El Ejecutivo estatal tiene miles de juicios
laborales que de perderse, significarían más de 26 millones de pesos en
pérdidas para el erario.
Sin embargo, el riesgo real
para el presupuesto de Baja California lo representan los juicios agrarios,
donde solo los procesos jurídicos promovidos por la zona de El Monumento, Ejido
Rojo Gómez y el Bulevar 2000 en Tijuana representan pleitos por casi mil
millones de pesos.
Derivado de la reciente
aprobación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California 2014, salió a
relucir que el Ejecutivo tenía, hasta hace 15 meses, 2 mil 333 pleitos
jurídicos pendientes de resolver.
Víctor Lujano Sarabia,
subsecretario jurídico -con licencia temporal- del Gobierno del Estado, quien
ha llevado parte de la defensa de los casos mencionados, señaló que la gran
mayoría de las demandas que actualmente enfrenta el Ejecutivo tienen que ver
con el tema laboral, que se arrastran desde el sexenio anterior, y otras
interpuestas ante la reforma a la Ley del Servicio Civil.
El 60 por ciento de estos
procesos representan juicios por basificaciones, un poco más del 20% por horas
extra y el resto por reconocimiento de antigüedad. Desde el gobierno aclararon
que estas demandas ya casi llegan a 3 mil. Adicionalmente llevan 12 juicios
agrarios, 116 juicios civiles ordinarios y 665 juicios de amparo y
controversias constitucionales.
El funcionario, que se
encuentra separado momentáneamente del encargo -para participar en la precampaña
del Partido Acción Nacional pero que accedió a una entrevista con ZETA, afirmó
que tras las reformas laborales, el Ejecutivo estatal ha ganado cerca del 90%
de los juicios, iniciados después de la reforma que se publicó en mayo de 2014.
El otro 10% restante son
recursos tramitados antes de entrar en vigor la reforma a la Ley del Servicio
Civil, los cuales, considera el gobierno, tienen una alta posibilidad de
perder, porque la anterior Ley contaba con diversas ventajas procesales en
cuanto a horas extra, vacaciones o basificaciones.
— Estadísticamente, del total
¿cuántas de estas demandas pierde el Estado?
“Yo creo que en un 30 o 40 por ciento si se
llegan a perder en atención de que antes no había un catálogo de puestos
susceptibles a basificarse, la Ley te decía que labores de confianza eran todas
aquellas que llevaran algún elemento de administración, inspección y de
vigilancia y, si no encajabas ahí, te podías basificar.
Ahora ya hay un catálogo muy
amplio en los cuales se limitan las posibilidades de basificación, entonces eso
ha impactado en el número de asuntos que se empiezan a ganar a favor de
Gobierno del Estado”.
— ¿A cuánto asciende el
impacto de esas demandas en el presupuesto?
“En términos presupuestales
ha significado alrededor de 26 millones de pesos del total de juicios
laborales”.
Respecto a la gran cantidad
de demandas pendientes por resolver por el Ejecutivo, Anwar Ramos Gaona,
presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, señaló que se ha tenido un
marco jurídico muy flexible en el que se puede generar un abuso o sobrecarga a
la capacidad que tiene el Estado para contratar personal.
Lujano “Esta misma regulación
se ha tratado de adecuar en diversas ocasiones, porque estamos viendo un
problema en el aumento de la burocracia que es verdaderamente catastrófico para
las finanzas de los entes de gobierno”, expuso Ramos Gaona.
Lamentó que no exista una
disposición de ninguna de las fuerzas políticas dentro de los Congresos
estatales y federales que puedan dar una reforma legal eficaz, a efecto de que
queden protegidos los derechos de los trabajadores, pero que establezcan
mecanismos para evitar el crecimiento de la nómina.
“Estamos en una realidad en
la que el crecimiento de la burocracia está cargando demasiado las finanzas
públicas y llegaríamos a un absurdo en el cual los servicios públicos
fundamentales no se puedan estar prestando, porque los recursos se estén
destinando al sostenimiento de la burocracia”, indicó.
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PONEN EN RIESGO
PRESUPUESTO
Otro de los datos arrojados
de la Cuenta Pública 2014 fue que el gobierno estatal enfrenta alrededor de 655
juicios de amparo y controversias constitucionales que derivan del proceso
legislativo. Lujano explicó que cuando alguien reclama la inconstitucionalidad
de alguna Ley, forzosamente tiene que involucrar al Estado por haber publicado
la reforma en el Diario Oficial, y aunque la Ley no los obliga a contestar al
ciudadano que reclama, el Estado lo hace.
“Y en el 98 por ciento de los
casos la respuesta es explicar por qué se avaló la publicación de la reforma”.
Tratándose de juicios de amparo y
controversias constitucionales, los que se inician contra actos de gobierno son
“un porcentaje mínimo”.
