PGJE: CRIMINALES LES HACEN LA CHAMBA

En la Procuraduría del Estado minimizan el hecho de que los miembros del crimen organizado detengan y entreguen a sus policías, a otros delincuentes que les están provocando problemas, y deciden no investigar. En medio de acciones de corrupción, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reduce el número de exámenes de Control y Confianza, solo ha realizado 172 en ocho meses

En Baja California no es la primera e, infortunadamente, seguro no será la última vez que la impunidad en materia de procuración de justicia y la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad, permitan que bandas de criminales hagan el trabajo que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

No se trata de una acción de justicia, sino la prueba del control que las células mayormente dedicadas al narcotráfico, tienen sobre los delitos que ocurren e Baja California. Y para evitar que se generen despliegues de autoridades y detenciones en sus territorios delictivos, prefieren hacer el trabajo de las fuerzas del orden.

En el año 2000, el Cártel Arellano Félix entregó a la Procuraduría del Estado a los presuntos homicidas  del Director de la Policía Municipal de Tijuana, Alfredo de la Torre.

Diez años después, en 2010, un ex policía municipal, ex sicario del CAF, guió al grupo antisecuestro de la propia PGJE hasta el lugar donde tenían secuestradas a dos parientes de Ismael “El Mayo” Zambada, las rescataron y “resolvieron” la privación. Mientras que el 10 de julio de 2014, operadores del Cártel de Sinaloa entregaron a la Procuraduría, a los homicidas de un niño de dos años, y de nuevo, sin una investigación previa para fundamentar la responsabilidad de los presentados, la PGJE exhibió a los detenidos como si fueran resultado de un trabajo interno, de una investigación ministerial.

Además, pese a conocer de la irregularidad, ni la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, ni el subprocurador contra la Delincuencia Organizada, José María González Martínez, están dispuestos a investigar la posible infiltración de su corporación y la contaminación de la investigación, bajo el argumento de que no existe una denuncia formal. Solo preguntaron a sus investigadores, éstos dieron su versión y decidieron no hacer mayores indagatorias.

Y de una investigación contra José Antonio Soto Gastélum, líder principal de ese grupo criminal, según el organigrama en poder del Grupo Coordinación, la Procuraduría no trae nada; el único señalado directamente por el sobreviviente, fue Alfonso López “El Chino”.

En este esquema es inevitable cuestionar, ¿cuántos casos de la Procuraduría se “resuelven” de manera similar?, lo que obliga a poner en duda que los detenidos, sean los verdaderos homicidas, y no se trate de chivos expiatorios puestos a conveniencia por líderes criminales, particularmente si solo se consignan a base de declaraciones.

De entrada, da la razón a un sistema judicial corrupto, que aprovecha la ineficiencia de las fiscalías para liberar a criminales.

LOS HOMICIDAS DE UN NIÑO

El 10 de julio de 2014, miembros del crimen organizado hicieron llegar información por diversas vías  a medios de comunicación y mandos de diversas corporaciones: que aproximadamente a las cuatro de la tarde, “unos chavalos” habían capturado a los responsables del homicidio de un bebé de dos años y su madre, cometido apenas la madrugada del día 9 de julio en la colonia Obrera de Tijuana, y los habían entregado a la Policía Ministerial en la Zona Norte.

El aviso era para que empezaran a llamar a la Procuraduría del Estado a preguntar, y evitar que una vez recibidos, los liberaran; detallaron que el primer capturado había sido “La Chilindrina” (Rafael Padilla Mora), y a su vez, éste había acusado y dado la ubicación del resto; incluso de manera anónima, enviaron fotografías.

ZETA pudo saber que algunos miembros del Consejo de Seguridad se comunicaron con elementos de la PGJE. Este Semanario estableció contacto con la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, donde solo comentaron que había avances, pero en ese momento, los jefes del área no sabían nada. Hablaron con el personal de calle, quienes les refirieron que ya estaban trabajando en ubicar a los presuntos responsables. Detención que reportaron oficialmente horas más tarde.

El viernes 11 de julio, José María González Martínez ofreció una conferencia anunciando la captura de Rafael Padilla Mora “La Chilindrina”, Daniel Alain León Quintero “El Güerito”, Luis Antonio León Quintero “El Güero” -presunto homicida del niño- y Samuel Maximiliano Pacheco Mendiola “El Samy”.

