Durante dos años, el
Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, tuvo conocimiento de señalamientos,
acusaciones y denuncias en contra de sus sacerdotes por acoso sexual a menores,
y les permitió continuar dentro de la Iglesia, mientras víctimas, testigos y
clérigos dieron cuenta de las acciones de los párrocos inculpados.
Tres investigaciones
realizadas por diferentes instancias, brindaron evidencia suficiente para que
el Vaticano ordenara la suspensión temporal de siete sacerdotes. Cinco fueron
removidos de las parroquias que dirigían y alojados en propiedades pertenecientes
a la Iglesia, dos más continúan al frente de sus iglesias.
La Arquidiócesis de
Tijuana confirmó la suspensión de los padres Jeffrey David Newell, párroco de
la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en Camino Verde; Enrique Tenorio
Pérez, padre de la iglesia San Martín Caballero en la colonia Las Villas y
Aurelio Castillo Aguilar, presbítero de iglesia Santiago Apóstol, en la colonia
Reforma.
El Arzobispo Rafael
Romo Muñoz explicó que del sacerdote Danilo Pietro Zanini, aún no recibe
instrucciones del Vaticano para suspenderlo, por lo que continúa en la
parroquia San José de la colonia Durango.
Además, negó que el
párroco Carlos Castillo, esté implicado en las investigaciones. Estos dos
nombres aparecieron como presuntos pederastas en el blog “Dossier Tijuana:
Santa y Pecadora” del laico Teodoro Uckerman, quien denunció el caso
públicamente, denuncia retomada por la prensa local.
Aunque es la primera
ocasión que se suspenden a sacerdotes acusados de pederastia en la
Arquidiócesis de Tijuana, monseñor Rafael Romo Muñoz, conoció del caso previo,
un adolescente se le acercó para informarlo que un sacerdote lo había agredido
sexualmente.
Romo explicó que el
sacerdote, “con quien antes no había hablado porque tenía poco tiempo aquí y él
venía de fuera, se fue a su lugar (de origen)”, ésa fue la solución.
El líder de la
Iglesia de Tijuana, asegura que si el proceso no se siguió en el Ministerio
Público –donde corresponde– fue porque el denunciante no quería dañar a la
Iglesia.
Sacerdote exiliado
de Los Ángeles, refugiado en Tijuana
Jeffrey David Newell
se ordenó como sacerdote diocesano la mañana del 9 de junio de 1990, en Los
Ángeles, California. De origen alemán, pero ciudadanía norteamericana, el
hombre alto, de cabello abundante, ojos verdes y robusta figura, era
identificado como alegre y jovial.
Un año después, un
estudiante universitario de 20 años, denunció a la Arquidiócesis de Los
Ángeles, el abuso sexual que sufrió cuando Newell era seminarista, a finales de
los ochenta.
El asunto fue
tratado en privado por autoridades católicas, quienes acordaron con la víctima
que Newell sería separado del sacerdocio y se le prohibiría estar en contacto
con menores de edad.
En 1993, el padre
Jeffrey Newell fue removido de la sede por no cumplir con un programa de
tratamiento contra la obesidad y el alcoholismo, además de ser suspendido por
“conductas sexuales con un adulto”, reporta la nota publicada por la Associated
Press en 2010, citando al vocero de la Iglesia de Los Ángeles, Tod Tamberg.
Sin embargo, en 2008,
el denunciante encontró el perfil del padre Jeffrey Newell, en la red social
MySpace. El padre aparecía en la iglesia ubicada en una esquina de la colonia
Camino Verde de Tijuana, fotografiado con niños y entre sus amigos, figuraban
varios adolescentes.
Entonces, el 22 de
junio de 2010, el denunciante entabló una demanda en contra de la Iglesia de
Los Ángeles por fraude al considerar que las autoridades religiosas cometieron
fraude y negligencia al permitir que Newell
continuara como sacerdote.
