Los
resultados de la ASF son claros respecto a daños patrimoniales causados a Pemex
por Oceanografía, pero la paraestatal ni los vio, ni los ha sancionado
La Auditoría
Superior de la Federación nuevamente pidió que se revisaran los contratos de
Oceanografía
Si bien el
monto inicial fue de 137.7 millones de pesos y 55.4 millones de dólares, al
final Pemex pagó 138 millones de pesos y 58.3 millones de dólares por
modificaciones
PENILEY
RAMÍREZ
Aunque los directivos de Pemex de sexenios pasados, y el
actual, insisten en que el caso Oceanografía no afectó en nada a Pemex, que no
daño su patrimonio ni sus intereses, cada día se comprueba que la empresa
ampliamente favorecida en los sexenios panistas, sí presentaba irregularidades
en los trabajos que le adjudicaban.
Sumada a una
subcomisión para revisar el caso Oceanografía desde la Cámara de Diputados, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) volverá a andar sobre sus pasos, ya
que el procedimiento se ha hecho antes, y con resultados que inculpan a la
empresa ahora en cuestión.
La revisión que ha
solicitado el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, sobre los
contratos adjudicados a la empresa de Amado Yáñez, pasa por las auditorías que
se hicieron durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo los
resultados de entonces no frenaron la ola de adjudicaciones a favor de la
naviera.
Ahora, ante la
evidente polémica y las irregularidades, la ASF anuncia que revisará los
contratos minuciosamente.
Los diarios
Excélsior y El Universal hicieron inspecciones de documentos públicos acerca de
las fallas detectadas en su momento en los contratos; de los ajustes que
tuvieron los montos y las características de la licitación para privilegiar a
Oceanografía.
Se ha comprobado
también insistentemente en medios que esos privilegios venían por gestiones de
los hijos de Marta Sahagún de Fox desde el sexenio de su esposo Vicente Fox y
continuaron durante la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, Lozoya
Austin, en entrevista con Mario Vázquez Raña para El Sol de México, dice que
estas atribuciones solo son “rumores”.
Los antecedentes
registrados por la ASF, revisados por Reporte Indigo, muestran que ese
organismo veía a la empresa de Yáñez como un ente negativo, sobre el cual tenía
reservas.
Los informes pintan
a Pemex como un agente activo en la protección a Oceanografía, no solo desde la
adjudicación sino desde el Órgano Interno de Control.
Ninguna de las
solicitudes de sanción ni de daño patrimonial formuladas por el organismo
auditor fue considerada por el Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex.
Aún ahora, tras el
escándalo, la paraestatal guarda silencio sobre las fianzas que quedan por
cobrar, las multas que nunca se fincaron y los funcionarios sobre los que no
pesaron responsabilidades administrativas ni penales.
PAGOS SIN INFORMES
La auditoría de
cumplimiento a servicios generales realizada en 2005 sobre varios de los
contratos firmados por Pemex Exploración y Producción, mostraba ya
irregularidades por parte de Oceanografía.
La compañía de Yáñez
atravesaba por una crisis financiera, que la llevó a aceptar a Martín Díaz
Álvarez como uno de sus accionistas, en pago por haber reestructurado sus
pasivos y haber inyectado dinero a la empresa.
En medio de este
escenario, en 2005 la Dirección de Servicios Marinos de PEP le otorgó por
adjudicación directa un contrato por 969.4 millones de pesos para rehabilitar y
mantener plataformas con ayuda de un barco.
El contrato era
transexenal, el barco debía dar servicio hasta diciembre de 2007.
El pliego de
observaciones de Pemex sobre este contrato incluye una presunción de daño
patrimonial por 662 mil pesos. La compañía emitió a Pemex una factura sobre los
contratos, pero no detalló el IVA.
Otra auditoría
también determinó que la empresa de Yáñez no entregó ningún informe final sobre
los trabajos realizados, ya en el sexenio de Felipe Calderón.
El dictamen fue
negativo. Pemex había hecho pagos a la compañía de Yáñez sin ningún documento
que lo justificara.
Ese mismo año fiscal
la ASF vio anomalías como parte de una auditoría solicitada explícitamente para
revisar los nueve contratos firmados por Pemex con Oceanografía, que ya estaba
siendo cuestionada por la cercanía de Amado Yáñez con los hijos de Marta
Sahagún, la cual siempre fue negada por él.
Esta auditoría
determinó que dos de las obras otorgadas a Oceanografía devinieron en que los
finiquitos de los trabajos “no se elaboraron dentro de los plazos establecidos
en los contratos”.
Esto sucedió en una
adjudicación directa por 27.4 millones de pesos firmada en enero de 2005 y en
una licitación pública internacional por 241.7 millones.
