El gobierno de Jorge
Astiazarán inició el proceso para cancelar la licencia de operación del
estacionamiento público concedida a Makro, por incumplimiento en calidad y
especificaciones de la obra construida por la misma empresa, que impide el uso
de su plataforma como plaza cívica. A la par, interpondrá una demanda para
resarcir el daño
“No es justo para
los tijuanenses que no podamos utilizar esa plaza pública, se va a actuar en
consecuencia”, advirtió Jorge Astiazarán Orcí, alcalde Tijuana.
Por ello, al
inicio de esta semana instruyó a la Consejería Jurídica de su gobierno iniciar
la anulación de la autorización concedida a Makro para la prestación del
servicio de estacionamiento que se ofrece al público a un costado de Palacio
Municipal.
Por considerarla
una infraestructura insegura para ser utilizada por grandes conglomeraciones
humanas, a principios de octubre de 2014, Protección Civil municipal determinó
restringir el acceso a la plaza Independencia. También limitó la utilización de
dos terceras partes del estacionamiento ubicado debajo de la explanada.
A la concesionaria
se le permitió continuar operando el resto del inmueble, así como la parte
exterior, en tanto se le emplazó a realizar un peritaje conjunto con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Tijuana, que permitiera determinar la calidad de la
obra y de los materiales utilizados en ella, ya que en los archivos del
Municipio no existe constancia al respecto.
En febrero de
2015, Makro presentó un peritaje realizado en forma unilateral, sin considerar
los puntos exigidos para un dictamen colegiado. Y aunque a la firma se le
notificó este incumplimiento, ésta se ha negado a responder, por lo que el
gobierno actual sigue sin saber la dimensión real del problema estructural del
inmueble, pues continúan faltando los estudios de mecánica de suelo y calidad
de materiales.
LAS CAUSAS DE LA RESCISIÓN
De acuerdo al
contrato administrativo de concesión para la construcción y operación del
estacionamiento público, el gobierno de Tijuana podrá anticipar su vencimiento
si hay un incumplimiento por parte de la concesionaria, siempre y cuando se le
notifique y ésta no lo solvente. Situación que el Ayuntamiento considera
cumplida en este caso.
En el inciso B de
la cláusula vigésimo primera del convenio se establece que el acuerdo podrá ser
cancelado por el Ayuntamiento, sin responsabilidad de su parte, “cuando el
concesionario incumpla con cualquier obligación derivada del contrato, y dicho
incumplimiento no sea corregido dentro de un plazo de 30 (treinta) días
naturales, contados a partir de la fecha que reciba la notificación del
incumplimiento”.
De entrada, la
concesionaria no cumplió con los tiempos establecidos para la construcción,
equipamiento y puesta en operación del estacionamiento, los cuales quedaron
determinados en la segunda cláusula del contrato.
El convenio
signado el 21 de enero de 2010 estableció como fecha de término de la obra “el
día 30 de agosto del 2010, fecha en que deberá suscribirse el acta de
terminación de la obra y el concesionario podrá iniciar el periodo de
operación”, se indica.
Fue hasta
diciembre de 2011 cuando el inmueble abrió sus puertas, sin estar concluido del
todo; hasta la fecha, el acceso al sótano -como segundo nivel del aparcamiento-
carece de soporte, por lo que fue clausurado por Protección Civil.
En el mismo punto
se suscribió que el diseño de la plaza pública proyectada sobre la parte
superior externa del estacionamiento, “atenderá y preverá las cargas vivas que
representen el uso del dicha plataforma durante los eventos cívicos”.
Un estudio técnico
realizado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana, a cargo de Pablo Hernández
Lee, determinó que la explanada no fue diseñada para su utilización como plaza
pública.
A estas posibles
causales de revocación del contrato, se añade el mal estado físico de los dos
niveles del estacionamiento, los cuales la empresa ha optado por ignorar y no
corregir, mientras continúa el usufructo del inmueble, tanto en su parte
superior, y de manera ilegal, un espacio exterior que no le fue concesionado,
corroboró Desarrollo Urbano.
PERITAJE APROBADO
Como lo indica el
convenio suscrito entre Makro y el Municipio de Tijuana, la empresa ya fue
requerida para responder por las anomalías detectadas en la obra que edificó
para uso de estacionamiento público y plaza pública.
En una revisión
visual por expertos en ingeniería, tanto la explanada como el estacionamiento
público registran daños en columnas, paredes y techo, todos factibles de ser
etiquetados como vicios ocultos, consideró la Sindicatura Procuradora.
El inmueble
también fue inspeccionado por Protección Civil y funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología, encontrando transmisión de humedad, derivado
del deficiente sellado e impermeabilización, y que ha propiciado la corrosión
del acero colocado para su cimentación.
