SANTA CRUZ ITUNDUJIA, Oax., 4 de agosto (apro-cimac).- Desde
hace 13 años, Irene Cruz Zúñiga, una indígena de origen mixteco, vive
postrada en una cama.
Una deficiente práctica médica durante el nacimiento de su hijo
Epafrodito, la condenó a vivir sin poder moverse y, peor aún, a perder
el habla. Se comunica con su familia con gemidos y sonidos que hace con
su garganta.
El de Irene es un caso emblemático de morbilidad materna — secuelas
en la salud por complicaciones en el parto, embarazo o puerperio–,
violencia obstétrica, falta de acceso a la justicia y de reparación
integral del daño, así como de vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos.
“Cuando mi hermana salió de la casa para aliviarse, alcanzó a voltear
y me dijo ‘luego seguimos platicando’. Tengo 13 años esperando esa
plática”, dice en entrevista Carlos Cruz Zúñiga, sentado en medio de la
habitación de adobe que Irene comparte con sus padres y su hermana
menor.
Ese espacio hace las veces también de comedor, sala y dormitorio.
La familia Cruz Zúñiga vive en Barranca Fiera, uno de los parajes que
integran la comunidad de Morelos, localidad del municipio de Santa Cruz
Itundujia, Oaxaca. El nombre del paraje se debe a una caída de agua
ubicada en la zona, pero bien podría describir la condición de
inaccesibilidad a servicios básicos en la que viven sus habitantes.
Con la voz entrecortada, Carlos recuerda que él y su hermana pasaron
su infancia jugando entre los árboles, mientras que su juventud la
dedicaron a la pizca de café en los municipios vecinos.
Ella se casó a
los 25 años de edad y tenía la ilusión de formar una familia grande. Su
primer y único embarazo ocurrió un año después.
Irene dio seguimiento a su embarazo con las brigadas médicas
voluntarias que cada mes visitaban Barranca Fiera. En esos años, la
comunidad de Morelos, y en particular la colonia, carecían de servicios
de salud.
En 2008 se inauguró un centro de salud, pero actualmente no atiende
emergencias médicas, situación que abre la puerta a que historias como
la de Irene se repitan.
Parto complicado
La noche del 20 de junio de 2001, Irene sintió dolores de parto. Como
era la tradición de la comunidad, fue auxiliada por una partera. Sin
embargo, pasaron las horas y el producto “no se acomodó”, así que la
partera la mandó a la unidad de salud “más cercana”… a dos horas de
distancia.
Al día siguiente, su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus
padres, Enrique Cruz y Maura Zúñiga García, la llevaron a Santa Cruz
Itundujia donde no recibió atención porque carecían del equipo necesario
para emergencias obstétricas.
Como no había ambulancia, una camioneta del municipio llevó a Irene
al Hospital Rural del IMSS más cercano, ubicado en el municipio de
Tlaxiaco. Tuvieron que recorrer dos horas más en un camino de
terracería.
Finalmente, la madrugada del 22 de junio Irene fue sometida a una
cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico, también le
implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento ni
el de su familia. Hasta la fecha, desconocen si el DIU fue implantado o
no, pues no se dio seguimiento ginecológico.
Horas después del parto, su esposo recibió la noticia: Irene y su
hijo estaban graves. Sin más información, trasladaron a Irene al
Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso del sector salud estatal,
situado a tres horas de distancia en la capital del estado.
De acuerdo con el expediente médico, la paciente salió de Tlaxiaco
con un pronóstico de “Glasgow” –escala que evalúa el nivel de conciencia
de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico– de “bueno
para la vida, malo para la función”.
En el Hospital Civil le diagnosticaron “encefalopatía hipóxica
isquémica”, es decir, pérdida total de la movilidad y razonamiento.
Anestesia sin control
Maura, madre de Irene, cuenta en entrevista que las horas en Tlaxiaco
mientras duraba la operación fueron de completa incertidumbre, pero
debido al cansancio de los trayectos, se fue a descansar a casa de unos
familiares.
“Me iba a acostar y llegó mi esposo a decirme que Irene estaba mal y
que la iban a llevar a Oaxaca, que yo tenía que quedarme a cuidar al
bebé”, contó.
Desde entonces a la fecha, Maura está a cargo de Epafrodito, quien
“pasó ocho días en la incubadora y para que me lo pudiera traer a la
casa me enseñaron a alimentarlo con fórmula y leche en polvo. Al
principio era bien complicado, yo ya no estaba en edad de cuidar bebés.
Con el paso del tiempo tuve que dividir mi tiempo para cuidar al bebé y a
Irene”.
