Ioan Grillo, multicitado
autor de un libro sobre el narcotráfico, escribió un artículo este domingo en
la sección dominical de opinión en The New York Times, sobre “la nueva sangre
en la política en México”, donde dijo que el narcotráfico y las bandas
criminales han adoptado una nueva estrategia. En lugar de sobornar alcaldes,
apuntó, hacen que los alcaldes les paguen. “La política no es sólo una forma de
ayudar a su negocio criminal”, enfatizó, “es un negocio en sí mismo”. Grillo
dijo que los criminales han tomado el control de los alcaldes, “transformándose
en un ominoso poder en las sombras, utilizando las llaves del Estado para
afectar a cualquiera que vive o trabaja dentro de su jurisdicción”. El autor lo
dice bien, pero extemporáneamente. El problema se había ido controlando, pero
renació con mayor vigor en la primera mitad del Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto.
Desde el primer lustro de
este siglo, un alto número de alcaldías y poblaciones en varios estados estaban
bajo el dominio del narcotráfico. No había Estado ni autoridades en sus
diferentes niveles de Gobierno. Los narcotraficantes, a través de sus legiones
de sicarios, controlaban a los políticos locales y afectaban la vida de quienes
vivían o trabajaban en esas jurisdicciones.
Las ciudades fronterizas en
Tamaulipas y Chihuahua, además de ciudades como Acapulco, fueron las primeras
en sucumbir. Otras fueron cayendo como dominó hacia el sur. En 2005, la
incapacidad del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por frenar la
tendencia, lo forzó a pedir al presidente Vicente Fox que el Gobierno federal
interviniera. Fox lo ignoró, pero su sucesor, Felipe Calderón, inició la guerra
contra el narcotráfico.
Cuando inició la guerra
contra las drogas con el operativo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, más de
80 municipios estaban en manos del narcotráfico, donde controlaban la política,
la Policía y la obra pública. Grillo escribió este domingo que la evolución
criminal en México provocó que el crimen organizado se desdoblara en otro tipo
de delitos, como secuestros, extorsiones, trata y piratería.
En realidad, la mudanza de
delitos federales y delitos del fuero común se dio durante la guerra de
Calderón contra el narcotráfico, donde al golpearle sus redes de distribución y
comercialización se quedaron sin dinero para nóminas, por lo que sus matones
incursionaron en otros delitos. Los secuestros exprés estallaron en Tijuana, el
cártel del Pacífico se concentró en las metanfetaminas y La Familia Michoacana
en la minería.
La estrategia de Calderón no
previó las externalidades de este desdoblamiento, en particular la violencia,
que tocó su máximo en abril de 2011 y que, conforme al plan de acción,
empezaría a bajar en 2017. Pero para esto se requería que la estrategia de
confrontación con los criminales en todos los campos se mantuviera en los
mismos términos. El Gobierno de Peña Nieto cambió la estrategia. Bajo la lógica
de que la violencia era resultado del combate a criminales, en los ocho
primeros meses de la administración dejó de combatir a los cárteles y las
bandas criminales. Como era de esperarse, fue un fracaso. El gobierno peñista
cambió la estrategia y regresó a la de Calderón, pero las consecuencias de
aquella decisión equívoca se están viviendo.
La región de Tierra Caliente
es su mejor ejemplo, al estar dominada una buena parte de los municipios por
las bandas criminales que nacieron de la estela de los cárteles, sin que haya
fuerza que impida su control. En el Estado de México el crimen floreció en la
parte norte y oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con lo
que la delincuencia organizada se acercó al corazón político del país.
El conflicto actual en
Morelos, razón del artículo de Grillo, es la expresión pública del fenómeno que
se alimentó en lugar de erradicarlo. El gobernador Graco Ramírez asegura que
los 13 alcaldes que se oponen al Mando Único de la Policía han sido amenazados
por el crimen organizado.
En el pasado también había
plata o plomo si los alcaldes no les entregaban las secretarías de Obras, de
Finanzas y las áreas de Seguridad y Policía. En la actualidad hay una evolución
adicional y más ominosa.
Ya no sólo se involucran en
esas áreas que ayudan al negocio criminal, sino que inyectan recursos en
campañas políticas para poder tener a sus propios gobernantes. No importa de
qué partido sean, invierten dinero sucio en los procesos electorales.
Los grupos criminales se
están apoderando de todos los procesos en los municipios, promoviendo a sus
candidatos, sin mucha resistencia del Gobierno federal o de las instituciones
políticas y electorales.
En Guerrero y Morelos hay
pruebas de exalcaldes y exdiputados locales vinculados con el narcotráfico
contra los que no se ha ejercido acción alguna. Varios estados que irán a
elecciones para gobernador este año tienen como precandidatos a políticos
investigados en el pasado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Es cierto que el crimen
organizado ha recuperado el ritmo de su avance, como también que la poca
resistencia que han enfrentado de las instituciones se los ha permitido. Evitar
que esto se traduzca pronto en acusaciones de complicidad institucional
requeriría ver acciones claras que demuestren que socios de criminales en el
Gobierno no hay, y no la retórica insultante de que todo está bajo control.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 20 DE ENERO 2016)
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