EN LA ENERGÉTICA: DESPOJO Y OPACIDAD

* “A la hora de que concesionas y firmas un contrato con la iniciativa privada, las condiciones no están determinadas, lo que pudiera dar la opacidad. No vamos a saber ni ver ni cuándo, ni cómo, ni dónde se den las cosas”: economista Jorge Fonseca

* “Hay muchas trampas en las leyes, como es la falta de información a los ciudadanos, aun cuando se tiene una Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información”: politólogo Fernando González

* “Es un ataque a la propiedad de mexicanos, el establecer literalmente que la energía está por encima de cualquier otra utilización de la tierra, y que por tanto, el Estado está obligado a garantizar el servicio de la tierra como una obligación para que sus concesionarios lo utilicen”: senador Manuel Bartlett

En el terreno legislativo, la lucha contra la participación del sector privado en actividades energéticas está perdida. Los opositores de izquierda que van en sentido opuesto al bloque formado por PRI, PAN y partidos aliados, apuestan a la creación de una unidad social que como estandarte, tendrá la consulta popular el próximo año.

Aunque la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores, se prolongará hasta el lunes 21 de julio, según vaticinan legisladores, se prevé que los proyectos presentados por el Partido Revolucionario Institucional no sufran cambios, debido a la mayoría legislativa que ostentan.

“La alianza que está consolidada es PRI, PAN, (Partido) Verde… ellos cerrando el acuerdo tienen cien votos, y la nuestra, que es PT-PRD, tenemos 28 votos. Eso es lo que les ha dado la soberbia para hacer las cosas sin discutir en una mayoría artificial, que dicen representar la voluntad del pueblo de México y que más bien la están suplantando”, espeta en entrevista con ZETA el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

La aprobación del paquete legislativo en la sesión extraordinaria de la Cámara alta, representará la consolidación de la redefinición del modelo energético que buscó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para los que lo respaldan, significa la garantía del desarrollo del país, pero para aquellos que la desaprueban, será un retroceso histórico por la incompetencia en que dejan al Estado mexicano frente a las empresas extranjeras.

“Porque la energía prioritaria estaba reservada para el Estado Mexicano, tanto la petrolera como la eléctrica, las dos empresas más importantes del país son motivo de una desarticulación para dejar entrar a un supuesto mercado, a las transnacionales petroleras y eléctricas”, abona el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo.

Empresas que según el petista no representan poderes comerciales, sino poderes políticos de potencias como Estados Unidos e Inglaterra. Así es como el nuevo marco regulatorio de exploración y explotación de energéticos, se hace a la medida de particulares y no a la de un país que ve su potencial de riqueza en esos recursos naturales.

“La esencia es crear una estructura que les convenga a estas empresas, y lo primero que ellos han reclamado siempre y lo vemos en sus acuerdos, es que las empresas públicas no deben existir, y por tanto, ahí ves que tanto a PEMEX y CFE, las fracturan y las minimizan, les llaman empresas productivas de Estado y las transforman por empresas reguladas por el derecho privado”, sostiene.

La entrega de hidrocarburos y del territorio nacional

La jornada legislativa iniciada a manera de sesión extraordinaria, contempla el debate y votación de 15 leyes, entre nuevas y modificaciones en materia de energéticos,  pero en el centro del debate, se ubica la expedición de la Ley de Hidrocarburos, señalada por la oposición como violatoria de derechos humanos y entreguista a los intereses extranjeros.

De acuerdo a ese marco, si de iniciar una actividad de exploración y extracción de energéticos se trata, la superficie nacional es susceptible, por encima de cualquier otra actividad, a la constitución de servidumbres legales, a la ocupación o afectación de la superficie, o a la expropiación de los terrenos.

El Artículo 96 de la propuesta priista dice a la letra: “Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

“Es un ataque a la propiedad de mexicanos, el establecer literalmente que la energía está por encima de cualquier otra utilización dela tierra, y que por tanto, el Estado está obligado a garantizar el servicio de la tierra como una obligación para que sus concesionarios lo utilicen. Es liquidar todo el derecho de comunidades rurales, de propiedades que requieran los intereses de las transnacionales. Esa es una exigencia clara de las transnacionales, porque así se lo exigen a Brasil, se lo exigen a otros países para que sea la fuerza del Estado la que abra el camino”, asegura Manuel Bartlett.

La intención de agilizar el otorgamiento de permisos y autorizaciones es tal, que se obliga a entidades federativas y municipios a “contribuir”, según sus facultades, con las causas de proyectos energéticos en suelo nacional, tanto públicos como privados.

