De 309
denuncias penales contra servidores y ex servidores públicos, solo 9 han sido
consignadas por la PGJE
La Paz, Baja
California Sur.- La impunidad reina en Baja California Sur. Del 15 de marzo del
2011 al 28 de mayo del presente año, y en casi cuatro años, la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), únicamente consignó 9 de las 309
denuncias penales interpuestas en contra de ex funcionarios del ex gobernador
Narciso Agúndez Montaño y de funcionarios del actual gobernador Marcos Alberto
Covarrubias Villaseñor en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos.
La ineficacia es tan
cuestionable y grave que –según reconoció la encargada de la Unidad de
Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco— solo se
remitieron a juzgados 5 averiguaciones previas en el 2011, 2 en el 2012 y 2 más
en el 2013, y 300 casos más quedaron en el estatus de “reservadas” o “bajo
investigación” y se determinó “el no ejercicio de la acción penal”.
De acuerdo a datos
recabados por ZETA el resultado es que de los únicos 9 casos consignados, solo 7
ex servidores públicos fueron capturados y encarcelados, aunque posteriormente,
y a excepción de uno, todos salieron libres bajo caución. Son los siguientes:
1.- Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador, acusado
por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal fue detenido el
24 de mayo del 2012 y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido
alrededor de 7 meses.
2.- Luis Armando Díaz, ex titular de la Secretaría
General de gobierno, acusado por los delitos de incumplimiento de un deber
legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de
diciembre del 2011, pasó recluido solo 24 horas.
3.- Alfredo Porras Domínguez, ex secretario general de
gobierno, acusado por el delito de peculado fue detenido el 24 de mayo del 2012
y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido aproximadamente 7
meses.
4.- Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, acusado de
incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de
diciembre del 2011, pasando recluido únicamente 24 horas.
5.- Francisco Antonio Alcántar López, ex director de
Comunicación Social del gobierno de Agúndez, acusado de peculado y
falsificación de documentos fue detenido el 28 de febrero del 2012 y liberado
el 14 de enero del 2013, quedando recluido cerca de 11 meses, y posteriormente,
ejecutado el 9 de octubre del 2013 en la puerta de su casa del fraccionamiento
Fidepaz de La Paz.
6.- Héctor Ibarra Espinoza, ex titular de Oficialía
Mayor del pasado sexenio, acusado por el delito de incumplimiento de un deber
legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de
diciembre del 2011, quedando recluido únicamente 24 horas.
7.- César Uzcanga Amador, ex regidor de Los Cabos,
acusado por el delito de fraude agravado y despojo fue detenido el 7 de
septiembre del 2011 y la fecha, preso en el Centro de Reinserción Social de San
José del Cabo.
Durante el estudio,
revisión y análisis de los expedientes, juicios de amparo, recursos de revisión
y dictámenes de los casos de los ex servidores públicos señalados, algunos de ellos
con dos procesos penales en su contra, un abogado consultado por este semanario
expuso que en el caso de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor
Ibarra Espinoza, fueron liberados porque el delito por el que fueron acusados
“no era grave” y “alcanzaban su libertad bajo fianza”.
No obstante, el caso
de Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.) “estuvieron más tiempo en prisión
porque tuvieron que ir a pelear a los tribunales federales para lograr que el
delito grave por el que fueron acusados fuera reclasificado a un delito
tipificado como no grave y alcanzar caución”.
De entrada, según la
explicación del abogado, los jueces federales “tuvieron que suplir toda la
deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de
agravios formulados en los recursos en materia penal”, porque en algunos casos
“la defensa de los indiciados planteó deficientemente la queja por
desconocimiento o descuido, y el juzgador por mandato Constitucional tuvo que
subsanar la demanda a favor del agraviado para corregir u operar la suplencia
–llamada así en términos legales—y replantear la demanda del juicio de amparo
para que procediera el estudio y análisis en el juzgado”.
Lo anterior porque
según la versión del litigante “se supone que el Agente del Ministerio Público
del Fuero Común, es una persona competente y profesional en la materia y tiene
todo el respaldo del aparato gubernamental”.
Por eso, y de
acuerdo al penalista, “los indiciados Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.),
finalmente y después de una larga batalla legal, ganaron el juicio de amparo
federal y recuperaron la libertad”.
— ¿Ganaron por ser
inocentes?, preguntó ZETA.
“No porque fueran
inocentes, sino porque reclasificaron los delitos de graves a no graves, y eso
permitió que salieran libres, pagando una fianza. Sin embargo, y según lo que
leímos en toda la documentación es que fueron encontrados culpables por un
delito menor al que fueron acusados, porque las pruebas aportadas por el Agente
del Ministerio Público del Fuero Común, no fueron tan contundentemente fuertes
como para sostener la acusación y dejarlos en prisión, pero de que fueron
culpables de delinquir no quedó la menor duda con el dictamen de los juzgados.
