Autoridades
bajacalifornianas decidieron ser omisas en investigar la actividad criminal de
un residente de Tijuana acusado por tráfico de marihuana y cocaína a San Diego.
Voltear hacia otro lado se está haciendo común en la PGJE.
En medio del
pleito por territorios para la venta y trasiego de droga en Baja California, y
el surgimiento público de nombres de delincuentes hasta ahora poco o nada
conocidos en el organigrama del crimen organizado local, la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) que encabeza la licenciada Perla Ibarra,
ha preferido voltear hacia otro lado y, de ser posible, disfrazar las pugnas
del narcotráfico como delitos del orden común.
El jueves 5
de junio de 2014 se dio el intento de homicidio contra Francisco Javier Torres
Saavedra y/o Carlos Jared Rodríguez
Hernández, traficante de drogas en San Diego, víctima custodiada en Tijuana.
Al ser
detenidos, sus fallidos homicidas advirtieron: “Al que le íbamos a pegar es de
los más buscados del FBI”, fue así como la Secretaría de Seguridad Pública de
Tijuana consultó a sus homólogos en Estados Unidos, e informaron que el hombre
herido, identificado como Francisco Javier Torres Saavedra, era el traficante
Carlos Rodríguez.
De manera
extraoficial, manifestaron a los mexicanos: “Búsquenle, porque tienen 16 alias y por lo menos seis de
ellos son buenos (tienen respaldo documental en las bases de datos oficiales)”.
Consideraron que dado que la droga la llevaba de México a Estados Unidos,
podría tener cargos en Baja California con alguno de sus alias. Pero no resultó
así.
Carlos
Hernández, Carlos Jhared, Luis Alberto Serena, Luis Alberto Serena-Rodríguez,
Carlos Javier Rodríguez, Carlos Jahred Rodríguez, Carlos Jhared Rodríguez
Hernández, Steven Anthony Martinez, son los nombres que publicó el Buró Federal
de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en su imagen de “Los más Buscados”
que data de 2002.
Carlos
Jhared Rodríguez Hernández también fue el nombre con el que lo reclamó un
hombre que se presentó en el hospital como su hermano y una mujer que dijo ser
su madre, alegando que su hijo era ciudadano americano y le estaban violando
sus derechos; de hecho el gobierno del Estados Unidos le fincó cargos en 1999,
por hacerse pasar por nativo de aquel país.
El hermano y
la madre se enfrentaron a policías municipales que les negaron la entrada a la
habitación de quien tenían registrado como Francisco Torres. Ante la acción de
los uniformados, la familia solicitó un amparo contra los Municipales, quienes
según ellos, tenían al herido “incomunicado”. Fue a través de este documento
tramitado por sus parientes que se conoció la identidad “real” del baleado.
Desde el año
2002, Carlos Rodríguez, el hombre que
recibió tres tiros de arma calibre 45 el jueves 5 de junio en el restaurante
Verde y Crema de Tijuana, tiene en su contra una orden de aprehensión por
asociación delictuosa por tráfico y distribución de 100 kilogramos de
marihuana, y 500 gramos o más de cocaína en San Diego. La Policía Municipal
tijuanense custodia el hospital donde el joven se recupera de los balazos.
Pero los
uniformados no están vigilando que no se escape, fueron comisionados para
evitar que otros criminales lleguen a matarlo; la PGJE y demás integrantes del
Consejo Estatal de Seguridad de Baja California conocen la identidad del hombre
señalado como traficante de drogas por autoridades de Estados Unidos, pero decidieron
no hacer nada al respecto.
Pese a los
antecedentes criminales, y el hecho de que posee varias identidades falsas, por
razones injustificables, la procuradora Perla Ibarra decidió ser omisa y no
asignar el caso a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. El
subprocurador José María González Martínez tampoco solicitó el expediente, y la Subprocuraduría de Zona encabezada por
el licenciado Gilberto Cota Alanís, está llevando el caso -hasta ahora- como homicidio
calificado en grado de tentativa, con un móvil pasional.
PALABRAS DE
LOS DETENIDOS
Capturados
por la Policía Municipal minutos después de balear a Rodríguez, los jóvenes
Carlos Alberto Vázquez Saldaña (22 años) y Arturo García Rodríguez (21 años), confesaron que “Mauricio” “El
Changuillo”, “El Senek” era quien quería muerto a Rodríguez, él les dijo que lo
buscaba el FBI.
De su jefe,
dijeron era “El Tigre”, que vive en Mexicali, y según el organigrama de Consejo
Estatal de Seguridad, se trata de José Soto.
También
mencionaron: “… a esta persona la andan queriendo matar desde finales del año
pasado”, según ellos porque le debe dinero a “El Blue” y/o “El Isaac”, hombre al que el Grupo
Coordinación tiene identificado como Isaac Alijo Chávez. Recibiría el pago de
este individuo o de su hermano Pedro.
Vázquez
agregó que “Mauricio” le entregó el arma un día antes, prometiéndole que
alrededor de la escena del crimen habría gente para apoyarlo y un taxi para que
huyera. También, que le había entregado una foto de su víctima y él iba a pagar
5 mil dólares, pero solo le adelantó 600 pesos.