“De las investigaciones realizadas por agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad de Homicidios, se pudo dar con el paradero de los detenidos, por lo que abocados a la búsqueda y localización de estas personas, se logró el aseguramiento de Rafael Padilla Mora (a) La Chilindrina, quien narra en su declaración ministerial, que el día 9 de Julio del año en curso siendo aproximadamente las dos de la mañana llegaron hasta el domicilio de los agraviados pateándoles la puerta de entrada hasta lograr derribarla”, asegura el boletín emitido por la PGJE.

Sin embargo, tanto los León Quintero como Pacheco, quienes sí admitieron los asesinatos, admitieron en sus declaraciones que Padilla ni estuvo, ni participó en el crimen, por lo que -mínimo- resulta extraño que haya sido él quien los entregó y dio detalles de los homicidios.

La versión no oficial corroborada por ZETA con integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, indica que en la captura-recepción de estos criminales entregados por narcomenudistas, encabezados por Alfonso López “El Chino” , quien también era jefe delictivo directo de los detenidos, hubo elementos de las policías Municipal y Ministerial involucrados, pero se echan la bolita: los ministeriales aseguran que los municipales les dijeron dónde estaban los homicidas; y en la Municipal, el dato es que los invitaron a participar.

Al final coinciden en que los encontraron en un hotel de la Zona Norte, entre calles Primera y Segunda.

RESPUESTA OFICIAL

Entrevistados respecto a la dudosa captura, la procuradora Perla Ibarra y el subprocurador José María González están en la misma línea.

— Tenemos informes corroborados de que los hombres que ustedes presentaron como detenidos a partir de una investigación por el homicidio de una mujer y un niño, el 9 de julio en la colonia Obrera de Tijuana, les fueron entregados por miembros del crimen organizado alrededor de las cuatro de la tarde del jueves 10 de julio.

Perla Ibarra: “No; la información que tengo es que una vez que declaró el lesionado, señala a las personas que participaron en el evento y los identifica plenamente. Posteriormente, en un operativo que realiza la gente de Homicidio y RV, localizan a estos sujetos, no tengo ninguna otra de otro tipo”.

José María González: “La Policía me informa que primero detienen a Rafael Padilla ‘La Chilindrina’, y él menciona quiénes más participan, y lo más fuerte es que Eligio, el ofendido, señala claramente a cuatro participantes, y menciona el apodo de uno más. La Policía a mí me dice el jueves que están ubicando a los otros tres detenidos, y que por trabajo de ellos, los ubican en un hotel de la Zona Norte.

“La Policía tiene sus fuentes de información, y el día que presenté a los detenidos, un reportero me preguntó de eso, mas sin embargo, yo tengo solo esa información, que estaban trabajando la investigación, más o menos los tenían ubicados donde estaban escondidos y que los detienen; hasta ahí”.

— También sabemos por miembros de la Procuraduría que antes de la captura no declararon al sobreviviente. ¿Cómo dieron con los presuntos responsables?

 Ibarra: “No necesariamente tiene que haber una declaración escrita, las personas se entrevistan, hacen relación de hechos y pueden mencionar personas, y más él, que había visto a los sujetos que entraron a su domicilio. No tengo por escrito datos de que pudiera o no haber una declaración por escrito antes o después de la detención”.

González :“En el hospital difícilmente nos dejan declararlos por la cantidad de gente, mas sin embargo, sí se entrevistó, dio muchos datos y la realidad es que se empieza a trabajar con la información que nos da; no estaba formalmente declarado y cuando declara, corrobora todo lo que nos dice, y nos proporciona los nombres de todas las personas”".

A los funcionarios se les recuerda que  en sus primeras entrevistas, Eligio Martínez no menciona a “La Chilindrina”; refirió a un “Güero”, “El Guacho”, “El Moy” y “El Mayel”.

Se les pregunta:

— ¿Cómo llegaron con Rafael Padilla Mora?

Ibarra: “Los detalles específicos aquí no los tengo, sé a quién detienen primero, luego a León Quintero, pero el detalle sería con el licenciado González”.

González: “En su declaración (posterior a la captura) queda asentado que también participó, Eligio sí lo señala que participó en los hechos”.

— Pero los homicidas confesos dicen que no participó...