Afortunadamente, dice la mujer, su nieto ya creció y se vale por él
mismo. “Ahora sólo me levanto a hacerle su atole antes de las 5:30 de la
mañana, cuando sale para caminar hasta la secundaria. Cuando toda la
familia se va, yo le hablo a Irene con la esperanza de que se levante un
día y vuelva a platicar conmigo”, dice. Por ahora la comunicación con
su hija se reduce a miradas y parpadeos.
Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en medicina
interna del Hospital Civil. “Nuestra forma de estar ahí era tender un
cartoncito para dormir”, recuerda su hermano Carlos.
“Era muy doloroso ver a mi hermana con tubos, estaba irreconocible.
Ya no teníamos dinero y los médicos nos dijeron que si pasaba un poco de
té y atole por la boca podíamos alimentarla en casa”. Y como lo logró,
la dieron de alta.
“Primero la reingresamos al hospital de Tlaxiaco, donde estuvo 15
días, pero los desgastes económicos ya eran bastantes y decidimos
traerla al cuarto. A partir de entonces nos hacemos cargo de ella, un
tiempo intentamos que fuera a rehabilitación, pero el dinero que sacamos
del campo no nos rindió”, relata Carlos.
Enrique, padre de Irene, explica que fue hasta 2012 –once años
después— que a consecuencia de un peritaje médico, supieron que la
anestesióloga colocó el sedante sin controlar la presión, lo que provocó
varios paros cardiacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro
y finalmente le provocaron la inmovilidad que hoy padece.
Para soportar la situación, tuvo que incrementar su jornada en el
campo para mantener a su nieto y al volver a casa “en lugar de descansar
debo mover a mi hija de posición para que no le salgan llagas”.
Mientras hace tortillas a mano, Enimia Cruz Zúñiga, hermana menor de
Irene, cuenta que desde los 21 años dedica parte de su vida a cuidar a
su hermana y a su sobrino. “Mi día empieza desde las cinco de la mañana y
acaba a las nueve de la noche”. Lo más difícil, reconoce, es lograr que
Irene coma.
Enimia decidió no casarse ni tener hijos. “Lo que le sucedió a mi
hermana me creó desconfianza, sentí que me podía pasar algo igual y
tener un sufrimiento así. Me afectó mucho y hasta ahorita tengo miedo”,
comenta. También olvidó sus planes de salir de la comunidad y trabajar.
Dice sentirse defraudada por los servicios de salud y asegura que ser
mujer en su comunidad es “muy difícil”. Y sin saber mucho de cómo
funciona el sistema sanitario, considera que para evitar más casos como
el de su hermana “necesitamos una doctora, pues ella es de más confianza
para las mujeres, para que no de repente lleguen a manos de alguien que
no conocen y no saben cómo las va a tratar”.
Delito impune
Durante la estancia de Irene en el Hospital Civil de Oaxaca, su
esposo, Alberto Núñez Cruz, comprendió que el caso no era algo “que
simplemente había ocurrido por mala suerte”. Entonces empezó su
exigencia de justicia y presentó una demanda por negligencia médica. Fue
al Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de
Oaxaca el 30 de junio de 2001.
Carlos, hermano de Irene, asegura que por dos meses su cuñado pudo
pagar “unos abogados que parece que no hicieron nada por el caso. Ya
habíamos ido en tres o cuatro ocasiones a Tlaxiaco para que nos
explicaran por qué mi hermana había salido así, si estaba perfectamente
bien, pero todos nos cerraron las puertas”.
La situación económica de la familia obligó a Alberto a emigrar a
Estados Unidos. Y aunque volvió por un tiempo, se marchó de nuevo y
hasta hoy la familia desconoce su paradero. Nadie dio seguimiento al
proceso judicial.
Pese a la denuncia, la familia nunca recibió notificaciones o
información relativa al curso de la investigación y al proceso legal.
Fue hasta 2010, con el relevo en el gobierno estatal, que el expediente
fue desempolvado. La familia fue citada a declarar nuevamente en la
capital del estado.
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió
dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso, ya que tardó mucho
tiempo en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes
correspondientes y el expediente quedó almacenado por años.
Hasta el 19 de octubre de 2011, la Procuraduría declinó la
competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), en
razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS,
dependencia del orden federal. Entonces se inició la averiguación previa
AP/PGR/OAX/HL/195/2011.
Nueve meses después, el 6 de julio de 2012, la PGR encontró a María
de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable
responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de
responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio
indebido del servicio público. Por ello, solicitó su detención.
El 21 de agosto siguiente, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto
de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero, tras pagar una fianza,
interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal
Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.
Reparación del daño
En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del
Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito,
resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje
antropológico con perspectiva de género para tener mayor conocimiento
del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen
indígena.
Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un Amicus
Curiae –argumento jurídico de especialistas sobre un caso judicial–,
elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, que recomendó medidas de reparación integral del daño por
parte de autoridades estatales y federales para las víctimas: Irene, su
hijo y su familia.
En su fallo, el magistrado consideró que las lesiones y daños
sufridos por Irene aún existían. Por lo tanto, determinó que era
necesaria la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas.
Como se determinó que el delito prescribió –ya que el Código Penal
estatal establece una temporalidad de diez años para el tipo de lesiones
culposas–, el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pidió al
Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una indemnización y
rehabilitación. Además, exigió implementar medidas para garantizar que
no se repita la situación en las distintas dependencias del sector
salud, aunque no precisó qué le corresponde a cada una.
Para la abogada de la familia, Jaqueline Sáenz, el caso sienta un
precedente pues es uno de los pocos que obtuvo una resolución que
considera las afectaciones individuales, familiares y colectivas, además
de que plantea las formas en que se debe lograr una reparación integral
del daño.
Daniela Ramírez Camacho, maestra en Ciencia Política y quien junto
con el doctor en Antropología Juan Carlos Martínez Martínez, elaboró el
peritaje antropológico del caso, explica que Irene sufrió diversas
violaciones a sus Derechos Humanos (DH), sobre todo en su salud sexual y
reproductiva, su integridad personal, acceso a la justicia y la
reparación integral del daño. Todo eso, enmarcado en un clima de
discriminación y segregación contra las mujeres indígenas.
La especialista considera que las violaciones a los DH son claras
desde antes del parto: La falta de accesibilidad y las condiciones
precarias de los servicios –que le hicieron recorrer grandes
distancias–, son una muestra de que el Estado mexicano no garantizó
plenamente su derecho a la salud.
Además, aunque se ignora si le colocaron el DIU, la sola instrucción
de hacerlo indica un mal proceder médico, violencia obstétrica y una
violación a los derechos reproductivos; aunado a ello, se suman las
omisiones que impidieron que Irene accediera a la justicia de manera
expedita.
A decir de Ramírez Camacho, una vez que las dependencias asuman su
responsabilidad, el caso de Irene podría contribuir a fortalecer la
visión de justicia y de reparación del daño, ya que las medidas van
desde que ella y su hijo tengan servicios de salud de por vida, que él
reciba una beca escolar y que el Estado remunere económicamente los
cuidados que les han brindado sus parientes.
Los pendientes
Una de las medidas ordenadas por el magistrado para el sector salud
fue el mejoramiento de los servicios en la comunidad de Morelos para
garantizar que no se repita el caso de Irene.
Faustino Romero García, policía de esa comunidad, reconoce que el
centro de salud inaugurado en 2008 a veces no cuenta con los insumos
suficientes y los pobladores deben pagar los gastos del médico pasante
que los atiende.
Agrega que carece de una ambulancia, por lo que los traslados a
hospitales cercanos son complicados y representan un gasto considerable
para las familias.
Centolia López, una de las dos mujeres que fue agente de policía en
la comunidad, asegura que se necesita un médico de planta comprometido
en atender a las mujeres. “Que tenga el entendimiento de que en el
pueblo las que van a ser madres tendrán más confianza si las atiende una
mujer”. Incluso, sugiere que las parteras pueden incorporarse a esta
atención.
Florencia Zamora Muñoz, Doña Lenchita, única partera en la comunidad,
asegura que aunque los médicos y las parteras tengan visiones distintas
de cómo se debe atender a una mujer, podrían trabajar en conjunto y
combinar los conocimientos científicos con su experiencia y sabiduría
ancestral, en vez de menospreciarla.
La antropóloga Mirna Cruz Ramos comenta que en México,
particularmente en Oaxaca, se debe avanzar hacia la construcción de un
sistema de salud intercultural que aplique tres modelos de atención:
tradicional, biomédico y doméstico. El propósito, dice, es lograr que se
respeten esos conocimientos y las mujeres indígenas puedan acceder a
servicios de salud que no perciban como ajenos.
Por lo pronto, Irene y su familia esperan la respuesta de las
autoridades involucradas en la reparación integral del daño, pues hasta
el momento dependencias como el IMSS y el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les han ofrecido algunos
beneficios o una especie de indemnización, pero nada se ha concretado.
Como muestra del desinterés del Estado mexicano por combatir la
muerte y morbilidad maternas, así como en garantizar el acceso a la
justicia a víctimas de violencia obstétrica, el caso de Irene será
expuesto en foros públicos.
De hecho, la violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas de
poblaciones vulnerables es un tema que ya se ha expuesto ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
/9 de agosto de 2014)
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