El mismo
jueves 5 de junio le habló, le dio las
señas del auto de la víctima y lo mandó al restaurante, pero cuando llegaron,
Rodríguez ya estaba ahí, así que entraron; él fingió que iba al baño cuando un
mesero les preguntó que se les ofrecía, dado que su víctima estaba al fondo del
restaurante. Así le disparó.
Durante este
proceso vio pasar a “El Changuillo” en un automóvil Toyota Tercel blanco. Dijo
que no quería disparar, pero le tenía miedo a su jefe porque lo amenazó y ya
antes había participado en otros delitos
con él: un asesinato en la calle 8 de Tijuana, mataron a uno de los asesinos de
“El R4”, una balacera contra gente de “El 300” en la colonia El Rubí -donde
mataron a “El Vísceras”-; el incendio de una casa en el Periférico y otro
muerto en el Infonavit Latinos, donde vigiló que no llegarán policías.
Arturo
García mencionó que les advirtieron que la víctima era pistolero y que lo
buscaban las autoridades, pero que ahora tenía talleres en los que arreglaba
carros para pasar droga a Estados Unidos, uno en la Zona Río Tijuana -cerca del
Ministerio Público- y otro en Bulevar
Fundadores, “ninguno tiene letrero”.
Según el
detenido, no tenían orden de matar a Rodríguez, hasta donde él sabía, lo iban a
levantar para llevarlo con “El Changuillo”.
DECLARACIÓN
ANTE EL JUEZ
Ante el
Ministerio Público del Fuero Común, los detenidos se negaron a declarar; lo
hicieron oficialmente ante el Juez Séptimo Penal.
Ahí, Carlos
Alberto Vázquez dijo otra cosa: que el miércoles 4 de junio, en el bar Las
Pulgas platicó con “Mauricio”, quien le comentó que traía la autoestima baja
porque su novia andaba con otro, y que al día siguiente le habló para pedirle
que le metiera un susto a su contrincante de amores.
Al siguiente
día, minutos antes de perpetrar el atentado, lo citó en la gasolinera que está
frente al restaurante La Especial en el Bulevar Agua Caliente de Tijuana, le
dio una cangurera con la pistola 45 dentro, y 3 mil pesos; les dijo que estaba
en el restaurante y le pegaran un susto, pero que él se puso nervioso y se le
salieron los tres tiros.
Arturo
García aseguró que no sabía que Carlos iba a disparar y negó haber acompañado a
su amigo a recibir el arma. Narró que cuando iban entrando al restaurante su
amigo se fue al baño, entonces escuchó la balacera y fue el primero en salir
corriendo, y paró al taxista. Como el chofer no sabía de qué se trataba ni vio
el arma en la cangurera, iba despacio y por eso los detuvieron.
Afirmó no haber dicho nada a los Municipales
y que lo torturaron con una bolsa.
La joven que
acompañaba a Rodríguez se llama Nadia, dijo que lo conocía hacía seis meses y
apenas estaban saliendo, ella lo identificó como Francisco Torres “El Franky”.
Se desconoce quién pidió que lo llevaran al Hospital Ángeles, donde es
atendido.
Cuando la
Policía llegó a la escena del crimen, Rodríguez alcanzó a mencionar que lo
había baleado un joven de camisa roja. Fue operado, los impactos de bala le
dañaron la tráquea, el esófago, y perforaron el pulmón derecho y la clavícula
izquierda, pero ya está en recuperación y hablando.
La PGJE no
ha solicitado los videos de la gasolinera donde presuntamente se reunieron para
planear el ataque, tampoco ha tomado huellas de la víctima ni corroborado su
identidad, y menos ha tomado su declaración.
El martes 10
de junio, les notificaron a Vázquez y García la formal prisión, pero los
homicidas materiales no firmaron, la Procuraduría Estatal dejó la indagatoria
abierta por triplicado para continuar la investigación.
Cuestionado
por qué dados los antecedentes de la víctima no se indagan otros móviles del
crimen, el subprocurador Cota Alanís, explicó que ya está dado en la confesión
de los implicados, pero recordó que el expediente sigue abierto.
También se
le preguntó por qué no están revisando con las autoridades de Estados Unidos
los cargos por tráfico, y refirió que ese trámite supera su jurisdicción, que
aquí Rodríguez es víctima, no tiene cargos y si algo sale en el país vecino,
éste debe hacer diligencias a través de la Procuraduría General de la
República, la cual se encargaría de notificar a la PGJE.
LOS
ANTECEDENTES
El 14 de junio de 2002, la Corte del Distrito Sur
de California decidió retirar el
carácter de sellado al expediente del Caso 3:02-cr-01714L, iniciado en 1999
(incluyendo datos del Grupo Antipandillas de San Diego que provenían desde
1986). Lo abrieron en junio de hace 12 años, cuando pudieron capturar a la
mayoría de los integrantes del grupo criminal; para entonces Rodríguez tenía 25
años de edad y era el único delincuente libre.
