Las argucias legales, los ataques y las fintas amenazan con volver interminable el litigio en el cual se enfrentan la periodista Carmen Aristegui y el Grupo MVS. Pero mientras las cosas siguen su lento camino en los tribunales, la prensa ha empezado a jugar un papel que se quiere ver como definitorio. Artículos y columnas periodísticos han empezado a ser esgrimidos como “pruebas” del consorcio de Joaquín Vargas para, entre otras cosas, desprestigiar al juez que amparó a la comunicadora.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El litigio entre Carmen Aristegui y Grupo MVS entrará en una nueva fase cuando el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, se pronuncie este lunes 27 frente a un caso que trascendió las esferas judiciales para entrar al terreno mediático a través de presiones, distorsiones informativas y columnas periodísticas cuyos textos se convierten en “prueba judicial” de la empresa de Joaquín Vargas para pedir la remoción del juez.
El abogado Xavier Cortina, quien encabeza con Javier Quijano la defensa de la periodista, explica a Proceso que hay tres posibles escenarios ante la decisión del juez: que conceda la suspensión definitiva del amparo 672/2015, lo que implicaría “la reinstalación de Carmen Aristegui en los términos tutelados por el contrato con MVS que está vigente”; que niegue la suspensión definitiva, lo cual implicará una prolongación del litigio judicial, o un escenario “muy remoto”, donde se podría pedir de nuevo la intervención del árbitro designado por ambas partes, José Woldenberg.
El miércoles 22 los tres magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal revocaron la suspensión provisional otorgada por el juez el lunes 13 y que proponía la reunión de común acuerdo entre Aristegui, los directivos de MVS y Woldenberg para llegar a una solución negociada.
Los magistrados María Gabriela Rolón Montaño, Óscar Fernando Hernández Bautista y María Guadalupe Saucedo, la ponente, determinaron –a menos de 24 horas de que los abogados de MVS interpusieran el recurso de queja ante ese tribunal colegiado– que la reunión de conciliación entre las partes ordenada por Silva García era improcedente, pero no negaron la jurisdicción del juez ni cuestionaron el fondo del litigio, que es la vigencia del contrato de Carmen Aristegui con Grupo MVS.
Para Cortina esta resolución fue “exprés”, pero advirtió que los jueces “no negaron la restitución del contrato que Aristegui había firmado con MVS y que fue violado al imponerse unos lineamientos editoriales que iban en contra de este contrato. Este es el fondo del asunto”.
Explica: “Es importante aclarar que el contrato de Aristegui con MVS es de carácter asociativo. Ella no era una empleada más del grupo. El contrato fue mediado, negociado por Carmen y MVS después de una experiencia previa de censura. Por eso se plantearon reglas para modificarlo, como fue la temporalidad, un Código de Ética con pleno respeto a la autonomía editorial y la participación de un árbitro consentido por ambas partes.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2008 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
(PROCESO/ Reportaje Especial / Seguir a @JenaroVillamil Jenaro Villamil/ 27 de abril de 2015)
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