Poco se sabe del donativo de
mil toneladas de asfalto que PEMEX donó a Ensenada durante el gobierno de
Enrique Pelayo. Mientras tanto persisten los baches en 22 delegaciones, debido
a la mala calidad de los materiales que usan las empresas constructoras
locales En 2013, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) entregó mil toneladas de asfalto al XX Ayuntamiento de Ensenada
presidido por Enrique Pelayo Torres.
Pero una serie de
irregularidades envuelven el donativo, a través de la empresa Grupo
Multiservicios para la Construcción (GMC), que al final entregó menos del 50
por ciento del material. La investigación, turnada en diciembre de 2015 a
Sindicatura Municipal por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)
del Congreso del Estado, indica que una parte de las mil toneladas de asfalto
AC-20 con valor de 9 millones 538 mil 376 pesos, se desvaneció entre los
fletes, procesamiento y acarreo. Marco Antonio González Aréchiga, ex director
de Infraestructura de la pasada administración municipal, es quien realizó el
trato con PEMEX y con GMC, y de comprobarse que tuvo responsabilidad se le
sancionará con una inhabilitación y la empresa responsable será boletinada.
Representada por Fernando
Martín del Campo Aviña, con oficinas en Salamanca, Guanajuato y con nombre
fiscal Omnitractos, S.A de C.V., GMC fue contratada por el Ayuntamiento de
Ensenada para sacar el asfalto de las instalaciones de PEMEX en Monterrey y
llevarlo a Sonora para procesarlo y entregar en Ensenada.
Han pasado varias administraciones
municipales, panistas y priistas, sin que ninguna haya podido dar solución al
conflicto de los baches; se calcula existen en el 80% de las calles de la
ciudad.
En las 22 delegaciones las
vialidades están dañadas por la mala calidad de los materiales que usan las
empresas constructoras locales.
En 2015, el Cabildo de
Ensenada aprobó junto con el alcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico la
donación de otras mil toneladas de asfalto, pero según la versión de los
regidores, ésta fue intercambiada por combustible.
MARAÑA POLÍTICO-EMPRESARIAL
Según la auditoría, el total del donativo equivale a 9 mil metros
cúbicos, de los cuales, por razones desconocidas, el director de
Infraestructura, mediante convenio con la empresa constructora Vehcsa,
hizo que le entregaran 3 mil 729 metros
cúbicos, es decir, solo el 41%. Jorge Valdez Miranda, director de la empresa
Vehcsa, se defendió de las observaciones del ORFIS e informó que en tres
ocasiones fue contratado por el gobierno municipal para tales fines, tanto con
Manuel Montenegro, el actual auditor del ORFIS, como con Manuel Quintero, ambos
priistas; la diferencia en que en esas administraciones sí se usó el millón de
metros cúbicos.
Explicó que en 2013, al
momento de recibir el porcentaje de asfalto para transportarlo a Ensenada, GMC
entregó menos del 50% de lo especificado en el convenio con folio
PM/567/06/2013, firmado con el entonces director de Infraestructura.
“La empresa GMC sacó el millón de litros y
solo nos entregó 471 mil, faltaron 529 mil”, calculó Valdez Miranda.
Con el porcentaje de asfalto
que al parecer se extravió -529 m3- se pudieron bachear alrededor de 50 mil
metros cuadrados de vialidad.
Comentó que el ayuntamiento
debió actuar legalmente en contra de GMC al no entregar el 100% del asfalto,
pero por una extraña razón el gobierno de Pelayo Torres prefirió dejar que este
intermediario se quedara con el material valuado en unos 4 millones de pesos.
“Tengo aquí las facturas, que
quede claro, donde compruebo que pagué el flete, yo he estado entregando a
Sindicatura la información que me han pedido”, respondió el ingeniero, y
aseguró que el ORFIS no le llamó nunca.
Pero además, el asfalto que
le entregaron era importado de Estados Unidos y no el mismo que donó PEMEX, por
lo que se cometieron varias irregularidades prohibidas por la paraestatal.
LUCRAN CON DONATIVO PARA ENSENADENSES
Los encargados del Departamento de
Comunicación de PEMEX afirmaron que todos los trámites hechos entre el gobierno
de Ensenada y la paraestatal, están al acceso del público en el portal de
internet, donde además se encuentra el acta de entrega del 100% de asfalto.
Mencionaron casos como el de
Guanajuato, en cuyo informe de 2013 se reportó un faltante que ya no se
entregará. Fuentes extraoficiales del sector constructor aseguran haber
recibido ofrecimientos por partes de Campos Aviña, quien intentó vender asfalto
a compañías de Ensenada.
Tampoco se sabe cómo fue el
arreglo entre las cuatro empresas contratadas para bachear, ya que antes de que
llegara la mezcla, habían iniciado con el programa de reparación de
vialidades.
INVESTIGACIÓN
VA PARA LARGO
El síndico procurador Iván
Barbosa Ochoa informó que la observación llegó a su oficina hace poco más de un
mes, tiempo en que ha acumulado una torre de hojas que integran la
investigación que determinará si hay o no un faltante de asfalto.
De antemano aclaró que se
trata de meras observaciones por parte del Órgano de Fiscalización, pero que no
es un hecho consumado, además de que los involucrados podrán recurrir al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para su legítima defensa.
