El lunes 13 de abril
empleados y concesionarios del transporte público tomaron el estacionamiento
del Palacio Municipal porque aún no se les ha otorgado un aumento de 2 pesos a
la tarifa actual. Sobre el tema, Hirata sigue dando largas, apenas respondió que
quizá se busque un recurso federal para apoyar al sector
En Ensenada el
servicio de transporte público cuesta 10 pesos. Las unidades tienen por lo
menos la edad de los bachilleres o universitarios y las rutas poco se han
modificado. Pero los aumentos en la
tarifa han sido recurrentes. Los concesionarios presionan para lograr este año
un incremento de 2 pesos porque afirman que ya no es negocio.
El lunes 13 de
abril empleados y concesionarios del transporte público masivo tomaron el
estacionamiento del Palacio Municipal en protesta porque la actual
administración no les ha otorgado aumento.
El movimiento fue
encabezado por Armando Gutiérrez Guerra, a nombre únicamente de las empresas
Transportes Brisa, El Vigía, Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, así como los
transportes públicos masivos de San Quintín, deslindándose de su líder estatal
Raúl Carrillo y de cualquier declaración que éste emitiera al respecto.
Esa mañana,
Gutiérrez Guerra declaró también que la protesta fue en atención a la necesidad
económica de las familias que subsisten de la concesión del transporte, no a
cuestiones políticas. Piden aumento del 20 por ciento sobre la tarifa actual.
El alcalde
Gilberto Hirata Chico se mostró incómodo por el asedio de los medios de
comunicación, dijo que la tarde de ese mismo día atendió a los manifestantes,
brevemente habló de la posibilidad de buscar recursos federales para apoyar al
sector. No dijo ni sí, ni no, o si de haber un incremento de cuánto sería o
cuándo se aplicaría.
La nueva tarifa
que proponen los transportistas proviene de un estudio realizado por el
guanajuatense Quintín Durazo, pagado primero por los transportistas y luego por
el mismo Ayuntamiento.
AUMENTOS Y PROMESAS
El 31 de marzo de
2006 en el Diario Oficial del Estado se publicó un acuerdo de Cabildo por el
cual aprobó un aumento en la tarifa del servicio del transporte público en
Ensenada, entonces el presidente municipal era el panista César Mancillas
Amador.
Con 11 votos a
favor ese año los usuarios del transporte solventaron el incremento de 1 peso;
el alcalde, el síndico procurador Isaac Chapluck, así como los ediles panistas
Ernesto Pedrín, Ricardo Lomelí, Adela Lozano, Georgina Posada, Alfonso
Talavera, Nélida Pelayo y Salvador Abarca, lo aprobaron.
Dos votos más los
patrocinaron el priista Felipe Romero Guzmán, hijo de Santana Romero, líder en
Ensenada de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicato al que
están adheridos los transportistas y Arnoldo Carlos García Guerrero, del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El sector firmó un
pergamino interminable de promesas de modernización, que incluyó nuevas
unidades, introducción de rutas troncales, paraderos, uniformes y antidoping
para los choferes; mejor trato al usuario, respeto a las personas con capacidades
especiales a los que se les negaba el servicio. Se acordó salieran de
circulación las unidades más antiguas. Prometieron el sol, la luna y las
estrellas.
El documento fue
“fedatado” por Julio César Arenas, que fungía como secretario general del XVIII
Ayuntamiento y lo firmaron los integrantes del sector transportista que se
beneficiaron con el aumento. El costo quedó en 6.50 pesos y los compromisos
inconclusos.
El 24 de febrero
de 2009 en sesión extraordinaria de Cabildo del XIX Ayuntamiento que encabezó
el también panista Pablo Alejo López Núñez, referente a otro aumento, el
dictamen número 03/2009 fue presentado por las comisiones conjuntas de
Seguridad, Tránsito y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, Hacienda y
Patrimonio Municipal, Planeación y Desarrollo Económico.
El acta establece
que el ajuste se solicitó desde diciembre de 2008. Los concesionarios a través
del entonces director de la Unidad Municipal de Transporte, Daniel Valeriano,
manifestaron “estar conscientes de que a nadie escapa de la situación económica
que actualmente afecta al mundo, a nuestro país, estado y municipio”.