Por otro lado, la  Ley no contempla a qué entidad los contratistas deberán dar cuenta de la utilización que harán de la superficie de su interés, pero sí establece que la forma de adquisición y la contraprestación que se acuerde por el predio, deberá ser idónea, en ambos casos, solo para el desarrollo del proyecto, dejando de lado los intereses del legítimo propietario.

De hecho, como contraprestación, en el mismo nivel se ubica el pago en efectivo, en especie, en compromiso de contratación como parte de la fuerza laboral y cualquier otra prestación que no contravenga la Ley.

Y de no haber una negociación en un término de 180 días naturales, el asignatario o contratista podrá promover ante un juez civil  o Tribunal Agrario, la constitución de servidumbre legal, lo que prácticamente otorgaría a la empresa energética el desarrollo de su proyecto.

Sumado a lo anterior, las corruptelas y prácticas discriminatorias serán permitidas por lo menos en una ocasión, de acuerdo a lo redactado en el Artículo 114 de la Ley, y en consecuencia de registrarse más de una irregularidad, el Gobierno Federal, sin que sea obligación, determinará si se retiran o no permisos y autorizaciones.

Para los críticos, esta senda legal no solo enmarca la entrega de los hidrocarburos a interés privados y extranjeros con todas las facilidades, sino que pone a su disposición el territorio nacional, y a su criterio, formas y modos para pagar por el territorio utilizado.

LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

La Ley de Hidrocarburos consolida la participación de empresas privadas (mexicanas o extranjeras) en la expedición y expropiación de hidrocarburos dentro del subsuelo nacional, y define la competencia de las empresas productivas del Estado en la actividad energética.

El órgano regulador será la Comisión Nacional de Hidrocarburos, figura que en todo momento tendrá el respaldo de la Secretaría de Energía y  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para licitaciones, contratos y demás asignaciones.

“No va a ser PEMEX quien firme los contratos, se pueden dar asignaciones salvo que lo hagan a través de PEMEX, pero, ¿quién firmará los contratos? La Secretaría de Hacienda y Energía, entonces, prácticamente es el Gobierno Federal el que firma los contratos, y por lo tanto, cuando se vayan a un arbitraje, demandan al gobierno, no demandan a una empresa. Esa es la ventaja para los empresarios o desventaja para el país, porque será el gobierno quien se enrede en conflictos con las empresas que vengan al país”, reflexiona el senador hidalguense Isidro Pedraza.

En el caso del petróleo, Petróleos Mexicanos deberá competir en igualdad de condiciones con las empresas que lleguen al país, una vez que estas disposiciones cobren vigencia; también existen excepciones en las que los contratistas pudieran facilitar la participación de la paraestatal.

Por ejemplo, en caso de que el suelo por licitar tenga distintas profundidades, cuando se pueda transferir conocimiento y tecnología para el desarrollo de PEMEX y cuando se trate de proyectos a impulsar con un “vehículo financiero especializado del Estado Mexicano”.

Sin embargo, la desigualdad que observan legisladores de los partidos políticos de izquierda, viene en las obligaciones fiscales que se mantienen en el caso de las instituciones públicas, y que son más bajas para contratistas particulares.

De la renta petrolera de PEMEX se le resta alrededor del 70 por ciento de sus ingresos por concepto de impuestos, mientras que en la Ley de Hidrocarburos, se le obliga a pagar el 30% de sus utilidades.

Por otro lado, para las empresas contratistas de carácter privado, la carga recaudatoria se antoja menor, de acuerdo a la letra de la Ley que pretende ser expedida.

“Y ha habido el discurso del fortalecimiento de PEMEX como una empresa productiva del Estado, pero le van a aplicar el mismo régimen fiscal que están aplicando, y a las petroleras que entren les va cobrar… bueno, a PEMEX le cobran casi el 70 por ciento de impuestos, regalías y otros gravámenes, y a las empresas que lleguen, como son contratistas, les van a cobrar un ISR del 34 por ciento, a la mitad de lo que PEMEX paga, entonces, dónde está la fortaleza”, plantea Pedraza.

Además, argumenta que no hay garantía de que las empresas del Estado lleven un porcentaje de inversión para que fortalezcan sus finanzas e infraestructura, por lo contrario, serán susceptibles a perder yacimientos, al no cumplir con las condiciones de la Ley, ahora que adquieren el carácter de empresas.

GENERACIÓN DE ENERGÍA A MANOS DE PRIVADOS

De aprobarse tal y como el PRI promueve el proyecto en materia de la industria eléctrica en el Senado de la República, el Sistema Eléctrico Nacional saldrá del dominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta compita con los capitales extranjeros que lleguen al país.

