Escrituras plano
Rubén Félix, otra vez en el limbo
El aspirante a la presidencia
municipal de Ahome y ex diputado federal en dos ocasiones, Rubén Benjamín Félix
Hays, y el candidato a la diputación local por el distrito 05, Armando Lorenzo
Rodríguez Gámez, ambos por el Partido Nueva Alianza, fueron acusados de
fraudear a campesinos indígenas con más de 700 hectáreas en el ejido El
Carricito, Guasave y de poner en riesgo la viabilidad de la construcción de la
planta de fertilizantes por vender predios irregulares, en Ahome.
Para esto último, al también
empresario de bienes y raíces se le señala de manipular la Ley de
Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa para apropiarse con su
familia de más de 284 mil metros cuadrados del ejido Rosendo G. Castro, los
cuales vendió a más de 1.4 millones de pesos a la empresa Gas y Petroquímica de
Occidente Sociedad Anónima de Capital Variable. Y es en ese terreno en donde se
edifica la planta de fertilizantes de Topolobampo.
Por ello la tenencia de la
tierra está en duda, ya que de acuerdo con denuncias presentadas ante Mariana
Boy Tamborrell, Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambiente
Costero, los predios considerados dentro de zona federal no son susceptibles de
regularización.
Félix Hays respondió que las
imputaciones son infundadas y obedecen a un ataque político orquestado por el
alcalde Arturo Duarte García, y el candidato oficial a la alcaldía de Ahome,
Álvaro Ruelas Echave.
Librado Bacasegua Elenes,
secretario del comisariado ejidal de El Carricito y presidente del Consejo
Supremo Estatal de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes, además de
representante de sus hermanos Joaquín, Domingo, Rosario y Modesta, y de Pedro
Valenzuela Gastélum, Eleuterio Álvarez Montaño, Ángel Montaño Elenes, Narciso
Valenzuela Gastélum, Guadalupe Valenzuela Gastélum, Obdulio Aguiluz Pava,
Manuel Montaño Aguiluz, Ricardo Aguiluz y María Luis Montaño Elenes, acusó que
ambos políticos, etiquetados como acaparadores de predios rurales, pretenden
despojarlos de una represa que abastece de agua al poblado, el panteón y el
centro cultural de la comunidad, ubicados en 700 hectáreas y hasta de maniobrar
políticamente para quitarles el derecho de reforestación de tierras de uso
común que obtuvieron como apoyo de empleo temporal con la Comisión Nacional
Forestal, para obligarles a vender una zona de playa localizada en la bahía de
Navachiste, frente al cerro San Carlos y al restaurante Ohuira Bay, propiedad
del político.
La maniobra legal de los
adinerados mochitenses, dijo, se respondió con el juicio 769/2015 de nulidad de
acta de asamblea general convocada por José Antonio Valenzuela Félix, Ángel
Jocobi Mendoza y Mateo Félix Valenzuela y de Rubén Benjamín Félix Hays, Armando
Lorenzo Rodríguez Gámez y 13 civiles más utilizados como prestanombres. La
demanda se interpuso el 26 de noviembre del 2015, y cuatro meses después aún no
hay resolución.
Denunció que el contenido del
acta fue modificado y se permitió darles la categoría de avecindados, primero,
y ejidatarios, después, así como el usufructo de mil 189 hectárea de uso común
que fueron aparceladas con 79 hectáreas a cada una de las 15 personas.
En el acta, los asistentes
aprobaron retener el pago a los ahora inconformes a razón de abonos de 12 mil
pesos mensuales hasta completar 86 mil pesos para cada uno de los 44 campesinos
indígenas.
Bacasegua Elenes dijo que
desde que Félix Hays llegó al ejido, la discordia indígena nació y aumentó al
grado que tres comisariados ejidales han sido cesados por la asamblea.
“Es lamentable que políticos
abusen de los indígenas porque estos son nobles, que no saben defenderse ante
las instancias legales o porque la miseria les impide sufragar los costos. Es
una conducta de ladrones. Robar el patrimonio a los indígenas realmente es
increíble”.
Los indígenas denunciaron el
despojo de sus tierras ancestrales en la Subdelegación “C” de Procedimientos
Penales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Félix Hays acusó una campaña
de desprestigio político hacia su persona, orquestada desde el palacio de
gobierno por el alcalde Arturo Duarte García y desde el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) por Álvaro Ruelas Echave, su contrincante.
Dijo que los indígenas son
manipulados políticamente porque aparecen en la víspera de su registro.
Del caso imputado dijo que es
ajeno y aceptó que compró las mil 189 hectáreas, mismas que repartió entre sus
coaccionistas.
La compra del predio reveló
que los ahora demandantes despojaron al ejido de 700 hectáreas que escrituraron
a diferentes personas, en el año 2009. En ese tiempo se inició el juicio de
amparo 430/2009 en el Juzgado Quinto de Distrito, cuyo juez anuló las
escrituras apócrifas.
“Por la sentencia, los
indígenas acuerdan retener el pago a los 14 campesinos que los estafaron, y
ahora pretenden culparme a mí de ello. Somos ajenos al conflicto interno.