Tanto en el
exterior como en el interior del inmueble son comunes las fisuras en trabes,
hundimientos y separación de bloques.
Todas estas
irregularidades hicieron suponer a los expertos que no era un edificio apto
para ser utilizado en su parte superior como plaza cívica.
La presunción la
confirmó el propio peritaje presentado por Administradora de Obras y
Concesiones, SA de CV, el cual fue revisado por el Colegio de Ingenieros de
Tijuana.
“La plaza no puede
ser utilizada como tal porque no se diseñó, no cumple con los requerimientos
estructurales para ese uso”, confirmó Pablo Hernández Lee, presidente del
organismo.
El diseño de la
explanada presentado por la empresa no contempló su uso con fines de plaza
pública, por lo que no soportaría la carga viva de un evento masivo, como sería
el “Grito” de Independencia, celebración que tradicionalmente se realiza en ese
lugar, pero que en 2014 tuvo que ser reubicada por las condiciones físicas de
la explanada, la cual tampoco puede ser empleada como estacionamiento.
El análisis
efectuado por el Colegio de Ingenieros indica que los valores del diseño
estructural de la losa de cubierta del estacionamiento, fue hecho con valores
muy bajos de soporte de cargas vivas y muertas, “no se consideraron los pesos
reales de las cantidades de personas en concentraciones masivas”, precisó
Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Y explicó, en
valores promedio, una plaza cívica o espacio en el que se espera realizar actos
de una amplia concentración de gente, debe poder soportar un peso de mil
kilogramos por metro cuadrado de carga viva, cantidad a la que se debe añadir
el peso de la carga muerta, estimada en
350 kilogramos por metro cuadrado.
No es el caso de
la cubierta del estacionamiento subterráneo, diseñada con valores de solo 350
kilogramos por metro cuadrado de cargas vivas, por lo que no soportaría un acto
masivo. Con esta construcción, Makro dio al traste con la plaza cívica.
El peritaje de la
empresa debió realizarlo en conjunto con el Colegio de Ingenieros, así lo
instruyó el gobierno municipal, pero Makro lo llevó a cabo en forma unilateral,
haciendo caso omiso a las solicitudes de mecánica de suelo, calidad de
materiales y muestreos presentados por el organismo colegiado.
“El peritaje se
presentó en febrero, lo revisamos y contestábamos que no estábamos de acuerdo
porque no contemplaron todos los alcances que solicitamos al principio”,
manifestó Hernández Lee.
“Esos elementos
son necesarios para hacer un dictamen que diga con qué se cuenta, qué se
necesita y cómo se resolverá, proceso indispensable para que esto llegue a un
final bien y se pueda tener un inmueble con el servicio para el que se
edificó”, dijo.
Y sugirió al
Municipio enfocarse en requerir al concesionario “para una solución de común
acuerdo y que el inmueble quede con el servicio que debe tener y con las
garantías que debe contar”.
INICIAN PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN
Al inicio de esta
semana, el consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Gerardo Herrera
Zavala, recibió la instrucción de Jorge Astiazarán de iniciar con el procedimiento
para revocar el contrato a Makro, empresa considerada como incumplida.
El abogado del
Municipio explicó que “el primer paso será llevar este procedimiento en forma
conciliatoria con la empresa”, para ello se le dio una especie de ultimátum -un
periodo de diez días- para rescindir el convenio en mutuo acuerdo, plazo que
empezará a contar a partir de la próxima semana.
Posteriormente,
detalló, se estarán presentando las formalidades en las cuales la concesionaria
tendrá su derecho de defensa, “incluso podrá promover un amparo ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar los
efectos de la revocación”, consideró Herrera.
Todo esto se
encuentra establecido en el contrato y ya lo tiene previsto el Municipio,
aseguró.
Sin embargo, “la
revocación no resuelve el problema de fondo, que es el contar con un inmueble
funcional, de ahí que a la par de este proceso, se iniciará una acción penal en
contra de la constructora”, subrayó.
Según el
consultado, “se les estuvo dando oportunidad -a Makro- para que presentaran los
estudios que dieran cuenta de la situación real del estacionamiento, así como
su propuesta para resarcir cualquier anomalía, pero solo respondió con
evasivas”.
Para el director
jurídico del XXI Ayuntamiento no existe un plazo determinado para la resolución
de este caso, pero ante las condiciones de deterioro prematuro del inmueble y
la falta de interés de la concesionaria por responder, ya se prepara para
recibir la operación del estacionamiento subterráneo que alberga 742 cajones.
Mientras el
presidente de Tijuana, Jorge Astiazarán, afirma: “El estacionamiento
subterráneo se va a tener que reparar tarde que temprano, hay un responsable,
un concesionario que tendrá que responder”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez /27
de Abril del 2015 a las 13:00:00)
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