Reciben 100 mil pesos extras al mes, sin obligación de comprobar el gasto
MEXICALI.- Todo parece indicar
que el grave conflicto que se registra hacia el interior del XXI
Ayuntamiento de Mexicali, ha sido generado por un asunto de pesos y
centavos, es decir, por las pretensiones económicas no cumplidas o
rechazadas de los regidores y síndico social y procurador.
Mientras que fuentes dignas de crédito confirmaron que sí existió la
propuesta de que la Presidencia Municipal autorizara la entrega de una
“compensación especial” por un monto de 500 mil pesos a cada uno de
ellos por “desistirse” del proyecto de reforma al Reglamento Municipal
de Transporte para reintegrar las facultades en la materia a Cabildo, EL
MEXICANO obtuvo documentos que podrían probar que los ediles están
obteniendo ingresos por un monto de cien mil pesos mensuales adicionales
a sus sueldos y compensaciones.
Dichos ingresos extraordinarios, se les otorgan del presupuesto de la Oficina de Regidores, supuestamente para destinarlos a “apoyos de orden social” (80 mil pesos) y para “pago de asesores” (20 mil pesos), mismos que no son comprobables, es decir, solo se les expide el pago y los beneficiarios firman un recibo económico del mismo.
Lo anterior se pone de manifiesto en un par de documentos en que aparecen las rúbricas de los regidores y síndicos que aprobaron lo que se denomina “Acuerdo para el ejercicio y comprobación de los recursos destinados para apoyos de orden social, asignados para la Oficina de Regidores”, al que tuvo acceso EL MEXICANO y de los cuales se cuenta con copias fotostáticas.
Al parecer, el problema interno se gene-ró por la ambición de algunos de los regidores y síndicos, quienes no solamente obtuvieron el incremento arriba citado a la vuelta de seis meses, sino que ahora estarían pretendiendo abrogarse facultades ejecutivas para procurar ingresos adicionales en forma subrepticia, como al parecer ya estaría ocurriendo con regidores -o al menos su presidente-, que integran la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico, que desde la pasada administración tiene la atribución de decidir en materia de permisos de uso de suelo y concretamente para la autorización de fraccionamientos, y en la que se presume se estaría dando -por lo menos-, un descarado tráfico de influencias.
De acuerdo a informes fidedignos, en la mencionada comisión de trabajo del cuerpo edilicio se “atoran” -o se aceleran, según el caso-, muchos de los trámites que inician en la Dirección de Administración Urbana del Municipio, y muy concretamente en los que tienen que ver con la autorización de fraccionamientos, lo que ocurre desde que se le otorgó esa facultad ejecutiva en la pasada administración.
Se infiere, que dicha situación que al parecer estaría redituando algún ingreso “extraordinario” a algún edil (el presidente de la comisión es el regidor Alejandro Gudiño Flores), podría haber sido lo que despertó la ambición de otros miembros del mismo Cabildo, y que por ese motivo pretenderían la reforma al Reglamento Municipal de Transporte para abrogarse la facultad de decidir en materia de tarifas y concesiones del transporte público (de pasaje y carga) de Mexicali.
Incluso se insistió en que fue verídico el intento de chantaje al alcalde Jaime Díaz Ochoa, por parte del grupo de ediles que formó un bloque (son catorce, incluyendo a los síndicos), a quien se habría solicitado una “cuota” de 500 mil pesos para cada uno de ellos, a cambio de desistirse en dicho proyecto de reforma.
Supuestamente la propuesta se habría hecho a través de “un tercero” y que, al llegar a su destinatario, tuvo un contundente y definitivo rechazo.
“Está claro que lo que seguramente querrán todos o algunos de ellos, es también allegarse de algún recurso adicional, como supuestamente ya ocurre en la comisión que decide sobre los permisos de fraccionamientos, pero ahora decidiendo en el tema de las tarifas de los camiones y los taxis”, dijo la fuente consultada por EL MEXICANO.
AUTOPAGOS POR 102.5 MP
Dichas consideraciones surgieron luego de que este reportero tuvo en sus manos copias de los llamados “acuerdos para el ejercicio y comprobación de los recursos destinados para apoyos de orden social, asignados para la Oficina de Regidores”, en los que se describen los ingresos fuera de comprobación que se auto-otorgaron los integrantes del XXI Ayuntamiento de Mexicali y que ascienden a 100 mil pesos para cada uno de sus 17 integrantes.
