HERIBERTO LAZCANO, NAZARIO MORENO.
Muertos por las fuerzas armadas.
La muerte de narcos en México
violenta protocolos internacionales de derechos humanos, sostiene especialista;
aquí se les mata, cuando pueden respetarles la vida.
Especialistas en temas de
seguridad y uso legítimo de la fuerza pública recomiendan a la sociedad civil
exigir al Gobierno federal que retire al Ejército y la Marina de las calles
porque ese no es su papel.
La ausencia de una ley
general de Uso de la Fuerza Pública que regule la actuación de las policías y
fuerzas armadas en el país está acentuando la crisis de derechos humanos en el
país, coinciden en un foro organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El especialista en derecho
penal, Héctor Chicuate, reconocido investigador en temas de delincuencia
organizada, sostiene que la política que aplica el gobierno federal para
combatir la delincuencia organizada, es excesiva e irracional.
Invitado a disertar sobre la
importancia del Derecho Operacional Policial en el nuevo modelo de Justicia
Penal sobre el tema del uso legítimo de la fuerza, destaca que el excesivo uso
de la fuerza por parte de las policías, el Ejército y la Armada mexicanas en su
combate contra organizaciones criminales, ha hecho que este sexenio y el
anterior se cometan violaciones muy graves a los derechos humanos, que además
ilustran cómo el gobierno federal encara la lucha contra la delincuencia
organizada, sin atender los protocolos y principios del derecho internacional humanitario.
Si el sexenio anterior se
ejerció una política criminal desafortunada, dice, en el actual la situación es
más grave, porque los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán demuestran que
hubo un uso desproporcionado, irracional y excesivo de la fuerza pública.
El especialista asegura que
esto demuestra la forma arbitraria en que el Gobierno Federal justifica su
lucha contra el narcotráfico creando la figura del “enemigo del Estado” y
utilizando la violencia mortal en su contra, es decir, matarlo antes de
consignarlo y juzgarlo.
“Esto solamente se da en un
Estado totalitario que no respeta los derechos fundamentales de sus
gobernados”, indica.
Para ilustrar estas
violaciones flagrantes a las violaciones de los derechos humanos recordó las
muertes de capos como Heriberto Lazcano Lazcano; Ezequiel Cárdenas Guillén,
alias Tony Tormentas; Nazario Moreno González, el Chayo; Ignacio Coronel y
Arturo Beltrán Leyva.
Especializado en temas de
narcotráfico, el doctor en derecho penal asegura que en la lucha contra los
capos de la droga el Estado ha cometido violaciones muy graves a sus derechos
humanos. En el caso de Arturo Beltrán
Leyva, el enfrentamiento se dio en un edificio de condominios. Por tanto no
había manera de escapar. Caso similar fue el de Ezequiel Cárdenas, quien estaba
totalmente rodeado. Sin embargo se dio el enfrentamiento hasta privarlo de la
vida.
Es aquí, dice, donde vemos el
exceso en el uso de la fuerza, precisamente por la formación que tienen
nuestras fuerzas armadas de que al enemigo hay que matarlo. Y se pierde de
vista que estos operativos se realizan en un Estado democrático donde por ley
se deben respetar los derechos fundamentales de las personas, pues con todas
las atrocidades que se sabe cometen estos delincuentes, también tienen
derechos.
Los “enemigos del Estado”,
recalca, antes que todo son personas y las reglas de operativos para su
abatimiento son peligrosamente flexibles.
Dice que la ley general sobre
uso legítimo de la fuerza, que establezca buenas prácticas de los derechos
humanos, permitirá evitar confusiones de roles y funciones policiales y
militares así como la generalización de responsabilidades.
Considera urgente que México
atienda esta disciplina del derecho operacional para regular las actividades
policiales y de las fuerzas castrenses, para que todas las operaciones de
combate contra organizaciones criminales se apeguen a protocolos uniformes y
estandarizados.
