Luego de que el juez encargado del
proceso contra Humberto Moreira en España dijo no haber encontrado evidencias
de dinero ilícito en las abultadas cuentas del expresidente del PRI, fuentes
judiciales hispanas consideraron que hubo deficiencias en la investigación de
la Fiscalía Anticorrupción. Especialistas entrevistados atribuyen la decisión a
la influencia política del exgobernador en nuestro país; otros advierten que la
justicia española podría pedir a Estados Unidos y a México investigar “ahí los
delitos subyacentes de esta causa, es decir, el de malversación de fondos y
cohecho”.
MADRID (Proceso).- El auto
emitido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el viernes 22, que
permitió al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira recobrar su libertad,
deja ver deficiencias en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la
policía española: no lograron acreditar los delitos de blanqueo de capitales,
malversación de fondos públicos y cohecho… al menos hasta ahora.
Por orden del juez, Moreira
debió entregar su pasaporte y tiene prohibido abandonar territorio español,
porque el resolutivo judicial aún puede ser recurrido por la Fiscalía
Anticorrupción esta semana, y, en ese supuesto, una sala superior revisaría la
decisión judicial y la ratificaría u ordenaría el reingreso a prisión del
exgobernador de Coahuila.
La decisión causó sorpresa
entre fuentes judiciales españolas, una de las cuales dijo que era “atípica la
decisión de Pedraz”, ya que, “por acusaciones similares, un español, y más aún
un extranjero sin arraigo en el país, permanecería mínimo dos meses en
prisión”.
Le parece “extraño” que el
juez “haya concedido la libertad con medidas cautelares sin haber levantado el
secreto de sumario, porque la causa sigue abierta. Eso huele muy mal porque
parece que tiene que ver con la influencia política en México del personaje”.
Otro especialista que habló a
Proceso bajo la condición de anonimato porque ha llevado casos de extradición
con México, manifestó: “Si la causa sigue secreta y abierta, entonces es de
esperarse que haya más personas involucradas y que la justicia española emita
comisiones rogatorias a México y a Estados Unidos para que se investiguen ahí
los delitos subyacentes de esta causa, es decir, el de malversación de fondos y
cohecho. Ahí es donde México deberá investigarlos y aportar sus conclusiones a
España. Evidentemente, Estados Unidos también, que es donde está concentrado el
mayor volumen de información y pruebas”…
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2047 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ALEJANDRO
GUTIÉRREZ/ 26 DE ENERO DE 2016)
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