Reconoció que es un trabajo
complicado saber en qué punto del trayecto se mermó el porcentaje de asfalto, y
aunque el ORFIS asegura se trata de 9 mil metros cúbicos, dentro de los
contratos hay un convenio que especifica la conversión de toneladas de asfalto
AC-20 a metros cúbicos de mezcla.
Las mil toneladas hacen 3 mil
739 metros cúbicos de material para recubrir baches. “Una vez puesta la mezcla
en baches y tramos de carretera es difícil saber cuánto de los materiales
pétreos y agregados se utilizaron para la mezcla, aparte de que a estas fechas.
ese asfalto ya cumplió su uso, ya no existe”, aclaró.
Sobre las sanciones, Barbosa
mencionó que “en el supuesto de que se comprobara que la empresa incurrió en la
desaparición de material, se tendría que hacer la recomendación a
Infraestructura para que boletine a la empresa para que no se le vuelva a
contratar”.
En su Artículo 78, la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas contempla la
inhabilitación de empresas que incumplan convenios o contratos con no menos de
tres meses y no más de cinco años, así como sanciones económicas por montos
desde los 50 hasta mil salarios mínimos.
Agregó que el personal a su
cargo realiza recorridos de vigilancia para garantizar que los contratistas
apliquen selladores necesarios en el pavimento, uno de los químicos que da
mayor resistencia a la obra.
La directora de Sindicatura,
Mónica Vargas, reconoció que el caso que investigan es difícil de comprobar. Hasta lo comparó con
una receta de cocina:
“Horneas un pastel, te
regalan la harina pero tienes que conseguir los huevos, azúcar y al final,
cuando está listo, lo repartes en rebanadas. ¿Cómo sabremos cuánto ingrediente
hay en cada rebanada?”, cuestionó intrigada la servidora pública.
MIENTRAS,
SURGEN “CRÁTERES” EN LA CIUDAD
En lo que va del presente año, tres personas
se han tomado el tiempo de visitar las oficinas de Sindicatura para denunciar
que sus unidades sufrieron descomposturas al caer en un bache, informó la
directora Mónica Vargas Núñez.
En agosto de 2013 un
automovilista cayó en un bache en Avenida Esmeralda y Costa Bella, donde la
llanta estalló junto con el rin, y, debido a que el Ayuntamiento ignoró la
queja interpuesta en Sindicatura se promovió un juicio contencioso
administrativo donde se ganó la demanda por 5 mil 600 pesos.
Con un comprobante de gastos
emitido por un negocio de la localidad, el abogado cobró la cantidad para su
cliente, quien está al corriente con sus impuestos, y en consideración que es
responsabilidad del gobierno municipal mantener las calles en buen estado.
La denuncia fue interpuesta durante la
administración de Pelayo Torres, pero
nunca fue contestada, tampoco lo hicieron funcionarios de la actual
gestión de Gilberto Hirata Chico, por lo que el afectado recurrió al Tribunal y
en verano de 2015 le repusieron el daño.
Para defenderse, el litigante
se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley General de
Víctimas, exigiendo la retribución del daño:
“La presente Ley obliga, en
sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus
oficinas, dependencias, organismos o instituciones, públicas o privadas que
velen por la protección de la víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o
reparación integral”.
En una reciente reunión con
el grupo civil Madrugadores, al director de Servicios Públicos Municipales,
José de la Luz Valdez, le hicieron la petición para que inste a las compañías
constructoras a usar concreto en lugar de asfalto.
CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO AC-20
El AC-20 es el producto que
sale del residuo de la destilación atmosférica y de la destilación al vacío del
petróleo crudo, es decir, la parte más pesada, siendo una mezcla de químicos
orgánicos altamente viscosa, negra, pegajosa, completamente soluble en
bisulfuro de carbono y compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos
policíclicos.
Se utiliza en la construcción
y pavimentación de carreteras, autopistas, caminos y calles, además como
impermeabilizante para techos.
Este donativo en específico
fue trasladado desde la planta de la refinería en Cadereyta, Nuevo León, hasta
Ensenada, a las instalaciones de distintas empresas constructoras y al
Departamento de Servicios Públicos Municipales, encargados del bacheo en la
ciudad. PEMEX aseguró que de su planta salió el cien por ciento del material y
“algo” pasó en el camino.
Empresas involucradas en la investigación de acuerdo al ORFIS
Volumen en toneladas entregado por Vehcsa
Constructora Cantidad solicitada Cantidad entregada por Vehcsa Diferencia
Las Olas, S.A. de C.V. 150 0 150
Disain Construcciones, S.A. de C.V. 60 65 -5
Boga Construcciones, S.A. de C.V. 478 490 -12
Jorge Alberto Magaña Díaz 335 340 -5
Servicios Públicos Municipales 650 140 510
—————–
Volumen total 1673 1035 638 1 mil
759.27
Fuente: http://zetatijuana.com/2016/02/08/negociazo-con-asfalto-del-ayuntamiento/
Empresas involucradas en la
investigación de acuerdo al ORFIS Volumen en toneladas entregado por
Vehcsa Constructora
Lo que dice la Ley Artículo 77. Los licitantes o contratistas
que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la
Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Artículo 78. (…) la inhabilitación
que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría
de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades,
mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la
Federación y en CompraNet.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ FOTOS:
Enrique Botello Edición / Lorena Lamas/ Lunes, 8 febrero, 2016 01:30 PM)
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