“Nos ha impactado
en forma tan importante que ha provocado un serio incremento en los precios de
los insumos particularmente el diésel, gasolina y el gas que consumen las
unidades, considerando además los altos incrementos que han sufrido los costos
de las refacciones, lubricantes, llantas y en general todos los insumos que se
utilizan para su operación el transporte público”.
“…situación que se
agrava si se considera que hace más de dos años que no se ha incrementado la
tarifa ordinaria provocando la descapitalización de las concesionarias y la
imposibilidad económica de buscar la renovación de más unidades, como la
ciudadanía, el gobierno y ellos quisieran”, también menciona el acta pública.
Les fue concedido
el ajuste a la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.
C. L. de C. V., denominados Rojo y Blanco; Sociedad Cooperativa Microbuses de
Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o Amarillo y Blanco;
Transportes Brisa S.A. de C. V., Transportes Flecha Verde S.A. DE C. V.,
Transportes El Vigía S.A. de C. V., Taxis Azul y Blanco, Verde y Blanco, Franja
Dorada y Franja Naranja.
En el 2009
aumentaron 1.50 pesos la tarifa, quedando en 8 pesos por pasajero. El Cabildo
otra vez les condicionó a la mejora del servicio, y los transportistas
prometieron que ahora sí habría resultados.
El primer
compromiso fue que la tarifa para los estudiantes y la tercera edad, se sostuviera
en 3 pesos, los discapacitados seguirían viajando gratis. Los alumnos desde
nivel básico hasta superior recibirían este beneficio.
“Continuar con el
esfuerzo de modernización, no solo con la adquisición de unidades nuevas, sino
con la regularización de todas las rutas y los sistemas tradicionales del
transporte en materia de cobro y operación de los choferes, en las modalidades
beneficiadas por este ajuste.”, presuntamente les pusieron como condiciones.
Efectuar un
espaciamiento en los horarios de salida de las unidades, buscando con esto
reducir la saturación en las vías de comunicación más usadas, y capacitación de
los operadores respecto a trato al usuario y calidad del servicio, a efecto de
lograr que el operador del transporte público atienda con respeto, cortesía y
dignidad a todos los usuarios, principalmente a los ancianos.
Nuevamente a la
mesa llegó el tema de los exámenes toxicológicos a los operadores, lo de
uniformarlos al cien por ciento, e implementar paulatinamente durante el año
2009 la renovación de las unidades para cumplir con la Norma Técnica Número 12.
Entre otros, los
objetivos de la Norma Técnica 12 introducida desde el 2008 a la reglamentación
municipal –por lo menos en papel– fue la de “establecer los requerimientos
mínimos para autorizar el alta de unidades del transporte público”.
Prometieron
contratar un seguro formal para el usuario con cobertura de daños a terceros,
participar en el proceso de reubicación de las terminales ubicadas en el centro
de la ciudad, en la modalidad de transporte masivo, que deberían haber iniciado
a más tardar a finales de junio de 2009. Todo compromiso tuvo fecha cierta.
En el Diario
Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2011 se publicó otro incremento. Esta
vez en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de septiembre del mismo año
el XX Ayuntamiento a cargo del priista Enrique Pelayo Torres lo aprobó mediante
el dictamen 01/2011.
Solicitaron un
ajuste emergente del 36.78 por ciento “con base a la caótica situación por la
que atraviesa el sector, a fin de evitar la parálisis operativa de las
empresas”, destacando que los insumos se elevaron considerablemente con la
inflación.
El aumento hubiera
sido de 2.94 pesos pero el Cabildo consideró –para no afectar al sector más
vulnerable, al que hace uso del transporte público– condonar el cobro de los 94
centavos.
“Significaría un
revés que atentaría duramente contra la economía familiar”, justificó el
entonces regidor del Partido Verde Ecologista de México, Alfonso Blancafort,
encargado de la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. La tarifa pasó de
8 a 10 pesos, en apoyo a los que menos tienen.
De nueva cuenta se
sujetaron a compromisos que “permitan un equilibrio entre el favorecimiento de
las condiciones económicas del concesionario y permisionario del transporte, y
el menor impacto posible a la economía del usuario”, rubrica el acta.
Como último punto,
establece que a partir del mes de noviembre de 2011, supuestamente la Unidad
Municipal del Transporte, entonces a cargo de Raúl Carrillo, actual líder de la
Unión Estatal de Transporte de Baja California, afiliada al PRI, aplicaría una
medida de sustitución vehicular de modelos 1996 y anteriores.
