(EDICIÓN
IMPRESA) Para Baja California, en términos de inseguridad, el primer trienio de
Enrique Peña Nieto ha significado estancamiento en algunos de los casos y
retrocesos, en la mayoría de los aspectos.
Si
se parte de la estadística de homicidio -el crimen menos fácil de ocultar- se
puede ver que incluso en Baja California, que pasó de ocupar el tercero
(anterior sexenio) al noveno lugar de
violencia por el número de asesinatos cometido en su territorio entre los 32
Estados del país, en la entidad norteña también se incrementó el número de
ejecuciones en lo que va de la administración peñanietista.
Al
comparar el primer trienio de Felipe Calderón, de 2 mil 114 homicidios, con el
primero de Peña Nieto, que suman 2 mil 547 homicidios, actualmente se contabilizan
433 muertos más. Y al confrontar los 2 mil 147 registrados en el último trienio
calderonista con los de los primeros tres años de Peña, de nuevo suman 400
asesinatos más.
De
hecho el peor año para Baja California en el sexenio de Calderón fue 2010,
cuando se contabilizaron 884 carpetas de
homicidio, mientras 2015 cerró con 908 víctimas incluidas en 830 expedientes. Y
2016 no pinta mejor, ya que en los primeros 20 días del año, solo Tijuana ya
sumaba 48 asesinatos.
Pero
con la llegada del priista a la silla presidencial, en Baja California se
constriñó el apoyo de las instancias federales en el combate al crimen organizado y se puso fin al
liderazgo del Ejército en el Mando Único. Sin guía y con una coordinación
fracturada, los cárteles combatidos y acorralados en el sexenio anterior se
reorganizaron.
Desde
2010, los gobiernos locales han sostenido que en Baja California no hay
cárteles y se respaldaron en la reducción de los homicidios, porque de los 884
abiertos en 2010, bajaron a 673 en 2011
y a 590 en 2012. Sin embargo, las cifras volvieron a elevarse, en 2013 sumaron
774 y, para 2014, las averiguaciones previas iniciadas por homicidio fueron
714, más los 830 expedientes con 908 muertos registrados en el recién concluido
2015. Pero los mandos sostienen que no
hay cárteles.
En
entrevista concedida a ZETA a finales de septiembre de 2015, el secretario de
Seguridad de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, explicó: “Cuando digo
que no hay cárteles me refiero a que no hay grupos empoderados como antaño los
CAF, que andaban como Juan por su casa”.
Sin
embargo, la presencia está patentada en el incremento en un 500 por ciento de
los decomisos publicitado por el mismo secretario, y reflejan que no hay
disminución en la actividad delictiva de los cárteles, el de Los Arellano, el
de Sinaloa, los michoacanos.
Además,
el año pasado destacó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
las pugnas ante la reestructuración Cártel Arellano Félix a manos de “El Piloto”,
como identifican a un sobrino de los violentos hermanos que se enriquecieron
con el tráfico de droga en y a través de Baja California, durante prácticamente
los últimos 30 años. Incluso se reportó
presencia del grupo homicida del Cártel de Sinaloa, denominado “Los Ántrax”,
del que también argumentó la autoridad, usan el Estado desde los años noventa
como punto de paso.
A
lo largo de los tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, Baja
California ha sido escenario de la impunidad, múltiples crímenes relacionados
con el trasiego de droga y el narcomenudeo sin resolver. Destaca por el ataque
a un funcionario público, en diciembre de 2013 e:l asesinato de Arturo Kaloyán,
director del Instituto Municipal del Deporte, quien fue una de las primeras
víctimas bajacalifornianas de la impunidad en este gobierno, sin que sus
homicidas hayan sido detenidos.
Los
criminales también deciden secuestrar a un sacerdote católico, el Padre Juan
Carlos Ackerman, rescatado de manera efectiva.
Apenas
Peña Nieto se estrenaba como Presidente cuando Alejandrina Guzmán Loera, hija
de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue deportada después de intentar cruzar de
manera ilegal a Estados Unidos, traía documentos mexicanos falsos con los que
intentó obtener beneficio, pero la joven embarazada no fue ni detenida ni
juzgada del lado mexicano.
En
la presente gestión federal, el Ejército abandonó las calles y se multiplicaron
las balaceras entre grupos de las diversas células delictivas, según los pocos
criminales capturados por “bajes de
droga”.
Lo
que se redujo en la entidad en estos tres años, fueron las capturas de
criminales de un mayor nivel en el organigrama delictivo. En tres años se ha
dado la detención básicamente de cuatro: como cabecilla de cártel, Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero” en junio de 2014, y lugartenientes y jefes de
célula como Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin” (marzo de 2013) y Alfonso Lira
Sotelo “El Atlante” (septiembre de 2014), además de Jorge Humberto Acosta
Gallegos “El Güero Leches” (31 de diciembre de 2015).
Adicionalmente,
capos del CAF presos han obtenido amparo tras amparo para ser favorecidos o
evitar ser sentenciados, como son los casos
Gustavo Rivera Martínez “El P1” y
Juan Sillas Rocha “El Sillas”, el mismo Fernando Sánchez Arellano y
Manuel García Simental “El Chiquilín”.
Asimismo,
el reciclaje criminal ha sido un sello en el actual período, en el que fueron
liberados otros hombres detenidos en la anterior administración y presentados
como capos de la droga; tal es el caso de Candelario Arceaga, Manuel López
Núñez “Don Balas”, Pedro Quintero “El 5-8”, el ex ministerial Enrique Jorquera,
Manuel Garibay Espinoza “El Meño” y Juan Lorenzo Vargas Gallardo, entre otros.
En
el fuero común también otros narcomenudistas implicados en varias muertes han
entrado y salido a placer del sistema penitenciario, como Luis Manuel Toscano
Rodríguez “El Mono”, uno de los
principales lugartenientes del CAF que estivo detenido por lo menos en cuatro
ocasiones antes que lo asesinaran, en abril de 2015.
De
hecho, actualmente de todos los cabecillas del crimen organizado y del trasiego
de droga -delito federal- en Baja California, el único que tiene orden de
aprehensión activa es Alfonso Arzate García, por delito del fuero común.
Este
presunto delincuente está ubicado por el
Consejo Estatal de Seguridad de Baja California -donde el Gobierno Federal
tiene representación de la Marina, Ejército, PGR, la Policía Federal y CISEN-
como el principal líder criminal del Cártel de Sinaloa para la zona costa, que
abarca Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada; sin embargo, la administración
federal no ha emitido órdenes en su contra.
Otros
como René Arzate “La Rana”, José Soto Gastélum
“El Tigre” o Cenobio Flores Pacheco “El Checo” están fichado Estados Unidos,
pero en México no tienen órdenes de aprehensión en contra.
De
igual manera, el Gobierno Federal le falló todavía más al Estado,
particularmente en el tema de secuestro, al no apoyar en la crisis de
secuestro, extorsión y homicidios de migrantes que se dio en 2014. Y dejó escapar la más importante célula
de policías secuestradores, de los
cuales tres integrantes fueron capturados la última semana de septiembre de ese
año; estaban involucrados en varios expedientes de secuestro que se llevó la
Federación, con el compromiso de fincar cargos contra el resto de la banda que
incluía a por lo menos 24 agentes o ex agentes de los tres órdenes de gobierno.
Pero nada pasó hasta que los matones -no policías- integrados a la célula decidieron asesinar a
su jefe, Lorenzo Hernández García “El Viejón”,
en noviembre de 2015.
El
año 2014 se caracterizó el por el resurgimiento de crímenes más violentos,
cuerpos torturados, cercenados, incinerados y el asesinato de familias
incluyendo niños, adolescentes y
mujeres.
Al
final de 2014 y durante 2015 las pugnas territoriales de los cárteles y de las
células empezaron a cobrar víctimas colaterales, y se hizo más común que los
asesinatos se cometieran como en 2010, a plena luz del día, sin importar la
presencia de testigos en lugares públicos, restaurantes, plazas comerciales y
vialidades transitadas en horas de tráfico. Las víctimas ya no fueron solo
narcomenudistas, adictos o deportados; también incluyeron comerciantes y
abogados.
De
hecho las balaceras públicas han continuado en lo que va de 2016, donde también
ha habido cadáveres mutilados y con narcomensajes.
Más
grave todavía: a mitad del sexenio, en
Baja California empezaron a crecer las
denuncias en contra de policías municipales,
estatales y ministeriales ligadas
a actividades de trasiego de droga, como protectores u operadores. Incluso
detenciones de elementos del Ejército en intercambios de droga que por
“cortesía” mal canalizada, no fueron
consignadas ni publicitadas.
En
este punto, lo más peligroso para los bajacalifornianos es que las autoridades
se sostienen en su discurso triunfalista, pese a los deficientes resultados y
la limitada efectividad de las
estrategias.
El
recién estrenado Comandante de la Segunda Zona Militar, José Ricardo Bárcena
Rosiles, aseguró en su toma de posesión el 18 de enero de 2016 que continuaría con las estrategias
de sus antecesores porque habían sido efectivas.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Rosario Mosso Castro Martes, 26 enero, 2016 02:39 AM)
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