Carlos
Rodríguez está señalado como “el mexicano” proveedor de cocaína y marihuana de
los viejos miembros de la banda conocida como los “Emerald Hills”, quienes
distribuían los narcóticos en los estados de Detroit, Atlanta y Las Vegas.
El primer
expediente abierto en 2002, tenía 12 acusados, pero la fiscalía decidió incluir
una ampliación de la acusación en diciembre de 2003, en la que agrega
acusaciones en contra de tres líderes de la banda de nacidos en Estados Unidos, y de Carlos
Rodríguez.
De acuerdo
al expediente, este latino tiene tres seguros sociales de Estados Unidos con su
respectiva acta de nacimiento, de hecho fue juzgado por pedir ayuda social sin
ser ciudadano americano en 1999, también enfrentó un cargo por tráfico de
metanfetamina en 1997.
En el
expediente de 2002, se incluyen declaraciones de testigos protegidos y otras
pruebas de que el 16 de abril, Rodríguez admitió haber enviado 90 libras de
marihuana a Minnesota, mientras que en febrero proveyó otras 180 libras de la
misma droga, en abril recibió el pago por enervante enviado a Detroit al grupo criminal, y un kilogramo de cocaína;
en mayo lo siguieron mientras llevaba, junto con un cómplice, paquetes de
marihuana a Las Vegas.
Conversaciones
telefónicas intervenidas en marzo de aquel año, indican que los traficantes
sandieguinos “…trabajan para Carlos Rodríguez, el ciudadano mexicano que
distribuye drogas y sus asociados”.
La
ampliación de la acusación de 2003, incluye pruebas de las negociaciones, y el
tráfico de dos kilos de cocaína entre enero y marzo de 2002.
EXTRADICIÓN
De forma
extraoficial, ZETA fue informado que la fiscalía del Sur de California ya
realiza los trámites para verificar si es posible y beneficiosa para su
gobierno la extradición de este criminal mexicano que actualmente vive en
Tijuana. En 2002 tenía dos residencias conocidas en Chula Vista y San Ysidro,
California.
Consultada,
el área de Comunicación de la fiscalía respondió que no están autorizados a dar
información de las extradiciones. Las áreas de enlace locales tampoco han sido
notificadas ni requeridas para apoyar en la vigilancia o traslado de Rodríguez.
VISTA GORDA
Pero éste no
es el único caso reciente en el que la fiscalía ha renunciado -por colusión o
ineficiencia- a ejercer su facultad y responsabilidad investigadora.
Por citar
algunos ejemplos, el 2 de junio de 2014, dos balaceras en Rosarito resultaron
con cuatro hombres muertos, un herido y dos sobrevivientes ilesos. El trabajo
de inteligencia permitió a las autoridades conocer que algunas de las víctimas
operaban delictivamente para “El Trufa” y “El Cheke”, empleado criminal de un
hombre identificado como Aguirre. La balacera fue parte del pleito que traen
varios cabecillas delictivos, sin embargo, el expediente aún no tiene
registrado el narcotráfico como móvil.
Lo mismo
sucede con el homicidio del ejidatario Pablo Arce, ocurrido en febrero 2014,
donde las áreas de inteligencia
reportaron que traficantes de droga que tenían acuerdos con elementos del
Ejército para pasar droga que traen desde Ensenada usaban sus predios, pero
oficialmente, tampoco existe móvil del crimen, ni investigación al respecto.
O el caso
del presunto comerciante de origen michoacano rescatado por la Policía
Municipal después de ser secuestrado -el 10 de febrero de 2014- de su casa en
Villas del Mar en Rosarito, según sus captores por mover droga y no pagar piso.
Al final se cambiaron declaraciones y la PGJE decidió consignarlo como robo de
vehículo.
Asimismo, en
abril se dio la liberación del identificado narcomenudista Francisco Javier
Flores Hernández “El Javi”, tras enfrentarse en Tijuana con dos hombres que
trataron de asesinarlo. La balacera fue pública, aunque después resultó que
convenientemente para los delincuentes, todos los participantes salieron
negativos a la prueba de rodizonato de sodio.
Corrupción o
miedo, al final el resultado es el mismo: la Procuraduría de la licenciada
Ibarra está permitiendo el regreso o permanencia de los criminales a las calles
y la impunidad.
FBI
Darrell
Foxworth, de la oficina del FBI en San Diego, dado como contacto por la fiscalía
californiana, confirmó vía electrónica a ZETA que Carlos Rodríguez aún es
considerado un fugitivo en Estados Unidos, motivo por el cual aparece su
fotografía e información personal en la página de internet de la agencia.
“Extraditar
a alguien de un país hacia los Estados Unidos no es lo mismo que arrestar a un
fugitivo dentro de Estados Unidos, por lo que requiere documentación y
aprobaciones adicionales”, explicó un representante del Buró Federal de
Investigación.
(SEMANARIO
ZETA/Investigaciones ZETA/ 17 de Junio del 2014 a las 17:00:00)
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