Será un órgano denominado Centro Nacional de Control de Energía el que administre el sistema eléctrico, y junto a la Secretaría de Energía, establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica, es decir, el Gobierno Federal tomará directamente el control del sector.

Así lo define la Ley de la Industria Eléctrica, próxima a expedirse y que establece lineamientos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

El sector perredista en voz del senador Isidro Chávez, manifiesta su posición, y exhibe las lagunas que pudieran resultar en afectaciones a la sociedad mexicana y poner en duda las bondades que el sector promotor presume.

“Es una Ley que de alguna forma deja al Estado la obligación de planificar y administrar líneas de conducción, o sea, la parte de transmisión de energía le queda al Estado, que es una parte estratégica, y la generación de energía se la deja a privados; y a los privados el Estado está obligado a prestar su infraestructura de transmisión, para que ellos por ahí hagan llegar la corriente al usuario final”, expone.

No obstante, hace énfasis en que no se considera una diferenciación de tarifas domésticas, sociales o industriales, por lo que no se puede asegurar que los precios disminuyan para la sociedad mexicana.

En entrevista, Chávez habla de una propuesta que el PRD ha ido planteando en el debate legislativo, y que parece, no se consolidará en la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

“Nosotros consideramos que debe haber una tarifa social para que se pueda disminuir el costo, de otra manera al usuario le llegarían tarifas diferentes. Si dejamos la tarifa social, todas las hidroeléctricas en el país serían las que generen energía doméstica, y que las nuevas empresas que lleguen, le vendan a la industria. Eso estaría bien, porque entonces la tarifa social sería baja y los que estarían pagando altas tarifas serían los industriales, pero no hay diseñada una política de esta naturaleza”, argumenta el político emanado del PRD.

ELIMINAN APOYOS Y ENTRAN GASOLINAS EXTRANJERAS

Dentro de los cambios que se incluyeron a los dictámenes, por el Partido Acción Nacional  se establece la eliminación de subsidios generales a los energéticos, para que solo sean beneficiados los sectores marginados.

De igual forma, se agregó en el Artículo 130 de la Ley de la Industria Eléctrica, “que el Ejecutivo deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios focalizados”.

En tanto que en la Ley de Hidrocarburos, se apuntala que para el primero de enero de 2016 entren las gasolinas extranjeras al país, mientras la importación de gasolina por particulares, será en 2017 (se tenía prevista para 2019).

El precio de las gasolinas quedará liberado para 2018 y será determinado bajo las condiciones del mercado. En tanto que en 2017, el Gobierno Federal podrá intervenir en el costo “de forma congruente con la inflación”.

Para atenuar la desaparición de subsidios, el Artículo 124 de la Ley de Hidrocarburos menciona:

“La Secretaría de Hacienda, de Energía y de Desarrollo Social, evaluará la conveniencia y, en su caso, implementará e instrumentarán programas de apoyo focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y oportuno los precios asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y urbanas marginadas”.

OPACIDAD EN LEYES

“Hasta ahorita la Reforma Energética nos la han vendido con un alto beneficio para todos los mexicanos, pero no queda muy clara la manera cómo se van a repartir responsabilidades. Cómo va a ser que el que invierta en la generación de energía, pague impuestos, qué porcentaje es el que van a tener que comprometerse a dejar en el país.  Y he visto las leyes de ingresos para hidrocarburos, y no han llegado a ellas”, externó el economista Jorge Fonseca.

Agregó que al paso que van los senadores con el análisis de más de 500 reservas, se tendrán leyes inconclusas que pudieran quedarse a la interpretación al dar contratos. Al no haber reglas claras, quedará a discreción como se otorguen las concesiones.

“A la hora de que concesionas y firmas un contrato con la iniciativa privada, las condiciones no están determinadas, lo que pudiera dar la opacidad. No vamos a saber ni ver ni cuándo, ni cómo, ni dónde se den las cosas.

“Ahorita como que nos enseñan una parte de lo que pudiera ser. En lo personal no veo las condiciones en las cuales se van a regir los contratos, o podría quedar en la Ley de acuerdo al mercado y el área geográfica del mercado. En otras palabras: de acuerdo al sapo va a ser la pedrada”, finalizó.

EN DUDA ENERGÉTICOS BARATOS

Por su parte, el senador panista Víctor Hermosillo Celada dijo a ZETA que las Leyes Secundarias fueron aprobadas en lo particular y en lo general por las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado.

“Se  aprobó en lo general y luego se hacen las observaciones a los diferentes artículos. El PAN presentó 250 que se tomaron en cuenta. El PRD puso una cantidad enorme, pero nada más las anunció, nunca dijo que se contenía. Hubo senadores de dicho partido que cuestionaron todos los artículos”.