Compré y pagué”.
En tanto, Álvaro Ruelas
Echave, candidato oficial a la presidencia municipal, salió al paso ante las
acusaciones de ser el promotor de una guerra sucia.
“No es mi idea de hacer
campaña política de esa forma. No descalifico a nadie. Respeto a todos mis
contrincantes. No voy a responder a agresiones verbales ni alusiones infundadas
de quienes pretenden victimizarse por hechos deshonestos. Creo que todos
seremos juzgados por la sociedad, y por sus actos que respondan”.
No dijo más. Se despidió y se
retiró, saludando a peatones que transitaban por el lugar.
LA PLANTA SOSPECHOSA
Un amparo promovido ante la supuesta omisión de la Procuraduría
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para indagar el daño por desecación de
las especies de manglares protegidos en la bahía de Topolobampo durante el
desplante de la planta de fertilizantes, reveló posibles triquiñuelas del
actual aspirante a la alcaldía de Ahome y dos veces diputado federal
(PRI-PANAL), Rubén Benjamín Félix Hays para apropiarse de 284 mil 259 metros
cuadrados de terrenos federales y vender en poco más de 1.4 millones de pesos.
El juicio de garantías es
promovido por el ex diputado federal por el Partido Acción Nacional, Gerardo
Peña Avilés y hoy candidato independiente a la alcaldía de Ahome, quien afirmó
que la planta de fertilizantes oculta un tremendo tráfico de influencias y una
red de complicidades institucionales para beneficio de unos cuantos políticos y
funcionarios oficialistas disfrazados de oposición.
De acuerdo con la escritura
pública de fusión de predios 151-980 inscrita el cinco de mayo del 2014 en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad por José
Eduvigildo Carranza Beltrán, en su carácter de apoderado especial de la
Sociedad Gas y Petroquímica de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
se habrían realizado 13 operaciones con el apoderado especial de civiles, Rubén
Benjamín Félix Hays, para la compra de un millón 363 mil 429.656 metros
cuadrados de terrenos de agostadero de mala calidad en más de 1.4 millones de
pesos.
Nueve de esas operaciones se
ampararon con títulos de propiedad agraria de las parcelas 128, 130, 193, 195,
196, 197, 198, 199 y 200, del ejido Rosendo G. Castro, al sur de esta ciudad y
dentro de la sindicatura de Topolobampo, y cuatro en escrituras otorgadas por
el notario Antonio Óscar Ojeda Benítez, que protocolizó actas fundamentadas en
la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, promulgada
por el gobernador Juan S. Millán Lizárraga.
Es en estas últimas en donde
la sospecha salta, pues en ninguna de ellas aparece la anuencia de Semarnat de
aceptar la colindancia con la zona federal, ni existe constancia de que se
trata de un predio rural abandonado, ambos documentos claves para definir los
límites.
Bajo la Ley de Regularización
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, María Cecilia González Ayala, esposa
de Rubén Benjamín Félix Hays, obtuvo 2.43 hectáreas de agostadero agrícola que
amparó con la escritura pública 13,405, registrada en el volumen XLI (41) libro
I (1) el 24 de julio del 2013 y que fue registrada bajo el número 171, libro
963, sección primera el 4 de septiembre del 2013 las cuales vendió a petroquímica en casi 122
mil pesos. El predio se denominó “X”, según la escritura pública 111-975.
Con el mismo argumento, ella
también escrituró un lote de 172 mil, 631 metros cuadrados, que vendió en 863
mil pesos a petroquímica. El predio se denominó “B”, según la escritura pública
113-975 del contrato de compra registrada el 11 de febrero del 2014. Ella
obtuvo la escritura pública 12,702 registrada en libro II (segundo), volumen XL
(40) el 24 de enero del 2012.
Armando Lorenzo Rodríguez
Gámez, actual candidato a diputado local por el distrito 05, por el Partido
Nueva Alianza, con el mismo tratamiento de la esposa de Félix Hays, escrituró
un predio de 25 mil 928 metros cuadrados que vendió a petroquímica en más de
129 mil pesos. Este es el predio C, según la escritura pública 114-975,
registrada el 11 de febrero del 2014. Él también obtuvo del notario familiar la
escritura pública 13,408, inscrita en el libro primero, volumen XLI (41) el 24
de julio del 2013.
Y finalmente, la esposa de
Félix Hays repite la operación y escritura 6.14 hectáreas, que vende a
petroquímica en poco más de 307 mil pesos. Este sería el predio “E”, según la
escritura pública 147-975, inscrita el 12 de febrero del 2014.
El ex diputado asegura que en
la venta de las parcelas y regularización de agostaderos no hay nada ilegal,
sino ventas legales.
“Los compre hace mucho
tiempo, quería hacer una marina, pero llegaron, ofertaron y vendí”.
No obstante, el Director de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gregorio Molina Germán certificó el 18 de
marzo del 2014 que el predio de fusión de fincas rústicas está en una zona para
el desarrollo de industria pesada, según lo establece el plan parcial de
Desarrollo Urbano zona sur del puerto de Topolobampo, publicado el 24 de
septiembre de 1997.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ 20
marzo, 2016)
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