“Los detenidos dicen que no lo vieron ahí, pero el ofendido dice que lo vio”, reitera el subprocurador.

— ¿Qué otros elementos de prueba tiene, aparte de las declaraciones?

 Ibarra: “Sí, los certificados de autopsia, los dictámenes periciales, todo lo que te permite comprobar el cuerpo de delito como la presunta responsabilidad. Y ahí hay una persona lesionada que declara, hace señalamiento, dice el motivo, y creo que para la probable responsabilidad es suficiente para el juzgador, para dictar un auto de formal prisión”.

González: “Es muy claro y se resolvió rápido por eso, dejaron una víctima viva. Señalan que entran a matarlo a él -Eligio Martínez-, que no había instrucciones en contra del niño, quien patea la puerta abre fuego con tres armas sin ton ni son, Eligio los identifica plenamente, no se ocupó la gran investigación”.

Respecto al nombre de los agentes involucrados en la detención, la procuradora dijo que no tenía el informe a la mano, y remitió con el subprocurador, quien se negó a proporcionarlos y, cuando se le preguntó sí tenían antecedentes en asuntos internos, refirió que lo desconocía.

Ambos coincidieron en señalar que no van a investigar a los agentes que realizaron estas capturas. Ibarra Leyva declaró que no hay ninguna razón porque estaban haciendo su trabajo, preguntó ‘¿tienes una denuncia en contra de ellos?’, se le respondió, ‘¿quiere que se presente una denuncia para investigarlos?’:

“No, es que no entiendo cuál es la razón, no entiendo la pregunta”, expuso la procuradora.

Si a los detenidos los recibieron por parte de miembros del crimen organizado, debieron iniciar una investigación, argumentó ZETA, “pero no hay ningún dato que lo señale, yo no tengo información a ese respecto”, insistió Perla Ibarra.

González Martínez complementó: “Sinceramente lo dudo, salvo que los detenidos digan que fueron entregados o exista una denuncia, pero no depende de mí, ahí es la visitaduría”.

De la Policía Ministerial, depuración y corrupción

Respecto a la presumible infiltración del crimen organizado en la corporación ministerial, el subprocurador González Martínez abundó en relación al personal a su cargo, que ya habían pasado los exámenes de Control y Confianza:

“No dudo que tengan sus fuentes de información, pero que estén coludidos con alguien para favorecer  a un grupo, ni aunque quisieran o pudieran, sería muy difícil.

 “Desde que llegué, checamos fechas de examen y se están mandando cuando vencen vigencia. Te digo que si están los filtros correctos, mas sin embargo, no dudo que tengamos gente infiltrada, que tengan acceso a fuentes de información de lo que publican ustedes. No lo dudo, no me extrañaría, pero en términos generales creo que tenemos una buena Policía, en base a lo que se ha vivido en Baja California”.

— ¿Y eso qué quiere decir?

“Pues que no estamos tan mal”.

A la procuradora Perla Ibarra se le preguntó el número en el proceso de depuración, ya que teniendo una plantilla de 2 mil 500 empleados, aproximadamente el 70 por ciento deben, por Ley, aprobar exámenes de confianza -agentes, ministerios públicos y peritos-. Según las cifras dadas por la Secretaria de Seguridad, de 2007 a la fecha solo se han evaluado 516; únicamente diez  entre noviembre de 2013 y junio de 2014.

Según la procuradora, debe haber alguna imprecisión porque, conforme los datos que ella tiene, mil 565 empleados de la PGJE han realizado sus exámenes de confianza, de los cuales resultaron aprobados mil 547, y 18 obtuvieron resultados negativos.

Este año se ha retirado a cuatro ministeriales por no cumplir con los requisitos de permanencia, otros siete están en proceso de remoción ante la Comisión de Honor y Justicia, investigados entre quejas y denuncias. La visitaduría ya pasó a la comisión para resolver 18, y en este período se han cumplimentado dos órdenes de aprehensión. Tampoco han pasado por evaluación tres agentes sujetos a proceso en la Ciudad de México, y un perito incapacitado. 

“En evaluación de personal llevamos más del 90 por ciento para cumplir al último día de octubre, que es el plazo” indicó Ibarra, quien también reconoció que algunas de estas evaluaciones podrían datar de 2007 o 2010, “… pero todo el personal ya probó una primera evaluación, y muchos van entrar a revaloración”.