Al parecer, acuerdos en los mismos términos se tenían en la pasada administración municipal, y su promotor habría sido alguien que perteneció o laboró en la misma.
Se aclaró a EL MEXICANO que el primer acuerdo se firmó en el mes de mayo y tuvo efectos retroactivos, y era para que, del presupuesto de la “oficina de Regidores”, se destinaran 50 mil pesos mensuales como “previsión presupuestal para apoyos de orden social”, cantidad que los beneficiarios no tendrán que comprobar “en virtud de que los apoyos otorgados por lo regular son de baja cuantía y resulta inoperante exigir a los beneficiarios la comprobación del gasto que efectúen con el apoyo recibido”.
Adicionalmente, recibieron del 1 de diciembre de 2013 al 30 de junio del 2014, otros 20 mil pesos mensuales (10 mil por quincena) para “contratar asesoría de cualquier índole y otros 2,500 pesos mensuales “a efecto de cubrir el bono correspondiente al mes de diciembre.
Los ediles tuvieron un incremento a ese ingreso extraordinario a partir del 1 de julio de este año y que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de este 2014, de tal forma que en lugar de los 50 mil pesos “no comprobables y para apoyos de orden social”, han empezado a recibir 80 mil pesos por mes, mismos que son entregados los días 15 de cada mes. Las otras cifras también se sostienen, aunque en los mismos términos.
Cabe mencionar que según el portal de transparencia del Ayuntamiento, cada regidor y síndicos obtienen un ingreso de 71 mil 225 pesos por concepto de suelto, aunque se asegura que se les retienen poco más de 17 mil 800 de Impuesto Sobre la Renta.
Los regidores y síndicos que integran el XXI Ayuntamiento y que firmaron el mencionado acuerdo, son Alejandro Gudiño Flores, Ramón Abraham Medina Jiménez, Ignacio Sánchez Lúa, Carmen Alicia Arámburo León, Efraín Monreal Gastélum, Jorge Eugenio Núñez Lozano, María Alicia Martínez Mendoza, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, César Valerio Castillo, Jorge Camacho Alvarez, Silvia Guadalupe Guerra Rivera, Brenda Araceli Castro Angulo, Mayra Alejandra Flores Preciado, David Reynoso González, Job Montoya Gaxiola, Humberto Zúñiga Sandoval (síndico procurador) y Francisco Javier Fimbres Gallego (síndico social).
(EL MEXICANO/ Alberto VALDEZ 08 DE AGOSTO 2014)
Dichos ingresos extraordinarios, se les otorgan del presupuesto de la Oficina de Regidores, supuestamente para destinarlos a “apoyos de orden social” (80 mil pesos) y para “pago de asesores” (20 mil pesos), mismos que no son comprobables, es decir, solo se les expide el pago y los beneficiarios firman un recibo económico del mismo.
Lo anterior se pone de manifiesto en un par de documentos en que aparecen las rúbricas de los regidores y síndicos que aprobaron lo que se denomina “Acuerdo para el ejercicio y comprobación de los recursos destinados para apoyos de orden social, asignados para la Oficina de Regidores”, al que tuvo acceso EL MEXICANO y de los cuales se cuenta con copias fotostáticas.
Al parecer, el problema interno se gene-ró por la ambición de algunos de los regidores y síndicos, quienes no solamente obtuvieron el incremento arriba citado a la vuelta de seis meses, sino que ahora estarían pretendiendo abrogarse facultades ejecutivas para procurar ingresos adicionales en forma subrepticia, como al parecer ya estaría ocurriendo con regidores -o al menos su presidente-, que integran la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico, que desde la pasada administración tiene la atribución de decidir en materia de permisos de uso de suelo y concretamente para la autorización de fraccionamientos, y en la que se presume se estaría dando -por lo menos-, un descarado tráfico de influencias.
De acuerdo a informes fidedignos, en la mencionada comisión de trabajo del cuerpo edilicio se “atoran” -o se aceleran, según el caso-, muchos de los trámites que inician en la Dirección de Administración Urbana del Municipio, y muy concretamente en los que tienen que ver con la autorización de fraccionamientos, lo que ocurre desde que se le otorgó esa facultad ejecutiva en la pasada administración.
