunto, recibió anónimamente información de la posible comisión del
delito de trata de personas con fines de explotación sexual en ese inmueble.
Los datos que tenían –según
la denuncia anónima– era que esa noche se iba a celebrar una fiesta en el
lugar, la cual “iba ser amenizada por todas las víctimas que era un grupo de
jóvenes mujeres que habían venido trabajando para una red de prostitución que
tenía su centro de operaciones en La Paz y Los Cabos”.
La Fiscalía Especial de
Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas, no indagó sobre
el origen de la investigación y tampoco los datos recibidos.
Simple y sencillamente se
dejó llevar por la información anónima, dándola por un hecho, activando un
fuerte operativo y solicitando el respaldo de un grupo de élite de la Policía Federal.
Así quedo la zona de la
palapa dentro del inmueble, después del operativo en la despedida de soltero en
Gringo Hill.
Los agentes –según uno de los
efectivos que participó en el operativo– fueron requeridos para ejecutar el
plan de rescate, quienes fueron desplazados desde la Ciudad de México.
Fue así, y de acuerdo al
agente federal, como armaron el operativo, obteniendo todo el tiempo datos e
información de un supuesto informante, quien entregó los números telefónicos de
los presuntos cinco integrantes de la red de prostitución.
Asimismo, tuvieron acceso a
conversaciones de Whatsapp, mensajes de texto y fotografías de algunas de las
mujeres.
Los agentes federales
–entonces– aún sin estar plenamente convencidos de que el caso sería “una
bomba”, tal y como preveía la PGR, comenzaron el trabajo de inteligencia,
obteniendo información de primera mano, quienes, en el segundo de los tres días
de investigación, lograron saber que el caso de Costa Azul, no era trata de
personas con fines de explotación sexual, sino de lenocinio, el cual tendría
que ser investigado por el fuero común.
Las presuntas víctimas –según
confirmó el agente federal– recibirían pagos de mil 500 y hasta 3 mil pesos
cada una por participar en el festejo.
Según con la venia de la
Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de
Personas, las autoridades “llevaron a cabo el operativo, teniendo la certeza de
que todas esas mujeres estaban al servicio de una red de prostitución, y
acordaron desmantelarla”.
EL OPERATIVO
El operativo conjunto de la
Policía Federal y de la PGR inició el 9 de marzo, es decir, tres días antes de
revisar el bien inmueble en Costa Azul, cuando alrededor de 50 efectivos de
elite –40 hombres y 10 mujeres– arribaron a bordo de 7 camionetas vía marítima
en la terminal de Pichilingue en La Paz.
El convoy fue tan vistoso que
corrió el rumor inclusive, de la llegada de agentes de la Policía Federal de la
Comisión Nacional de Seguridad, quienes en medio de la ola de violencia de las
últimas tres semanas, registrada hasta el 10 de marzo, habían llegado a
reforzar los operativos de seguridad en la capital sudcaliforniana.
Lo cierto es que los agentes
federales bajaron del barco y se enfilaron rumbo a Los Cabos, donde
establecieron un Centro de Mando, en espera de instrucciones de la Fiscalía
Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Los efectivos esperaron
pacientemente el día de la fiesta, algunos de ellos, haciendo labor de
inteligencia, vestidos de civiles y circulando en automóviles rentados, pasando
constantemente por el punto de encuentro, estudiando el inmueble, viviendas de
vecinos y las calles y rutas de posibles escapes.
La planeación del operativo
abarcó cuando menos 2 cuadras a la redonda –según el agente federal– colocando
las primeras cuatro unidades en cada una de las esquinas y el resto a la
siguiente cuadra, como una especie de anillo de seguridad.
La noche del operativo, los
agentes federales, tomaron por asalto el inmueble, saltando algunos por las
bardas y abriendo la única puerta de acceso a la propiedad privada, y donde los
presentes, fueron encañonados, quedando viéndose entre sí, y luego se tiraron
al suelo.
Los agentes federales
ingresaron y comenzaron a revisar cada esquina de la enorme propiedad que está
distribuida de la siguiente manera.
1.- La casa de la presunta
dueña identificada con el nombre de Pilar. 2.- Una bodega pequeña. 3.- Una área
de bungalós. La propiedad que –según el agente federal– “había sido rentada
previamente por uno de los organizadores de la despedida de soltero”, tiene
como área de uso común un enorme patio, alberca y palapa, así como un área
verde.
El agente del Ministerio
Público, Sebas García Badillo, muy bien acompañado con edecanes como las que
supuestamente rescataron en San José del Cabo.
Casualmente, ese día, la
propietaria del inmueble no estaba presente, y solo estaban los invitados de la
citada fiesta.
Después de tomar por asalto
la propiedad e interrogar a las supuestas víctimas, los agentes federales,
detuvieron a una mujer y cuatro hombres, y quienes fueron señalaron como los
responsables de la contratación.
La mayoría de las ‘víctimas’
–según sus testimonios– eran estudiantes de nivel profesional, edecanes, modelos
y bailarinas de table dance, quienes admitieron dedicarse a ejercer la
prostitución en fiestas privadas, y por contrataciones esporádicas.