Renuencia a judicializar narcos

Metidos en el tema de deficiencias en los procesos de integración en la Procuraduría, presuntas colusiones criminales de los agentes ministeriales, la ausencia de análisis científico en el proceso de investigación, y los compromisos de la PGJE con los bajacalifornianos, se le inquirió a la procuradora Ibarra si la instancia que encabeza tiene procesos abiertos para judicializar a los líderes del crimen organizado en el estado, quienes mientras trasiegan droga (delito federal), también promueven y ordenan asesinatos, secuestros y venta de droga al menudeo, entre otros delitos del fuero común.

Se le planteó el caso específico de Alfonso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana”, Alfonso Lira Sotelo  “El Atlante”, José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” y José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”. Señalados todos -por los propios investigadores estatales- como quienes ordenan los cientos de homicidios dolosos cometidos en la entidad. Perla del Socorro Ibarra regresó la pregunta: “¿Les quieres avisar  que tenemos órdenes?”, a lo que ZETA contestó: “Cuál avisar, ellos están más enterados que usted y yo”.

Tomó nota y pidió que viéramos ese tema con el subprocurador  José María González, quien expuso que por Ley, los funcionarios tienen prohibido declarar públicamente al respecto.

Sin embargo, este Semanario tuvo conocimiento de que la Procuraduría del Estado no cuenta con orden en contra de Lira Sotelo, ni de Soto Gastélum.

Pero contra Alfonso Arzate tienen dos órdenes de aprehensión por homicidios que datan del anterior gobierno: el asesinato de José Rosario Carillo Núñez, cometido el 1 de abril de 2011 en Mariscos Mi Gusto Es, en la delegación de Otay en Tijuana; y el de Gilberto Vargas  González, el 22 de febrero de 2012.

En el caso de René Arzate, según datos de Aprehensiones de la PGJE, éste tiene abierta una orden de aprehensión porque en abril de 2008 le disparó a su esposa, aunque en la propia Procuraduría informaron el año pasado que por ese asunto, “La Rana” estuvo detenido los días 10 y 11 de abril del mismo año, y salió libre.

Mendoza Uriarte “El Güero Chompas” también tiene dos órdenes de aprehensión pendientes, una por doble homicidio del 12 de julio de 2006, donde las víctimas fueron José Guadalupe Ríos Cortez y Endi Quintero Osuna. Del segundo expediente no se tuvo acceso a los datos.

Se reiteró el cuestionamiento al subprocurador contra la Delincuencia Organizada, quien solo agregó: “Si los topamos van para arriba, pero órdenes precisas de ir por ellos en Delincuencia Organizada no hay, pero ahí está Aprehensiones, o la Policía Estatal, que tienen las órdenes de presentación a ejecutar”.

— ¿Cómo cambia el mana criminal en Baja California, tras la captura de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”?, se insistió a la procuradora Ibarra.

“Lo que tengo de él es que Procuraduría tuvo algunas actas relacionadas con este sujeto que fueron remitidas a PGR, y posteriormente ya no tuvimos ningún dato de asuntos relacionados con él. Yo creo que ese dato, por la investigación que llevó, sería la PGR quien te diera un dato más preciso”.

La pregunta es: ¿cómo cambia el mapa criminal en el estado a partir de la captura? La funcionaria hizo un silencio y ZETA complementó:

— ¿No tiene ningún cambio? ¿El mapa delictivo que tienen ustedes no se afecta en nada?

 “Ahí sería muy difícil decir, la delincuencia siempre se mueve y actúa diferente, y ahí me quedaría con los datos que yo tengo, y son precisos en cuanto a las investigaciones relacionadas con él (Sánchez Arellano); y en cuanto al mapa delictivo, nosotros seguimos atendiendo los delitos que se cometen, y buscando cómo investigarlos. Pero en cuanto a la pregunta en preciso, yo no podría decirte en qué podría cambiar el mapa delictivo, porque yo no lo tengo relacionado en averiguaciones previas en la actualidad”.

Del porcentaje de efectividad en homicidios, Perla Ibarra comentó que es de 96% en los asuntos consignados, pero se le recordó que solo el 22. 94%  -2 de cada 10- se resuelven para llegar a los jueces.

