DESAFUERO EN PUERTA

LUCERO SÁNCHEZ. En proceso penal.

Notifican a Lucero Sánchez el inicio del proceso por uso de documento falso

A pesar de que mediáticamente se filtró que el procedimiento para la remoción procesal contra la diputada Lucero Sánchez era por ser operadora de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, la solicitud que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante el Congreso de la Unión solo establece su probable responsabilidad por un delito no grave: el uso de documento público falso.

De acuerdo con la documentación entregada al momento de ser notificada oficialmente la diputada de Cosalá del inicio de proceso de desafuero, la PGR elaboró la solicitud el lunes 29 de febrero y la entregó al Congreso de la Unión el 1 de marzo.

La solicitud señala expresamente que “comparece la PGR para estar en posibilidad de proceder penalmente  contra la diputada Lucero Sánchez López, integrante de la LXI Legislatura de Sinaloa”.

El documento entregado por la PGR solicita que la Secretaría General reciba la petición, la turne a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, ésta a su vez la turne a la Comisión de Sección Instructora.

“Y un vez hecho lo anterior acuerde convocatoria a sesión de la Cámara de Diputados a efecto que inicie el ‘Procedimiento para la Declaración de Procedencia’ para la remoción  de la inmunidad procesal (fuero) que goza la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López”.

En el oficio, la PGR argumentó que el procedimiento solicitado tiene como fin que como autoridad ministerial estén en la posibilidad de ejercer acción penal ante la autoridad judicial federal competente, para que en su momento libre la orden de aprehensión contra Lucero Sánchez López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso.

La PGR afirma en el mismo documento que el delito está previsto en el Código Penal Federal en el artículo 246 fracción VII, y sancionado en el artículo 243 párrafo primero, referido como hipótesis de documento público.

El contenido de la solicitud de desafuero de la PGR a la Cámara de Diputados no había podido ser consultada por Lucero Sánchez López ni por su equipo de abogados, sino hasta 18 días después de presentada al legislativo. Este viernes 18 de marzo, cuando la diputada fue oficialmente notificada por escrito en las oficinas que ocupa en el edificio del Congreso del Estado de Sinaloa, fue posible conocer oficialmente el delito que se le imputa.

Anteriormente el equipo de abogados había señalado que la PGR había difundido versiones de que la diputada de Cosalá era acusada por falsificación de documentos, lo cual señalaban eran  delitos diferentes, y que había esfuerzos de la procuraduría por tratar de imputarle el delito de delincuencia organizada.

Los abogados defensores han sostenido que su clienta es acusada por un delito jurídicamente vacío, el cual no tiene penalidad, por lo que han reiterado que se trata de un enjuiciamiento mediático, ya que en el caso de que prospere el desafuero, no podría imponérsele ninguna sanción, ya que el delito de uso de documento falso no tiene penalidad determinada.

A partir de la notificación entregada el viernes 18 de marzo, Lucero Sánchez López, apoyada en su equipo de abogados, tendría un plazo de siete días hábiles para responder al Congreso de la Unión, y posteriormente en la fecha que juzgue la Comisión Instructora, defenderse de los cargos que se le imputan.

Los abogados iniciaron el análisis de la documentación entregada a Lucero Sánchez para preparar la respuesta y defensa que prepararán ante la Congreso de la Unión en los siguientes días.

La investigación de la PGR empezó con una averiguación previa iniciada cuando el 21 de abril de 2015, el director del Penal del Altiplano presentó una denuncia por el ingreso de una persona de confianza del sexo femenino que usó documentos falsos para visitar a Joaquín Guzmán Loera -el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa-, en el penal del Altiplano, aunque la visita está documentada que se efectuó el 4 de septiembre de 2014.

(RIODOCE/ ANABEL IBÁÑEZ/ 20 marzo, 2016)