Tan es así que todavía firman los días viernes de cada semana en los juzgados
correspondientes, en lo que cierra el proceso penal y sale la sentencia.
El único ex
funcionario del sexenio pasado que todavía se encuentra encarcelado es el ex
regidor del PRD, César Uzcanga Amador, compadre del ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño, y quien tiene en su contra más de 250 denuncias penales por
los delitos de fraude agravado, y el cual está a punto de ser sentenciado por
un juez penal”.
La impunidad
Pero la cacería en
contra de los ex colaboradores del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, no ha
sido tan certera y pareja en el caso de algunos servidores y ex servidores
públicos de la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor, tal es el caso del actual diputado federal y precandidato a alcalde
de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, acusado de los delitos de
administración indebida y desvío de recursos públicos en su paso por la
presidencia de la Gran Comisión de la XII Legislatura, y quien nunca fue
requerido y perseguido por la justicia.
El expediente en
manos de ZETA indica que, a pesar de haber pruebas documentales en su contra, y
las cuales inclusive, contaban con su firma no se deslindaron responsabilidades
penales en su contra por el desvío de 6 millones 055 mil 965 pesos con 68 centavos,
según denuncia presentada el 13 de junio del 2010 por diputados de las
fracciones parlamentarias del PAN, PRI, y PANAL, y la cual quedó registrada
bajo el número de Averiguación Previa LPZ/093/SPB/2010.
En la denuncia
penal, figura también como presunto responsable, el ex diputado del PRD, Juan
Hernández Paularena.
Por el contrario, en
su paso como secretario privado del gobernador del PAN, Arturo de la Rosa
Escalante, aprovechó bien su tiempo y fue altamente privilegiado, después de
haber dejado el PRD, y donde todos los hermanos de La Rosa, como el caso de
Benjamín, Noé, Alfredo, Gerónimo y Adrián, ocuparon cargos directivos en la
administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
El primero fue
Coordinador Administrativo de la Oficina del Gobernador; el segundo, Director
de Planeación y Evaluación Educativa de la SEP; el tercero, Subprocurador de
Averiguaciones Previas, el cuarto, regidor del Ayuntamiento de Comondú, y el
quinto, hasta hoy permanece en el cargo de Abogado General de la UABCS, y cuyo
negocio en el “servicio público” del clan familiar podría reactivarse, en caso
de que su hermano Arturo, logre ser alcalde de Los Cabos.
El caso del hoy
precandidato a alcalde de Los Cabos, es solo uno de la estadística de casos que
no se han investigado y tampoco se han perseguido en contra de ex servidores y
servidores públicos del actual cuatrienio gubernamental, tal y como lo expuso
el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local,
Juan Alberto Valdivia Alvarado, y quien con una frase célebre, definió que lo
que debería ser la justicia en el estado: “O todos coludos o todos rabones”.
Y es que –según
expuso el legislador—“como el caso del actual diputado federal del PAN, existen
otras denuncias penales que simplemente no avanzan o sospechosamente no
terminan por integrarse y consignarse”, lo que exhibe a la Agencia
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, como ineficaz y
protectora de los llamados delitos de “cuello blanco”, y donde a diferencia de
cualquier ciudadano común y corriente, “los funcionarios y ex funcionarios no
son investigados y mucho menos perseguidos judicialmente y prácticamente se han
convertido en los intocables de la Procuraduría General de Justicia del
Estado”.
Peor aún. La agencia
del ministerio público –y según los nulos resultados—es desde el arranque del
actual cuatrienio una figura meramente decorativa, y de la cual de poco o nada
sirve que el titular de la PGJE, Adonaí Carreón Estrada, presuma tener una
Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sino se
resuelven las denuncias y mucho menos existen resultados palpables.
Lo que sí, es para
la ciudadanía una carga administrativa que tiene asignado un presupuesto,
equipos, vehículos, personal y un espacio y donde cada año se van abultando los
expedientes.
Los números
Durante esta
investigación, ZETA solicitó a la PGJE a través del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información del estado de Baja California Sur, información
detallada sobre el número de denuncias presentadas, consignadas, en reserva y
los casos en las que se determinó que no había elementos para ejercer la acción
penal.
Del 15 de marzo del
2011 al 28 de mayo del 2014 –y según datos enviado por la encargada de Unidad
de Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco—fueron
recibidas 309 denuncias penales distribuidas de la siguiente manera: 106 en el
2011; 109 en el 2012; 78 en el 2013 y 16 en lo que va del 2014, así como 130
más que venían arrastrando del 2008 al 2010.