Modelos 1996 que
habían salido de circulación en el 2006 –de los pocos compromisos cumplidos y
sostenidos por los transportistas– volvieron a la circulación.
INCREMENTO ILEGAL
El 20 de
septiembre de 2014, aprovechando que el alcalde Gilberto Hirata Chico y la
mitad del Cabildo del XXI Ayuntamiento atendían el desastre que dejó el huracán
Odile en Bahía de los Ángeles, aplicaron de manera ilegal un aumento de 3.5
pesos.
Las unidades del
transporte masivo circularon desde las 05:00 horas con la leyenda de “nueva
tarifa oficial 13.5 pesos”. Los choferes fueron instruidos para realizar el
cobro, pese a la inconformidad y asombro de los usuarios que en algunos casos
tuvieron que bajarse del micro porque no les alcanzaba.
Unidades
destinadas a la ruta Popular 89 fueron apedreadas por los habitantes y en otros
casos ni siquiera los dejaron recorrer el circuito. El pueblo se mostró furioso
y los choferes fueron agredidos verbalmente por los molestos usuarios.
El regidor Arturo
Serratos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que sí se encontraba
en la ciudad, comentó que inmediatamente informó a Felipe Romero Guzmán, actual
titular de la Unidad Municipal de Transporte, la falta cometida por parte de
los transportistas, pero éste alegó que él no contaba con denuncias, por lo que
no podía actuar.
El asunto fue
solucionado al filo de las 16:00 horas, incluso las autoridades abordaron los
microbuses y camiones para advertir a los usuarios que el aumento era ilegal.
Confiscaron unidades que todavía ostentaban la leyenda con la “nueva
tarifa”.
El 21 de
septiembre de 2014, a través de un comunicado, el Secretario General del XXI
Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, a nombre del Gobierno Municipal
fustigó el actuar de los transportistas pero fue ése el único acto en contra
del sector.
Arturo Serratos
comentó en entrevista con ZETA que después de los hechos del 20 de septiembre
solicitó a Gilberto Hirata la remoción de Romero Guzmán, pero asegura que el
alcalde contestó que si con eso fuera a solucionar el problema del transporte
lo haría. El funcionario sigue en el cargo.
En el actual Ayuntamiento
coordina la comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte la regidora priista
Columba Domínguez, quien paradójicamente pertenece a la Sociedad Cooperativa
Microbuses de Transportes Urbanos de Primera Clase, S. C. L. de C. V., o
Amarillo y Blanco, por lo que también a solicitud del edil perredista fue
destituida en las mesas de diálogo con los transportistas.
En sesión de
Cabildo el regidor solicitó que el Ayuntamiento denunciara penalmente al sector
transporte por usurpar funciones municipales, pero el Cabildo a través del
regidor Jaime Zepeda manifestó que no era viable. La mayoría lo secundó y le
sugirieron que lo hiciera a título personal.
La comisión que
atiende el tema del transporte le fue conferida precisamente a Jaime Zepeda,
del Partido Encuentro Social, quien actualmente es candidato a diputado, por lo
que no han podido sesionar, explicó Jesús Jaime González.
REVOCACIÓN DE CONCESIONES, MÁS LARGAS
González Agúndez
garantizó que el Gobierno Municipal ya inició con un procedimiento de
revocación de las concesiones tras el aumento aplicado de manera ilegal el 20
de septiembre de 2014. Aseguró que los transportistas deberán aportar pruebas a
su favor o manifestar lo que a su derecho convenga porque es lo conducente en
el procedimiento.
Al respecto el
edil perredista comentó que si bien es cierto que el Ayuntamiento les anunció
el presunto juicio, en Cabildo únicamente recibieron algunos documentos
dirigidos a los concesionarios y permisionarios –ZETA tiene copia–, pero no
contienen sellos de recibido.
Arturo Serratos
deduce que los transportistas no han sido debidamente notificados o por lo
menos la Secretaría General no les exhibió a los miembros de Cabildo los documentos
oficiales.
El Gobierno
Municipal no esconde los intereses políticos y los compromisos que guarda con
el sector transportista, consideró Serratos Tejeda, coordinador de la Comisión
de Administración.
(SEMANARIO ZETA/
REPORTAJEZ/Viridiana Talamantes /27 de Abril del 2015 a las 13:00:00)
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