Al instalar el organismo, el gobernador Javier Duarte dijo que para
que haya resultados tangibles será vital hacer una revisión de los
llamados “giros negros”.
“Hay que revisar las licencias; mientras existan un mayor número de
estos giros, aumenta el índice delictivo de este tema en particular.
Sabemos que jóvenes que son sustraídos del seno familiar van a dar a
este tipo de establecimientos, por eso tenemos que regularlos y ser más
enérgicos”, apuntó.
El mandatario estatal sostuvo que así como la entidad ha logrado
asestar los mayores golpes en materia de secuestro, la nueva Comisión
deberá trabajar para erradicar la trata de personas de la mano de la
Alerta Ámbar y la Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
Acompañaron a Duarte a la instalación de la Comisión la presidenta
del Congreso local y exreina del Carnaval de Veracruz, Anilu Ingram; el
procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo; el secretario de
Gobierno, Erick Lagos; la diputada federal Leticia López Landeros; la
presidenta de la organización “Unidos contra la Trata de Personas”, Rosy
Orozco, y la subsecretaria en materia de Derechos Humanos de
Gobernación, Lía Limón García.
En la ceremonia ninguno de los oradores hizo alusión a los
antecedentes del nuevo integrante de la Comisión Interinstitucional para
Prevenir, Atender y Sancionar la Trata de Personas, el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, Lezama Moo.
El nombre del funcionario del Poder Judicial local aparece en
diversas ocasiones en la investigación ministerial 947/2012
VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona
Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro
Alberto Huesca Barradas, actualmente desaparecido.
En dicha investigación se asienta la declaración ministerial de los
supuestos zetas Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo
Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes señalaron
a 10 funcionarios de la PGJ como colaboradores a sueldo de la
organización delictiva, entre ellos Lezama Moo y el subprocurador Jorge
Yunis Manzanares.
En el expediente, cuyo contenido fue abordado por el semanario
Proceso en su edición 1881, Fuentes Letelier, Trejo Cruz y Valdez
Ramírez aseguran que Marco Antonio Lezama cobraba 80 mil pesos mensuales
a Los Zetas, a cambio de “entregar” vehículos y tráileres, y “liberar” a
integrantes de ese grupo criminal “sin ningún trámite” de por medio.
Como subprocurador de Justicia en la región Xalapa, Lezama Moo
también se hizo famoso después de que el 19 de junio de 2013, en un
evento del Poder Judicial, señaló que la mayoría de las personas
“desaparecidas” y “levantadas” en Veracruz se iban con “la amante” o con
“el amiguito”.
Esa declaración causó gran molestia entre los usuarios de las redes
sociales y en el Colectivo por la Paz en Veracruz, entidad donde se
tienen contabilizadas más de 600 desapariciones en lo que va del
sexenio.
“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el
novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue
con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va
por el mal camino. Se va a la delincuencia organizada, hay de todo, y a
ese desaparecido también se le busca y se le da el mismo trato”, sostuvo
el magistrado en aquella ocasión.
Entrevistada por separado, la presidenta de “Unidos contra la Trata
de Personas”, Rosy Orozco, comentó que tratantes de blancas han señalado
que los municipios de Acayucan, Veracruz, Xalapa, Misantla, Naolinco y
Córdoba son tierra fértil para que se cometa ese delito.
El “enamoramiento” de jóvenes foráneos que visitan el estado y que
fingen tener deudas, así como las agencias falsas de edecanes, son los
modus operandi que utilizan los tratantes de blancas en estados como
Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Por su parte, la subsecretaria Lía Limón pidió continuar con la
estricta “vigilancia” y “monitoreo” de los anuncios clasificados de
índole sexual en los periódicos. Eso, apuntó, será vital para combatir
los delitos de trata de personas y atender a las víctimas.
La funcionaria federal aseguró que el gobierno de Enrique Peña tiene
como una de sus prioridades “coordinar” con cada una de las entidades
federativas la atención, sanción y erradicación de la trata de personas.
/ 8 de agosto de 2014)
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