De este número –y de
acuerdo a la PGJE—únicamente fueron consignadas 9, de las cuales 5 fueron en el
2011; 2 en el 2012 y 2 en el 2013 y ninguna en los primeros 6 meses del 2014,
lo que exhibe por sí solo el saldo negativo de Agencia Especializada en Delitos
Cometidos por Servidores Públicos.
Del total de
denuncias recibidas, es decir, de las 309, 177 expedientes están en “reserva” o
“bajo investigación”, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 45
casos en el 2011; 68 en el 2012; 64 en el 2013 y ninguno en el 2014.
Finalmente la PGJE
indica que en 253 expedientes se decretó el no ejercicio de la acción penal,
quedando distribuidos de la siguiente manera: 8 en el 2011; 140 en el 2012; 104
en el 2013 y un caso en el 2014. Además, 130 casos más –del 2008 al
2010—estaban en el estatus “sin clasificar”.
En la revisión y
análisis de los casos, y de acuerdo a la opinión de un abogado, la Agencia
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE, solo
resolvió el 3% de los casos, dejando el 53 por ciento, bajo investigación y el
40% restante decretando el no ejercicio de la acción penal. En tanto, hasta
ahorita se desconoce el estatus de los 130 expedientes del 2008 al 2010.
LA JUSTIFICACIÓN
A poco más de tres
meses de haber tomado protesta como nuevo Procurador, Adonaí Carreón Estrada,
comenzó a realizar los primeros cambios dentro de la estructura de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Aun cuando al asumir
el cargo, se comprometió públicamente a elaborar y presentar un diagnóstico
sobre la situación de la institución, al cierre de esta edición, todavía no
tocaba el tema, a pesar de que casos como el de la Agencia Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, exhiben por sí solos los pobres
resultados en cuanto a la persecución de delitos.
El nuevo procurador
anunció nombramientos el pasado 16 de junio en 5 subprocuradurías, dos
direcciones y dos órganos de control interno, presentando “las nuevas caras” de
la PGJE.
No obstante, y
particularmente sobre el tema de los nulos resultados en la Agencia
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, nadie quiso dar la
cara a ZETA.
Acostumbrados a la
adulación y el control de medios de comunicación, y después de enterarse del
tema a tratar, solicitado a través del vocero de la PGJE, Sergio Villarreal, ni
el Procurador Adonaí Carreón Estrada ni el subprocurador de Averiguaciones
Previas, Alejandro Martínez Beltrán y mucho menos el responsable de la agencia
de Servidores Públicos, salieron a dar explicaciones, bajo el argumento de que
“tenían un par de días de haber tomado protesta en el cargo y desconocían los
números y resultados del tema a tocar”. Todos guardaron silencio.
Saldo negativo de la PGJE
|
Denuncias
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Recibidas
|
130
|
106
|
109
|
78
|
16
|
|
Consignadas
|
--
|
5
|
2
|
2
|
0
|
|
En Reserva
|
--
|
45
|
68
|
64
|
0
|
|
No
ejercicio de la acción penal
|
--
|
8
|
140
|
104
|
1
|
|
Total
|
130
|
164
|
319
|
248
|
17
|
Fuente: PGJE
Los nombramientos
|
Cargo
|
Entra
|
Sale
|
|
Subprocuraduría
de Averiguaciones Previas
|
Alejandro
Martínez Beltrán
|
Martha
Cecilia Garzón López
|
|
Subprocuraduría
de Investigaciones Especiales
|
Isaí Arias
Famanía
|
----
|
|
Subprocuraduría
de Control de Procesos
|
Anabel
Vázquez Chávez
|
Roberto
Zavala Avilés
|
|
Subprocuraduría
regional Sur
|
Francisco
Javier Vázquez Alatriste
|
Mario
Zazueta Obeso
|
|
Subprocuraduría
región Norte
|
Juan
Manuel Ambriz Roldán
|
Juan
Lucero Geraldo
|
|
Director
de Servicios Periciales
|
Juan
Carlos Jiménez Pérez
|
Juan
Valdivia Bautista
|
|
Director
de Policía Ministerial
|
Francisco
Javier Camacho Manríquez
|
Hugo Paúl
Galindo Camacho
|
|
Visitador
General
|
Mario
Zazueta Obeso
|
Teodoro
Bustamante Cortés
|
|
Contralor
Interno
|
Roberto
Zavala Avilés
|
Emilio
Salvatierra Wilson
|
Fuente: PGJE
(SEMANARIO
ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 24 de Junio del 2014 a las 12:00:00)
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