ENGARZADA
A VECES HAY QUE MATAR PERSONAS, PERO ES NORMAL: VICEALMIRANTE RENATO BERMÚDEZ
El Almirante Renato de Jesús
Bermúdez Flores, miembro de la generación fundadora de Ciudad Universitaria y
Profesor del Colegio Militar y del Centro Superior Naval, afirma que “nunca
hemos salido con el armamento a matar a nadie. En los 40 años al servicio de la
armada jamás recibimos una orden de matar a nadie. Tuvimos, si, la obligación
muchas veces de ocasionar la pérdida de muchas vidas”.
Al abordar el tema, remarca
que “posiblemente hemos sido atacados. No somos ni matones ni enemigos de la
sociedad, somos los garantes de la seguridad en el país. No estamos contra el
crimen organizado porque hayamos querido salir. No es nuestra función, nuestra
tarea prioritaria es la defensa del país, pero cuando las demás autoridades no
pueden hacer frente al flagelo del narcotráfico y demás delitos de alto
impacto, alguien tiene que salir a hacerles frente”.
“Se ha considerado que sean
las fuerzas armadas las que deban hacerlo y es una orden que debemos acatar. En
la milicia las órdenes se cumplen, no se discuten. No es verdad que salgamos y
andemos matando gente en la calle. Nos han tildado de que nuestra doctrina de
guerra es matar al enemigo y eso no es cierto”.
Opina que la función de las
fuerzas armadas es eliminar al enemigo, de acuerdo con las convenciones de
Ginebra. “Posiblemente en esa eliminación hay que matar algunas personas, pero
eso es normal. Pero ni el armamento ni las municiones que tenemos son de alto
impacto para matar a nadie. En cambio, todos ustedes saben que nos enfrentamos
a los señores del narcotráfico, a las hermanitas de la caridad que no hacen
absolutamente nada, digo, trafican, y usan unas pequeñas armas que se llaman matapolicías
que tienen mucho más capacidad que las armas que tiene la policía”.
El militar retirado afirma
que “las fuerzas armadas nunca han usado bazukas o armas de gran poder para
matar a narcotraficantes Estuve 40 años en las fuerzas armadas. Las defiendo
creo necesario hacerle saber a la población que no somos matones, ni
criminales, que no salimos a realizar ninguna actividad ilícita y salimos a
aplicar la fuerza cuando es necesario.
Por su parte, Juan Ibarrola
Carreón, Consultor de las Fuerzas Armadas y periodista especializado en temas
de seguridad, se atrevió a afirmar que los muertos registrados en la
estadística nacional en forma violenta no los mataron las fuerzas federales, no
los mató ni la policía ni las fuerzas armadas, sino que “se mataron entre
ellos”.
El también profesor del
Centro de Estudios Superiores Navales, comenta que las escuelas de medicina del
país deben estar contentas por tanto muerto por examinar, haciendo referencia a
que en México los familiares no acostumbran a reclamar los cuerpos de sus
hijos, esposos, hermanos, porque saben a lo que se dedican.
En respuesta a una pregunta
hecha sobre el rol de los militares en la matanza de Tlatelolco, contestó que
en el movimiento del 68 no fueron miles, ni siquiera cientos los muertos de
aquella noche madrugada: “Solamente se presentaron 42 familias a reclamar a los
ministerios públicos para que les entregaran los 43 cuerpos de fallecidos que
reportó este suceso violento”.
Afirma que no hubo los miles
de muertos ni un campo militar número uno que se ha hecho ver como el gran
panteón donde quedaron sepultados muchos estudiantes desaparecidos aquel dos de
octubre. Y lo refrenda argumentando que fuera de esas familias no hubo otra más
que se acercara a reclamar la identidad de sus hijos supuestamente muertos o
desaparecidos.
En su afán por justificar el
abuso de la fuerza pública perpetrada por militares en la década de los 70, el
columnista de Milenio Diario evidenció que las cifras sobre muertes violentas
en el país no son confiables porque los medios de comunicación tienen unas y
los familiares las suyas.
(RIODOCE/ Francisco Sarabia/Ciudad de
México en 29 noviembre, 2015)
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