El énfasis de las licitaciones no debe estar en cuánto dinero se
generará en el momento, sino en tener servicios más baratos y
competitivos.
México.- A 21 años de haberse constituido la figura de las Administraciones
Portuarias Integrales (APIS) es necesario fortalecerla para tener mayor
autoridad en los puertos, fomentar la inversión privada y evitar que el
Estado pierda la rectoría, afirmó Fernando Ramos, presidente de la
Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI).
“Es urgente
tener un árbitro en los puertos, pues cada vez que un usuario tiene un
problema con una terminal, un ferrocarril o con un operador ¡solo voltea
a verse a sí mismo en un espejo!, no hay canales de comunicación, ni de
solución de controversias, no existe una verdadera autoridad
portuaria”, denunció el representante de transportistas, terminales y
navieras que operan carga por contenedor.
Tras la privatización en
los puertos se generaron monopolios y con ello problemas, en
consecuencia en las nuevas licitaciones el Estado no debe hacer énfasis
en cuánto dinero se generará en el momento; más que considerar los
recursos debe enfocarse en cómo generar servicios que en el mayor plazo
sean más baratos y más competitivos, sostuvo Fernando Ramos.
“Hoy
los altos costos que se tienen en los puertos en mucho se deben a cómo
se realizaron las licitaciones, a los altos montos de aprovechamiento
que deben pagar las terminales para operar”, explicó.
Debe haber
una reingeniería de las APIS, para que la iniciativa privada participe
de una manera más contundente, pero sin que el estado pierda la
rectoría, incluso conservando 51 por ciento del capital accionario.
De
acuerdo con el especialista en temas aduaneros y de transporte, se debe
fortalecer la institución de las APIS, pues sucede, por ejemplo, que un
funcionario de estos organismos debe de rendir los resultados como si
fuera una empresa, pero también debe ceñirse a las funciones de un
administrador público, “no les dan bonos, no les aumentan el sueldo, no
hay reparto de utilidades, y los gobernadores quieren meter mano, el
presidente municipal quiere influir, etcétera”.
Cabe señalar que
antes de la Ley de Puertos en 1993, los servicios portuarios los
prestaban exclusivamente empresas del sector paraestatal, tras la
privatización, se crearon las figuras de las APIS, como sociedades
mercantiles que mediante concesión para el uso, aprovechamiento y
explotación de un puerto o puertos, terminales e instalaciones, se
encargan de la planeación, programación, desarrollo, operación y
administración de los bienes y la prestación de todos los servicios
relativos a la carga.
Frente a las oportunidades que se abren con
la reforma energética para detonar la inversión en los puertos, Fernando
Ramos expuso que es necesario dar certeza jurídica para atraer al
capital privado, así como atender los pendientes de infraestructura.
Por
ejemplo, apuntó que con la reforma energética es viable tener recintos
fiscalizados estratégicos en los puertos y en México se tiene un gran
potencial para instalarlos en los puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas y
Manzanillo.
Agregó que desafortunadamente sobre el esquema de
recintos fiscalizados estratégicos, que se pueden equiparar con una zona
franca, libre de puestos, no existe una señal clara para considerar que
son un esquema atractivo; con la reforma a la Ley Aduanera se establece
que pueden existir este tipo de recintos en cualquier parte del país,
pero por otro lado, de acuerdo con el proyecto de plataformas logísticas
de la Secretaría de Economía, esta dependencia es la que establece en
qué lugar se deben de construir.
Las APIS
Las
16 APIS federales administradas por la SCT son Altamira, Coatzacoalcos,
Chiapas, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Mazatlán, Lázaro
Cárdenas, Progreso, Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan, Topolobampo y
Veracruz.
Las APIS estatales son Baja California Sur, Campeche,
Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas; mientras que las APIS controladas
por Fonatur son: Huatulco y Los Cabos.
La única API que tiene
concesión con inversión privada es Acapulco, es el modelo más avanzado
de inversión privada en puertos, por lo que generalmente es considerada
la única API privada.
(MILENIO/ Pilar Juárez/
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