Denuncia a Procurador por abuso de
autoridad
El conflicto agrario en el
ejido El Pochotal del municipio de El Fuerte apuntó penalmente hacia un nuevo
implicado, el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco
Antonio Higuera Gómez, a quien le endilgan el delito de abuso de autoridad por
ordenar a la Policía Ministerial del Estado resguardar un predio agrícola ajeno
y detener a los legítimos propietarios, sin investigación previa.
Además, imputaron al Jefe de
Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente del módulo de riego
Nohme, como cabecillas de una red de complicidades para favorecer con riego a
Antonio Aníbal Miranda López, sin ser usuario.
Esta semana, poco más de 20
campesinos, en su mayoría indígenas, se plantaron a las afueras de la
Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Norte, mientras que el abogado
Martín López Félix y el rentador Erasmo Vega Zamora interponían la querella en
contra de Higuera Gómez.
Estos basaron la acusación en
hechos sucedidos días antes cuando habrían llegado a un predio de cien
hectáreas de tierras de uso común para defenderlo, pues habían recibido avisos
de que Antonio Aníbal Miranda López, un profesionista bajo contrato de una empresa
agroquímica, pretendía destruir el marcado de surcos amparado en la protección
de la Policía Ministerial del Estado. Al llegar, todos fueron amenazados,
hostigados, detenidos y obligados a declarar, aunque esto último no lo
consiguieron.
La implicación policial se
debió a hechos tergiversados intencionalmente por el denunciante, Miranda
López, con la aprobación del procurador Higuera Gómez, expuso López Félix.
“Es tan burdo el engaño, que
en la investigación que se inicia saldrá a relucir toda la maquinación. Un dato
es revelador, para utilizar a la policía inventaron fechas de un supuesto
despojo y agresiones a Marisela Orrantia Rocha, esposa del acusador. El despojo
no se da porque en la fecha indicada no había contrato existente”, sostiene.
Vega Zamora sostuvo que todo
lo denunciado es una mentira que deberá desenmascararse en el proceso de
investigación.
Los líderes ejidales Raúl
Valenzuela Combera y Mario Valenzuela Cruz, aseguraron que el caso apesta a
corrupción y a una treta operada desde funcionarios estatales para despojarles
por medio del terror institucional las más de cien hectáreas que años atrás le
dieron en usufructo a Miranda López, por labores de desmonte.
De acuerdo con los
campesinos, en el año 2012 venció el contrato de beneficios mutuos y Miranda
López entregó el predio, el cual en asamblea dura le fue asignado a un grupo de
campesinos que formalizaron una asociación. Tres años después, la misma
asamblea resolvió rentar las tierras a Erasmo Vega, reapareciendo en el terreno
el profesionista de la empresa agroquímica internacional reclamando el predio
bajo el argumento que esas tierras no eran las que entregó, sino unas que
estaban más al sur.
“Ese amigo nos quiere
engañar, pero los linderos están ahí, las marcas no se pueden mover, ni la
tierra tampoco. La parcela que dice que entregó ya tiene dueño, desde hace
mucho es de Óscar Rodríguez. Lo que ese quiere es seguir sembrando sin pagar
renta. Nos quiere seguir chingando como desde años lo hizo en complicidad con
la ex comisariada Olga Vázquez, que siendo trabajadora de una maquiladora,
construyó una casa que en comparación con la que habitan los indígenas es toda
una mansión”, dijo Valenzuela Combera.
Este, acompañado de Mario
Valenzuela criticaron que las instituciones se vendan al dinero mal habido y
acusaron al Jefe de Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente
del módulo de riego Nohme, Vicente Silva, de reconocer como usuario a Miranda
López y darle el derecho al agua para riego. “A esos ya les comprobamos que no
es dueño de nada ni ejidatario, que sus papeles son una estafa pero se niegan a
anularle la aprobación, y pues con ese derecho ilegitimo, Rodríguez, silva y
Aníbal nos siguen chingando”.
LA DENUNCIA.
Jesús Arnoldo Serrano
Castelo, Subprocurador Regional de Justicia del Estado dijo que no tiene
impedimento legal para recibir la acusación en contra de su jefe, Marco Antonio
Higuera Gómez, y aseguró que tampoco hay excepción para que declare.
“Los mecanismos de la
dependencia están fijos. Hay formas para que un superior declare”, sostuvo.
La obligación de la
dependencia es recibir la denuncia, que es un derecho de los particulares,
investigar y resolver, que es una obligación de la autoridad. Los acusadores
tendrán que aportar pruebas que acreditan su dicho, y el denunciado pretenderá
desvirtuar lo afirmado. Es el procedimiento normal que se agotará, dijo el
funcionario.
(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/ Los
Mochis en 29 noviembre, 2015)
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