Los mandos policiacos que Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado (PME), ubicó dentro de las estructuras de seguridad pública de los municipios, reflejan el fracaso de la estrategia de Chuytoño de controlar las corporaciones de seguridad pública en la entidad.
Los casos más recientes que reflejan este fracaso se encuentran en Mazatlán, donde el secretario de Seguridad Pública Municipal, nombrado a sugerencia de Aguilar Íñiguez, fue removido, y en su lugar instalado el ex secretario de seguridad en Culiacán durante el trienio pasado, Juan Antonio Murillo Rojo.
La estrategia también hizo crisis en Navolato. En ambos municipios, algunos mandos y ex mandos policiacos están siendo investigados por sus posibles nexos con el crimen organizado, luego de hechos violentos que han evidenciado la colusión policiaca con delincuentes y la incapacidad de enfrentar los ilícitos y los delitos de alto impacto.
No son pocos los casos en que los jefes policiacos que han pasado por las corporaciones durante los poco más de tres años que lleva el mandato de Mario López Valdez han sido señalados y sometidos al menos a procesos administrativos o investigaciones internas, luego de “sospechas” de vínculos con el hampa, específicamente con narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.
Olor a pólvora
Este año, el primer caso de crisis dentro del esquema del poderoso e influyente comandante Chuytoño fue en Mazatlán y tuvo episodios violentos que siguen expidiendo un fuerte olor a pólvora en el puerto: la muerte a balazos de la joven Azucena Pacheco el lunes de Carnaval, en el corazón de la plaza Machado; el asesinato de dos personas que festejaban un cumpleaños en el restaurante Barracrudas, y la refriega en la que murieron dos agentes de la Policía Ministerial, desnudó las deficiencias y también la complicidad.
Versiones extraoficiales indican que el ex secretario de Seguridad Pública, Pablo Hernández Lizárraga, está aparentemente implicado en al menos uno de estos hechos violentos, el de la muerte de los dos uniformados, y algunas de estas fuentes afirman que el nexo es directo. Por eso fue cesado —aunque la versión manejada por las autoridades fue que “renunció”— y luego suspendido y sometido a investigación, aunque oficialmente se niegue.
Una de las primeras versiones indica que el sábado 22 de marzo, Hernández Lizárraga fue citado vía telefónica y con carácter de urgente a una reunión en el Centro de Convenciones. Ahí, en un encuentro presidido por el gobernador, se anunció su salida. Al encuentro privado acudieron el alcalde Carlos Felton, el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, y el coordinador de Seguridad Pública, general Moisés Melo García, ex comandante de la Tercera Región Militar, además de autoridades de la Secretaría de Marina.
Las fuentes indican que las autoridades estatales pasaron por encima de la administración municipal, que tiene la facultad de nombrar al secretario de Seguridad Pública, y nombraron al nuevo titular de la SSP, avalado por mandos militares.
En su lugar, por si quedaba duda del papel que juega el director de la Ministerial, quedó Juan Antonio Murillo Rojo, ex secretario de seguridad en Culiacán, también miembro del grupo allegado a Aguilar Íñiguez.
“Esto es motivo de órdenes del señor gobernador, de estar rotando los mandos como ustedes ya lo vieron que se ha llevado en Escuinapa y próximamente en Rosario”, expresó ese día el general retirado Moisés Melo García.
A principios del 2014, Felton quitó de su encargo a Felipe Zárate Alemán, quien se desempeñaba como director operativo. Y el 14 de noviembre del 2013, el alcalde recibió una carta en la que le advertían que Hernández Lizárraga y Felipe Zárate mantienen nexos con grupos de la delincuencia organizada. Pero no hizo caso.
Versiones extraoficiales indican que Hernández no es el único investigado, ya que agentes de la Policía Ministerial asignados al puerto de Mazatlán son también sometidos a pesquisas por supuestos nexos con la criminalidad.
En Navolato también estalló el polvorín de la corrupción y la complicidad entre integrantes y mandos de corporaciones policiacas y el crimen organizado, el 28 de marzo. Ahí, en la comunidad La Sinaloa, fue muerto a tiros en una aparente emboscada, Germán Ceniceros Ibarra, conocido como el Jaguar, gatillero al servicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ex jefe del Cártel de Sinaloa y actualmente preso en el penal del Altiplano, en el estado de México.
El saldo fue de cuatro presuntos delincuentes muertos y cinco elementos del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina heridos. Aparentemente, integrantes del grupo armado atacó con granadas de fragmentación a los uniformados y éstos repelieron la agresión.
En el operativo fueron detenidos dos agentes de la Policía Municipal, cuyas identidades no fueron reveladas. A los pocos días, Miguel Ángel Calderón Quevedo, presidente municipal de Navolato, anunció que cinco policías asignados a la misma comandancia de San Pedro a las que estaban adscritos los dos uniformados aprehendidos, están siendo también investigados por las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ya no están en la sindicatura de San Pedro, que es donde estaban destacamentados previo al evento de La Sinaloa, ahorita están concentrados en la comandancia que está ubicada en la cabecera municipal de Navolato (…) Lo que suceda respecto a su posible culpabilidad o inocencia nosotros lo acataremos como Gobierno municipal y respetaremos en todas sus letras lo que determine la autoridad competente “, dijo el alcalde.
Fuentes allegadas a las indagatorias señalan que al menos
buena parte de la Policía Municipal de Navolato estaba a las órdenes
del Jaguar, es decir, del Cártel de Sinaloa, y que facilitaron
el exterminio de los grupos delictivos que operaban para la familia
Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez.Otro jefe policiaco del grupo compacto que lidera Jesús Antonio Aguilar Íñiguez es Jesús Carrasco, ex director de la Policía Municipal de Ahome y hoy coordinador de uno de los grupos especiales de la Policía Ministerial del Estado.
Carrasco ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa y acusado de ser protagonista de la limpia de células de los Beltrán Leyva que operan en el norte de la entidad. Asesinatos, torturas, desapariciones, levantotes, corrupción y extorsión, son algunas de las acusaciones planteadas públicamente por familiares y por sus víctimas en contra de este mando policiaco.
El caso más reciente es el de los cinco cadáveres —cuatro hombres y una mujer— cuyas identidades no han sido establecidas, en la comunidad de San José, municipio de Ahome. Fuentes extraoficiales señalan que los hoy occisos, con alrededor de seis meses enterrados en estas fosas clandestinas, son víctimas del todavía jefe policiaco.
No son éstos los únicos municipios en los que mandos de las corporaciones locales fueron palomeados por Chuytoño. En la lista están también El Fuerte, Sinaloa, Badiraguato, Guasave, Mocorito, Culiacán —donde la facultad del nombramiento recae en el mandatario estatal, por ser la capital—, Elota, Escuinapa, Concordia y El Rosario… por lo menos.
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