Las organizaciones criminales mexicanas
controlan el narcotráfico a través de todo el suroeste norteamericano, usan
rutas de transportación y de distribución ya establecidas y se están moviendo
hacia el noreste para ampliar su parte en el mercado de drogas ilícitas más
grande del mundo, particularmente al de la heroína.
Ciudad de México, 3 de
febrero (SinEmbargo).– La versión del Gobierno norteamericano sobre la
situación actual del negocio internacional de las drogas ilícitas es
específica: las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas son y
seguirán siendo las principales proveedoras de cocaína, heroína, metanfetaminas
y marihuana en su territorio; son “peligrosas y altamente sofisticadas” y,
además, “responsables de la extrema violencia observada en México”.
En términos de la Evaluación
de la Amenaza de las Drogas publicada por la Agencia Antidrogas norteamericana
(DEA, por sus siglas en inglés) en octubre pasado, estas organizaciones
criminales mexicanas controlan el narcotráfico a través de todo el suroeste
norteamericano, usan rutas de transportación y de distribución ya establecidas
y se están expandiendo hacia el noreste para ampliar su parte en el mercado de
drogas ilícitas más grande del mundo, particularmente al de la heroína. En el
futuro inmediato, sentencia la DEA, no hay grupo que les pueda hacer frente o
competencia.
“Las organizaciones
criminales trasnacionales mexicanas continuarán sirviendo, principalmente como
proveedoras de drogas al por mayor, a los Estados Unidos para distanciarse de
la aplicación de las leyes norteamericanas. Las organizaciones mexicanas
seguirán dependiendo de pandillas basadas en Estados Unidos –las cuales ya tienen
una base de consumidores– para distribuir drogas”, concluye.
“Este arreglo les permite a
los miembros de alto nivel de las organizaciones trasnacionales mexicanas
permanecer en México, donde pueden evitar la acción de las leyes
norteamericanas”, agrega.
Los cárteles con presencia en
México, de acuerdo con el mapa del informe de la DEA, siguen siendo casi los
mismos que hace 10 años: el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel
de Juárez, Los Zetas, el organización Beltrán Leyva, y aun otros actualmente
con menos territorio, como los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
En lugar de estos dos últimos, de acuerdo con el mapa, se observa ahora la
presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, identificado por esta oficina
como la más nueva de las organizaciones mexicanas trasnacionales.
El mismo mapa muestra que el
Cartel de Sinaloa está en control predominantemente en Sonora, en las dos Baja
Californias, Durango, el Sur de Chihuahua y el sur de Sinaloa. También, sin
competencia de otra organización, en las “plazas” chihuahuenses de Ciudad
Juárez, Villa Ahumada y Cuauhtémoc. El Cartel de Juárez, por su parte,
controlaría el resto del territorio de esa entidad.
El norte de Sinaloa, según la
DEA, está bajo presencia de la Organización de los Beltrán Leyva, así como
Guerrero y el Estado de México, mientras que los Zetas estarían en Coahuila,
Nuevo León, el norte de San Luis Potosí, el éste de Guanajuato, casi todo
Veracruz, Puebla, Tabasco y Campeche. El Cartel del Golfo, en Tamaulipas, parte
del sureste de San Luis Potosí y el norte de Quintana Roo. Los Caballeros
Templarios estarían acotados al éste de Michoacán, donde también tiene
presencia la Familia Michoacana, a su vez también presente en el oeste-sur del
Estado de México.
El resto de Michoacán,
muestra el mapa, así como el oeste de Guanajuato, una parte de San Luis Potosí,
Aguascalientes, Nayarit y Jalisco es
zona de influencia del ahora denominado Cartel Jalisco Nueva Generación.
En la Ciudad de México,
agrega la DEA, sus agentes e informantes observan la actividad no de una o dos,
sino de cinco agrupaciones del crimen organizado: el Cartel de Sinaloa, el del
Golfo, Los Zetas, los Beltrán Leyva y aun los Caballeros templarios.
Y todos, de acuerdo con casos
detectados a través de las agencias de aplicación de la ley en aquel país, dice
el documento, participan como distribuidores de drogas en Estados Unidos: Los
Ángeles es un “centro estratégico” para facilitar el movimiento de los narcóticos
en el norte y el oeste, así como procedencia de los envíos de dinero en
efectivo de regreso a México; en Chicago dominan la distribución al mayoreo de
cocaína, metanfetaminas, mariguana mexicana y heroína; y cada vez más grupos de
distribuidores locales en lugares ubicados tan al éste como Boston –antes zonas
de influencia de grupos colombianos y dominicanos– están recibiendo cocaína
directamente de organizaciones mexicanas basadas en estados como Arizona,
California, Nuevo México y Texas.
