Raymundo Riva Palacio
El 24 de septiembre pasado,
el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
México, Víctor Octavio Luna Escobedo, dictó el auto de formal prisión en contra
de la excoordinadora de penales federales, Celina Oseguera, y el exdirector del
penal de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, ante la petición de la PGR de
que habían incurrido en “omisiones” que favorecieron la fuga de Joaquín “El
Chapo” Guzmán. Los detalles de la orden de aprehensión no se conocen, pero a
partir de las filtraciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO), a la prensa en los últimos días, se pueden
inferir los principales elementos de la acusación. Los investigadores, sin
embargo, están manipulando declaraciones ministeriales e induciendo a
conclusiones públicas equivocadas.
El alegato central de la
SEIDO sembrado en los medios es que Oseguera soslayó los reportes sobre las
deficiencias en los complejos sistemas de sensores electrónicos, por lo cual la
seguridad en torno a “El Chapo” Guzmán disminuyó en forma significativa y se
facilitó su evasión, al no haber registrado los dispositivos subterráneos y de
movimiento, la construcción del túnel por donde se escapó. Desde diciembre de
2012 se han publicado en este espacio las acciones durante la gestión de Manuel
Mondragón al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, que fueron apagando
los sistemas de vigilancia. Los movimientos, que incluyeron el relajamiento en
la vigilancia física, la cancelación de la formación y capacitación de los
custodios, se concretaron antes de que Guzmán fuera capturado en febrero de
2014, y nunca, hasta la fecha, se han terminado de restablecer.
Funcionarios de la Policía
Federal, que también han buscado deslindarse de la responsabilidad de la fuga,
han filtrado a la prensa en los últimos días que Mondragón dejó los sistemas
funcionando. La SEIDO ha apuntalado los recientes dichos de la Policía Federal,
al distribuir extractos de dos declaraciones ministeriales, sin precisar
aparentemente de quiénes se trata. Una es de Juan Ignacio Hernández Mora,
excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y
Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, que detalló cuáles
eran los sistemas electrónicos que no funcionaban, y la otra es del exdirector
del penal de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, quien a sabiendas de esas
deficiencias, dijo en una parte del interrogatorio: “Probablemente si hubieran
funcionario, no se había fugado”.
La veracidad mezclada con la
verosimilitud, es la diada con la que la SEIDO se ha venido manejando. Dentro
del expediente hay oficios y documentos firmados por Hernández Mora, Oseguera y
Cárdenas Lerma a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal y a la
oficialía mayor del propio órgano desconcentrado de penales y de la Secretaría
de Gobernación, informando de las deficiencias y solicitando los recursos para
la reparación y mantenimiento de los equipos. Las respuestas siempre fueron
negativas. El área de Inteligencia de la Policía Federal, a cargo de Ramón
Pequeño, era la autoridad superior de los exfuncionarios penitenciarios, y
quien sistemáticamente rechazó las solicitudes. Igualmente fueron negadas, de
acuerdo con los documentos, por Paulo Uribe, el responsable los recursos en el
sistema de cárceles federales.
Pequeño reportaba
directamente al comisionado nacional de Seguridad, aunque por organigrama debía
de haberlo hecho a su jefe inmediato superior, Enrique Galindo. Colega desde
que trabajaron juntos en el CISEN, Pequeño tenía la mejor relación dentro de la
Comisión Nacional de Seguridad con su jefe, Monte Alejandro Rubido, pero quien
era su verdadero soporte mayor era Frida Martínez, secretaria general de la
Policía Federal, directora de Recursos Materiales y Adquisiciones en la
Secretaría de Finanzas de Hidalgo, cuando el gobernador era Miguel Ángel Osorio
Chong. Uribe también venía de esa camada. Fue coordinador de Planeación
Financiera de la Secretaría de Finanzas hidalguense, de donde saltó a director
general de Administración y Finanzas del Sistema Nacional de Seguridad Pública
de la Secretaría de Gobernación en 2013.
Pequeño fue removido de su
cargo de jefe de Inteligencia, pero se mantiene dentro de la Policía Federal.
Al igual que Uribe, ya rindió declaración ministerial sobre la fuga de “El
Chapo”. El manejo parcial de las declaraciones ministeriales, por otra parte,
ha permitido que la opinión pública centre la responsabilidad por la evasión en
Oseguera. Algo huele a gas. Desde el principio de esta investigación, el
discurso presidencial de que se llegará hasta el fondo y se encontrarán a los
responsables de la fuga, no se ha correspondido con el rigor de la indagación.
En la SEIDO parecieran haber establecido responsables a priori, que
significaría no encontrar quién lo hizo, sino quién lo pague.
La procuradora general Arely
Gómez debería revisar lo que están haciendo en la SEIDO que, hasta este
momento, le mienten a la opinión pública de una forma tan flagrante, como falsa
debe ser la realidad que le están mostrando –en el entendido de buena fe que
está actuando conforme a derecho–. El reto que enfrenta la procuradora es que
este caso sea sólido y no como los de la mayoría de los procuradores generales
de los últimos años, que fabrican culpables que con el tiempo se convierten en
reveses para el Gobierno. Mucho más tendrá que hacer también la SEIDO.
Puede comenzar con abandonar
la desinformación para apuntalar un expediente que, por como se está
integrando, se va a caer y ampliar la investigación más allá de El Altiplano.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
/ twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 09 DE OCTUBRE 2015)
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