MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Allí está la mesa puesta. Con velas. Con mantel. Con
copas. Con cubiertos de plata. Una mesa que el gobierno de Enrique Peña
Nieto le ha puesto a Televisa con la iniciativa de ley secundaria a la
reforma en telecomunicaciones. Un sitio para degustar, saborear, beber,
cantar. Porque la televisora tiene motivos para celebrar una legislación
diseñada para el tamaño de su apetito: para el tamaño de su voracidad,
el tamaño del manjar que se le está ofreciendo. Como siempre, una
propuesta que beneficia al operador pero perjudica al consumidor. Como
tantas veces antes, una iniciativa que cumple promesas pero nada más
para quien las exigió a la hora de redactar el menú.
El
menú que supuestamente iba a ser equilibrado. Que no iba a tener
sesgos. Que no iba a incluir regalos. Que no iba a tener dedicatoria o
privilegios especiales. Eso nos dijeron, eso nos anticiparon, eso nos
ofrecieron. Y después de meses de espera y anticipación y filtraciones y
especulación, he allí lo que el gobierno cocinó: una legislación
secundaria con desequilibrios regulatorios que afecta de manera más
negativa a las telecomunicaciones, y termina beneficiando a Televisa.
Una legislación secundaria que permite promover la publicidad personal
como si fuera noticia, y termina beneficiando a Televisa. Una
legislación secundaria que invade las funciones regulatorias del nuevo
Instituto Federal de Telecomunicaciones, y termina por beneficiar a
Televisa. Al diluir, al restar, al minar, al cambiar lo que el Pacto por
México creó y que ahora Peña Nieto tira a la basura. Al borrar lo que
tenía que haber sido incluido en la receta. La jurisprudencia surgida
después de innumerables litigios. El imperativo de respetar la reforma
constitutional. Aquello en lo que todos se habían puesto de acuerdo hace
meses cuando –con bombo y platillo– la reforma fue aprobada.
Pero
ahora, al intentar sentar a los consumidores a la mesa, resulta que no
hay lugar para ellos. Ahora, en el momento de encontrar sitio para la
competencia, resulta ser que no cabe. Ahora que al Ifetel le corresponde
fijar las reglas para los comensales, no lo dejan entrar ni para
tomarse un aperitivo. Porque la mesa está servida tan sólo para Televisa
y sus amigos en el gobierno. Para la televisora y aquellos que
comparten sus intereses. Para quienes dijeron que la legislación
secundaria reflejaría el espíritu de la reforma constitucional pero
acabaron traicionándola. Después de cien días de ominoso silencio.
Después de cien días que transcurrieron más allá del plazo acordado para
su aprobación. Después de cien días en los cuales los coordinadores
parlamentarios guardaron silencio, o cerraron los ojos, o trataron de
ocultar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el restaurante.
Un
texto repleto de platillos que Televisa sugirió, que Televisa pidió,
que Televisa exigió estuvieran sobre la mesa. Para que no puedan
declararla empresa “preponderante” o cuestionar su propiedad cruzada o
impulsar el apagón analógico. Para que no haya mayor competencia o
pluralidad o penetración en todos los servicios de comunicaciones. Para
que la empresa pueda seguir controlando. Frenando. Obstaculizando el
avance en un sector que debería ser nuestro pero que la legislación
secundaria propuesta define como suyo. Por ello no sorprende que
especialistas en materia de competencia y telecomunicaciones expresen su
animadversión. Allí está el desquilibrio. Allí está la comparación
entre la regulación dura en telecomunicaciones pero blanda en
televisión. En una iniciativa inaceptable. En una iniciativa que
sacrifica el interés público y protege nuevamente a la empresa que
brinca por encima de él. En una propuesta que pone en entredicho la
actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto y evidencia su
claudicación.
Poniendo a prueba la representatividad de los legisladores
y cuán resistentes podrán ser ante la colusión. Sometiendo a examen a
quienes están dispuestos a aceptar que la propuesta no se pronuncie
sobre un mejor aprovechamiento del espectro o atienda el tema de las
radios comunitarias o aplace el “apagón analógico” o haga imposible la
declaratoria de “preponderancia” en television o ignore los derechos de
las audiencias o le arranque facultades regulatorias al Ifetel para
entregárselas a la Secretaría de Gobernación. El proyecto de iniciativa
nos enfrenta –como advierte Mony de Swaan, expresidente de la Cofetel–
con un pasado conocido: “el de la concesión política a costa del
consuimidor”.
Aun así, es probable que los legisladores se
conviertan en cómplices de Televisa y de los que presionan al Congreso
para que legisle exclusivamente en su favor. Buscarán no cambiarle ni
una sola coma a la iniciativa. Actuarán como si fueran representantes de
la población cuando están supeditándolos a los intereses de un solo
concesionario. Argumentarán que la propuesta representa un avance, pero
lo es nada más para los intereses de la televisión. No constituye un
avance para fomentar la competencia real y la desconcentración
indispensable y la regulación necesaria. La minuta representa un avance
para quienes quieren reguladores light y modernización simulada. No
constituye un avance para los ciudadanos que buscan democratizar el
poder de la televisión. Desconcentrarlo. Modernizarlo para aspirar a las
mejores prácticas internacionales antes que sucumbir a las peores
inercias nacionales.
Por ello habrá que seguir insistiendo en lo
que la iniciativa ignora: el espectro radioeléctrico es un bien público.
No pertenece a los dueños de las televisoras, sino a los habitantes del
país. No se comercializa sólo para permitir las ganancias, sino para
favorecer a los consumidores. Y los consumidores se benefician con la
competencia que genera beneficios para muchos, no sólo ganancias para
pocos. Los habitantes del país se benefician con la pluralidad que
debería estar representada en la mesa. Pero tal y como está, la
iniciativa permite que una empresa –Televisa– siga sentada en la
cabecera y comiendo glotonamente sola.
/ 13 de abril de 2014)
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