Y en esos casos lo usual es
que el reclamo ciudadano sea por expropiación o derecho, entre ellos los
fideicomisos de turismo y la Ley del Notariado, donde sí tuvieron una
participación activa. — ¿Qué sucede en
el caso de los verificentros que tienen una demanda por más de 200 millones de
pesos?
“En la subsecretaría jurídica
se llevan todos los asuntos, menos los de responsabilidad administrativa y los
que tiene relación con el Congreso, ahí lo que yo te puedo comentar es que los
verificentros presentaron una demanda por actividad irregular del Estado.
Consideraron que el haber
retrasado la emisión de un decreto en el cual se establecía la obligatoriedad
de verificar, les causó un prejuicio por no operar los centros, esa demanda
está en Contraloría del Estado y está en etapa de instrucción” afirmó el
abogado.
De igual forma, aclaró que
casi todas las controversias y juicios de acción de inconstitucional, corresponden al periodo de la XXI Legislatura
del Estado, la cual se caracterizó por tener marcadas diferencia con el
gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y el Congreso del Estado mayoritario
por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“De los juicios heredados
salimos bien librados con el tema de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales a nivel constitucional, de la municipalización de San Quintín, que
fue otro tema que nos dejó pendiente la Legislatura pasada y otros relacionados
con leyes que irresponsablemente, desde mi punto de vista, se generaron al
vapor y al calor de circunstancias políticas y de coyunturas electorales muy
precisas”, señaló Víctor Lujano Sarabia.
De la actual administración
recientemente se ganó la controversia constitucional en contra del Poder
Judicial referente a la Ley del ISSSTECALI, dejando alrededor de cinco asuntos
pendientes que no tendrían “gran impacto político, ni económico”, afirmó el
consultado.
GOBIERNO GASTA EN JUICIOS QUE NO PROCEDEN
En el caso de los juicios
ordinarios civiles, el subsecretario jurídico explicó que se trata
principalmente de invasiones de algún terreno propiedad del Estado y que los particulares
demandan la prescripción del bien.
“Llegaron, vieron que a lo
mejor el terreno estaba baldío, ampliaron el cerco y luego resulta que era
propiedad nuestra y al paso de los años nos demandan la prescripción del
terreno para ser ellos los titulares del bien, ahí estamos empezando a tener
sentencias favorables porque hay una clara disposición de las leyes que
especifican que los bienes de dominio público son inembargables e
imprescriptibles”, comentó.
EL PELIGRO DE LOS JUICIOS AGRARIOS
Los 12 juicios agrarios
serían la mayor preocupación para el Ejecutivo por lo oneroso que podría
resultar perderlos. Entre ellos se encuentra el promovido por el Ejido Rojo
Gómez, donde son coadyuvantes y que implica una superficie de alrededor de 400
hectáreas. Hernan Cortez, abogado Otro sería el de La Bufadora, aunque deberá
ser el Ayuntamiento de Ensenada el que cumpla la sentencia.
De acuerdo con el
subsecretario jurídico con licencia temporal, en la mayoría de los juicios de
esta índole se ha llegado a acuerdos económicos al ser clara la afectación que
se tiene.
— ¿Esa carga legal tendría
afectaciones a las cuentas públicas?
“Realmente no, creo que si
bien son cantidades fuertes, si lo comparas con el presupuesto de la
administración pareciera que no pintan, de igual manera nosotros atendemos con
mucha responsabilidad los asuntos tengan o no cuantía”.
Uno de los juicios pendientes
tiene que ver con el gobierno de Eugenio Elorduy Walther, relacionado con la
expropiación del predio conocido como El Monumento, el cual durante la
administración de José Guadalupe Osuna Millán llegó a una inejecución de
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el adeudo de 600
millones de pesos.
El tema se remonta a 2004,
cuando el ex gobernador panista decretó la expropiación de 7 millones 479 mil
metros cuadrados con la intención de implementar un proyecto inmobiliario; fue
hasta 2009 que Osuna Millán publicó en el Periódico Oficial del Estado la
revocación del decreto, con lo que quedaba suspendido el proyecto.
Víctor Lujano abundó que la
SCJN definió que no se debía pagar ese dinero y que se debían de realizar otras
valoraciones al momento de dictar la sentencia, por lo que el Juzgado de
Distrito acató la resolución, pero en el Tribunal Colegiado “voltean” lo que señaló
la Corte.
“Nos van a hacer un ruido de
que nos van a condenar a pagar una cantidad exorbitante, pero estamos confiados
que de llegar nuevamente a la Corte se va a sostener en lo que ya había dicho,
que no existe pago alguno, ahorita estamos en la etapa de peritajes, en el peor
escenario sería esa cantidad”, adelantó.
Otra ejecución de sentencia
sería por afectación a unos terrenos para la realización del Corredor 2000 en
Tijuana, en la que el Estado tendría que pagar 126 millones de pesos, los
cuales también se están litigando.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: CRISTIAN TORRES/
CRISTIAN TORRES LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM)
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