Otro mapa del mismo informe
que identifica la presencia de los carteles mexicanos en las ciudades de
Estados Unidos muestra que el de mayor territorio es, por mucho, el denominado
Cartel de Sinaloa, con actividades en Nueva York, Washington, Boston, Filadelfia,
Chicago, Baltimore, Buffalo, Minneapolis, Lexington, Charlotte, Indianapolis,
Oklahoma, Orlando, Miami, Denver y casi todas las principales localidades de
Arizona y California: Phoenix, Tucson, Nogales, Yuma, San Diego, San Ysidro,
Los Angeles, Riverside, San Francisco, San José…
“Si bien todas estas
organizaciones criminales trasnacionales mexicanas transportan cantidades al
mayoreo de drogas ilícitas a los Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa sigue
siendo el proveedor más activo”, dice el reporte de la DEA. “El cartel de
Sinaloa aprovecha sus recursos expansivos y su dominio en México para facilitar
el contrabando y la transportación de drogas a través de los Estados Unidos”,
agrega.
Este resultado, después de
casi 10 años en los que el Gobierno federal mexicano se planteó “enfrentar con
efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”; periodo en el que,
de acuerdo con datos recientemente difundidos por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 154 mil personas perdieron la
vida por el delito de homicidio doloso.
La permanencia de la
violencia y del tráfico, de acuerdo con diversos especialistas consultados, es
el resultado de una estrategia de sólo descabezamiento de los grupos del crimen
organizado que en ningún caso ha continuado con el inicio de investigaciones
contra las redes de lavado de dinero y de protección política que los
sostienen. El caso paradigmático de esta aproximación, coinciden las fuentes,
es el de Joaquín “El Chapo Guzmán”, presunto jefe de la organización del
narcotráfico más importante del mundo y cuya serie de detenciones y fugas no
han mostrado indicios de afectación del flujo de drogas a Estados Unidos ni han
dado pie a más detenciones entre agentes del Gobierno mexicano que las de los empleados
del Penal del Altiplano procesados a raíz de su fuga.
Las autoridades estadounidenses afirman
que la recaptura de Guzmán Loera no detendrá el crecimiento de los grandes
cárteles. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
La cercanía de la detención
de “El Chapo” en Sinaloa con la del ex Gobernador coahuilense Humberto Moreira
en España, cuya fiscalía lo acusa de lavar dinero del narcotráfico, también
evidenció otro rasgo que los expertos consultados consideran característico de
la estrategia mexicana y de su fracaso: mientras que la recaptura motivó
aplausos y abrazos en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, alrededor
del arresto del ex dirigente nacional de su partido se pidió “no adelantar
juicios”.
“Una de las principales fuentes
del fracaso es el Estado de Derecho, el endeble Estado de Derecho y, de nuevo,
la fuga de El Chapo es un ejemplo: no hay una explicación clara de qué fue lo
que pasó”, dice Ximena López Arzate, integrante del Centro de Investigación
para el Desarrollo (Cidac).
“Sospechamos que no fue una
falla de infraestructura, pero al final no hay sabemos qué salió mal; y pasa lo
mismo en general con la estrategia antidrogas (…) es un tema de corrupción en
general”, agrega.
“CUESTIONAR EL PROHIBICIONISMO”
En enero empezaron los foros sobre la
legalización de la mariguana. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Diferentes análisis
académicos en México han advertido el fracaso de la estrategia de
enfrentamiento armado a grupos del narcotráfico iniciada en el sexenio de
Calderón. En “La política de drogas en México 2006-2012: Análisis y resultados
de una política prohibicionista”, la investigadora del Programa de Política de
Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Laura Atuesta
Becerra, enlista una serie de deficiencias en la decisión calderonista, desde
un desequilibrio en el enfoque que priorizó la “prohibición” por encima de la
prevención y atención a las adicciones, hasta un problema general de impunidad.
“No hay una política de
drogas integral. Existen programas con poca cohesión y con una inclinación
clara a privilegiar la represión. Esos programas no están diseñados de forma
que puedan ser evaluados, ya que en su mayoría o no contemplan indicadores de
éxito o los indicadores miden en realidad acciones, no resultados”, es una de
las críticas.
Otra es que hubo un
incremento presupuestal para los cuerpos “represivos” del Estado que se ha
ejercido de manera poco transparente y casi “imposible” de monitorear; hubo
también afectaciones en la economía, dice, en la competitividad electoral,
éxodos poblacionales y un “claro y marcado incremento” en las violaciones a los
derechos humanos por parte de las corporaciones encargadas de aplicar las leyes
prohibicionistas.
“Los cambios legales
tendieron a erosionar derechos fundamentales, centralizar la política criminal
y establecer un régimen de excepción expansivo que dota de mayor
discrecionalidad a las instituciones encargadas de procurar y administrar
justicia”, dice.
Al final, cierran las
conclusiones, la denominada “guerra contra las drogas” saturó y colapsó el
sistema de procuración de justicia, aumentando la cantidad de detenidos a
quienes, una vez ante los tribunales, no se les probaron los cargos.
“Dado el aumento de
averiguaciones previas después de declarada la ‘guerra contra el crimen
organizado’, y la poca proporción de éstas que terminaban ante un juez, la
política de drogas tuvo un efecto contraproducente en la capacidad de
investigación, saturando el sistema judicial. Esta ineficacia en la procuración
de justicia incrementó la impunidad”, agrega el reporte.