“A veces hablar de porcentajes es muy difícil para mí, lo más importante es que la gente  siga investigando, complementando los asuntos, determinando, y eso estamos haciendo”, afirmó.

SE CAEN LOS EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA

Pese a que Daniel de la Rosa Anaya señala que los exámenes de Control de Confianza se han realizado al 86% de los agentes en las diferentes corporaciones -en octubre estarán cubiertos al 100%-,  en la primera mitad del año solo se aplicaron 200, cuando se debería tener un ritmo de al menos tres mil exámenes anuales.

Según datos numéricos obtenidos por medio del portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California, la Secretaría de Seguridad Pública estatal encabezada por De la Rosa Anaya, ha dejado a segundo plano el tema de los Exámenes de Evaluación y Control de Confianza desde que entró la administración de Francisco Vega de Lamadrid.

Con ello no solo cae la confianza dentro de las fuerzas policiacas, sino que la depuración se ha visto mermada.

Durante 2014, hasta el 6 de julio, solo se han aplicado 190 exámenes, sumando el personal administrativo y de tropa, lo cual representa un número insignificante en comparación con 2013, cuando se realizaron 2 mil 277 pruebas a agentes policiacos y 148 empleados administrativos.

Además, existe un tema de periodicidad, un elemento evaluado tiene que renovar su acreditación cada dos años, en esa lógica, quienes hicieron los mecanismos de confianza antes de 2012, tendrían que renovarlos.

Mientras la SSPE no ha podido terminar con la primera evaluación de todo el personal de seguridad, el tiempo les está ganando la jugada, pues las valoraciones de un gran porcentaje de elementos, pudieran haber vencido o estar a punto de fenecer.

Acorde a la información de Transparencia, en 2012, el CECC practicó 5 mil 80 evaluaciones de agentes, y 135 a personal administrativo, por lo que esos estarían caducando o próximos a vencerse.

Asimismo, durante 2010 se practicaron 813 a tropa y solo dos a administrativos, mientras que en 2011 fueron 775 a tropa y 21 administrativos. En total, esos mil 611 exámenes ya se encuentran caducos, al tener por lo menos tres años de antigüedad.

De la revisión de la información oficial surgen varios datos: en el transcurso del presente año, Ensenada no ha mandado ningún elemento a Control de Confianza, mientras que Tecate y Tijuana solo enviaron a tres cada uno.

La Policía Estatal de Seguridad y Custodia, así como la Policía Municipal de Mexicali, han enviado 14 cada uno; le sigue la Policía Estatal Preventiva, con 25, y Playas de Rosarito con 41 agentes; mientras que la Policía Ministerial envió 57 agentes.

Sin embargo, conforme a este reporte, la Policía Ministerial del Estado, primero encabezada por el ex procurador Rommel Moreno Manjarrez y luego por Perla del Socorro Ibarra, no ha enviado a ningún funcionario o personal administrativo a evaluarse. Existe otro informe que el secretario De la Rosa ha presentado públicamente, en el que se indica que solo diez empleados de la PGJE han sido evaluados en los últimos ochos meses. La Procuraduría asegura que han sido más.

Esto, pese a ser señalada como una de las corporaciones donde se tiene mayor duda sobre el personal, sin embargo, según información de Transparencia, por lo menos desde 2010 ningún elemento administrativo ha sido enviado a cumplir con los controles de Confianza.

En su momento, ZETA acreditó cómo el ex procurador Rommel Moreno realizó y aprobó en una sola ocasión la evaluación, pese a que duró seis años en el cargo, lo que implicaría que debía acreditarse por lo menos en dos ocasiones más. Además, en su corporación explotó el escándalo cuando fue detenido Jesús Quiñones Márquez, quien era el enlace internacional de la PGJE  junto con otros funcionarios menores, acusados de proteger al entonces Cártel Arellano Félix. Ni por este pretexto se inició la depuración.

LOS DEPURADOS

Según el folio UCT-141170, recibido mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública desde 2010 al 6 de julio del 2014, solo 362 agentes no acreditaron los Exámenes de Control de Confianza, más otros 17 empleados administrativos.

De ese total, 134 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, 54 a la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, y 54 de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

En 2013, cuando se realizaron más de 2 mil pruebas, dio como resultado un total de 143 elementos que no pudieron acreditar los controles y, en lo que va de 2014, con los cambios en las administraciones locales y estatales, se aplicaron 190 exámenes en la primera mitad del año, dejando un saldo de solo diez elementos no acreditados.