Se infiere, que dicha situación que al parecer estaría redituando algún ingreso “extraordinario” a algún edil (el presidente de la comisión es el regidor Alejandro Gudiño Flores), podría haber sido lo que despertó la ambición de otros miembros del mismo Cabildo, y que por ese motivo pretenderían la reforma al Reglamento Municipal de Transporte para abrogarse la facultad de decidir en materia de tarifas y concesiones del transporte público (de pasaje y carga) de Mexicali.
Incluso se insistió en que fue verídico el intento de chantaje al alcalde Jaime Díaz Ochoa, por parte del grupo de ediles que formó un bloque (son catorce, incluyendo a los síndicos), a quien se habría solicitado una “cuota” de 500 mil pesos para cada uno de ellos, a cambio de desistirse en dicho proyecto de reforma.
Supuestamente la propuesta se habría hecho a través de “un tercero” y que, al llegar a su destinatario, tuvo un contundente y definitivo rechazo.
“Está claro que lo que seguramente querrán todos o algunos de ellos, es también allegarse de algún recurso adicional, como supuestamente ya ocurre en la comisión que decide sobre los permisos de fraccionamientos, pero ahora decidiendo en el tema de las tarifas de los camiones y los taxis”, dijo la fuente consultada por EL MEXICANO.
AUTOPAGOS POR 102.5 MP
Dichas consideraciones surgieron luego de que este reportero tuvo en sus manos copias de los llamados “acuerdos para el ejercicio y comprobación de los recursos destinados para apoyos de orden social, asignados para la Oficina de Regidores”, en los que se describen los ingresos fuera de comprobación que se auto-otorgaron los integrantes del XXI Ayuntamiento de Mexicali y que ascienden a 100 mil pesos para cada uno de sus 17 integrantes.
Al parecer, acuerdos en los mismos términos se tenían en la pasada administración municipal, y su promotor habría sido alguien que perteneció o laboró en la misma.
Se aclaró a EL MEXICANO que el primer acuerdo se firmó en el mes de mayo y tuvo efectos retroactivos, y era para que, del presupuesto de la “oficina de Regidores”, se destinaran 50 mil pesos mensuales como “previsión presupuestal para apoyos de orden social”, cantidad que los beneficiarios no tendrán que comprobar “en virtud de que los apoyos otorgados por lo regular son de baja cuantía y resulta inoperante exigir a los beneficiarios la comprobación del gasto que efectúen con el apoyo recibido”.
Adicionalmente, recibieron del 1 de diciembre de 2013 al 30 de junio del 2014, otros 20 mil pesos mensuales (10 mil por quincena) para “contratar asesoría de cualquier índole y otros 2,500 pesos mensuales “a efecto de cubrir el bono correspondiente al mes de diciembre.
Los ediles tuvieron un incremento a ese ingreso extraordinario a partir del 1 de julio de este año y que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de este 2014, de tal forma que en lugar de los 50 mil pesos “no comprobables y para apoyos de orden social”, han empezado a recibir 80 mil pesos por mes, mismos que son entregados los días 15 de cada mes. Las otras cifras también se sostienen, aunque en los mismos términos.
Cabe mencionar que según el portal de transparencia del Ayuntamiento, cada regidor y síndicos obtienen un ingreso de 71 mil 225 pesos por concepto de suelto, aunque se asegura que se les retienen poco más de 17 mil 800 de Impuesto Sobre la Renta.
Los regidores y síndicos que integran el XXI Ayuntamiento y que firmaron el mencionado acuerdo, son Alejandro Gudiño Flores, Ramón Abraham Medina Jiménez, Ignacio Sánchez Lúa, Carmen Alicia Arámburo León, Efraín Monreal Gastélum, Jorge Eugenio Núñez Lozano, María Alicia Martínez Mendoza, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, César Valerio Castillo, Jorge Camacho Alvarez, Silvia Guadalupe Guerra Rivera, Brenda Araceli Castro Angulo, Mayra Alejandra Flores Preciado, David Reynoso González, Job Montoya Gaxiola, Humberto Zúñiga Sandoval (síndico procurador) y Francisco Javier Fimbres Gallego (síndico social).
(EL MEXICANO/ Alberto VALDEZ 08 DE AGOSTO 2014)
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