Desde febrero fueron entregados los dictámenes de los inmuebles con irregularidades para llegar a un acuerdo y enmendar su situación. Pero hasta la fecha solamente tres edificios han convenido pagar una suma
La Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano de San Pedro se tambalea.
Este polémico instrumento puede servir para imponer un castigo
ejemplar a los constructores que violaron la ley, u optar por clausurar
su trabajo sin cumplir con los resultados prometidos.
La apuesta de la administración del alcalde Ugo Ruiz para regularizar
obras que se saltaron la normativa está a unos días de concluir sus
funciones en medio de una encrucijada legal.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable prepara un análisis jurídico
en el que se establece qué inmuebles podrán regularizarse y cuáles no,
con el apoyo del despacho Quintero y Quintero Abogados, y la Dirección
Jurídica del Ayuntamiento sampetrino, encabezada por Bernardo Bichara.
El dilema es que algunos resolutivos vienen en sentido negativo y la
posibilidad de regularizar ciertos desarrollos se contrapone a lo
establecido por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San
Pedro.
El grupo que hace el estudio revisa cada uno de los 11 expedientes de
las obras inscritas en el programa y se espera que en los próximos días
dé a conocer en sus conclusiones si cumplen con los requisitos para su
aprobación.
En noviembre de 2013 fue instalada la Mesa de la Justicia, y desde
hace seis meses, en febrero pasado, fueron entregados a los integrantes
del cuerpo ciudadano los resultados de los dictámenes técnico-legales de
cada construcción.
El Municipio sostiene que este órgano sólo se encarga de establecer
las multas a los desarrolladores para resarcir el daño social que
causaron, pero en realidad fue creado con otro propósito.
Aunque los lineamientos oficiales de su creación establecen que
dentro del programa se decidirá cuáles obras son susceptibles a
regularizarse, Ruiz hoy asegura que esa atribución está en análisis.
La Mesa de la Justicia concluirá después de un calvario burocrático e
intensas negociaciones entre desarrolladores y autoridades.
Por lo pronto, los objetivos planteados no se han alcanzado, pues la
lista de construcciones regularizadas es muy inferior a la planteada en
un inicio.
El Ayuntamiento de San Pedro estimó al principio un universo de 40
proyectos que serían evaluados, pero sólo 11 peticiones planteadas por
los desarrolladores fueron admitidas en el programa.
De esa decena, únicamente tres han sido aprobadas por el Cabildo
sampetrino: El Alear, Helicón y Lucena, que se comprometieron a realizar
obras públicas en beneficio de la sociedad, por un total 37 millones
480 mil 600 pesos.
En un inicio, Ruiz esperaba recaudar 125 millones de pesos en
indemnizaciones, sin embargo, sólo con las edificaciones que han pasado
por el proceso suma una tercera parte de la cifra estimada.
“Son proyectos que en su momento incumplieron con autorizaciones
concedidas”, rememora en entrevista la abogada Rina Arely Ramos, quien
encabeza el despacho González, Ramos, Benavides y Asociados.
Esta firma jurídica fue contratada por el Ayuntamiento para elaborar
los dictámenes técnico-legales de los desarrollos evaluados.
“Yo creo que la Mesa de la Justicia fue un programa que tenía un
objetivo claro: que era buscar un vehículo legal de cómo hacer
regularizable lo que, obviamente, había dejado de serlo”, añade la
litigante.
El despacho entregó sus conclusiones desde el pasado 18 de febrero a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Durante la elaboración de los peritajes, la firma acudió a la mayoría
de los inmuebles y elaboró tablas comparativas de los proyectos con la
normatividad vigente, donde se especificaban las anomalías.
A lo largo de este proceso también se registraron bajas dentro del
organigrama de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio.
Hubo cambios de timón en esa dependencia durante la integración del
llamado Programa Temporal Único para la Restauración de la Legalidad y
el Orden en el Desarrollo Urbano de San Pedro.
Parte de la reestructuración interna fue la sustitución de Enrique
Ávila por Cecilia Ortiz, quien hace nueve meses dejó la Oficina
Ejecutiva de la Presidencia Municipal para convertirse en titular de la
institución.
Luego, el pasado 5 de junio, el alcalde anunció que había removido a
la funcionaria para regresarla a su antiguo puesto y dio a conocer a
Myrna Benavides como la actual secretaria de Desarrollo Sustentable.
El enroque en esta área se dio después de la aprobación de la primera fase del polémico proyecto Arboleda, en el Campestre.
También coincidió con la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano
20-30 de San Pedro, autorizado con reservas por el Ayuntamiento.
Otra de las bajas fue la de la exdirectora jurídica de la dependencia
municipal, Rosa Aída del Bosque, quien presentó su renuncia por
presuntos asuntos personales.
o exenta del escrutinio público, tras
varios escándalos mediáticos que levantaron fuertes críticas contra el
programa.
El derrumbe registrado a mediados de junio en una obra en
construcción en la avenida Gómez Morín, que provocó la muerte de tres
trabajadores, puso bajo los reflectores al desarrollador Miguel
Medellín.
El empresario es uno de los constructores que tiene inscritos dos
proyectos en el programa: Plaza Gómez Morín 202 y Plaza Hudson, que no
han sido regularizados ni multados.
Por otro lado, José Luis Bueno, responsable de la torre Gaia, reveló
que existía la posibilidad de renegociar los montos de castigo a los
desarrolladores, a pesar de que el alcalde había anunciado que existían
compromisos firmados por un grupo.
El promotor calificó como “derecho de piso” la multa de 32.5 millones
de pesos que la administración de Ugo Ruiz quiso imponerle de multa al
empresario, originario del Estado de México.
Martes 22 de julio de 2014)
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