México, DF.- Guerrero, por la intrincada geografía de su
sierra, ha sido siempre territorio propicio para esconder guerrillas,
cárteles y grupos clandestinos.
Y ahora, en un despunte de violencia, el estado enfrenta inseguridad, autodefensas, narcotraficantes y grupos rurales que rechazan al gobierno.
El estado parece estar fuera de control y se ha convertido en la otra “tierra caliente”; un nuevo Michoacán.
La inseguridad en el estado volvió a ser noticia nacional.
El cuerpo de Jorge Torres Palacios, vocero de Salud de Acapulco, fue encontrado dentro de una bolsa de plástico con huellas de tortura en la comunidad Plan de los Amates.
También ayer en Chilpancingo policías federales liberaron a un empresario que se encontraba secuestrado y que presentaba la mutilación de un dedo de la mano.
Pero los males que aquejan a Guerrero no son nuevos.
Pese a la cruzada del Gobierno federal en el estado, la violencia se ha vuelto a recrudecer y las comunidades rurales buscan organizarse.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) han intensificado sus operaciones en al menos 14 municipios de la entidad.
Con metodologías diferentes y confrontaciones ocasionales entre sí, ambas organizaciones tienen un objetivo en común: combatir a la delincuencia organizada.
“No estamos fuera de la ley”, aseguró Bruno Plácido Valerio, líder fundador de la UPOEG en entrevista exclusiva para Reporte Indigo.
Sin embargo, el más reciente incidente grave, ha generado controversia.
Policías comunitarias de la UPOEG intercambiaron disparos con la escolta de la alcaldesa panista del municipio de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz.
Ambas partes tienen su versión.
La alcaldesa asegura que fueron los comunitarios quienes abrieron fuego primero, y Plácido Valerio argumenta que los escoltas de Gutiérrez pasaron el filtro de seguridad instalado por la UPOEG, y empezaron los balazos.
El Gobierno del Estado inició una investigación sin que hasta el momento se haya emitido algún veredicto.
Con enfrentamientos, secuestros y extorsiones, es el pan de cada día de la región.
Se trata de la misma agrupación que mantiene al estado vecino de Morelos hundido en descontento social y con el mayor índice de secuestros del país.
No obstante, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, ha dicho que en su entidad no se requiere de un operativo federal como el que se lleva a cabo en Michoacán, “tampoco de un comisionado”, aseveró.
Dijo que si bien el combate al crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal, la seguridad pública estaba bajo el control de las autoridades estatales.
Y aunque el Gobierno federal hasta el momento no ha implementado un plan estratégico de seguridad, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha destinado recursos extraordinarios para la reconstrucción de Guerrero tras el paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” en 2013.
Los usurpadores
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha sido usurpada por un grupo de infiltrados y han desvirtuado el proyecto original.
“La CRAC es un derecho de los pueblos. La decisión es un proyecto colectivo. Una asamblea indígena, cosa que en la CRAC ha cambiado”, dijo. Pablo Guzmán Hernández y Valentín Chapa son los personajes que han desvirtuado el proyecto comunitario de la CRAC, según Bruno Plácido.
“No cuentan con autoridad moral, para llamar a hacer alianzas con otros sectores”, ha dicho el ex líder fundador de dicha organización. “Los actuales dirigentes del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias se montaron en la CRAC, y carecen de una visión comunitaria. No ven el desarrollo de las comunidades”, reprochó el guerrerense en 2013.
“Ellos creen que todo se resume a un asunto de carácter policiaco y no, todo tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, con las obras prioritarias para los pueblos y sus habitantes, pero no, ellos violan derechos humanos y eso es lo que nosotros estamos reprobando”, dijo Bruno Plácido a medios de comunicación en diciembre de 2013.
‘No somos guerrilla’
En 2005 Bruno Plácido fue detenido y torturado por el Ejército, tras ser vinculado con la guerrilla.
“Nosotros no somos ni EPR ni ERPI”, asegura.
El 2 de diciembre de 2013 apareció en Guerrero un nuevo grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP), quienes prometieron atentar contra cualquier “invasor extranjero”.
y derrocar al gobierno del presidente Peña Nieto.
El líder de la UPOEG dijo que el grupo pseudo guerrillero “es un proyecto que tratan de involucrar en nuestra zona para decir que nosotros estamos con la guerrilla. El gobierno infiltra gente”.
“Nosotros no tratamos de confrontar al modelo de gobierno, sino reordenar.
“Que no se equivoquen los medios, nosotros tenemos puntos de encuentro con el Gobierno, sobre todo cuando hablamos de desarrollo”.
Alcaldesa del ‘viejo oeste’
Si algo ha dejado la experiencia de Michoacán, es que se evidenció la extensa entramada de funcionarios y alcaldes que tenían vínculos con el crimen organizado. Especialmente con “Los Caballeros Templarios”.
En Guerrero, no se puede negar lo mismo. Pero tampoco se ha realizado una investigación federal que exponga a los actores políticos que están coludidos con la delincuencia organizada.
En tanto, todo queda entre dimes y diretes.
Este es el caso de la alcaldesa de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez. Quien ha sido acusada por la UPOEG de tener vínculos con la organización delictiva “Los Rojos”.
El pasado 18 de mayo se suscitó un enfrentamiento a balazos entre policías ciudadanos de la UPOEG y el equipo de seguridad de la alcaldesa panista Gutiérrez Paz, quien resultó con una herida en el brazo.
La UPOEG denunció la ejecución el 25 de marzo del comandante Guadalupe Quiñones en San Juan del Reparo.
Lo cual justificó –de acuerdo al líder Bruno Plácido– su incursión a Tierra Colorada. Dijo que desde que llegaron contaban con “inteligencia” de cómo operaba la delincuencia organizada en la región.
