MÉXICO, D.F. (apro).-
Ejidatarios y comuneros de los estados de Durango y Sinaloa que fueron
afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán
iniciaron este lunes un plantón frente a las oficinas de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), para exigir al titular de esa
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, el pago de la indemnización por la
afectación de sus tierras por la megaobra vial.
José Luis Coria, representante e integrante de la comitiva de
manifestantes, denunció que además de la falta de pago por las tierras
que les fueron afectadas, tienen conocimiento de que la vía presenta
fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de las personas
que transitan por ella.
Asimismo comentó que los puentes El Carrizal y El Guamuchilito,
localizados después del túnel El Sinaloense, se encuentran tan dañados
que Caminos y Puentes Federales (Capufe ) que tiene a su cargo la
operación de la autopista, anunció hace una semana una inversión de 500
millones de pesos para el mantenimiento de 100 kilómetros ubicados de
los municipios de El Salto, Durango, a Concordia, Sinaloa.
“El domingo 6, saliendo de una reunión en la comunidad de El
Carrizal, se informó que una pata del puente que lleva también el nombre
El Carrizal se está cayendo, debido a que la instalaron en un ojo de
agua que tiene mucha fuerza”, informó Ernesto Pérez Virgen,
representante legal de los inconformes.
“Ese mismo día, al regresar de Durango con dirección a la ciudad de
Mazatlán, llegando al municipio de Concordia, en la caseta de sanidad,
Pérez Virgen fue detenido:
“En la caseta se encontraba una patrulla municipal (en muchos años
subiendo y bajando nunca se había visto ninguna) me piden documentos de
la camioneta y mi documentación para pronto decirme que tengo orden de
aprehensión por despojo a la constructora Casita, por cierto en quiebra,
así como por una demanda de Fihisin. Ambas demandas existieron en mi
contra, sólo que en su momento yo las gané”, refirió.
Finalmente, después de un par de horas, Pérez Virgen fue liberado con
un “disculpe” al no encontrarse elementos en su contra. El abogado
consideró que este es un acto represivo por defender los derechos de los
ejidatarios afectados con la supercarretera, así como por denunciar las
afectaciones estructurales que está presentando.
/ 7 de abril de 2014)
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