Cirugía
innecesaria realizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, destruyó los
riñones del niño mexicalense Camerik Zwittag. Su familia pide pagar la atención
del menor en Estados Unidos, pero en la institución no hay respuesta positiva.
Armando Bustos, el médico que lo dañó, no fue sancionado, mientras los padres
exigen justicia
Cuando contaba con
escasos tres meses de edad, el pequeño Camerik Zwittag, domiciliado en
Mexicali, fue mal diagnosticado con valvas uretrales, malformación en la uretra
que impide orinar, esto por el médico Armando Bustos Moya, quien dictaminó
necesaria una intervención quirúrgica que él mismo realizó en la Clínica 1 del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, el 27 de enero de 2004.
Más allá de las
simpatías o antipatías que generan sus padres, y que han sido usadas por la
autoridad durante años para descreditar la lucha por los derechos a la salud
del menor, Camerik hoy tiene 11 años y una vida difícil de sobrevivir. Tras 16
cirugías, su cuerpo se degenera a diario, no puede valerse por sí solo, orina
por el estómago y está perdiendo el riñón donado por su papá.
Sus progenitores,
Carlos Zwittag y América Samaniego, recuerdan que aun después de la cirugía,
Camerik seguía presentando los mismos malestares por los cuales se había
buscado el diagnóstico inicial. En agosto de 2004 -seis meses después de la
primera operación-, el doctor Bustos ordenó se le practicaran estudios al niño,
los cuales arrojaron un riñón seco e inservible, y otro que funcionaba con
hidronefrosis, inflamado.
Pasaron otros seis
meses para que en febrero de 2005, remitieran a Camerik al Centro Médico Nacional de Occidente del
IMSS en Guadalajara -en Baja California no tenían lo necesario para atenderlo-.
Para que esto sucediera, el padre, Carlos Zwittag, debió presentar una denuncia
ante el Ministerio Público contra Armando Bustos Moya, por el delito de
negligencia médica.
El matrimonio Zwittag
Samaniego viajó a Guadalajara cada dos o tres meses durante un año y medio,
para que el nefrólogo Simón Ojeda hiciera una revisión periódica de la
evolución médica del menor. Con solo un riñón en funcionamiento, Ojeda
pronosticó un cuadro clínico de insuficiencia renal progresiva terminal, por lo
que sería necesario un trasplante.
Sobre esta
situación, los padres de Camerik sostienen que Ojeda les ofreció realizar el
trasplante en su clínica privada por la cantidad de 35 mil dólares, advirtiendo
que esperar a que el IMSS autorizara y agendara la intervención, podría
costarle la vida al infante. El matrimonio optó por esperar, hasta que el 19 de
enero de 2010, Carlos Zwittag donó uno de sus riñones a su hijo, en ese
entonces de tres años de edad. Ese mismo año, a Camerik se le extirpó el
apéndice para usarlo como conducto para que orinara a través del ombligo, tras
diagnosticarle vejiga neurogénica (incontinencia o retención urinaria) en la
Clínica 1 de Tijuana.
La cirugía
anticipada para evitar llegar a diálisis o hemodiálisis, realizada en el Centro
Médico Siglo XXI del IMSS, costó al matrimonio Zwittag Samaniego alrededor de
450 mil pesos (traslado y estadía) en la Ciudad de México. Con anterioridad al
trasplante renal, a Camerik se le habían practicado cuatro cirugías. Posterior
a esto y debido a una serie de complicaciones, se le realizaron 12
intervenciones quirúrgicas.
Tras estas
complicaciones, el matrimonio interpuso una queja ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos en 2010, por lo que hubo la presencia de peritos médicos
de CNDH en las últimas de sus operaciones. La Comisión emitió la recomendación
19/2012 el 17 de mayo de 2012, dictaminando que Camerik nunca había padecido de
valvas uretrales, al no existir remanentes o cicatrizaciones por la fulguración
de las mismas.
De esta manera, el
diagnóstico emitido por el médico Bustos Moya fue errado, derivando en una
intervención quirúrgica que Camerik no requería, de la cual resultaron otras
complicaciones y patologías que a lo largo de los años, degeneraron el estado
físico y de salud del menor.
En la recomendación
que CNDH remitió a la Dirección General del IMSS, se señalan varias omisiones
por parte de distintos médicos adscritos a esta institución, las cuales
impidieron dar un correcto diagnóstico sobre el estado de salud de Camerik, por
lo tanto, violentaron su derecho a la salud.
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos recomendó al IMSS indemnizar a Camerik y sus padres,
además de proporcionarle la atención médica requerida de manera vitalicia, y
colaborar con las investigaciones surgidas de la denuncia presentada por Carlos
Zwittag en 2005.
Los padres de
Camerik reconocen que por parte de IMSS sí existió la indemnización
correspondiente, cercana a los 22 mil salarios mínimos (considerando el salario
mínimo vigente en 2012), equivalentes a un millón 371 mil 260 pesos.
Sin embargo, el daño
hecho a la salud de Camerik es irreversible e incluso degenerativo, por lo que
su estado no ha hecho más que empeorar. Según refieren los padres del menor,
actualmente el IMSS ya no cuenta con los recursos ni la infraestructura para atenderlo,
por eso están subrogando el servicio con distintas clínicas de Mexicali, pero
la salud de su hijo sigue en detrimento.
Camerik está
inscrito en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, entidad que lo canalizó al Rady’s Children Hospital de San
Diego, California. Los padres comentan que los médicos especializados en
Estados Unidos, les explicaron que para una nueva intervención quirúrgica se
necesita de una biopsia con un costo de 22 mil dólares, solo para conocer la
condición del riñón trasplantado en 2010.
