"Los que no están legales habrán de formar parte de los más de 400 juicios
que ya tenemos iniciados y, si algunos más se habrán de sumar, serán
entonces más los juicios que enfrentaremos"
Alcalde de San Pedro
El
alcalde Ugo Ruiz anunció la posibilidad de derribar excedentes de
construcción en obras irregulares en San Pedro y de judicializar el
proceso que fracasó en la Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano.
El munícipe advirtió ayer que las medidas legales serán para los
edificios que no fueron avalados por el programa, pero también al resto
de los inmuebles con anomalías que rechazaron inscribierse a este
instrumento.
Hasta el momento, de los 11 desarrollos analizados por el cuerpo
ciudadano, 3 han sido aprobados por el Cabildo sampetrino para su
regularización con sus respectivas multas, luego de que violaron la
normativa municipal.
“Son 8 los expedientes que quedan pendientes y cada uno tiene una
variante distinta, así que si en algunos casos estamos hablando de
procedimientos para derrumbar o proceder con excedentes, pues lo
habremos de hacer”, mencionó Ruiz.
El Ayuntamiento de San Pedro estimó al principio 40 proyectos
susceptibles a regularización, pero sólo una decena de peticiones
planteadas por los desarrolladores ingresaron al programa.
Tras la sesión ordinaria de Cabildo, el edil dejó entrever que las
sanciones y litigios contra las obras irregulares abarcarán tanto a los
desarrollos inscritos en la Mesa de la Justicia, como al universo de
edificios que han infringido la ley.
“Los que no están legales habrán de formar parte de los más de 400
juicios que ya tenemos iniciados y, si algunos más se habrán de sumar,
serán entonces más los juicios que enfrentaremos.
“Los desarrollos que hayan entrado y que, por cuestiones jurídicas no
puedan dar esos pasos para regularizarse, habremos de enfrentarlos
conforme los reglamentos indican”.
Ruiz prevé que las negociaciones terminen en no más de dos semanas,
pero no aclaró qué recursos específicos podría promover el Municipio de
San Pedro, como juicios de lesividad para nulificar derechos adquiridos
mediante permisos ilegales.
“No vamos a regularizar nada que no se pueda regularizar. En ese
sentido, aquello que no quepa en lo jurídicamente permitido, pues
habremos de iniciar los procesos para llegar a las últimas
consecuencias”, se limitó a decir.
“Cada uno de los juicios tiene su avance, tiene su grado de reto
individual, donde lo que buscamos es que prevalezca un orden y que
prevalezca también una justicia”.
Reporte Indigo publicó ayer que la Mesa de la Justicia llegó a una
encrucijada legal entre imponer un castigo ejemplar a los constructores
que quebrantaron la ley, u optar por clausurar su trabajo sin cumplir
con los resultados prometidos.
Hace seis meses, fueron presentados los dictámenes técnicos-legales
de las obras irregulares que accedieron a ser evaluadas en el Programa
Temporal Único para la Restauración de la Legalidad y el Orden en el
Desarrollo Urbano de San Pedro.
El despacho González, Ramos, Benavides y Asociados, fue contratado
por el Ayuntamiento sampetrino para elaborar los análisis de los 11
desarrollos, que fueron entregados desde el pasado 18 de febrero a la
Mesa de la Justicia.
La abogada Rina Arely Ramos, quien encabeza la firma externa, dijo a
Reporte Indigo que presentó sus conclusiones a la exdirectora jurídica
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Rosa Aída del Bosque.
Durante la elaboración de los peritajes, el despacho acudió a la
mayoría de los inmuebles y elaboró tablas comparativas de los proyectos
con la normatividad vigente, donde se especificaban las anomalías.
Por su cuenta, la Secretaría de Desarrollo Sustentable prepara un
análisis en el que establece qué inmuebles podrán regularizarse, y
cuáles no, con el apoyo del despacho Quintero y Quintero Abogados.
Al estudio legal se sumó la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro, encabezada por Bernardo Bichara.
Un dilema se presenta en esta fase, pues algunos resolutivos vienen
en sentido negativo y la posibilidad de regularizar ciertos desarrollos
se contrapone a lo establecido por el Reglamento de Zonificación y Usos
del Suelo.
El grupo que hace el análisis revisa los expedientes de las obras
inscritas en el programa y se espera que próximamente dé a conocer en
sus conclusiones si cumplen con los requisitos para su aprobación.
La Mesa de la Justicia concluirá después de un calvario burocrático e
intensas negociaciones entre desarrolladores y autoridades.
El Alear, Helicón y Lucena, son los tres únicos inmuebles que han
sido aprobados por el Cabildo sampetrino para su regularización, a
cambio de que realicen obras públicas en beneficio de la sociedad por un
monto total de 37 millones 480 mil 600 pesos.
En un inicio, Ruiz esperaba recaudar 125 millones de pesos en
indemnizaciones, sin embargo, sólo con las multas a las edificaciones
que pasaron por todas las etapas suman casi una tercera parte de la
cifra estimada.
“(La negociación) está concluyendo.
“Yo no creo que tardemos mucho ya en definir si algún otro expediente
entra en el proceso, o si cerramos en definitiva la mesa”, dijo ayer
Ruiz.
Miércoles 23 de julio de 2014)
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