DE LA ROSA, LOS OTROS NÚMEROS

Durante la sesión en la que participó con el Grupo Madrugadores en Playas de Rosarito, el 16 de julio de 2014, el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, dio números diferentes a los expresados por transparencia. Afirmó que  en la pasada administración solo se evaluaron 3 mil 018 agentes de las diferentes corporaciones, y  que en la actual administración de Francisco Vega de Lamadrid, se han aplicado 178 exámenes.

Agregó que en la corporación de Mexicali se practicaron 28 exámenes, tres en Tecate, 41 en Tijuana, diez en Playas de Rosarito, cinco en Ensenada. En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 75, y en la PGJE, 10. Solo en Tecate coinciden los datos con los ofrecidos por Transparencia.

El funcionario estatal afirmó ante empresarios que por ejemplo en Mexicali, durante el periodo de diciembre de 2007 a noviembre de 2013, solo se aplicaron 425 evaluaciones de Control y Confianza. Sin embargo, el titular de la corporación municipal, Alejandro Monreal, confirmó a ZETA que ya se evaluó al total de los mil 900 elementos que integran la dirección, por lo que los datos ofrecidos por De la Rosa están equivocados.

MANDAMIENTO FEDERAL: MOLINA

Para el diputado presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Local, Juan Manuel Molina, los Exámenes de Control de Confianza son un ordenamiento federal que no se puede descuidar.

Recordó que de este programa se basan los lineamientos federales de seguridad, además de que son necesarios para ser acreedores de los recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN).

“Hubo un caso reciente de Rosarito, donde el titular, Francisco Castro Trenti, no pasó los Exámenes de Control de Confianza,  y el Municipio en su totalidad puso en riesgo los fondos federales, los cuales fueron millones de pesos. Y si las cifras como se manejan a esta fecha, marcan una reducción, no puede pasar de los evaluados en 2012, porque si no se hace, se dejan de cumplir reglas federales y se deja de recibir recurso”, indicó el legislador, para agregar que en las pláticas con Daniel de la Rosa, éste reconoció que ha bajado la depuración, pero se debe a que muchos elementos que no cumplían con los requisitos, fueron desplazados de la corporación.

Mencionó que la SSPE cumplió al 100% con los requisitos que la Federación le estableció para la entrega de recursos, pero advirtió que se tiene que revisar el tema de la Policía Municipal no solo en la depuración, sino en la cuestión salarial, principalmente en Playas de Rosarito y Tecate.

El diputado local señaló que varios se han quedado en el camino de ser funcionarios por no poder acreditar la certificación: “No hay procesos al 100 por ciento a la perfección, pero yo siento que es un sistema que antes no teníamos, que sí nos da un avance muy grande, que se ha profesionalizado, que Baja California ha ido adelante precisamente con la construcción de un centro propio y que tiene sus estándares de calidad; sin embargo, hay que reconocer que no son infalibles y se pueden cometer errores”.

Expuso que la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública en el Congreso del Estado revisará el cumplimiento de los controles a los elementos de las diferentes corporaciones, ya que no se puede dejar pasar el tema porque representan millones de pesos que no llegarían a la entidad.

Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Jonathan Díaz Castro, manifestó que la corporación de Playas de Rosarito debe estar bajo la lupa, ya que se han presentado diversos problemas con la Municipal.

“Nosotros en el Consejo, a través de los comités, estamos tratando de tener presencia y estar insistiendo de buena manera con las autoridades, llámese el alcalde o el director de Seguridad Pública, para que se lleven a cabo los exámenes y se siga revisando, y ver que no se venzan”, detalló Díaz Castro.

El consejero presidente del CCSP señaló que la Policía Municipal de Ensenada no ha aplicado los exámenes y casualmente no tiene Comité Ciudadano, por lo que se ha insistido al alcalde, Gilberto Hirata, para que nombre a los representantes, por lo que no hay quien esté presionando.

“Tenemos que tener una Policía en orden, un director dueño de la situación, y pareciera que en este periodo que inició a finales del año pasado, se ha caracterizado por no tener eso. Ya se cambió de director en Mexicali, Rosarito y Ensenada, no es lo que quisiéramos”, aceptó.