Y ahora, en un despunte de violencia, el estado enfrenta inseguridad, autodefensas, narcotraficantes y grupos rurales que rechazan al gobierno.
El estado parece estar fuera de control y se ha convertido en la otra “tierra caliente”; un nuevo Michoacán.
La inseguridad en el estado volvió a ser noticia nacional.
El cuerpo de Jorge Torres Palacios, vocero de Salud de Acapulco, fue encontrado dentro de una bolsa de plástico con huellas de tortura en la comunidad Plan de los Amates.
También ayer en Chilpancingo policías federales liberaron a un empresario que se encontraba secuestrado y que presentaba la mutilación de un dedo de la mano.
Pero los males que aquejan a Guerrero no son nuevos.
Pese a la cruzada del Gobierno federal en el estado, la violencia se ha vuelto a recrudecer y las comunidades rurales buscan organizarse.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) han intensificado sus operaciones en al menos 14 municipios de la entidad.
Con metodologías diferentes y confrontaciones ocasionales entre sí, ambas organizaciones tienen un objetivo en común: combatir a la delincuencia organizada.
“No estamos fuera de la ley”, aseguró Bruno Plácido Valerio, líder fundador de la UPOEG en entrevista exclusiva para Reporte Indigo.
Sin embargo, el más reciente incidente grave, ha generado controversia.
Policías comunitarias de la UPOEG intercambiaron disparos con la escolta de la alcaldesa panista del municipio de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz.
Ambas partes tienen su versión.
La alcaldesa asegura que fueron los comunitarios quienes abrieron fuego primero, y Plácido Valerio argumenta que los escoltas de Gutiérrez pasaron el filtro de seguridad instalado por la UPOEG, y empezaron los balazos.
El Gobierno del Estado inició una investigación sin que hasta el momento se haya emitido algún veredicto.
Con enfrentamientos, secuestros y extorsiones, es el pan de cada día de la región.
Se trata de la misma agrupación que mantiene al estado vecino de Morelos hundido en descontento social y con el mayor índice de secuestros del país.
No obstante, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, ha dicho que en su entidad no se requiere de un operativo federal como el que se lleva a cabo en Michoacán, “tampoco de un comisionado”, aseveró.
Dijo que si bien el combate al crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal, la seguridad pública estaba bajo el control de las autoridades estatales.
Y aunque el Gobierno federal hasta el momento no ha implementado un plan estratégico de seguridad, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha destinado recursos extraordinarios para la reconstrucción de Guerrero tras el paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” en 2013.
Los usurpadores
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha sido usurpada por un grupo de infiltrados y han desvirtuado el proyecto original.
“La CRAC es un derecho de los pueblos. La decisión es un proyecto colectivo. Una asamblea indígena, cosa que en la CRAC ha cambiado”, dijo. Pablo Guzmán Hernández y Valentín Chapa son los personajes que han desvirtuado el proyecto comunitario de la CRAC, según Bruno Plácido.
“No cuentan con autoridad moral, para llamar a hacer alianzas con otros sectores”, ha dicho el ex líder fundador de dicha organización. “Los actuales dirigentes del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias se montaron en la CRAC, y carecen de una visión comunitaria. No ven el desarrollo de las comunidades”, reprochó el guerrerense en 2013.
“Ellos creen que todo se resume a un asunto de carácter policiaco y no, todo tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, con las obras prioritarias para los pueblos y sus habitantes, pero no, ellos violan derechos humanos y eso es lo que nosotros estamos reprobando”, dijo Bruno Plácido a medios de comunicación en diciembre de 2013.
‘No somos guerrilla’
En 2005 Bruno Plácido fue detenido y torturado por el Ejército, tras ser vinculado con la guerrilla.
“Nosotros no somos ni EPR ni ERPI”, asegura.
El 2 de diciembre de 2013 apareció en Guerrero un nuevo grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP), quienes prometieron atentar contra cualquier “invasor extranjero”.
y derrocar al gobierno del presidente Peña Nieto.
El líder de la UPOEG dijo que el grupo pseudo guerrillero “es un proyecto que tratan de involucrar en nuestra zona para decir que nosotros estamos con la guerrilla. El gobierno infiltra gente”.
“Nosotros no tratamos de confrontar al modelo de gobierno, sino reordenar.
“Que no se equivoquen los medios, nosotros tenemos puntos de encuentro con el Gobierno, sobre todo cuando hablamos de desarrollo”.
Alcaldesa del ‘viejo oeste’
Si algo ha dejado la experiencia de Michoacán, es que se evidenció la extensa entramada de funcionarios y alcaldes que tenían vínculos con el crimen organizado. Especialmente con “Los Caballeros Templarios”.
En Guerrero, no se puede negar lo mismo. Pero tampoco se ha realizado una investigación federal que exponga a los actores políticos que están coludidos con la delincuencia organizada.
En tanto, todo queda entre dimes y diretes.
Este es el caso de la alcaldesa de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez. Quien ha sido acusada por la UPOEG de tener vínculos con la organización delictiva “Los Rojos”.
El pasado 18 de mayo se suscitó un enfrentamiento a balazos entre policías ciudadanos de la UPOEG y el equipo de seguridad de la alcaldesa panista Gutiérrez Paz, quien resultó con una herida en el brazo.
La UPOEG denunció la ejecución el 25 de marzo del comandante Guadalupe Quiñones en San Juan del Reparo.
Lo cual justificó –de acuerdo al líder Bruno Plácido– su incursión a Tierra Colorada. Dijo que desde que llegaron contaban con “inteligencia” de cómo operaba la delincuencia organizada en la región.
(ZOCALO / Agencias /05/06/2014 - 04:03 AM)
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