» Exigen
abogados cadena perpetua para el homicida
» Libertad
para trabajar la plaza, su ‘pago’ por el homicidio
El presunto asesino
de los abogados Salvador Urbina Quiroz y César Cordero Gutiérrez, identificado
como Oscar Adrián Martínez Martínez, entró y salió del Cereso de Ciudad Juárez
al menos siete veces desde el 2009 por los delitos de robo, posesión de armas,
drogas y hasta acusado de homicidio, de acuerdo con información oficial.
Esta situación se
registró debido a que el inculpado recibió tanto de jueces de Garantía
(estatal) como de Distrito (federal) sentencias con los beneficios de la
libertad condicional, la sustitución de la pena por jornadas de trabajo a favor
de la comunidad y el pago de fianzas, lo que permitió que recobrara su
libertad.
En otras ocasiones
los ministerios públicos tanto estatales como federales no pudieron aportar
elementos para que fuera encarcelado, de acuerdo con reportes periodísticos
basados en informes de la Policía Municipal, Estatal, Federal y la PGR.
Su caso incluso fue
exhibido en enero de 2011 por El Diario, en el reportaje “Multihomicida en
libertad pone en evidencia las fallas en el sistema de justicia penal”, donde
se detallaban las actividades delictivas de Martínez Martínez y cómo burló la
ley, donde representantes de diversos sectores, entre ellos el abogado Urbina,
cuestionaban esta situación.
En ese entonces el
jurista, como presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación de
Colegios de Abogados de México, declaró que este tipo de casos de reincidencia
se presentan porque el sistema creado por la anterior administración estatal
era erróneo y fue diseñado de manera incorrecta.
Esto nos demuestra
una vez más la necesidad de reformar y entrar a un estudio a fondo en el que
participen todos para hacer el análisis de las fallas del sistema penal, porque
sostengo que las fallas principales son la falta de un investigación técnica y
científica, la falta de la integración de los expedientes”, afirmó entonces el
abogado Urbina.
El ahora acusado del
homicidio de Urbina y Cordero, quien también se hace llamar Oscar Adrián Batres
Martínez, tiene un largo historial criminal.
De acuerdo con los
archivos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales, su primer ingreso al centro carcelario fue 19 de febrero de 2009
acusado del delito de portación de arma de fuego sin licencia, pero al día
siguiente obtuvo su libertad al dictarse un auto de libertad por falta de
pruebas.
La segunda entrada
al reclusorio fue el 16 de septiembre de 2009. En esta ocasión enfrentaba
cargos por robo.
Por ese delito, el 9
de noviembre de ese mismo año a través de un procedimiento abreviado –una
herramienta prevista por el sistema penal para acelerar la finalización de los
procesos- el entonces juez de Garantía Guillermo Gómez Cortes lo sentenció a
dos años prisión dos años y el pago de una multa de mil 644 pesos, con derecho
a la libertad condicional.
En esa fecha,
físicamente Oscar Adrián no salió libre pues estaba a disposición de otro
Tribunal de Garantía por un robo calificado y el primero de marzo del 2010,
otra vez en procedimiento abreviado le fue dictada una condena de un año y
cuatro meses de prisión, el pago de mil 96 pesos y se le concedió el disfrute
inmediato del beneficio de la condena condicional, es decir, quedar en libertad
inmediata.
En julio del 2010,
la Policía Federal informó que detuvo a tres participantes de una balacera en
El Granjero, entre ellos a Óscar Adrián Martínez Martínez, “El Grande”, quien
ya había sido detenido por agentes de esa misma corporación y hasta fue
trasladado al Distrito Federal a disposición de la entonces Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), pero después de
un proceso fue liberado.
El 14 de septiembre
de 2010, volvió a ingresar al penal por un robo en grado de tentativa y tan
solo cuatro días después se dictó un auto de no vinculación a proceso.
En este ingreso
además del fuero común, Oscar Adrián fue consignado al fuero a un Juzgado de
Distrito por el arma que portaba al momento de intento de robo, es decir, se le
acusó del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, el 20 de septiembre se ordenó su inmediata libertad por haberse
acogido al beneficio de la libertad bajo caución o depósito de una fianza.
Estando en libertad
por lo que se refiere a este último proceso, el 29 de noviembre de 2010 un juez
federal emitió una sentencia condenatoria en su contra, consistente en tres
años y diez meses de cárcel así como el pago de una multa de tres mil 907 pesos
y se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena por jornadas de
trabajo a favor de la comunidad y nuevamente la condena condicional.
La siguiente entrada
al Centro de Readaptación Social para Adultos fue el 8 de enero de 2011 ahora
por su posible responsabilidad en la comisión de más delitos: posesión de
mariguana, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, al día
siguiente de haber sido encarcelado, salió nuevamente libre al depositar una
fianza.
Otra reclusión fue
el 16 de septiembre de ese mismo año al ejecutarse una orden de reaprehensión
en su contra al detectarse que estaba incumpliendo con la primera sentencia,
emitida el 9 de noviembre de 2009.
El 25 de julio del
año pasado volvió a ser arrestado, por un robo agravado a una gasera.
En esa ocasión
informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a Martínez
como un agente activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
pero esto no fue confirmado en aquella ocasión y ayer fue desmentido por el
actual titular de la Policía Municipal, César Muñoz Morales.
El funcionario dijo
ayer que se trata de un homónimo y que en los archivos del departamento de
Recursos Humanos existe el antecedente de una persona que lleva su mismo nombre
y su edad es similar, pero no es él.
El 3 de octubre, por
el asalto a una gasera, la entonces juez de Garantía Aída Vázquez Arreola lo
sentenció mediante un procedimiento abreviado a un año y seis meses de cárcel,
el pago de una multa consistente en mil 942 pesos y la entrega de 400 pesos como
reparación del daño, además le concedió el beneficio de condena condicional.
Ocho días después,
el 11 de octubre de 2013, el sentenciado pagó la reparación del daño a la
compañía que atracó y volvió a gozar de libertad.
En uno de los
últimos periodos que Martínez estuvo preso, el 22 de agosto de 2013 se ejecutó
otra orden de aprehensión en su contra por el delito de portación de arma de
fuego sin licencia.
Sin embargo, el
presunto homicida volvió a burlar el sistema pues el 24 de septiembre siguiente
le fue dictada una sentencia de dos años de cárcel y el pago de una multa de
tres mil 238 pesos con derecho a la sustitución de la pena de prisión por
tratamiento en libertad. Por lo que el 10 de octubre obtuvo la libertad también
en el fuero federal.
Los datos de la
Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales evidencian que los jueces
de Garantía que sentenciaron a Oscar Adrián Martínez Martínez y/o Batres
Martínez no observaron lo dispuesto en el Artículo 86 del Código Penal del
Estado de Chihuahua al momento de otorgarle la condena condicional, pues en la
II fracción de este ordenamiento se establece que uno de los requisitos para
que una persona reciba este beneficio es que “no haya cometido delito doloso en
los seis años anteriores a los hechos por los cuales se le juzga”.
Mientras que los
jueces federales para otorgar el derecho de la libertad condicional toman en
cuenta que la pena impuesta no exceda los cinco años de prisión y queda a
criterio de ellos el determinar si toman en cuenta las sentencias emitidas en
contra del procesado.
(EL
DIARIO/STAFF/ 30 DE MAYO 2014| 23:32 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario