MÉXICO, D.F., (apro).- El abogado Leonel Rivero acusó hoy al
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán,
Alfredo Castillo, de interferir en el proceso de defensa de 18
autodefensas de Aquila que se encuentran presos en el penal de Mil
Cumbres, acusados de los presuntos delitos de portación de armas de uso
reservado al Ejército y secuestro.
En entrevista con MVS Noticias, el litigante refirió que en un
principio él se hizo cargo de la defensa legal de los 18 indiciados,
pero que se vio obligado a hacerse a un lado, cuando Castillo mandó a un
grupo de abogados para presuntamente acelerar la liberación de los
detenidos.
“Abogados que se han ostentado como representantes de Castillo…
dijeron que ellos en 15 días garantizaban su libertad. Es evidente que
tenían el apoyo gubernamental porque si no, no hubieran podido ingresar a
un penal federal”, dijo.
Incluso, mencionó que las autoridades del penal “les permitieron
reunirse con todos los procesados y hacerles esa propuesta (de
liberarlos). Nosotros no pudimos reunirnos con todos, eso requiere la
existencia de una alta autoridad”.
Tentados por esa oferta, 15 de los18 autodefensas de Aquila
decidieron aceptar la defensa de los abogados enviados por Castillo.
Sólo Efraín, Agustín y Vicente Villanueva optaron por continuar con
Rivero.
En la entrevista con MVS, el litigante reveló que el juez de la causa
presentó conclusiones no acusatorias contra sus clientes por el delito
de portación de armas.
No obstante, aclaró que los Villanueva continuarán en prisión porque
todavía tienen la acusación de secuestro que fue hecha, según él, por
empleados de jefes de plaza de los Caballeros Templarios,
El abogado detalló que el juez decidió sobreseer el procedimiento contra sus defendidos, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de demostrar que se defendieron por su derecho a la vida y debido a que el Estado no garantizó su seguridad.
El juez, dijo, admitió como prueba el estudio sociológico que le
presentaron y que señalaba que los ciudadanos ceden parte de sus
libertades para que el Estado garantice seguridad pública, pero
“demostramos que los tres niveles de gobierno no habían cumplido con su
obligación”.
Los comuneros “habían acudido a instancias de gobierno y estas habían
sido omisas”, por lo que Efraín, Agustín y Vicente Villanueva, subrayó,
“optaron por transgredir ese principio” (la prohibición de portar armas
de uso del Ejército) ante el hecho de que no existía el derecho a la
vida”.
Añadió: “Fue esencialmente ese dictamen en materia de sociología lo
que determinó (el sobreseimiento del proceso). No hay posibilidad de que
el proceso se vuelva a activar por portación de armas de fuego”.
/ 11 de julio de 2014)
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