MÉXICO, D.F. (Proceso).- La discusión sobre la ley
reglamentaria en materia de telecomunicaciones ha revelado con prístina
claridad las oscuras formas de operar del sistema plutocrático vigente,
en el que los poderes constituidos se someten al poder de la riqueza.
En
esta guerra de intereses económicos multimillonarios todo se vale: el
espionaje, los acuerdos secretos entre los gigantes de la comunicación y
las más altas esferas gubernamentales, la imposición de personeros de
los oligopolios de la televisión en el Congreso, la cooptación de
legisladores, el conflicto de intereses flagrante e impune, las
corruptelas, el cinismo y la simulación.
Este ignominioso menú de
irregularidades exhibe el verdadero rostro de un sistema supuestamente
democrático en el que el gobierno y los congresistas se doblegan ante el
poder del dinero y la pantalla televisiva.
El interés de los
consumidores, así como el de la competencia y la productividad en los
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, son desdeñados en favor
del interés de los monopolios a través de sus socios o cómplices
políticos.
En el enfrentamiento entre
los dos titanes de la comunicación, el Ejecutivo parece haber tomado
partido para favorecer al emporio televisivo frente al gigante de la
telefonía. El concepto clave del debate es la preponderancia. Se
considera preponderante al agente económico que tenga más de 50% del
mercado. El meollo del problema es cómo definir dicha preponderancia:
por sector o por servicios.
El artículo octavo transitorio del decreto de reforma en
materia de telecomunicaciones dice textualmente: “Para efectos de lo
dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico
preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de
los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que
cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor
del 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios,
suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad
utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el
Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
En marzo pasado, el Ifetel declaró a Grupo Televisa como
preponderante por el servicio de televisión abierta al acaparar 65% de
la audiencia en ese medio. No obstante, si en la ley secundaria que está
por aprobarse en el Senado (este texto se escribió el jueves 3)
determinara que la preponderancia debe definirse por sector, Televisa no
resultaría preponderante en televisión de paga y, además, su
preponderancia en televisión abierta quedaría anulada. En los hechos,
ello significaría que tras la reforma en materia de telecomunicaciones
el oligopolio televisivo quedaría no sólo inmune, sino fortalecido, lo
cual supondría una contradicción flagrante que haría nugatoria la
esencia de la reforma: suprimir los monopolios y las conductas
oligopólicas. Se acotaría el oligopolio en telefonía fija y móvil, banda
ancha e internet, pero el de la televisión abierta y restringida
quedaría intacto. El recién reformado artículo sexto constitucional en
el que se establece que “la radiodifusión es un servicio público de
interés general” seguiría siendo letra muerta.
Al momento de escribir este texto, el atropello está a
punto de ser consumado. Para obtener la mayoría simple, la iniciativa de
ley enviada por el Ejecutivo cuenta con el apoyo de los 54 senadores
del PRI, los siete del Partido Verde y por los menos cuatro del PAN,
encabezados por Javier Lozano, artífice y principal promotor del
proyecto presidencial que se considera el segundo capítulo de la Ley
Televisa.
Dicho abuso tendría consecuencias adversas para la
inversión nacional y extranjera en radiodifusión, lo cual redundaría
negativamente en la productividad del sector y en la calidad y costo de
esos servicios para el consumidor. Adicionalmente, se confirmaría el
acuerdo secreto entre el consorcio televisivo y el presidente Enrique
Peña Nieto, existente desde su época como gobernador del Estado de
México, y después como candidato del PRI a la primera magistratura del
país, cargo que obtuvo en las elecciones de 2102 gracias al apoyo
publicitario de la televisora.
Estamos a punto de experimentar una regresión al
autoritarismo del presidente Carlos Salinas de Gortari cuando decidió
convertir el monopolio público de Teléfonos en México en un oligopolio
privado. Con una diferencia: Salinas impuso y fortaleció la
privatización monopólica de ambos sectores, telecomunicaciones y
radiodifusión. En cambio, la reforma del presidente Peña Nieto
desmembraría el oligopolio del señor Slim en el sector
telecomunicaciones, pero consolidaría el del señor Azcárraga Jean en el
ámbito de la radiodifusión. De poco habría servido la reforma en
telecomunicaciones y la faramalla democrática con la que se le ha
cubierto. A pesar de la avasallante simulación, el engaño tendría
efectos económicos negativos para el país, y representaría un enorme
desprestigio para las reformas emprendidas por el gobierno actual.
Sería extremadamente grave que la parcialidad
gubernamental en beneficio de la televisora hegemónica hubiese incluido
la colaboración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)
para la grabación y posterior filtración de la conversación telefónica
de la diputada Purificación Carpinteyro. Además del evidente conflicto
de intereses –que finalmente fue reconocido por la legisladora al
excusarse de la discusión sobre la ley reglamentaria, a diferencia del
cinismo impune de la deleznable telebancada–, el espionaje del que fue
objeto ha quedado igualmente impune, a pesar de que se trata de un
delito federal.
En la comisión del delito de espionaje contra la diputada
Carpinteyro, experta en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y
crítica del evidente sesgo pro Televisa contenido en la iniciativa de
ley reglamentaria enviada por el Ejecutivo al Congreso, hay dos
opciones: o existió la colaboración de las instancias gubernamentales
que disponen de la infraestructura tecnológica para realizar el
espionaje telefónico, o Televisa cuenta con dicha infraestructura, que
puede ser utilizada lo mismo contra sus críticos que contra los actores,
productores, conductores y empleados de la empresa que se atrevan a
considerar la posibilidad de sumarse al proyecto televisivo del señor
Slim.
La existencia de la telebancada, el espionaje contra la
diputada Carpinteyro y el apoyo gubernamental al fortalecimiento del
oligopolio televisivo confirman dramáticamente la debilidad de las
instituciones democráticas y del estado de derecho en el México actual.
Plutocracia al desnudo.
/7 de julio de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario