MÉXICO, D.F.
(apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al
gobierno de Enrique Peña Nieto un informe sobre las medidas de protección al
pueblo yaqui por la construcción del Acueducto Independencia en el estado de
Sonora.
Además, el organismo
dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una explicación por el
incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) que ordenó la realización
de una consulta libre e informada sobre el megaproyecto.
El pasado 23 de
julio, el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna, informó que la CIDH hizo llegar
una comunicación formal al Estado mexicano en la que le solicita información
sobre el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la tribu yaqui
“para salvaguardar su supervivencia cultural, que se encuentra en riesgo por la
operación del Acueducto Independencia y la inejecución de la sentencia de la
SCJN del 8 de mayo de 2013”.
A partir de la fecha
de notificación, agregó el dirigente indígena, el Estado mexicano tendría siete
días para dar cuenta de la construcción y operación del Acueducto, de las
medidas tomadas para cumplir con la sentencia y de “las medidas adoptadas para
garantizar la salud y alimentación de los integrantes de la tribu yaqui”.
El fallo de la SCJN
dejó sin efecto la autorización que dio la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) al estudio de impacto ambiental para la
construcción y operación del Acueducto, y ordenó que se repusiera el procedimiento
con un proceso de consulta previo, libre e informado a la tribu yaqui, que
debió realizarse porque se trata de un proyecto que podría impactar en la
propiedad, derechos y recursos naturales de las comunidades indígenas.
En 1940 el
presidente Lázaro Cárdenas reconoció en un tratado de paz el territorio,
gobierno y leyes internas de la tribu yaqui, que incluye el derecho a la
explotación anual de mil 250 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui,
cantidad de líquido que año con año se ha reducido por el trasvase a la presa
La Angustura y los escurrimientos de las cuencas de la región.
En vísperas de que
arribe a la Ciudad de México una caravana de yaquis provenientes de Sonora,
para exigir el cumplimiento de la sentencia, el dirigente indígena consideró
que el comunicado de la CIDH da una nueva oportunidad al Estado mexicano para
que acate el ordenamiento y se apegue a
la legalidad “garantizando los derechos humanos, el principio de persona
y el cumplimiento con la legislación ambiental, todo lo cual se debe traducir
en la suspensión del Acueducto Independencia”.
Mario Luna recordó
que la obra fue “licitada, construida y está en operación sin haber respetado
cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación,
que obligaban al Estado mexicano a interrumpirla”.
La tribu yaqui
recurrió a la CIDH en diciembre de 2010, luego de haber agotado las instancias
legales para impedir la construcción del Acueducto Independencia.
Luego de señalar que
dos suspensiones están vigentes, Luna se quejó de la operación irregular del
Acueducto, pese a los recursos legales que ganó la tribu yaqui, sin considerar
que “se está ocasionando un daño irreversible a nuestro pueblo, pues están
extrayendo el agua que requerimos para nuestra sobrevivencia”, sostuvo.
El vocero indígena
acusó al gobierno de Guillermo Padrés Elías de alentar “el encono hacia la
tribu yaqui a través de una campaña de desinformación, en donde se difunden
mensajes falsos, engañosos y de mala fe, cuyo objetivo es crear un ánimo hostil
de los pobladores de Hermosillo hacia nuestro pueblo”.
La caravana de la
tribu yaqui arribará al Distrito Federal el próximo viernes 8, con el objetivo
de reunirse con autoridades federales para demandar el cumplimiento de la
sentencia 631/2012 de la SCJN.
(DOSSIER
POLITICO/Gloria Leticia Díaz / Proceso/2014-08-07)
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