Para concluir, Jonathan Díaz hizo un llamado a las corporaciones municipales para mandar a los agentes a realizar la certificación, ya que la han rezagado al tener que cumplir con otras prioridades dentro de las mismas dependencias.

SIN DERECHO A FIANZA, “CHINO ÁNTRAX” REGRESARÁ A LA CORTE EN AGOSTO

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conocido como “El Chino Ántrax”, se presentó ante la Corte Federal de California, en San Diego, para declararse “no culpable” de los cargos de conspiración para importación y distribución de drogas.

La tarde del viernes 11 de julio de 2014, el presunto sicario del Cártel de Sinaloa, apareció vestido con traje anaranjado, y encadenado de tobillos y muñecas.

Después de escuchar sus derechos y las imputaciones en su contra, “El Chino Ántrax” renunció a su derecho a fianza, por lo que permanecerá en prisión hasta el 22 de agosto, fecha de su próxima audiencia.

Frente al juez Mitchell Dembin, Aréchiga Gamboa se mantuvo con el ceño fruncido durante la audiencia de cuatro minutos. Pese a contar con un aparato de traducción simultánea, en tres ocasiones contestó con un seco “yeah” a las preguntas del juez, mientras asentía con la cabeza.

Entre los asistentes a la audiencia, estaban tres mujeres, las únicas personas hacia quien “El Chino Ántrax” dirigió su mirada para guiñarles el ojo. Dos de ellas, se llevaron la mano al pecho al verlo y exclamaron desde el momento en que se sentó frente al juez.

Antes de ingresar a la sala de audiencia, las mujeres, con tacones altos, vestidos ajustados y bolsas de diseñador, se identificaron como familiares del acusado.

La audiencia de cuatro minutos concluyó luego de que el abogado defensor, Frank J. Ragen, informara al juez que su cliente renunciaría a su derecho a ser liberado bajo fianza. Sin embargo, el magistrado le informó a Aréchiga Gamboa que se le otorgará un plazo adicional para que reconsidere su decisión y apele a la libertad bajo fianza.

Por su parte, la Fiscalía solicitó que el mexicano no fuera liberado bajo fianza, ya que lo consideran un riesgo para la sociedad.

Aréchiga Gamboa, identificado como líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa, es acusado de importar y distribuir 500 gramos de metanfetamina, cinco kilogramos de cocaína y 100 kilogramos de marihuana en California. Fue el 20 de diciembre de 2013 cuando un Jurado federal levantó cargos en su contra por estos delitos.

Así que cuando el presunto jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa fue detenido en enero de 2014, cuando descendía de un avión en el Aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, proveniente de la Ciudad de México, la autoridad estadounidense solicitó su extradición.

“El Chino Ántrax” ingresó a Europa con un pasaporte a nombre de Norberto Sicairos García, ya muerto.

En mayo de 2014, la autoridad holandesa concedió la extradición del mexicano a territorio estadounidense, la cual se realizó el jueves 10 de julio, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el Aeropuerto de San Diego, California.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó que el mexicano fue identificado mediante pruebas forenses, ya que se sometió a cirugías plásticas e incluso intentó alterar sus huellas digitales para ocultar su verdadera identidad.

De acuerdo a documentos presentados para la extradición del mexicano a Estados Unidos, Aréchiga Gamboa es identificado como el líder de “Los Ántrax”, cuerpo de seguridad del Cártel de Sinaloa.

“El Chino Ántrax” supervisaba el resguardo tanto de los miembros del cártel del narcotráfico, como de los operativos de envío y distribución de narcóticos, hasta convertirse en una de las cabezas del organigrama.

La siguiente audiencia de José Rodrigo Aréchiga Gamboa será el 22 de agosto de 2014, frente al juez Dana Sabraw, quien también lleva el caso de Serafín Zambada, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. Inés García

ABOGADO SANDIEGUINO LAVABA DINERO PARA NARCOTRAFICANTE

El abogado James Warner se declaró culpable de lavar 100 mil dólares para un narcotraficante, a quien representó legalmente durante un caso en San Diego. El dinero, procedente de las ganancias del narcotráfico, fue invertido en una empresa fantasma para proteger al cliente del litigante, quien además intentó sobornar a un testigo en el caso.