Ese año, las
Arquidiócesis pertenecientes a California, enfrentaron diversas demandas por
fraude, un segundo recurso legal utilizado por las víctimas, ya que el delito
de pederastia tiene un año de prescripción. Se calcula que por el total de las
denuncias, se pagaron hasta 800 millones de dólares como reparación de daños.
ZETA contactó a
David Clohessy, director y vocero de la Red de Sobrevivientes de los Abusados
por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), en Chicago, Illinois, quien en
2010 documentó el caso del sacerdote Jeffrey Newell.
“El padre Newell
debió haber sido suspendido desde hace años. Obispos católicos en México y
Estados Unidos, deberían sentirse avergonzados por haber permitido que este
clérigo peligroso estuviese cerca de niños”, opinó el activista.
Con 23 años de
existencia, SNAP reporta y da seguimiento a los casos de pederastia en Estados
Unidos. David Clohessy inició la organización después de denunciar el abuso
sexual del que fue víctima cuando adolescente.
“Es trágico porque
estos crímenes devastadores pudieron haber sido prevenidos si las autoridades
católicas en Los Ángeles y México, hubieran actuado responsablemente. Hay
muchos recursos, como comunicados y páginas de internet, que pudieron y
debieron haber usado para advertir a las familias del padre Newell”, sostuvo.
La comunidad
católica de Camino Verde, identifica al “Padre Jeff” como un sacerdote
simpático. Es identificado por el laico Teodoro Uckerman, en su blog, como
influyente y cercano al Arzobispo Rafael Romo Muñoz.
En 2010, el
sacerdote expulsado de la Arquidiócesis de Los Ángeles, fue nombrado asesor de
las comunidades de alianza en la Arquidiócesis de Tijuana. Es también el
fundador de la Comunidad Koinonia, grupo perteneciente a la Iglesia Católica.
Incluso, conducía un
programa de radio en el que participaban niños y adolescentes. Feligreses de la
parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, consultados por ZETA, atribuyen el
cambio de párroco a cuestiones personales del “padre Jeff”.
Algunos sin
conocimiento de las investigaciones que se desarrollan desde el Vaticano,
esperan el pronto regreso del sacerdote. Otros, quienes saben de las
acusaciones, le expresan su apoyo en las redes sociales.
“Dios y Santa María
de Guadalupe lo defiendan ante estas acusaciones cunte (sic) con mis oraciones,
si Satanás se lansa (sic) contra ellos el Señor los protejera (sic) solo que
todos los santos sufren esos ataques como el padre Dios lo bendiga padre
Jeffrey David todo saldrá beine (sic), escribió una mujer en la fotografía de
perfil del sacerdote en Facebook, el 28 de mayo de 2014.
La Arquidiócesis de
Tijuana, también le brinda su apoyo. “Tenemos que escucharlo a él…aquí no hay
ninguna denuncia (penal) en contra de él, la gente lo quiere, lo admira, es un
buen sacerdote, pero tiene esa circunstancia de años atrás, al parecer, no
procedió en ningún lado esa demanda, pero se insiste en ese asunto”.
La investigación
Entre junio y julio
de 2012, Eduardo Ortiz, entonces rector del Seminario de Tijuana, comenzó a
documentar los casos de presuntos abusos sexuales dentro de la Iglesia. A
partir de acusaciones, señalamientos, sospechas y testimonios de víctimas y
testigos, el clérigo preparó un expediente con los nombres de los sacerdotes
acusados.
Este dossier fue
entregado a la Nunciatura Apostólica en México, la cual, a su vez, lo hizo
llegar a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano.
Tres meses después,
en octubre de 2012, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, fue notificado
por el nuncio apostólico, Christoph Pierre, que los sacerdotes serían
investigados por las acusaciones en su contra.
Fue Ulises Macías,
Arzobispo de Hermosillo, Sonora, el designado por la Santa Sede como titular de
la investigación. Desde ese momento, Romo Muñoz tuvo conocimiento de los casos
que habían acontecido bajo su jurisdicción.
Preparado con un
equipo de sacerdotes, el líder de la Iglesia de Hermosillo, inició las
indagatorias hasta marzo de 2013, nueve meses después del registro de los
casos.
Ya en Tijuana, el
grupo de clérigos citó a los sacerdotes denunciados, revisó las observaciones y
situaciones enviadas desde el Vaticano para cada uno de los casos. También se
entrevistó con víctimas y testigos. Una semana después, partieron de regreso a
Sonora.
Allá, con pruebas
recabadas, los sacerdotes elaboraron el documento que enviaron hasta la Santa
Sede –nuevamente a través de la Nunciatura Apostólica en México, D.F.– y ocho
meses después, en abril de 2014, el Vaticano notificó los resultados al
Arzobispo Romo Muñoz.
Las averiguaciones
previas encontraron evidencia suficiente para suspender temporalmente a los
párrocos, a quienes se les separó de sus Iglesias. El 24 de abril de 2014,
Monseñor Rafael Romo Muñoz, habló personalmente con cada uno de los implicados
y les informó que de incumplir con las medidas cautelares establecidas, serían
sometidos a otras penas.
Prohibido quedó
ejercer el sacerdocio y por lo tanto, los sacramentos. No podrían celebrar
misa, ni escuchar confesión, tampoco acompañar a grupos apostólicos.
Una semana después,
se les ordenó redactar su defensa, la cual debería estar lista en un plazo de
siete días, para ser remitida al Vaticano. La Arquidiócesis de Tijuana,
supervisó y revisó los escritos antes de enviarlos hasta Roma.
Luego, en mayo de
2014, el jefe de la Iglesia Católica en Tijuana, se reunió con el Consejo
Presbítero, para que los decanos anunciaran el relevo de las actividades de los
siete implicados.
Ya que el fallo del
Vaticano no es definitivo, ni se ha emitido una sentencia final, la
investigación podría prolongarse ocho meses más.
EL CASTIGO
De acuerdo al sexto
mandamiento del Decálogo –las normas sustanciales de El Vaticano–, entre los
delitos más graves contra la moral, se encuentra el “cometido por un clérigo
con un menor de 18 años”.
Ahí mismo, se añade
“la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes
pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo” y
se le atribuye “debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la
dimisión o la deposición”.
Luego, el Código de
Derecho Canónico, ofrece efectos para esta suspensión. La cual prohíbe todos o
algunos de los actos de la protestad de orden o de régimen e incluso, el
ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a un oficio.
De entrada, cada uno
de los siete sacerdotes investigados deberá someterse a tratamiento profesional
psicológico y debe estar acompañado –en todo momento– por un consejero
sacerdotal espiritual.
Se les pide estar
acompañado de otra persona en el ambiente donde se les acusa de acoso sexual y
permanecer en el lugar de residencia que se les designe. Si no obedecen estas
medidas, se les puede destituir definitivamente del ministerio sacerdotal.
Por ejemplo, al
párroco Aurelio Castillo, se le permite continuar en la parroquia Santiago
Apóstol, donde oficia misa y sigue al frente de la iglesia, mientras la
investigación continúa su curso.
IGLESIA DESESTIMA ACUSACIONES
Si bien, la
Arquidiócesis de Tijuana confirmó que los siete casos de padres suspendidos,
son a causa de acoso sexual a menores, el Arzobispo Rafael Romo Muñoz se
apresuró a aclarar “no precisamente es abuso completo, sencillamente es acoso,
pero sin llegar a mayores”.
Explicó a medios de
comunicación en conferencia de prensa, que las víctimas son menores de edad,
pero “no un niño, es un supuesto adolescente, de 15 a 17 años”.
Por su parte, el
padre Antonio Beltrán, consideró que de los casos investigados, pocos cuentan
con “pruebas contundentes” y aseguró que la resolución de los siete implicados,
se hará pública cuando sea enviada de Roma.
“Se dice, se cree,
se presume, ésas no son denuncias, sin embargo, así están elaboradas la
mayoría”, consideró.
(SEMANARIO
ZETA/ Inés García Ramos/ M23 de Junio del 2014 a las 12:00:00)
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