Raymundo Riva Palacio
En los últimos días, la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha
diseminado información encaminada a radicar la culpabilidad principal de la
evasión de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Celina Oseguera, ex coordinadora de
reclusorios federales, así como también, por la forma como encausan la
investigación, acotar responsabilidades y colusiones en ese máximo nivel de
funcionarios, con lo cual la línea de competencias y colusiones en cargos
superiores del Gobierno federal, no llegue más arriba. La información que ha
distribuido la SEIDO es parcial y tramposa. Más aún, su manejo es político, no
jurídico.
Oseguera ha sido el objetivo
principal de la investigación desde el principio, de acuerdo con funcionarios
que han seguido el caso desde el principio. En la red de vínculos que elaboró
la SEIDO tras la fuga, Oseguera encabezaba el árbol de las presuntas
complicidades.
Su nombre fue colocado ahí
como consecuencia de la imputación de Sigifredo Nájera Talamantes, uno de los
matones de Los Zetas que operaban en Nuevo León y Coahuila al que apodaban “El
Canicón”, quien afirmó –según hizo trascender la SEIDO a la prensa–, que visitaba frecuente a
“El Chapo” en su celda.
Según las filtraciones,“El
Canicón” era vecino de Guzmán en el pabellón donde se encontraban, pero la ex funcionaria
lo cambió por la rivalidad entre ambos. De acuerdo con funcionarios penales,
Guzmán no tenía, por diseño, ningún vecino. Sin embargo, cuando la PGR abrió el
Penal a la prensa tras la fuga, había un interno en la celda 19, contigua a la
20 de “El Chapo”, donde estaba Mario Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del
Golfo.
La imputación de “El Canicón”
que manejó la SEIDO en la prensa no iba a aguantar la prueba del juez, a menos
que pudieran documentar con los videos y las bitácoras del Altiplano, que de
acuerdo con funcionarios penales, no existen.
En todo caso, dijo uno, “El
Canicón” no podía haber visto nada, porque se encontraba interno en la celda
11, casi a la mitad del pasillo, no al final donde estaba “El Chapo”. Su
acusación ya se había descartado cuando el 7 de septiembre murió en su celda;
oficialmente, por un paro respiratorio, aunque su familia sostiene que lo
envenenaron. Aunque se desechó esa línea en los medios, se dejaron sembradas
las semillas para la inculpación de Oseguera.
El siguiente paso en la
construcción de culpables únicos se dio a mediados de septiembre, cuando la
SEIDO filtró a la prensa que tanto ella como el director del penal –también
preso– Valentín Cárdenas Lerma, habían pedido “permisos extraordinarios” para
no estar en el Penal la noche del 11 de julio, cuando se escapó “El Chapo”. De
acuerdo con la información en los expedientes, Cárdenas Lerma no se encontraba
en el Penal porque ese fin de semana, como cada 15 días, descansaba.
La SEIDO subrayó que tras la
fuga tardó una hora en llegar al Altiplano, sin añadir que vive, precisamente,
a una hora de distancia. Esa noche estaba de guardia la directora jurídica, Leonor
García, que tuvo que sustituirlo porque quien tenía la responsabilidad esa
noche, Librado Carmona, director técnico del penal, pidió un cambio de rol.
García está presa mientras que Carmona, que fue detenido en los primeros días
para ser interrogado, está en libertad.
Oseguera, de acuerdo con sus
declaraciones ministeriales, no se encontraba de “permiso extraordinario”, sino
en su descanso natural. Cuando se fugó “El Chapo” se comunicó con ella su jefe,
Juan Ignacio Hernández Mora, a la sazón comisionado del Órgano Administrativo
Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social, quien le pidió que se
trasladara al Penal. Oseguera voló desde Colima, donde pasaba el fin de semana
en su casa familiar.
A Hernández Mora le había
avisado Ramón Pequeño, el director de Inteligencia de la Policía Federal, que
tenía bajo su responsabilidad la vigilancia electrónica de los penales. Un
grupo encargado de la vigilancia especial sobre “El Chapo” estaba a cargo del
CISEN. A García nadie le informó de la fuga, de la que se dio cuenta por que
los agentes que lo monitoreaban corrían de un lado para otro dentro del
Altiplano.
La información diseminada por
la SEIDO en los últimos días ha sido parcial y, en algunos casos, proporcionó
versiones que fueron descartadas o nunca fueron tomadas en serio para
presentárselas al juez. Lo que hizo la PGR –de quien depende la SEIDO–, fue
solicitar la orden de aprehensión con contra de Oseguera, Cárdenas Lerma y una
decena más de funcionarios, porque “incurrieron en omisiones que favorecieron”
a la fuga, que sí es un delito tipificado. Con la documentación que entregó la
PGR, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
México, Víctor Octavio Luna Escobedo, obsequió la orden de aprehensión en 10
días.
El juez no supo,
probablemente, que le estaban proporcionando información parcial y que de
alguna manera los fiscales buscaron manipular su decisión.
El juez no estaba para
saberlo, pero el alegato central para encarcelar a los exfuncionarios del
sistema federal carcelario está sostenido con alfileres y difícilmente se podrá
probar durante el juicio, como se verá mañana en este mismo espacio.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
/ twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 09 DE OCTUBRE 2015)
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