De acuerdo con un
reportaje publicado en 2008 por la revista Contralínea, uno de los funcionarios
claves en estos contratos fue Héctor Leyva Torres, subdirector de Pemex en la
región Sur, quien ya no aparece como funcionario.
La naviera no
presentó estimaciones de precio para un contrato que ganó por licitación
internacional en mayo de 2005 por 385 millones de pesos, y tampoco del de 969.4
millones para plataformas marinas.
En septiembre de ese
año ganó otra licitación por 241.7 millones de pesos. Presentó retrasos en la
terminación, por los que Pemex debió multarlos con 405 mil 800 pesos. No lo
hizo.
Al año siguiente la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación nuevamente
pidió que se revisaran los contratos otorgados a Oceanografía.
Les habían dado
cuatro por licitación pública nacional en los meses previos. Fueron firmados en
noviembre, sumaron 180.4 millones de pesos y versaron sobre la renta de varias
embarcaciones para el transporte de materiales y personal.
PRIVILEGIOS DESDE DENTRO
Auditorías desde
2004 encontraron anomalías en los
contratos, los cumplimientos y multas no pagadas por la naviera ahora
intervenida por Hacienda
El mantenimiento a
las monoboyas de exportación de petróleo en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco,
le representó a Yáñez 27.4 millones de pesos en enero de 2005.
Su compañía pidió a
Pemex que modificara “las características técnicas de velocidad de la
embarcación y la fecha de inicio de los trabajos”.
La petrolera aceptó.
Con esto incumplió
una condición “no negociable” que ellos mismos habían puesto en el contrato.
La Auditoría pidió
que la instancia de control de la paraestatal fincara responsabilidades, pero
el caso no afectó a la naviera.
Otra auditoría de
2006 halló que en el contrato de marzo de 2003 por 202.8 millones de pesos,
sobre la renta del barco Millissa Candies, “funcionarios públicos de Pemex en
su gestión limitaron la participación de proveedores de otros países para la
adjudicación del contrato”.
En septiembre de
2004, PEP le otorgó un contrato de procura de tres gasoductos a Oceanografía. Si
bien el monto inicial fue por 137.7 millones de pesos y 55.4 millones de
dólares, con un plazo de ejecución 238 días, al final se pagaron 138 millones
de pesos y 58.3 millones de dólares.
Este acuerdo fue
irregular desde su firma. Se consideraron sus pagos por medio de un fideicomiso
maestro de Pemex para unidades productivas, mientras este contrato no lo era,
ya que no iba a generar ingresos extras a la paraestatal.
Mucho antes, en
julio de 2004, Oceanografía había perdido una licitación de inspección costa
afuera de la región marina de Pemex.
La compañía Diavaz
ganó la licitación, pero luego de inconformarse ante varias instancias y hacer
que se volviera a licitar, el contrato quedó dividido y le tocaron a la empresa
de Yáñez 764.1 millones de pesos y 5.8 millones de dólares.
MAÑAS Y MENTIRAS
En enero de 2008
nuevamente la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados pidió
que se revisaran los contratos relativos a Oceanografía durante el sexenio de
Calderón.
Auditaron uno de
510.4 millones de pesos, adjudicado en febrero de 2007 para construir obras
complementarias en plataformas marinas y otro de septiembre de 2007 por 4 mil
902 millones de pesos para hacer adecuaciones estructurales en instalaciones
petroleras.
Este segundo fue pospuesto
en dos ocasiones, la primera por 67 días y la segunda por 56 días,
justificándose en las condiciones meteorológicas.
La Auditoría, sin
embargo, determinó que en los meses que alegaron no hubo condiciones
meteorológicas adversas. Tanto la empresa como Pemex habían mentido.
También lo hizo
Yáñez en Texas. Presentó una demanda en Houston contra el proveedor Goodcrane
Corporation, porque éste no entregó en el plazo acordado la grúa adquirida para
la ejecución del contrato.
Alegó ante la corte
estadounidense que Pemex lo había multado por los retrasos en el contrato.
También era falso.
La ASF solicitó que
se iniciara un proceso de responsabilidad administrativa contra los
funcionarios responsables. La paraestatal no ha divulgado si esto sucedió.
Más aún, la
Auditoría concluyó que Pemex desde 2008 debió rescindir el contrato y cobrar
las fianzas por 64.6 millones de pesos.
Este contrato
acarreó un posible daño patrimonial por 100.8 millones de pesos. Seis años
después, apenas en 2014, la compañía fue multada con apenas 24 millones de
pesos antes de que se descubriera el fraude a Banamex.
‘EL CASO OCEANOGRAFÍA ES AJENO A PEMEX’
El director de
Pemex, Emilio Lozoya Austin respondió a
Mario Vázquez Raña, del periódico El Sol de México. La primera parte de
esta entrevista fue publicada este lunes. Hablaron sobre Oceanografía y aunque
respondió todas las pregunta de Vázquez
Raña, su actitud fue evasiva e incluso defensiva en cuanto al daño patrimonial
que la empresa ligada con los hijos de Marta Sahagún, pudo haber causado a Pemex.
Reproducimos un
extracto de la entrevista concedida a Vázquez Raña.
MVR: La corrupción
es uno de los males endémicos de México y, por lo visto, también de Pemex.
¿Cómo es posible que el Comité de Auditoría, creado apenas en 2008, no alertara
sobre la asignación de contratos a Oceanografía?
ELA: El conflicto
que condujo a la intervención de Oceanografía por parte de las autoridades es
un conflicto entre particulares, entre una empresa y un banco, y es, por tanto,
ajeno a Petróleos Mexicanos. (…)
MVR: ¿De qué forma
pudo Oceanografía traspasar tantos candados de seguridad financiera en Pemex?
¿Tan vulnerable es la paraestatal?
ELA: No podemos
afirmar que Oceanografía vulneró lo que llamas los candados de seguridad
financiera de Pemex. Mario, todos los pagos hechos por Pemex a Oceanografía
responden a trabajos realmente ejecutados y están debidamente soportados. (…)
MVR: Emilio, ¿se ha
terminado ya de cuantificar el daño patrimonial que sufrió Pemex por este caso?
¿A cuánto asciende y como garantizar que no se vuelva a producir?
ELA: En el caso del
presunto fraude de Oceanografía a Banamex, no hay ningún daño patrimonial a
Petróleos Mexicanos.
MVR: Señor director,
sabe que en este caso se comenta insistentemente que los hijos de doña Marta
Sahagún estarían involucrados totalmente. ¿Tiene información al respecto?
ELA: Mi querido
Mario, también he escuchado muchos rumores, que no son más que eso. Mi
obligación es únicamente esperar a que haga su trabajo la justicia mexicana.
LA OIC DE LOZOYA MIRÓ A OTRO LADO
En 2011 Oceanografía
ganó un contrató para construir un muelle en La Paz, Baja California Sur por
229.6 millones de pesos.
El proceso de
licitación inició como un concurso internacional, pero desde dentro de Pemex se
allanó el camino a Oceanografía.
Declararon desiertos
los procesos, hasta que la compañía quedó como la única competidora.
Esto llevó a que la
obra iniciara “con un retraso de 2 años y 9 meses respecto de lo programado
originalmente”.
En marzo de 2012
apenas llevaba 9 por ciento de avance, cuando debía tener un 71.4 por ciento.
Ni Pemex ni el auditor externo habían sancionado a la empresa por estos
retrasos.
También por este
caso la Auditoría presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la
paraestatal, pero las irregularidades no fueron mencionadas cuando la naviera
fue inhabilitada por dos años el 11 de febrero.
Un año más tarde la
ASF constató que las irregularidades se mantenían, pero el dictamen negativo
por segunda ocasión no sirvió para que la empresa dejara de ganar contratos.
En diciembre de
2012, ya estando Emilio Lozoya al frente de Pemex, firmaron un contrato de
ampliación de plazo para estas obras por 257 días, “lo que representa un
incremento del 45.9% respecto del plazo original de 560 días”.
A la fecha de este
convenio la obra debía estar terminada. Sólo tenía un 22.4 por ciento de
avance.
Aun en julio del año
pasado los auditores observaron “atrasos relevantes en la obra electromecánica,
eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias”.
Las anomalías hacían
que el muelle fuera inseguro. “Tampoco garantiza la confiabilidad y
disponibilidad de los sistemas de transporte (ductos, marítimo y terrestre), ni
asegura la transferencia de productos petrolíferos de las embarcaciones a los
tanques de almacenamiento, con lo cual no se obtiene el beneficio de esta
obra”.
Para la fecha en que
Oceanografía fue inhabilitada, ninguna de estas observaciones había
trascendido.
La compañía no había
pagado ninguna multa por los retrasos en las obras.
Dos meses más tarde
y aún bajo el control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
no se ha informado que vayan a cobrarse multas por estas obras pendientes.
EL CASO OCEANOGRAFÍA
Desde antes de dar a
conocer el conflicto se ha dado cuenta en Reporte Indigo del conflicto de
intreses y el favoritismo a la naviera ahora intervenida.
(REPORTE
INDIGO/ PENILEY RAMÍREZ/ 10 abril 2014)
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