Warner, de 65 años, miembro de la Barra de Abogados de California desde diciembre de 1974, se declaró culpable de dos cargos federales de conspiración para lavar ganancias producto del tráfico de droga e intentó hostigar a un testigo.

En audiencia celebrada el miércoles 16 de julio en la Corte Federal de California, en San Diego, se fijó una fianza de 5 mil dólares para que el acusado permanezca en libertad hasta el 16 de octubre, día en que el abogado podría recibir una sentencia máxima de 23 años de prisión.

Cuando en mayo de 2012, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) realizó un cateo en la residencia de uno de los clientes del abogado, identificado por la Fiscalía como “T.K.”, los agentes no hallaron 100 mil dólares en efectivo escondidos en el hogar.

Sin embargo, el narcotraficante confió a su abogado la ubicación del dinero, por lo que el litigante se encargó de invertirlo para evitar que fuese confiscado por autoridades estadounidenses.

Mediante la creación de una empresa fantasma en el extranjero, Warner lavó los 100 mil dólares, los cuales sabía, eran de procedencia ilícita.

Según lo informado por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el abogado usó fondos bancarios propios para transferir 99 mil 965 dólares a una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes.

Después, transfirió los 100 mil dólares -pertenecientes al narcotraficante-  a su cuenta personal, en múltiples depósitos en efectivo, para evitar ser objeto de reportes bancarios.

Así creó la empresa fantasma Grenadine Development, y abrió una cuenta bancaria a nombre de esa compañía para emitir cheques al narcotraficante.

En su declaración, el abogado californiano admitió que intentó sobornar a un testigo del caso. Warner le dijo a “T.K.” que debería pagar “cuotas legales” de otro narcotraficante a Warner, para prevenir que éste testificara en contra del cliente.

Como parte del proceso judicial, el abogado permitió la incautación de los 100 mil dólares -el monto lavado- y también renunció a más de 200 mil dólares decomisados de sus oficinas legales durante la ejecución de la orden de cateo, así como 34 mil 527 dólares confiscados de sus cuentas bancarias personales y de negocios.

William R. Sherman, el agente especial de la DEA  que encabezó la investigación, aseguró que “aquellos que ayudan a narcotraficantes en sus intentos (de delinquir), serán tratados tan responsables como quienes están vendiendo las drogas”. Inés García

DENUNCIA GOLPIZA Y AMENAZAS POR PARTE DE POLICÍAS MINISTERIALES

Mariano Soto asegura haber sido golpeado por policías ministeriales, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se negase a pagarle mensualidades retrasadas por el servicio de televisión satelital que él le proporcionaba.

De acuerdo a Soto, agentes adscritos al área de Robo de Vehículos lo agredieron el 23 de diciembre de 2013, cuando acudió a cobrar cuatro mensualidades por el servicio contratado por oficinas de la PGJE en Tijuana, durante dos años. El adeudo era por 2 mil 700 pesos.

Al amenazar con retirar el equipo de esta dependencia, un grupo de policías lo derribaron al piso y lo patearon, para después detenerlo durante horas y tomarle fotografías detrás de las celdas, a manera de burla.

El hombre indica que durante los hechos, el subjefe del área de Robo de Vehículos, César Arturo Aguayo Villalbazo, estuvo presente e incluso participó en las agresiones.

Por este motivo, en enero de 2014, Soto presentó una queja ante Asuntos Internos de Visitaduría de PGJE, con número 02/2014. Pero desde entonces comenzó a recibir amenazas telefónicas del agente Aguayo Villalbazo, quien le advertía que de no retirar la queja, “le van a dar piso” o “le van a sembrar droga”.

Según el afectado, las llamadas efectuadas por el agente ministerial son desde el numero *444 y muestra un historial de la compañía de telefonía celular. Estas comunicaciones de corta duración comenzaron en junio, por lo que Mariano Soto se presentó a Visitaduría el 7 de julio de 2014, a solicitar copias de su queja y dar continuidad a la misma, pero asegura, no le fueron proporcionadas.

Por último, sobre la queja presentada a Visitaduría, la PGJE señala que su propia Ley orgánica les impide dar información acerca de un proceso interno que se esté desarrollando, aunque personal explicó que la queja aún se encuentra en etapa de integración.

(SEMANARIO ZETA/ Rosario Mosso Castro/21 de Julio del 2014 a las 12:00:01)