El legislador destacó que dentro de las discusiones, el Partido Acción Nacional estableció qué va a pasar con los terrenos donde se lleve a cabo la exploración, donde se requiere mucho espacio, y se hace una serie de pozos. Muchos pueden ser privados o ejidales para que les sean expropiados y se les otorgue ‘una buena compensación, o algún beneficio’.

“Otro punto que se trató tiene que ver con los organismos que van a controlar las licitaciones. Además, está el tema de los excedentes que queden del petróleo. Se trata de una cadena larguísima que no solo tiene que ver con PEMEX, sino con la situación del tema ecológico y la energía eléctrica, de tomar en cuenta las energías renovables”.

— ¿Bajaran los costos de los energéticos?, se le preguntó.

“Se ha hablado mucho antes de que sucedan las cosas. Por un lado, pueden ser los derivados del petróleo que tendrán distribución y competencia lo que pudiera bajar el precio de los energéticos. Eso no se va a saber, todavía hace falta ver qué regalías les van a pedir a las petroleras, después de todo, esto es un negocio y se tendrá que pagar por la eficiencia que van a tener. En función de eso le dará posición para ver el precio de la gasolina.

“Todavía falta mucho, primero tienen que llegar explorar, excavar y luego comercializar. A la mayoría de las empresas les interesa que vendan su gasolina, es como con PEMEX. El que saca el permiso la distribuye, va a ser igual con las empresas extranjeras, y eso, sobre todo puede darse en la frontera por las distancias”, resumió Hermosillo.

EL BERRINCHE PERREDISTA

En el marco del análisis de las Leyes Secundarias en el Senado, el PRD decidió abandonar la sala. En torno a dicha acción, el politólogo Fernando González consideró que del partido debió hacer algo antes, y no fue así.

“El Gobierno Federal no contempla jurídicamente el referéndum y plebiscito, no lo legislaron. Es hipocresía de parte del PRD porque saben que no hay referendo. Ahorita lo que están haciendo es un berrinche porque le acaban de dar el registro a MORENA, y eso le va a afectar al PRD fuertemente, porque la gente se está yendo para allá. En esa coyuntura es como se están moviendo”.

En torno a las reformas y nuevas leyes, el consultado abundó: “Si viene el capital a exploración, la venta es gradual como el TLC (Tratado de Libre Comercio), ahorita no vamos a ver a Shell. Hay muchas trampas en las leyes, como es la falta de información a los ciudadanos, aun cuando se tiene una Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información”.

Para concluir, González refirió:

“Se abrió el sector energético al sector privado, y el que más se va a beneficiar es el extranjero, va a haber muchos prestanombres. La realidad es que el beneficio no se ve. Los recursos del petróleo financiaban el desarrollo del 40 por ciento del recurso, era del petróleo, qué tal si baja 20 por ciento, la gente va a pagar el resto. No beneficia a la sociedad, sino a los empresarios y a los políticos que vendieron y negociaron sus votos.

LO QUE SE ESPERA DESDE LA IZQUIERDA

En respuesta a una batalla perdida, el sector que representa a la izquierda en el Congreso de la Unión, le apuesta a la consulta ciudadana para el año próximo, a fin de derogar lo que es casi letra vigente en el tema energético.

 “Nos tiene que ayudar a derrotar estas leyes, donde el pueblo no ha sido consultado, y vamos a lograr hacer que sean derogadas en función de que son perniciosas para el desarrollo del país”, advierten.

“Afuera”, dice el senador Pedraza Chávez, se organizarán movimientos sindicales y campesinos, así como el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para construir un bloque social.

“Que la consulta permita que la izquierda se recomponga y que agarre esto como eje  estratégico para la organización de la sociedad, y plantearle que vayamos juntos. Si la rechazan, si ahí fracasamos, pues la lucha la hicimos, tampoco vamos a suplantar la voluntad popular. Si no logramos convencer de esta visión a la sociedad, entonces estaremos limitados”, concluyó el perredista.

Los dictámenes que se analizan

* Ley de Hidrocarburos, Reforma la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Minera.

* Ley de la Industria Geotérmica, Ley de Aguas Nacionales y de la Industria Eléctrica.

* Nuevas leyes de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Obras Públicas; cambios a la Ley General de Entidades Paraestatales, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

* Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se expide la Ley de Agencia Nacional y Seguridad Industrial, Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. Se expide la Ley de Órganos Regulados Coordinados en Materia Energética.

(SEMANARIO ZETA/ Saúl Alejandro Ramírez/21 de Julio del 2014 a las 21:00:00)