EL CAMINO DE JAIME PALACIOS

Jaime Palacios Barrera es un militante de la izquierda desde que fue dirigente estudiantil a principios de los años 70 y formó parte de la triada PMT-PSUM-PMS para en 1989 ingresar al PRD. Después de estar ahí desde su fundación renuncia para sumar esfuerzos por Morena, donde luego, por su trayectoria y compromiso, es electo Presidente de su Consejo Estatal para finalmente en las últimas elecciones internas, alcanzar el máximo cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido asumir el cargo y no sólo eso, la Comisión de Honestidad y Justicia del CEN del partido lopezobradorista resolvió una queja interpuesta por del ex dirigente estatal Luis Guillermo Benítez, con la máxima sanción que fue la de destituir todos los cargos electos y mandata volver a realizar el proceso interno en una fecha todavía indefinida.

Palacios Barrera, junto con un grupo de los igualmente destituidos, ha decidido recurrir a las instancias de justicia electoral —que no las partidarias, y quizá es un error jurídico ir directamente a las jurisdiccionales— para que se revise su fundamento legal, que es un derecho que le asiste a él y al resto de los destituidos, y este recurso se presenta en primera instancia ante el Tribunal Estatal Electoral para que resuelva sobre la legalidad de las conclusiones de la citada Comisión y aquí pueden suceder dos cosas: Una, que se deseche porque no se hayan agotado las instancias partidarias; y la otra, que esgrima que no es de su competencia por ser un partido nacional.

En efecto, quizá este órgano considere que primero se deben agotar las instancias partidarias y una vez ratificada la resolución, entonces sí, entrar en el fondo de la demanda de justicia partidaria o trasladar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto esto sucede, la dirección política está acéfala y es previsible se elija un interinato en tanto se resuelva el caso. Así sucedió en Tlaxcala, donde existe problemas similares por el rechazo a la senadora Martha Palafox para que sea designada Promotora de la Soberanía Nacional en el estado; y en Sinaloa, se dirige la crítica a Jesús Estrada Ferreiro; en ambos casos, de sostenerse, serían virtualmente los candidatos a gobernador.

AMLO ha argumentado que la designación de Palafox y Estrada es resultado de una encuesta en donde salieron favorecidos y que detrás de las protestas se encuentra la mano de la “mafia del poder”, con sus exponentes locales, que en Sinaloa, según su decir en tribuna, se personifica en Malova y Juan Millán.

Es decir, rechaza cualquier tipo de protesta que tenga como propósito descalificar a quienes han sido definidos como Promotores de la Soberanía Nacional, sin considerar para nada los argumentos que se exponen, incluso negándose a escucharlos de viva voz.

En fin, el daño está hecho y los sucesos, que la prensa ha difundido profusamente, están destinados a la vía judicial. Esto no está del todo mal. Los problemas que los partidos son incapaces de resolver deben estar en manos de una instancia competente y garante de la ley de partidos, para que desde ahí se imparta justicia y contribuya a institucionalizar procesos como son la elección de dirigentes. Sé que esto no gusta mucho en un ambiente de desconfianza pública, pero es lo normal en sistemas institucionalizados y hay que apostar a ello, como sucede en otros países.

Jaime Palacios está molesto, lo deja ver en sus mensajes en redes sociales, no es para menos, se le ha destituido de un cargo que ganó hasta ahora legítimamente, aunque en la resolución de la Comisión se documenta una operación de acarreo y actos de proselitismo en las asambleas distritales. Contra eso tendrá que ir y demostrar que todo ello es un montaje que busca no sólo destituirlo sino, quizá, dañarlo en su honor y expulsarlo del partido.

Vienen tiempos difíciles para Morena Sinaloa, pues instancias jurisdiccionales deberán revisar con detalle los argumentos que expone la Comisión. Sea esto en las instancias partidarias —no se olvide que las resoluciones son de una Comisión ad hoc— pero debe la de Honor y Justicia revisar sus conclusiones, y en última instancia, resolver el caso en forma definitiva. Para que así, con una resolución definitiva ir al tribunal, para que conforme a la Constitución y su ley reglamentaria de partidos decida quien tiene la razón jurídica.

Lo cierto es que la división ya está instalada en Morena Sinaloa y los márgenes para una salida salomónica están prácticamente cerrados. Serán los tribunales los que digan la última palabra y ya sabemos, en caso de que favorezcan a Palacios Barrera, se dirá que el tribunal está al servicio de la mafia del poder.

Así de sencillo.

(RIODOCE/ Ernesto Hernández Norzagaray /  29 noviembre, 2015)