Las prostitutas –en sus
testimoniales– dijeron no vivir en ese lugar y tampoco estar a la fuerza,
algunas describieron que fueron transportadas de La Paz y otras de Cabo San
Lucas, a fin de estar en la despedida de soltero. Las mujeres fueron
trasladadas en cuatro vehículos. Son los siguientes:
1.- Una camioneta mini van de
color blanco, vidrios polarizados y placas de circulación 58-11-AVC del estado
de Baja California. 2.- Una camioneta de color vino, línea Yukon, marca GMC,
sin placas de circulación, quemacocos y rines cromados. 3.- Un automóvil de
color blanco, línea Lancer, marca Toyota, con placas de circulación 38-11-ABC.
4.- Un automóvil de color blanco, línea Malibu, marca Chevrolet, con placas de
circulación CZP-16-38.
Los vehículos, según datos
recabados por ZETA, aparecen a nombre de la joven Anaid Vanegas Hernández, la
cual registró, cuando menos una de las unidades, a principios de 2015, con el
domicilio en la calle Sinaloa Departamento 2 casi esquina con Héroes de
Independencia en la colonia Pueblo Nuevo en La Paz, Baja California Sur.
El día del operativo, los
cuatro hombres detenidos señalaron como cabecilla de la banda a la mujer
identificada como “Ani”, quien –según dijeron– fue la responsable de
contratarlos como choferes, y su trabajo únicamente consistió en transportar a
la fiesta a todas las mujeres.
LA INVESTIGACIÓN
Después de la detención, el
agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia
en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la PGR, Paulina Escudero Alvarado,
ordenó el aseguramiento del inmueble, levantó el inventario de los bienes
muebles y vehículos y solicitó la inscripción de aseguramiento del bien
inmueble al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los
Cabos.
El Agente del Ministerio
Público abrió la carpeta de investigación FED/BCS/CSL/0000097/2016, y ordenó la
entrega de una cédula de notificación al propietario de la residencia.
Los datos recabados hasta
ahora es que la red de prostitución operaba en el Estado de México, y desde
principio de 2015, abrió un centro de operaciones en La Paz, y después en Los
Cabos.
La encargada de recolectar
prostitutas –según las primeras indagatorias– fue identificada como “Ani”, a
quien describieron como una “mujer hermosa, de clase y porte”, de tez clara,
ojos negros, complexión delgada, estatura de 1.60 metros de altura, cabello
negro, boca chica y ceja escasa.}
Anaid Venegas Hernandez,
presuntamente vinculada en el proceso penal
El modus operandi –de acuerdo a las
investigaciones oficiales– es que la organización delictiva contactaba
bailarinas en los table dance de La Paz y Los Cabos y seleccionaba mujeres
jóvenes estudiantes, edecanes y modelos, necesitadas de dinero y dispuestas a
prestar un servicio sexual discreto, a cambio de mil 500, tres, cinco y hasta 7
mil pesos, según el cliente.
El acuerdo –según las
investigaciones– era que la banda conseguía a los clientes a través de meseros
en restaurantes y bares, así como prestadores de servicios y a través de
contactos en Facebook y WhatsApp.
Después de conseguir el
cliente, las mujeres eran recogidas en sus casas o en cualquier punto cercano,
y entonces eran llevadas a moteles, hoteles o viviendas de los propios
clientes, y después de una hora o el tiempo solicitado por el usuario,
recogidas y regresadas a sus hogares. Los servicios prestados por la
organización delictiva –según las indagatorias– eran tres:
El servicio de escort, el
cual consistía en la renta de una prostituta como acompañante de algún cliente
a algún bar, discoteca o alguna fiesta, y el cual subía el precio, en caso de
terminar en sexo.
El segundo era el servicio a
domicilio, el cual era llevar a una mujer hasta el motel, hotel o vivienda del
cliente, y posteriormente, recogerla, según el tiempo solicitado por el
usuario.
El tercero era el servicio
ejecutivo, y el cual consistía en llevar a un grupo de prostitutas a fiestas
privadas de empresarios, políticos o narcomenudistas, lo mismo a una casa, un
hotel o salir a un paseo en yate.
Tras darse cuenta que no
podría configurarse jurídicamente el delito de trata de personas con fines de
explotación sexual, la PGR envió el caso a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Baja California Sur, que abrió la averiguación previa
CSL/005/HOM/2016 por lenocinio.
Según un abogado consultado
por ZETA, el lenocinio está tipificado por el artículo 207 del Código Penal
como un delito del fuero común, y se comete cuando “toda persona que habitual o
accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se
mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera”.
Caso contrario, el delito de
trata de persona –de acuerdo al Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas– es aquel que “promueva, solicite, ofrezca, facilite,
consiga, traslade, entregue o reciba para sí o un tercero a una persona por
medio de la violencia física o moral, engaño, el abuso de poder someterla a
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas
análogas a la esclavitud”.
En el caso de Costa Azul, de
acuerdo a la versión de las prostitutas, no hubo violencia física o moral y
mucho menos esclavitud.
Finalmente, el 16 de marzo,
el Procurador General de Justicia del Estado, Palemón Villeda Alamilla,
confirmó que la PGR se declaró incompetente para proceder jurídicamente en
contra de los sospechosos y turnó el expediente de explotación sexual a la
Procuraduría, por lo que resolvieron la averiguación previa y la turnaron a un
juez penal para su análisis y resolución.
Durante una reunión con los
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, el titular de la
PGJE, aseguró que ninguno de los cinco detenidos es de nacionalidad extranjera,
y los cuales fueron internados en el Centro de Reinserción de San José del Cabo
a disposición del juez de la causa, y quien en las próximas horas habrá de
resolver su situación jurídica.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Gerardo Zúñiga Martes, 22 marzo, 2016 01:00
PM)
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