MÉXICO,
D.F. (apro).- Desde Ginebra, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió al
gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación a fondo e independiente de la
presunta ejecución extrajudicial de que fueron víctimas 21 personas a manos de
miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, así
como otorgar garantías de seguridad para testigos de la matanza y periodistas
que revelaron los hechos.
En
un comunicado, los relatores especiales del organismo internacional sobre
ejecuciones extrajudiciales y sumarias y el de la libertad de expresión,
Christof Heyns y David Kaye, respectivamente, firmaron un pronunciamiento en el
que anuncian que se mantendrán al tanto de las investigaciones y de la
situación de seguridad de testigos y periodistas.
Heyns,
quien visitó México el año pasado, reconoció como un avance la detención de
ocho militares como presuntos responsables de la ejecución extrajudicial de
supuestos delincuentes en la localidad de Cuadrilla Nueva el 30 de junio de
este año.
Tras
insistir en que el gobierno de Peña Nieto “tiene la obligación de investigar a
fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones
extralegales, arbitrarias o sumarias”, recordó la condición de ilegalidad en
que caen los cuerpos policiacos y armados que recurren al uso desproporcionado
de la fuerza.
“Sólo
se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente
necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea
estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro
inminente de muerte o lesiones graves”, apuntó Heynes al considerar que por la
información recabada “este no fue el caso de Tlatlaya”.
En
el comunicado se dio cuenta de que los hechos ocurrieron durante una operación
militar en contra de presuntos delincuentes, y que en esos acontecimientos
sobrevivieron tres mujeres, dos de las cuales fueron presuntamente detenidas
por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado
Al
reconocer que una investigación periodística reveló la presunta ejecución
sumaria a través del testimonio de una de las sobrevivientes, Heynes y el
relator sobre libertad de expresión, David Kaye, pidieron a Peña Nieto
“proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio
testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el
periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de
comunicación que lo publicaron”.
Kaye
“exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los
trabajadores de los medios en cuestión”.
Sobre
la presunta masacre de Tlatlaya, miembros de organizaciones de derechos humanos
se pronunciaron por que la matanza quede totalmente esclarecida por la
Procuraduría General de la República (PGR) y manifestaron su extrañeza por la
tibieza con que se ha conducido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
para abordar el caso.
Durante
el segundo coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”,
los defensores Luis Ernesto López Portillo Vargas, María Luisa Aguilar y Mario
Santiago Juárez, cuestionaron la reacción tardía del gobierno federal a través
de la Procuraduría General de la República (PGR) para tomar las
investigaciones, en tanto que la Procuraduría de Justicia Militar anunció el
procesamiento por “faltas y delitos a la disciplina militar”.
Mario
Santiago Juárez, jefe de investigación y documentación en el Museo de
Constituciones de la UNAM, recordó que antes de la reforma al Código de
Justicia Militar de abril de este año, los casos de abusos cometidos por
efectivos castrenses no eran castigados porque las fuerzas armadas “eran juez y
parte, y todo quedaba entre amigos”.
Luego
de señalar que una vez que la justicia civil a través de la PGR y el Poder
Judicial federal tomen el caso, “podremos saber qué en este asunto y darle un
mayor seguimiento”.
El
activista y académico criticó que a través de los medios de comunicación es que
se haya revelado incluso que el pelotón al que se le responsabiliza de la
matanza ya tuviera antecedentes, “y la CNDH no tenía ese dato o no lo había
dado a conocer, por eso creo que la impunidad generalizada se debe a que el
Estado no intenta investigar ni sancionar a responsables y ese sentido la CNDH
es parte de esa impunidad porque sus recomendaciones han sido tibias y no ha
utilizado todas sus facultades constitucionales y legales para detenerla”.
María
Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan, resaltó que tras la reforma al Código de Justicia Militar “desde
el 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional estaba obligada a dar parte
a la PGR para que tomara la investigación”.
Alertó
sobre el riesgo de que las pruebas que incriminen a mandos militares hayan sido
alteradas en el caso Tlatlaya, y recordó que en el caso de la ejecución
extrajudicial cometida por militares en 2010, la del indígena nahua Bonfilio
Rubio Villegas, la intromisión militar ha derivado en que el único acusado
tenga cargos por homicidio culposo.
Al
señalar que el caso de Rubio Villegas fue el primero en que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) calificó como inconstitucional los ordenamientos
del código de justicia militar que permitían a los militares investigarse a sí
mismos en casos de violaciones a derechos humanos de civiles, la abogada dijo
que “el gran reto es para las autoridades civiles de sancionar adecuadamente
los hechos, porque de cualquier forma la justicia militar sigue llevando a cabo
investigaciones”.
Ernesto
López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia
(Insyde), cuestionó que la PGR no haya emitido ninguna orden de aprehensión y
que hasta ahora pretenda enviar peritos al lugar de los hechos, a más de un mes
de los acontecimientos.
Para
el defensor, lo lamentable de los hechos de Tlatlaya radica en que tanto
autoridades judiciales como el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia
Villanueva, hayan emitido pronunciamientos apresurados antes de realizar
investigaciones y que después fueron desmentidos con la investigación
periodística.
“Está
a prueba la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto para sujetar a controles
a las fuerzas armadas (…) sigue habiendo una enorme dificultad para establecer
responsabilidades claras, no políticas sino jurídicas sobre los miembros de las
fuerzas armadas, y Tlatlaya debería y podría ser un ejemplo de cómo están
dispuestos a avanzar con las consecuencias jurídicas si se prueba que estamos
ante ejecuciones extrajudiciales, que por lo demás se trata de una de más
graves violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
López
Portillo cuestionó que pese a la fuerte presencia militar en el país, la CNDH
haya disminuido el número de recomendaciones a la Sedena, a pesar de que
organizaciones civiles y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) refieren la persistencia de los abusos cometidos por las fuerzas
castrenses.
Después
de destacar que en 2009 cerca de 40% de las recomendaciones emitidas por el
organismo eran dirigidas a la Sedena, que en 2013 ese porcentaje cayó a 3.4, y
que lo que va de este año no hay una sola recomendación al Ejército, el
director de Insyde puntualizó: “No es creíble que no existan violaciones a
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, o en su caso que el
ombudsman diga por qué no recomienda y que nos explique cuáles son sus
criterios para por un lado recibir quejas y no producir recomendaciones frente
a las fuerzas armadas, todo indica más una posición política más que técnica, y
eso es lo que produce tal nivel de sospechas”.
(RIODOCE/
REDACCION/ septiembre 29, 2014)
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