Ellos están buscando
que legalmente, el IMSS cubra esos gastos y los que resulten del tratamiento
después del diagnóstico en la Unión Americana, como se hizo con los niños de la
guardería ABC, de Sonora, que fueron trasladados al país vecino.
El licenciado
Cuauhtémoc Castilla, abogado de los Zwittag Samaniego, explicó que las actuales
pretensiones de los padres de Camerik son:
* Consignar la averiguación previa por los
delitos de responsabilidad medica técnica y lesiones graves que ponen en
peligro la vida.
* Obligar al médico Armando Bustos Moya, a reparar los
daños causados en lo que corresponde.
* Retirar la licencia y privar de la libertad a Bustos
Moya.
* Que el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogue
la atención médica a Estados Unidos.
Los daños
Camerik es un niño
de 10 años con una estatura menor al promedio de su misma edad. Orina a través
de su ombligo y, de acuerdo a sus padres, como efecto secundario de los casi
veinte medicamentos que toma al día, se ha visto afectado en su visión, por lo
que requiere del uso de lentes para leer. En cualquier momento podría mostrar
rechazo al riñón implantado, mismo al que el IMSS le dio tres años de vida útil
y que vencieron en 2013.
Carlos Zwittag,
quien es policía municipal en Mexicali, enfrenta una incapacidad por “depresión
mayor”, por la cual recibe alrededor del 80 por ciento de su sueldo y que
terminará en febrero de 2015, y puede ser revalorada para ser definitiva. Por
esa misma depresión, tiene la prohibición de portar el arma reglamentaria.
Mientras que su esposa Angélica no ha vuelto a trabajar desde que se presentó
el diagnóstico inicial de valvas uretrales a Camerik.
El matrimonio
Zwittag asegura que se han visto menoscabados por la prensa mexicalense, la
cual los acusa de aprovecharse de la enfermedad de su hijo para hacer su modus
vivendi, al comprar (con 1.3 millones de pesos de la indemnización) un
departamento en la Ciudad de México y una camioneta nueva, lo cual
efectivamente hicieron: un departamento a ocho
cuadras de la clínica Siglo XXI, para tener un lugar donde residir
cuando es necesario el traslado de Camerik a la capital del país, y un vehículo
adecuado para cuando sea urgente ir a la Clínica 1 en Tijuana, o algún hospital
privado en San Diego o Los Ángeles, California.
El abogado de los
Zwittag Samaniego detalló que al momento de buscar la ampliación de la denuncia
penal de 2005, la Procuraduría General de la República pretendió -sin
justificación legal- notificar a Carlos Zwittag del no ejercicio de la acción
penal y la consulta de archivo, dándole un término de 15 días para presentar un
recurso contra esta determinación, tomándose el término en días naturales.
El licenciado
Cuauhtémoc Castilla considera que el matrimonio está siendo privado de sus
derechos fundamentales como víctimas, al negarles la oportunidad de ofrecer
pruebas y coadyuvar con el Ministerio Público en la averiguación previa, la
cual no ha avanzado. De ahí la exigencia de que se consigne la misma. En caso
de que esto no suceda, se buscará el amparo directo contra la determinación
judicial de no ejercicio de la acción penal.
ZETA buscó la
versión de la delegación del IMSS respecto al proceso legal y las peticiones de
la familia Zwittag. La primera respuesta fue que el delegado Alcides Beltrones
estaba en la Ciudad de México, pero Alfredo Comparan, jefe de Servicios
Médicos, daría la atención, y después informaron que este último también había
salido a la capital del país.
Por su parte,
Martina Martínez, encargada del área de Comunicación Social del IMSS en Baja
California, explicó que efectivamente, el Instituto ya indemnizó a Camerik y a sus padres, lo
mismo que adquirió el compromiso moral de proveerle de los medicamentos,
insumos y atención que pueda requerir, “… mientras las exigencias no sean
exorbitantes”.
También, comentó que
en Mexicali los Zwittag Samaniego no cuentan con una opinión pública favorable.
“Cada crisis que presenta el menor retoman el caso, piden indemnización y
vuelven a demandar… viven de explotar la situación de su hijo”.
Según la
funcionaria, el ofrecimiento del IMSS es practicarle a Camerik todos los
estudios que requiera en las clínicas de Baja California, y afirmó que sus
padres se presentaron recientemente exigiendo 100 mil dólares para la
realización de estudios en consultorios privados en San Diego.
“Por normatividad,
no se puede dar una cantidad de dinero”, especificó Martínez.
Contactado por ZETA
telefónicamente, el urólogo pediatra Armando Bustos Moya accedió en primer
término a dar su versión de los hechos a través de una entrevista, oportunidad
que posteriormente declinaría por recomendación de la delegación estatal del
IMSS, con la indicación de que un medio impreso no es el tribunal adecuado para
ventilar este tipo de demandas contra personal del Instituto (Bustos ya está
jubilado del servicio público) y que no se daría al caso una mayor relevancia
de la que tiene.
Como impresión
personal, Bustos Moya mencionó que el padecimiento de Camerik es algo difícil
de diagnosticar, y que para el momento en que se detectó, el menor ya
presentaba insuficiencia renal. Mencionó también que los padres han encontrado
una manera de vivir, enarbolando la enfermedad que padece su hijo.
(SEMANARIO
ZETA/ HÉCTOR ORTIZ RAMÍREZ/ 27 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 13:30:00)
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