FANTASMAS EN EL CLÓSET

Raymundo Riva Palacio

La cultura mexicana sobre el tema del conflicto de interés, es de opereta. Se enarbola como instrumento de golpeteo político en los momentos donde los grupos de interés miden sus fuerzas, y se guarda cuando la confrontación se deja atrás. Se argumenta con sofismas, donde para algunos ilegal es igual que ilegítimo, y para otros que sostienen que al no haber nada ilegal, tampoco es ilegítimo. Los dos casos son equívocos y contribuyen por igual a la opacidad con la que se desarrolla la sociedad política mexicana. De paso, impiden que se construyan mecanismos para reducir los márgenes de conflicto de interés en servidores públicos que beneficien a actores y audiencias por igual.

La semana pasada sucedieron dos eventos que muestran lo ramplón de la cultura política. El coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, renunció ante la presión pública que lo señalaba de incurrir en un conflicto de interés al ser funcionario federal y al mismo tiempo, consejero de la empresa española de generación de energía Iberdrola. Ramírez Stabros dejó el cargo no en reconocimiento que había incurrido en una falta de ética política –que ha afirmado tajantemente que no existió–, sino porque aferrarse al cargo empezó a tener un costo político para el Presidente.

Con el ruido de esa renuncia, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y miembro del Consejo de Administración de Sempra, la multinacional que distribuye energía eléctrica, fue designado por el Senado como integrante del comité técnico del nuevo Fondo Mexicano de Petróleo, que garantizará el manejo transparente sobre el uso de los ingresos petroleros. Criticado por sus intereses en una empresa energética, Téllez aseguró que su nombramiento estaba dentro de la ley, por lo que no incurría en falta ética alguna.

Téllez y Ramírez Stabros están mal. No se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal para colocarse en un conflicto de interés. Un conflicto de interés se presenta incluso, ante el potencial que exista del choque del interés público con el particular. En muchos casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. Por ejemplo, un pre-requisito con el presidente Barack Obama para que el senador John Kerry, casado con la multimillonaria heredera de la corporación Heinz llegara a secretario de Estado, fue que redujeran sus acciones en empresas estadounidenses y extranjeras, y sus activos en Bolsa, para evitar un posible conflicto de interés.

Es un asunto claro: la mejor forma de manejar un conflicto de interés, y evitar ser acusado de ello y lastimar a la institución para la que trabaja, es no tenerlo. Kerry no tiene problemas, pero un colega en ese gobierno, el vicepresidente Joe Biden, ha sido sujeto de crítica por estar en los linderos del conflicto de interés. En estos días volvió a ser sujeto de polémica, pues su hijo acaba de ser contratado por una compañía de Ucrania que promueve su independencia energética de Rusia, que es lo que Biden, como emisario de Obama, ha estado trabajando en Ucrania.

En los países más maduros, quienes asumen una posición pública suelen vender sus acciones o colocarlas en un fideicomiso, retirarse de todos los consejos de administración y dar a conocer todos sus activos. En México, ni siquiera las declaraciones patrimoniales completas, son una obligación moral darlas a conocer. Un conflicto de interés no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad.

En el caso de Téllez, una buena decisión por la experiencia del actual presidente de la Bolsa Mexicana, es lastimada por la dualidad de sus funciones. ¿Por qué no renunció al Consejo de Administración de Sempra? ¿Por qué no eliminó todo margen de sospecha? Esa dualidad de funciones afectará la credibilidad no sólo sobre él, sino sobre el nuevo instrumento financiero de la Reforma Energética. ¿Por qué sucedió el caso Stabros? ¿Cómo pudo haber trabajado para una empresa extranjera seis años como legislador, y trabajar en un gobierno que se embarcó en una profunda reforma energética? Las lecciones son públicas y no se quieren tomar en cuenta sus experiencias.

Pero una posibilidad está al alcance del gobierno: crear un mecanismo que antes que se anuncie cualquier nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para descubrir sus fantasmas en el clóset. Este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar todo aquello que pueda afectar al Gobierno. En lo personal, en lo político, en lo financiero, en todo lo que signifique riesgo de controversia –la OECD tiene un manual para administrar el conflicto de interés–. Se haría discreto, sin lastimar a la persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin dañar a sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá transparencia e inyectará credibilidad a los asuntos públicos, que buena falta les hace.

(ZOCALO/ COLUMNA  ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17 DE SEPTIEMBRE 2014)