Otra investigación académica
que cuestiona la decisión calderonista es “Gobernar con el Miedo. Lucha al
narco en México 2006-2012”, del académico del Instituto Nacional de Ciencias
Penales (Inacipe), Martín Gabriel Barrón Cruz, para quien Calderón recurrió al
discurso de “lucha” contra el crimen organizado con el fin de lograr la
legitimación que, considera, no obtuvo en las elecciones. La estrategia, dice
Barrón en su investigación, “se sirvió de la generación del miedo en la
sociedad mediante una política de enfrentamiento vertical a ciertos grupos de
la delincuencia organizada”.
En ese contexto, agrega, las
Fuerzas Armadas se convirtieron “en el actor principal de la ‘lucha’ contra el
narcotráfico, desplazando a las fuerzas policiales”, decisión que terminó
instaurando una “visión militarista de la seguridad pública” que, entre otras
consecuencias, considera como “amenaza” cualquier crítica al Estado.
“Militarizar la realidad
social conlleva, entre otras cosas, a que los problemas económicos y sociales
como la pobreza, la miseria, la marginalidad; los problemas de salud y
alimentación; los problemas de educación y administración de justicia; todos,
en la medida que cuestionan el funcionamiento del Gobierno y del poder, se
asumen como subversión”, dice.
“Producto de la ‘lucha’
desenfrenada y de la ‘obsesión por la seguridad’ de Calderón, hoy los mexicanos
somos considerados, bajo un eufemismo, ‘víctimas colaterales’. Esto quiere
decir que ya no somos concebidos como ciudadanos por las autoridades. Somos
simples ‘residuos humanos’ de los cuales se puede prescindir impunemente. Es
así como el Estado ahora, en lugar de defender a sus ciudadanos, incluso los
priva de la vida, en aras y bajo el argumento de pretender resolver un problema
mayor”, agrega.
El combate al narcotráfico
contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos que, desde 2008 y a través de
la Iniciativa Mérida, empezó el envío de alrededor de mil 600 millones de
dólares a México para labores de combate al narcotráfico y al crimen
organizado.
Y es precisamente este país,
dice Barrón, el origen de la “visión militarista” de la seguridad pública que
se ha venido imponiendo cada vez más en México. Una de las explicaciones, dice,
es que Estados Unidos encontró en la seguridad pública y el combate al
narcotráfico las nuevas asignaciones a las Fuerzas Armadas de América Latina al
término de la Guerra Fría. Así ocurrió con las misiones de combate al
terrorismo en otras regiones, explica. Eso, agrega, con el propósito de
mantener la venta de armas de ese país –“la primera economía de guerra del
mundo”– tanto a civiles como a las autoridades del hemisferio, lo cual quedó
evidenciado con el envío de armas a México a través del programa “Rapido y
furioso”.
La “visión militarista”,
agrega Barrón Cruz, es también una manera de administrar el negocio del
narcotráfico. “Por un lado hay un discurso de combate; pero, por otro, un
control de quién produce, compra y vende. A pesar de los decomisos, incluso los
propios informes de Naciones Unidas muestran que la producción de drogas se
mantiene estable; cada día surgen nuevas drogas sintéticas y la producción de
otras baja, pero los precios permanecen estables desde 2007. Se puede decir que
no importan los decomisos, la producción y venta se mantienen. Son, digamos,
decomisos que formarían parte de las pérdidas aceptadas de la producción del
narcotráfico”, plantea.
En un amplio análisis sobre
la militarización de las seguridad pública en México publicado desde 2003,
Barrón considera que otro factor en el contexto de esta nueva ocupación de las
Fuerzas Armadas es el modelo económico neoliberal y la profundización de las
desigualdades sociales.
“Y, para controlar los
posibles desórdenes que éstas provocan, se recurre a controles militares,
paramilitares o bien policiales para contener cualquier posibilidad de
‘desgobierno”, dice el texto.
Atuesta coincide en que la
guerra contra el narcotráfico en México deriva de una “visión” impuesta por
Estados Unidos, que desde finales de la década de los años 60 determinó
combatir ciertas sustancias y definirlas como las principales enemigas de la
población, por lo que empezó la persecución en Perú, luego en Colombia y luego
en México.
Pero los resultados, menciona
la investigadora, en coincidencia con los demás entrevistados, es que el
consumo no se ha eliminado, los grupos criminales persisten y la violencia se
ha elevado a extremos que obligan a cuestionar si la prohibición es la política
correcta.
“El mercado de las drogas
produce ganancias exorbitantes, y seguirá existiendo en la medida que exista la
demanda”, explica Atuesta en entrevista.
“Entonces, por más que
descabecen los cárteles, por más que detengan a los capos, otras personas
estarán involucradas, porque produce demasiadas ganancias (…) Esto debe
hacernos cuestionar si el prohibicionismo es la política que realmente debemos
estar implementando”, plantea.
(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto
febrero 3, 2016 - 00:00h)
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